Nelly Wendolyn Vega Barrios

Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Nelly Wendolyn Vega Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la que se determinó que la justicia de la Unión no amparó ni protegió a ---------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, capítulo séptimo y numeral 18, fracción I, inciso b) y que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; III. Realizar las gestiones conducentes para llevar a cabo las transferencias de expedientes a los depósitos documentales debidamente asegurados y con el acompañamiento de un dispositivo de seguridad; y IV. Participar en las sesiones del Grupo Interdisciplinario en las que se analice el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de los expedientes que produzcan. "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección Constitucional; y,." Por tanto, se ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que la justicia de la unión no amparó ni protegió a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 460/2021-VII, promovido por ----------, por su propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar de Ecatepec de Morelos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, y turnado al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y recibido el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en este Juzgado Décimo de Distrito, ---------------------, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y los actos reclamados: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tiene ese carácter la H. SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DE MORELOS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio. IV.- ACTO RECLAMADO.- El Acto que por esta vía se reclama es el auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desecha el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN planteado por la suscrita, que se tramita ante la H. Sala Auxiliar de Ecatepec de Morelos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y que se identifica con el rubro NELLY WENDOLYN VEGA BARRIOS vs H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ECATEPECDE MORELOS, ESTDO DE MÉXICO, dentro del JUICIO ORDINARIO LABORAL SAE174/2014, lo anterior bajo protesta de decir verdad. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se radicó el asunto con el número de amparo 460/2021-VII, se admitió a trámite el asunto; asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercera interesada. Posteriormente, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento del Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como se advierte de la constancia que obra en autos. Finalmente, una vez integrado el juicio de amparo y previos diferimientos de la audiencia constitucional, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado por la quejosa, tienen ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado, concretamente en el Municipio de Ecatepec de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama: De la Sala Auxiliar de Ecatepec de Molos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: El auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó el incidente de liquidación que planteo la quejosa dentro del procedimiento laboral SAE174/2014, en el que figura como parte actora. TERCERO. Existencia del acto. El Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que además se corrobora con las copias certificas del procedimiento labora SAE/174/2014, las cuales obtuvo este juzgado respecto de sus originales que había remitido la responsable como complemento de su informe justificado, mismas que fueron devueltas a fin de no retardar el procedimiento de origen, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para lo anterior que la parte quejosa haya señalado como autoridad responsable a la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y que dicho acto por haberse emitido en la etapa de ejecución de laudo corresponda al Presidente de ésta; sin embargo, como se indicó, el informe justificado sí fue rendido por este último, de ahí que ello no varía la aceptación del acto que aquí se reclama. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 57/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 226, que dice: JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, y al ser una cuestión de estudio preferente al fondo, se deben analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que de oficio se adviertan. Sin embargo, en el presente asunto las partes no alegaron la actualización de alguna de ellas, ni se advierte de oficio la acreditación de alguna de estas, por lo que se procede a estudiar el fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. A continuación se procederá al estudio del concepto de violación contenido en la demanda de amparo, el cual no se transcribe a fin de evitar repeticiones innecesarias, sin que ello ocasione agravio alguno ni se contraponga a los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Sin embargo, previo a dicho análisis se considera necesario hacer una breve reseña de los antecedes del acto que se reclama, los cuales son: 1. Por escrito presentado el once de julio de dos mil catorce, ante la Sala Auxiliar de Ecatepec de Morelos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Nelly Wendollyn Vega Barrios, por su propio derecho, demandó vía labora al Municipio Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México, diversas prestaciones derivadas de la relación laboral que sostuvieron. 2. Por auto de dieciséis de julio de dos mil catorce, el Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec de Morelos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, admitió a trámite la demanda, la radicó con el número de procedimiento laboral SAE174/2014, y ordenó el emplazamiento del Municipio demandado. 3. Seguido el trámite del asunto, el nueve de julio de dos mil diecinueve, se dictó el laudo respectivo mismo que en sus puntos resolutivos estableció: PRIMERO.- La parte actora C. NELLY WENDOLYN VEGA BARRIOS, acreditó parcialmente los presupuestos de su acción, en tanto que la parte demandada H. AYUNTAMENTO CONSTITCUIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, justificó parcialmente sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se CONDENA A LA PARTE DEMANDADA H. AYUNTAMENTO CONSTITCUIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, a pagar a la actora la C. NELLY WENDOLYN VEGA BARRIOS, la INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAÍDOS, VEINTE DÍAS DE SUELDO POR CADA AÑO DEVENGADO, PRIMA DE ANTIGÜEDAD y las prestaciones señaladas, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. TERCERO.- Se ABSUELVE a la parte demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, a pagar a la actora NELLY WENDOLYN VEGA BARRIOS, las prestaciones señaladas, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. CÚMPLASE. 4. Por auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, la Sala Auxiliar responsable tuvo por recibido el escrito de demanda de amparo directo interpuesto por el apoderado legal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, contra el laudo antes indicado. 5. De ese juicio de amparo directo correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien lo registró con el número D.T. 993/2019, y en sesión de doce de marzo de dos mil veinte, lo resolvió en el sentido de no amparar ni proteger al Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 6. El trece de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibida la ejecutoria de amparo y ordenó notificar a las partes para los efectos legales conducentes. 7. Por escrito de dos de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó causara ejecutoria el laudo emitido en el procedimiento de origen, y por ende, se iniciara el procedimiento de ejecución de laudo, dictándose requerimiento de pago y embargo al Ayuntamiento condenado. 8. En atención a ello, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, inició la ejecución del laudo emitido en ese procedimiento y ordenó auto de requerimiento de pago y embargo contra el Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México, hasta por la cantidad de $158,460.25 (ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 25/100 Moneda Nacional). 9. Posteriormente, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenada, misma que se suspendió a petición de las partes, pues manifestaron estar en pláticas conciliatorias. 10. Asimismo, por escrito presentado ante la responsable el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la aquí quejosa por conducto de su apoderada legal promovió incidente de liquidación de conformidad con el artículo 95 y 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en relación con el numeral 843, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la primera de las legislaciones mencionadas, pues al efecto precisó que si bien en el asunto ya se habían cuantificado las cantidades a las que tiene derecho por cuanto hace lo condenado en el laudo, también cierto es que de conformidad en el primero de los numerales señalados indica que si al término de doce meses señalados en ese numeral, no se ha dado cumplimiento al laudo se pagaran también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe adeudado, a razón de nueve por ciento anual capitalizable al momento de pago. Asimismo, indicó que dicha cantidades se debían actualizar desde el nueve de julio de dos mil diecinueve, fecha en la que se emitió el laudo, mismo que ya se encuentra ejecutoriado, por lo que le es aplicable ese nueve por ciento anual que contempla el numeral 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por lo que a su decir se debía ordenar el pago en los términos del incidente que planteo. 11. En atención a dicho escrito, la autoridad responsable dictó acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que desechó de plano el incidente que planteo la actora, aquí quejosa, argumentando medularmente que: - Con dicho procedimiento pretende modificar el laudo de nueve de julio de dos mil diecinueve, mismo que tiene la categoría de cosa juzgada. - La institución procesal de la cosa juzgada se encuentra relacionado con el derecho de acceso a la justicia y se vincula con la seguridad jurídica, a fin de que todos puedan acceder ante los tribunales competente, pero además indicó que también conlleva la obligación del Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, para que en los plazos y términos, y cumpliendo las formalidades se diriman sin costo alguno las controversias, y por el otro, que las sentencias que diriman esas controversias sean respetadas con todas sus consecuencias jurídicas, pues de lo contrario no sería efectivo ese derecho a la justicia. - Al efecto la responsable citó la jurisprudencia P./J./85/2008, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589, del contenido COSA JUZGADA, EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - Además, que la impugnación de la cosa juzgada es irracional, en la medida en que el sistema jurídico está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados impugnar de manera oportuna las decisiones judiciales a fin de respetar cualquier vició que pudieran tener. - Por tales argumentos desechó de plano el incidente de liquidación intentado por la parte actora, aquí quejosa. Esta última resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente asunto Señalado lo anterior, se procede al estudio del único concepto de violación planteado respecto del acto antes indicado, en el que medularmente la parte quejosa refiere que: La responsable violó el principio de legalidad y debido proceso, así como los principios de inmediatez, celeridad y economía procesal consagrados en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como la Ley Federal del Trabajo, pues indica que no se ha valorado el dictado del auto de requerimiento de pago y embargo para ejecutar el laudo. En el caso si es procedente el incidente de liquidación que planteo, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 95, 193 y demás aplicables a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en relación con el 843 la Ley Federal del Trabajo, si después de transcurridos doce meses no se ha dado cumplimiento al laudo deberá cubrirse al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de lo adeudado a razón de nueve por ciento, siendo que a su decir la responsable no fundó ni motivo el desechamiento del incidente intentado. Se afecta en su perjuicio el contenido de los artículos antes indicados, pues al desechar su incidente sin fundar ni motivar de manera idónea provoca a la quejosa un detrimento al no permitirle aperturar un incidente, afectando el pago al que refiere tiene derecho conforme a lo señalado en ley, en virtud de que insiste que al no encontrarse liquidado la parte correspondiente al nueve por ciento de interés del adeudo, al haber transcurrido más de doce meses desde la ejecución del laudo, debe cuantificarse ese interés sobre las prestaciones económicas materia de condena, pues es una consecuencia directa de la condena impuesta, en tanto que no ha cumplido con lo obligado en el laudo la parte demandada. Concepto de violación antes sintetizado que resulta fundado pero inoperante, ya que si bien le asiste razón a la parte quejosa en cuanto a que la responsable no atendió a lo que realmente planteó, esto es, a que inició un incidente de liquidación para cuantificar un nueve por cierto de las prestaciones a que se condenó a la demandada, pues a su decir han transcurrido más de doce meses sin que se haya logrado ejecutar el laudo, lo cual así contempla el artículo 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo cierto es que a nada práctico llevaría conceder el amparo para que fueren subsanadas esas irregularidades, porque los argumentos de fondo, de cualquier forma no resultarían en un desenlace favorable a los intereses de la aquí quejosa. Al respecto, es importante mencionar que en la jurisprudencia número 1081, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si del estudio de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, por ejemplo, porque la autoridad responsable haya aplicado una legislación supletoria incorrecta en el acto reclamado; pero de ese estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión alegada, ese concepto resulta no apto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, ese concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos.2 Lo anterior se justifica porque aun cuando se ordenara a la responsable reparar la violación, a nada práctico conduciría, ya que una vez reparada la violación, la propia responsable -y en su caso el juez de Distrito por vía de un nuevo amparo que en su caso se promoviera-, de cualquier forma tendría que resolver el negocio desfavorablemente a los intereses de la parte quejosa; por lo tanto, en aras de salvaguardar el derecho a una justicia pronta y expedita la Suprema Corte determinó que no había razón para esperar hasta un segundo momento para negar un amparo que puede y debe ser resuelto en la primera oportunidad. Así, en caso de que un concepto de violación de quien acude al amparo como parte en el juicio de origen, resulte fundado, pero del examen del expediente de origen se aprecia que lo solicitado por esa parte ante la autoridad responsable es de cualquier manera improcedente, aún por razones diversas a las examinadas en el acto reclamado, esos conceptos hechos valer en la demanda de amparo, aunque fundados, deben declararse inoperantes, pues aun con la concesión del amparo, en el fondo, la persona quejosa no obtendría una resolución favorable a sus intereses., Pues bien, la autoridad responsable estimó que con el incidente planteado por la parte quejosa pretendía modificar el laudo de nueve de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral de origen, lo cual a su decir no es jurídicamente posible, ya que la institución de la cosa juzgada se encuentras relacionado con el derecho de acceso a la justicia y se vincula con la seguridad jurídica, a fin de que todos puedan acceder ante los tribunales competente, pero además indicó que también conlleva la obligación del Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, para que en los plazos y términos, y cumpliendo las formalidades se diriman sin costo alguno las controversias, y por el otro, que las sentencias que diriman esas controversias sean respetadas con todas sus consecuencias jurídicas, pues de lo contrario no sería efectivo ese derecho a la justicia. De igual forma, precisó que la impugnación de la cosa juzgada es irracional, en la medida en que el sistema jurídico está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados impugnar de manera oportuna las decisiones judiciales a fin de respetar cualquier vició que pudieran tener, por lo que si la parte actora, aquí quejosa no impugnó el laudo refiere que consintió lo ahí decido, y con base en ello, fue procedente desechar de plano el incidente de liquidación intentado. Sin embargo, tal como lo refiere la quejosa, esa determinación no se encuentra fundada y motivada, pues la responsable no atendió a lo que realmente intentó plantear la quejosa, esto es, del incidente de liquidación de la quejosa en modo alguno se pone de manifiesto que su intención sea modificar lo resuelto en el laudo dictado dentro del procedimiento laboral de origen, pues como acertadamente lo refiere la responsable, éste ya adquirió la calidad de cosa, juzgada: sin embargo, la pretensión de la pare promovente fue en el sentido de que, debido a que dentro de ese procedimiento ,a su decir ya han transcurrido doce meses sin que se pueda ejecutar el aludo, le corresponde el pago del nueve por ciento anual sobre las prestaciones a las que tiene derecho, conforme a lo indicado en los artículos 95, 193 y demás aplicables a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en relación con el 843 la Ley Federal del Trabajo, numerales que interpretaos de manera conjunta sí regulan ese procedimiento. No obstante lo anterior, de ningún beneficio resultaría para la quejosa que se concediera el amparo para que se subsanara la indebida fundamentación del acto reclamado, ya que contrario a lo que refiere en sus conceptos de violación -y en los argumentos por los que promovió el multicitado incidente, para la procedencia del mismo, deberán haber transcurrido necesariamente doce meses sin que se haya logrado ejecutar el laudo, a fin de que pueda recibir el nueve por ciento que contempla el primero de los numerales en comento, lo cual según se desprende del juicio laboral de origen aun no acontece. . Al respecto se considera conveniente transcribir los artículos en comento: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Artículo 95. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el servidor público: (.) Si al término del plazo de los doce meses señalados en los artículos 95, 96 y 97 no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, a razón del nueve por ciento anual capitalizable al momento del pago. (.) Artículo 193. Lo no previsto en esta Ley en materia procesal se regulará por las disposiciones contenidas que regulen casos semejantes de los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, cuando sea el caso. Ley Federal del Trabajo. Artículo 843.- En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. En ese sentido, si bien el primero de los numerales en comento, y por lo que respecta al supuesto aquí analizado, sí prevé que transcurridos doce meses y de no haberse logrado dar cumplimiento al laudo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, lo cual deberá cumplirse a razón del nueve por ciento anual que será capitalizable al momento del pago. Mientras que el segundo de los ordinales invocados contempla la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, para lo no previsto en el ordenamiento local, en tratándose de casos semejantes. En tanto que, el artículo de la Ley Federal del Trabajo contempla que excepcionalmente podrá ordenarse que se aperture un incidente de liquidación de intereses en los procedimientos laborales. Luego, con base en ello y si bien la parte quejosa si promovió un incidente de liquidación atendiendo para ello a las disposiciones aplicables, en tanto que la responsable no emitió su determinación en razón de lo propuesto, se considera que como se adelantó, aun cuando se emitiera una sentencia favorable a sus intereses a fin de que se provea conforme a lo que fue planteado, resultaría estéril, puesto que de las constancias de autos se observa que no se encuentra acredito el supuesto que plantea, por lo que de igual forma sería improcedente su incidente que plantó. Esto es así, pues si bien el artículo 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y por lo que respecta al supuesto aquí analizado, sí prevé que transcurridos doce meses y de no haberse logrado dar cumplimiento al laudo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, lo cual deberá cumplirse a razón del nueve por ciento anual que será capitalizable al momento del pago, esto es, para la procedencia del pago de esos interés, el artículo prevé como condicionante que hayan transcurrido doce meses desde que se inició su ejecución del laudo. Mientras que de los antecedentes del juicio de origen se observa que no se cumple con tal extremo, pues el laudo que se encuentra ejecutando en el juicio de origen, se emitió el nueve de julio de dos mil diecinueve; inconforme con el mismo, la autoridad demandada interpuso amparo directo, el cual tramitó y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, y en sesión de doce de marzo de dos mil veinte, no amparó ni protegió al Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Posteriormente a que se tuvo por recibida la sentencia del amparo directo, por escrito de dos de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó causara ejecutoria el laudo emitido en el procedimiento de origen, dictándose requerimiento de pago y embargo al Ayuntamiento condenado. En atención a ello, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, inició la ejecución del laudo emitido en ese procedimiento y se ordenó auto de requerimiento de pago y embargo contra el Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México, hasta por la cantidad de $158,460.25 (ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 25/100 Moneda Nacional). Asimismo, por escrito presentado ante la responsable el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la aquí quejosa por conducto de su apoderada legal promovió incidente de liquidación de conformidad con el artículo 95 y 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en relación con el numeral 843, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la primera de las legislaciones mencionadas, cuyo desechamiento aquí se combate. En ese sentido, si de los simples antecedentes del juicio de origen se puede observar que la ejecución de laudo se inició hasta el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mientras que el incidente planteado se promovió el cuatro de diciembre siguiente, es evidente que hasta ese momento únicamente había transcurrido un mes desde que se inició el procedimiento de ejecución, por lo que no se cumple con la condicionante de que hayan transcurrido doce meses desde que se inició su ejecución, a que se refiere el artículo 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de ahí que la pretensión de la quejosa no resultara procedente, aun y cuando se ordenara a la responsable atender nuevamente la petición propuesta. Sin que sea obstáculo para lo anterior que el laudo se haya emitido desde el año dos mil diecinueve, ya que en ese momento no era ejecutable, pues contra éste se promovió amparo directo y por ende no se encontraba firme, lo que hace imposible que no pueda tomarse como parámetro para lo que pretende la quejosa, la fecha en que se emitió. Por lo tanto, este órgano de control constitucional concluye que a pesar de que asiste la razón a la parte quejosa en cuanto a que la autoridad responsable no atendió al trámite que promovió conforme al tercer párrafo del artículo 95 y 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en relación con el 843 la Ley Federal del Trabajo; de cualquier forma, dicha pretensión resultaría improcedente por no cumplirse la condicionante que contempla el primero de los numerales en comento. De ahí que el concepto de violación deba ser calificado como fundados pero inoperantes, pues ningún beneficio le podría producir que se concediera el amparo para el efecto de que la autoridad responsable rectificara la fundamentación y motivación de la resolución reclamada bajo lo expuesto por la aquí quejosa, ya que el resultado final sería el mismo, pues la responsable de todas formas debería desechar por improcedente el incidente de liquidación plateado, ante el incumplimiento del supuesto para su procedencia. En esas condiciones, al resultar fundado pero inoperante el concepto de violación expuesto por la quejosa, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita la quejosa Nelly Wendollyn Vega Barrios, por su propio derecho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa ------------, por su propio derecho, respecto del acto y autoridad indicados en el segundo considerando y por los razonamientos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de promoción 7901, correspondiente al juicio de amparo 460/2021-VII. Conste.- El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec de Morelos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual, en atención a lo ordenado en proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, acusa recibo del oficio por el que se le devolvió el original del expediente laboral de origen. En atención a su contenido, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se deja sin efectos el apercibimiento con que fue conminada la autoridad de mérito. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual rinde su informe justificado la autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. En tales circunstancias, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el informe y constancias que se reciben, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia de ley. Además, de conformidad con el numeral 119 de la ley precitada, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la documental que anexó la oficiante, consistente en el original del laboral expediente SAE/174/2014, las que se valoraran al momento de dictar la sentencia correspondiente al asunto. En ese sentido, toda vez que como se señaló, la autoridad responsable envió los autos originales del asunto laboral SAE/174/2014, los cuales resultan necesarios para que continúe el trámite de ese asunto, previa reproducción que se realice de las constancias que resulten indispensables para resolver el presente juicio de amparo, devuélvanse los autos originales del expediente antes señalado, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo del asunto que se le devuelve. Se apercibe a la autoridad antes indicada que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Por tanto, para un mejor manejo de los presentes autos, con las constancias obtenidas, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, previa certificación que obre en autos. Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los numerales 9° y 26, fracciones II, inciso a), ambos del ordenamiento legal en cita, se tienen como delegados y domicilio de la responsable, los que indica en el oficio que se provee. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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