Nelly Tapia Estrada
Expediente 364/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/04/2018
Partes del expediente
- Nelly Tapia Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que dentro del juicio de amparo en que se actúa, se formaron dos tomos de pruebas, con las constancias que anexó a su informe justificado el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, consistentes en copia certificada del tomo IV de la causa penal 123/2015, así como del auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del tomo III del aludido expediente. En tal virtud, tomando en consideración que en acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo del presente asunto, devuélvase a la citada autoridad, las documentales descritas, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que se formaron por separado con las mismas; sin que sea necesario requerirle el acuse de recibo respectivo, en la inteligencia de que la constancia de recepción de la presente comunicación hace las veces del mismo...IV
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Nelly Tapia Estrada, y en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, expídasele copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, previa razón que se deje en autos. Asimismo, con fundamento en los artículos 304 y 305 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, se le tiene a la parte quejosa señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta.....IV
- Principal
V I S T O el estado de autos y advirtiéndose que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en el segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a *******, en contra del acto que reclamó al Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el auto reclamado de uno de marzo del año en curso, únicamente en la parte en que resolvió la inconformidad de la quejosa contra la multa de 30 días de salario mínimo vigente en la zona, que le fuera impuesta en proveído de veintitrés de febrero anterior, y confirmó la medida de apremio decretada, bajo el argumento de que la inconforme no justificó su inasistencia a las diligencias ordenadas en el procedimiento subyacente, requiriéndola para que en el término de tres días depositara el importe de la multa relativa bajo apercibimiento que de no hacerlo ordenaría su cumplimiento forzoso a través del procedimiento económico coactivo; 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, en caso de insistir en hacer efectivo ese apercibimiento (multa), establezca el monto de la medida de manera fundada y motivada, tomando en cuenta los elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los de naturaleza subjetiva que se refieren a las circunstancias particulares del infractor." Por auto de catorce de junio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. (foja 93) Mediante oficios 1937, recepcionado en este juzgado el veinte de junio del año en curso, respectivamente, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, en cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en autos, remitió copia certificada del proveído de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos de la causa penal 123/2015, en el que dejó insubsistente el auto reclamado de uno de marzo de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en la que se resolvió sobre la inconformidad de la aquí quejosa contra la multa que le fue impuesta, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitió otra determinación en la que insistió en imponer a la quejosa la medida de apremio consistente en multa de treinta días de salario mínimo vigente en la zona, fundando y motivando su decisión en los términos que estimó pertinentes. En relación con lo anterior, este Juzgador federal estima que el Juez responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: Lineamientos de la Ejecutoria de Amparo Resolución dictada en cumplimiento "(.) En este contexto, asiste la razón a la inconforme al argüir que el auto reclamado de uno de marzo de dos mil diecisiete, adolece de una correcta motivación, pues aún y cuando el juez responsable al resolver sobre la inconformidad de la quejosa contra la multa que le fue impuesta en diverso auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, desestimó las manifestaciones vertidas por aquélla tendentes a justificar su incomparecencia, bajo el argumento de que lo expuesto por la inconforme no era suficiente para desvanecer su contumacia y anular la medida de apremio, y por ende dejó firme la multa controvertida; lo cierto es, que con independencia de la procedencia de tal medio de apremio, al momento de imponer la responsable la multa a que se hizo acreedora la quejosa, que en el caso fue de treinta días de salario mínimo vigente en la zona, soslayó cumplir con el principio de motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de las razones que adoptó para motivar su decisión, debió razonar y pormenorizar los motivos que tuvo para fijar el monto de tal medida, tomando en cuenta los diversos elementos de que disponía, ya objetivos, concernientes a la gravedad de la infracción cometida, y al asunto de origen, ya subjetivos, relativos a las circunstancias personales de la infractora; por lo que al no hacerlo así, se insiste, vulneró los derechos fundamentales de la persona sancionada con la aludida medida de apremio. (.) En suma, para individualizar una medida de apremio consistente en multa, la autoridad responsable debió justificar que el monto de la multa impuesta guardaba correspondencia o proporción con la omisión o desacato del infractor. Así, en primer lugar, debió considerar los hechos, esto es, atender la etapa en que se encontraba el juicio, el tipo de asunto, las partes involucradas, los intereses que se ventilan en el mismo, y si ya se había dictado o no sentencia. En segundo término, debió considerar las circunstancias particulares del proceso, esto es, la finalidad que perseguía con el requerimiento hecho al sancionado y respecto del cual no dio cumplimiento. Ejemplo de lo anterior lo es el análisis de las situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de medidas precautorias, con la sentencia misma, o con cuestiones meramente accidentales. Sentado lo anterior, debió analizar la gravedad de la infracción, su reincidencia, la intención de cumplir con lo ordenado, el retraso o la imposibilidad del cumplimiento y las consecuencias que ocasiona en el procedimiento. Es decir, la trascendencia que tenía sobre el procedimiento la conducta del infractor. En resumen, para el supuesto de que el juzgador aperciba o, en su caso, imponga al infractor una sanción consistente en una multa en su tope máximo (como sucedió en el caso en que se aplicó a la quejosa una multa de treinta días de salario mínimo vigente), necesariamente deberá motivar por qué la conducta del infractor la considera de tal gravedad que forzosamente requiere de dicha sanción y no una más reducida; es decir, debe razonar las circunstancias especiales que tome en cuenta para imponerla. En efecto, en la especie no era óbice que el juez haya aducido que debido a la conducta de desacato del infractor se le impuso una multa consistente en treinta días de salario mínimo general vigente, sino que además debió expresar por qué decidió imponer ese monto. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial debió valorar los elementos que se encuentran relacionados con la persona que cometió la infracción. Esto es, considerar las particularidades del infractor (rebelde o contumaz) ante las órdenes decretadas, con el afán de medir la intención de su conducta y el grado de comprensión del hecho que implica la desobediencia, el grado de rebeldía y lo reprochable de su actuar. Asimismo, considerar su edad, escolaridad, ocupación, y en general, todas aquellas circunstancias que le pudieran aportar elementos para individualizar la gravedad de la conducta, y establecer el monto de la multa, pues sólo así podía considerarse que el juez responsable cumplió con lo ordenado por la constitución, ante la discrecionalidad de la ley. (..)". El Juez de Primera Instancia Penal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictó un auto por el que resolvió la informidad presentada por la aquí quejosa Nelly Tapia Estrada, confirmando la determinación de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y, por ende, imponiéndole la medida de apremio consistente en multa de treinta días de salario mínimo vigente en la zona. Lo anterior, según lo dijo, porque el trece de enero de dos mil diecisiete, había dictado un auto en el que señaló hora y fecha (diez horas con treinta minutos del veintidós de febrero del año en curso) para que tuvieran verificativo diversos medios de prueba, por lo que apercibió a la Asesora Jurídica, aquí quejosa, para que en caso de no comparecer se haría acreedora a una medida de apremio consistente en multa equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la zona. Asimismo señaló, que una vez llegada la fecha, la aquí quejosa no acudió, por lo que el veintitrés de febrero siguiente, hizo efectivo el apercibimiento a que fue conminada aquélla, con fundamento el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En ese sentido, el juez natural para imponer dicha medida de apremio tomó en cuenta las circunstancias y particularidades del caso, esto es, que el proceso se ha mantenido vigente durante un año ocho meses, tiempo en el que el procesado ha permanecido en prisión preventiva, lo que a su juicio constituye una circunstancia relevante para darle celeridad; aunado a que la víctima es un menor de edad, por lo que, según lo indicó, deben velarse por sus derechos humanos. De igual manera, precisó que por diversas cuestiones (falta de localización de testigos, periodos vacacionales, etc.) no han podido ser desahogados diversos medios de prueba, no obstante, el veintidós de febrero último, estuvieron presentes todos los testigos, sin embargo, no pudieron desahogarse las probanzas señaladas para esa fecha por la inasistencia de la aquí quejosa Nelly Tapia Estrada. En consecuencia, el juzgador natural estimó que la imposición de la medida de apremio, consistente en aplicar el máximo de la multa establecida en el artículo 102 del Código Adjetivo, cumple la función de forzar a los intervinientes a presentarse en las diligencias en los términos establecidos, pues la imposición de una multa de esa cantidad representa una erogación monetaria elevada para el infractor que debe soportarla, toda vez que la imposición de la mínima equivaldría únicamente a la cantidad de $80.04 (ochenta pesos 04/100m.n.); por tanto la imposición de la máxima tiene como finalidad evitar que el proceso continúe extendiéndose de manera injustificada. En abono a lo anterior, tomó en consideración que la aquí quejosa ya había tenido una falta previa para el desahogo de las diligencias señaladas, quien igualmente trató de justificar su inasistencia al argüir que no había sido requerida para acudir al desahogo de tales probanzas, a más que el diferimiento de esos medios de prueba había sido solicitado por ella, lo que implicó retraso en el proceso, así como un día más de prisión preventiva para el inculpado, o bien, para que la víctima tenga acceso a la reparación del daño. Asimismo, para la imposición de la multa, la responsable tomó en consideración que la quejosa Nelly Tapia Estrada, es una profesionista en derecho, quien tiene el carácter de Asesora Jurídica de la Víctima, por lo que recibe una remuneración, y tiene el deber de cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas. Finalmente, en relación a la inconformidad expuesta por la Asesora Jurídica, de que se le tuviera justificada su inasistencia al desahogo de las diligencias de mérito, señaló que la razón invocada para ello (percance automovilístico) no era justificable, ya que era una obligación de las partes prever todas y cada una de las circunstancias que pudieran impedir su comparecencia. En consecuencia, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal confirmó su determinación de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por lo requirió a la aquí quejosa Nelly Tapia Estrada depositara ante el órgano de su titularidad la multa impuesta, bajo apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría el cumplimiento mediante el procedimiento económico coactivo. Aspectos cumplidos En ese contexto, este juzgador federal estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, pues como quedó establecido en líneas superiores, el Juez responsable demostró que dejó insubsistente el auto reclamado de uno de marzo último, y con plenitud de jurisdicción, dictó uno nuevo, en el que insistió hacer efectivo el apercibimiento de multa, fundando y motivando su decisión, tomando en cuenta los elementos objetivos que correspondían a la gravedad de la infracción cometida, y a los de naturaleza subjetiva referentes a las circunstancias particulares de la infractora; lo cual constituyó el punto primordial de la concesión del amparo. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....IV NOTIFIQUESE PEROSNALMENTE
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 05/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO NELLY TAPIA ESTRADA EL AUTO DE 04/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: I S T O el estado de autos y advirtiéndose que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en el segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a *******, en contra del acto que reclamó al Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el auto reclamado de uno de marzo del año en curso, únicamente en la parte en que resolvió la inconformidad de la quejosa contra la multa de 30 días de salario mínimo vigente en la zona, que le fuera impuesta en proveído de veintitrés de febrero anterior, y confirmó la medida de apremio decretada, bajo el argumento de que la inconforme no justificó su inasistencia a las diligencias ordenadas en el procedimiento subyacente, requiriéndola para que en el término de tres días depositara el importe de la multa relativa bajo apercibimiento que de no hacerlo ordenaría su cumplimiento forzoso a través del procedimiento económico coactivo; 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, en caso de insistir en hacer efectivo ese apercibimiento (multa), establezca el monto de la medida de manera fundada y motivada, tomando en cuenta los elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los de naturaleza subjetiva que se refieren a las circunstancias particulares del infractor." Por auto de catorce de junio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. (foja 93) Mediante oficios 1937, recepcionado en este juzgado el veinte de junio del año en curso, respectivamente, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, en cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en autos, remitió copia certificada del proveído de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos de la causa penal 123/2015, en el que dejó insubsistente el auto reclamado de uno de marzo de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en la que se resolvió sobre la inconformidad de la aquí quejosa contra la multa que le fue impuesta, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitió otra determinación en la que insistió en imponer a la quejosa la medida de apremio consistente en multa de treinta días de salario mínimo vigente en la zona, fundando y motivando su decisión en los términos que estimó pertinentes. En relación con lo anterior, este Juzgador federal estima que el Juez responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: Lineamientos de la Ejecutoria de Amparo Resolución dictada en cumplimiento "(.) En este contexto, asiste la razón a la inconforme al argüir que el auto reclamado de uno de marzo de dos mil diecisiete, adolece de una correcta motivación, pues aún y cuando el juez responsable al resolver sobre la inconformidad de la quejosa contra la multa que le fue impuesta en diverso auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, desestimó las manifestaciones vertidas por aquélla tendentes a justificar su incomparecencia, bajo el argumento de que lo expuesto por la inconforme no era suficiente para desvanecer su contumacia y anular la medida de apremio, y por ende dejó firme la multa controvertida; lo cierto es, que con independencia de la procedencia de tal medio de apremio, al momento de imponer la responsable la multa a que se hizo acreedora la quejosa, que en el caso fue de treinta días de salario mínimo vigente en la zona, soslayó cumplir con el principio de motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de las razones que adoptó para motivar su decisión, debió razonar y pormenorizar los motivos que tuvo para fijar el monto de tal medida, tomando en cuenta los diversos elementos de que disponía, ya objetivos, concernientes a la gravedad de la infracción cometida, y al asunto de origen, ya subjetivos, relativos a las circunstancias personales de la infractora; por lo que al no hacerlo así, se insiste, vulneró los derechos fundamentales de la persona sancionada con la aludida medida de apremio. (.) En suma, para individualizar una medida de apremio consistente en multa, la autoridad responsable debió justificar que el monto de la multa impuesta guardaba correspondencia o proporción con la omisión o desacato del infractor. Así, en primer lugar, debió considerar los hechos, esto es, atender la etapa en que se encontraba el juicio, el tipo de asunto, las partes involucradas, los intereses que se ventilan en el mismo, y si ya se había dictado o no sentencia. En segundo término, debió considerar las circunstancias particulares del proceso, esto es, la finalidad que perseguía con el requerimiento hecho al sancionado y respecto del cual no dio cumplimiento. Ejemplo de lo anterior lo es el análisis de las situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de medidas precautorias, con la sentencia misma, o con cuestiones meramente accidentales. Sentado lo anterior, debió analizar la gravedad de la infracción, su reincidencia, la intención de cumplir con lo ordenado, el retraso o la imposibilidad del cumplimiento y las consecuencias que ocasiona en el procedimiento. Es decir, la trascendencia que tenía sobre el procedimiento la conducta del infractor. En resumen, para el supuesto de que el juzgador aperciba o, en su caso, imponga al infractor una sanción consistente en una multa en su tope máximo (como sucedió en el caso en que se aplicó a la quejosa una multa de treinta días de salario mínimo vigente), necesariamente deberá motivar por qué la conducta del infractor la considera de tal gravedad que forzosamente requiere de dicha sanción y no una más reducida; es decir, debe razonar las circunstancias especiales que tome en cuenta para imponerla. En efecto, en la especie no era óbice que el juez haya aducido que debido a la conducta de desacato del infractor se le impuso una multa consistente en treinta días de salario mínimo general vigente, sino que además debió expresar por qué decidió imponer ese monto. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial debió valorar los elementos que se encuentran relacionados con la persona que cometió la infracción. Esto es, considerar las particularidades del infractor (rebelde o contumaz) ante las órdenes decretadas, con el afán de medir la intención de su conducta y el grado de comprensión del hecho que implica la desobediencia, el grado de rebeldía y lo reprochable de su actuar. Asimismo, considerar su edad, escolaridad, ocupación, y en general, todas aquellas circunstancias que le pudieran aportar elementos para individualizar la gravedad de la conducta, y establecer el monto de la multa, pues sólo así podía considerarse que el juez responsable cumplió con lo ordenado por la constitución, ante la discrecionalidad de la ley. (..)". El Juez de Primera Instancia Penal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictó un auto por el que resolvió la informidad presentada por la aquí quejosa Nelly Tapia Estrada, confirmando la determinación de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y, por ende, imponiéndole la medida de apremio consistente en multa de treinta días de salario mínimo vigente en la zona. Lo anterior, según lo dijo, porque el trece de enero de dos mil diecisiete, había dictado un auto en el que señaló hora y fecha (diez horas con treinta minutos del veintidós de febrero del año en curso) para que tuvieran verificativo diversos medios de prueba, por lo que apercibió a la Asesora Jurídica, aquí quejosa, para que en caso de no comparecer se haría acreedora a una medida de apremio consistente en multa equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la zona. Asimismo señaló, que una vez llegada la fecha, la aquí quejosa no acudió, por lo que el veintitrés de febrero siguiente, hizo efectivo el apercibimiento a que fue conminada aquélla, con fundamento el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En ese sentido, el juez natural para imponer dicha medida de apremio tomó en cuenta las circunstancias y particularidades del caso, esto es, que el proceso se ha mantenido vigente durante un año ocho meses, tiempo en el que el procesado ha permanecido en prisión preventiva, lo que a su juicio constituye una circunstancia relevante para darle celeridad; aunado a que la víctima es un menor de edad, por lo que, según lo indicó, deben velarse por sus derechos humanos. De igual manera, precisó que por diversas cuestiones (falta de localización de testigos, periodos vacacionales, etc.) no han podido ser desahogados diversos medios de prueba, no obstante, el veintidós de febrero último, estuvieron presentes todos los testigos, sin embargo, no pudieron desahogarse las probanzas señaladas para esa fecha por la inasistencia de la aquí quejosa Nelly Tapia Estrada. En consecuencia, el juzgador natural estimó que la imposición de la medida de apremio, consistente en aplicar el máximo de la multa establecida en el artículo 102 del Código Adjetivo, cumple la función de forzar a los intervinientes a presentarse en las diligencias en los términos establecidos, pues la imposición de una multa de esa cantidad representa una erogación monetaria elevada para el infractor que debe soportarla, toda vez que la imposición de la mínima equivaldría únicamente a la cantidad de $80.04 (ochenta pesos 04/100m.n.); por tanto la imposición de la máxima tiene como finalidad evitar que el proceso continúe extendiéndose de manera injustificada. En abono a lo anterior, tomó en consideración que la aquí quejosa ya había tenido una falta previa para el desahogo de las diligencias señaladas, quien igualmente trató de justificar su inasistencia al argüir que no había sido requerida para acudir al desahogo de tales probanzas, a más que el diferimiento de esos medios de prueba había sido solicitado por ella, lo que implicó retraso en el proceso, así como un día más de prisión preventiva para el inculpado, o bien, para que la víctima tenga acceso a la reparación del daño. Asimismo, para la imposición de la multa, la responsable tomó en consideración que la quejosa Nelly Tapia Estrada, es una profesionista en derecho, quien tiene el carácter de Asesora Jurídica de la Víctima, por lo que recibe una remuneración, y tiene el deber de cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas. Finalmente, en relación a la inconformidad expuesta por la Asesora Jurídica, de que se le tuviera justificada su inasistencia al desahogo de las diligencias de mérito, señaló que la razón invocada para ello (percance automovilístico) no era justificable, ya que era una obligación de las partes prever todas y cada una de las circunstancias que pudieran impedir su comparecencia. En consecuencia, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal confirmó su determinación de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por lo requirió a la aquí quejosa Nelly Tapia Estrada depositara ante el órgano de su titularidad la multa impuesta, bajo apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría el cumplimiento mediante el procedimiento económico coactivo. Aspectos cumplidos En ese contexto, este juzgador federal estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, pues como quedó establecido en líneas superiores, el Juez responsable demostró que dejó insubsistente el auto reclamado de uno de marzo último, y con plenitud de jurisdicción, dictó uno nuevo, en el que insistió hacer efectivo el apercibimiento de multa, fundando y motivando su decisión, tomando en cuenta los elementos objetivos que correspondían a la gravedad de la infracción cometida, y a los de naturaleza subjetiva referentes a las circunstancias particulares de la infractora; lo cual constituyó el punto primordial de la concesión del amparo. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
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