Nelly Sugeyri Segura Santibañez
Expediente 1326/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nelly Sugeyri Segura Santibañez
- Magistrados integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede...: I. Se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio ha causado estado. II. Archívese el expediente principal como asunto concluido. III. Se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... V. Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VII. Finalmente, devuélvase dos tomos de pruebas a la Presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado remitidos con motivo de su informe justificado, por carecer de objeto que continúe guardado en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
"..."...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil dieciocho. El análisis de las constancias que integran este sumario conduce a sostener que ha sobrevenido una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo cuya actualización indudable y manifiesta impide continuar con la substanciación del juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: I. Identificación de la litis constitucional. En principio es necesario establecer que el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme Nelly Sugeyri Segura Santibáñez reclama los actos siguientes: 1. De la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca impugna: La resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el recurso de apelación substanciado bajo el toca familiar 491/2015. 2. De la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combate: La ejecución de ese fallo en el juicio de controversias del orden familiar de pensión alimenticia y de guarda y custodia 57/2013. II. Consideraciones para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, debe indicarse que la doctrina ha conceptualizado al sobreseimiento como el acto a través del cual se da por concluido un proceso sin que se haga un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo por falta de alguno de sus elementos constitutivos de carácter fundamental, o bien, por el surgimiento de una circunstancia que hace imposible o innecesario el análisis de la acción ejercida. También debe precisarse que en las diversas ramas procesales el sobreseimiento se decreta en el momento en el que se actualiza la causal correspondiente, ya que ésta impide la continuación del procedimiento relativo, lo cual significa que el sobreseimiento da por concluido el proceso sin que se haga pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo debatida. En el juicio de amparo no es la excepción para decretar el sobreseimiento en el momento en el que se actualice una causal de improcedencia, con la única condicionante de que ésta sea manifiesta e indudable porque como se ha mencionado el sobreseimiento pone fin al procedimiento y, por ello, debe decretarse tan luego como aparezca la hipótesis de inejercicio correspondiente, ya que ningún objetivo práctico tendrá continuar con un procedimiento cuyo deceso ha ocurrido. Ahora, se dice que una causal de improcedencia es manifiesta e indudable cuando salta a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de pruebas que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. En ese sentido, es de explorado derecho que para decretar el sobreseimiento en el juicio de protección de los derechos fundamentales, las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo que sirvan de apoyo para ello necesariamente tienen que reunir tales características, es decir, deben ser manifiestas e indudables porque de lo contrario este órgano jurisdiccional estará obligado a pronunciarse sobre el tema de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. De acuerdo con lo anterior es pertinente precisar que las causales de improcedencia atendiendo al momento en el que sean detectadas por el Juzgador conducen al desechamiento de la demanda de amparo, o bien, a decretar el sobreseimiento del medio extraordinario de defensa. En este punto, precisa señalar que de lo establecido por el ordinal 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia se advierte que el sobreseimiento del juicio de amparo puede ser decretado en una resolución que se dicte fuera de la audiencia constitucional, ya que ese dispositivo establece que procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto judicial distinto a la sentencia que se pronuncia en esa diligencia. Lo anterior evidencia la intención del legislador de que los Jueces de amparo no continúen con un juicio que no va rendir frutos cuando se actualicen las causales de improcedencia con las características antes precisadas. De lo anterior se sigue que el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional es permitido legalmente, ya que en los casos como el que se alude ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre esa diligencia para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado porque la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en un sentido distinto. Lo expuesto permite concluir que en los casos en los que las hipótesis de improcedencia sean manifiestas e indudables de manera que con algún elemento de prueba se pueda desvirtuar esa situación es procedente decretar el sobreseimiento del juicio constitucional sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar elementos probatorios que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia; además, de que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado porque tiene a su alcance el recurso de revisión, por lo que esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto tiene respaldo en las razones establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Improcedencia Estudio oficioso del supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último dispositivo interpretado a contrario sensu. Con fundamento en el arábigo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con los actos reclamados a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el recurso de apelación substanciado bajo el toca familiar 491/2015 y su ejecución en el juicio de controversias del orden familiar de pensión alimenticia y de guarda y custodia 57/2013 se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esas actuaciones no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de ese precepto estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este país y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación , que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la determinación que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. En el caso, la solicitante del amparo reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el recurso de apelación substanciado bajo el toca familiar 491/2015, en tanto que a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con domicilio en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, atribuye la ejecución de ese fallo en el juicio de controversias del orden familiar de pensión alimenticia y de guarda y custodia 57/2013, en el que la justiciable tiene la calidad de parte en sentido formal y material, dado que fue quien promovió ese contradictorio; por tanto, se trata de la accionante en dicho asunto. Ahora, del contenido de la resolución atacada se advierte que el Tribunal responsable estableció que eran inoperantes los agravios que la disidente expresó en tal medio de impugnación en contra de las determinaciones que la Juez primigenia adoptó en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en el juicio de origen , en las que esta última decidió no tener por justificada la inasistencia de aquélla a esa diligencia; en consecuencia, hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y procedió por un lado a desahogar algunos de los medios de convicción que fueron admitidos a los litigantes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la titular de la acción de amparo se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la quejosa y, por otro, declaró la deserción de las testimoniales ofrecidas por los contendientes porque no presentaron a sus atestes; por tanto, confirmó las determinaciones apeladas, lo cual implica que la Juez del primer grado está en aptitud de continuar con la substanciación del juicio natural en razón de que las decisiones que adoptó en la audiencia de ley se estimaron correctas. Lo anterior evidencia que las actuaciones reprochadas a las autoridades responsables no constituyen actos de imposible reparación en la medida en que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera, aun cuando la disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de debido proceso, de legalidad, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva previstos por los normativos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la resolución reclamada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la determinación del Tribunal de alzada responsable de confirmar los acuerdos que la Juez primaria dictó en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en el juicio de origen, en los que esta última decidió no tener por justificada la inasistencia de la inconforme a esa diligencia; en consecuencia, hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y procedió por un lado a desahogar algunos de los medios de prueba que fueron admitidos a los litigantes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la promovente se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la quejosa y, por otro, declaró la deserción de las testimoniales ofrecidas por los contendientes porque no presentaron a sus testigos eventualmente entrañaría una transgresión a sus derechos adjetivos que tendría efectos formales o intraprocesales, los cuales se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la resolución que ponga fin a esa controversia y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la determinación final correspondiente y afectó las defensas de la peticionaria del amparo. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones a los normativos 14 y 17 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que la solicitante de la protección constitucional es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene presente que la violación procedimental alegada consistente en confirmar las determinaciones que el órgano jurisdiccional de primera instancia dictó en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en el contradictorio de origen, en las que esta última decidió no tener por justificada la inasistencia de la quejosa a esa diligencia; por consiguiente, hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y procedió por un lado a desahogar algunos de los medios de convicción que fueron admitidos a las partes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la justiciable se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la disidente y, por otro, decretó el desechamiento de las testimoniales ofrecidas por los litigantes porque no presentaron a sus atestes, por el momento procesal en el que se produce sólo ocasiona una afectación a los derechos adjetivos de la promovente al obligarla a soportar las consecuencias de las decisiones que la Juzgadora primigenia adoptó respecto del desahogo y la deserción del material probatorio enunciado. Pero con esa situación no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, o bien, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa circunstancia ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia-, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin al asunto, en la medida en que las determinaciones adoptadas -desahogo y desechamiento- en la audiencia de ley señalada en relación con las citadas probanzas influyan en sentido negativo para que el resultado del fallo respectivo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de la justiciable trascendiendo al resultado de la sentencia, en términos de lo prescrito por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" En esa línea, el hecho de que se hayan confirmado los acuerdos dictados en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en la controversia de origen, en los que la Juez responsable determinó: a) no tener por justificada la inasistencia de la inconforme a esa diligencia; b) hacer efectivo el apercibimiento decretado en su contra; y, c) proceder por un lado a desahogar algunas pruebas que fueron admitidas a los contendientes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la titular de la acción de amparo se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la quejosa y, por otro, declaró la deserción de las testimoniales ofrecidas por las partes porque no presentaron a sus testigos, no puede conducir a considerar que se está frente a actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que las actuaciones combatidas no producen de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la probable violación a derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales porque puede ocurrir que la afectada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación alegada y los posibles perjuicios que se le hayan causado con las decisiones indicadas. En esa línea, lo decidido por la Sala responsable en la resolución combatida eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la determinación que ponga fin al juicio natural y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si el fallo impugnado y su ejecución no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la peticionaria del amparo tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último precepto interpretado a contrario sensu. IV. Decisión En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente asunto fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos que la justiciable reclamó a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el recurso de apelación substanciado bajo el toca familiar 491/2015 y la ejecución de ese fallo en el juicio de controversias del orden familiar de pensión alimenticia y de guarda y custodia 57/2013. Esta resolución tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", cuyo texto y datos de localización se indicaron en los párrafos precedentes. V. Consecuencias jurídicas derivadas de la determinación adoptada. En razón de la decisión adoptada se dejan sin efectos la fecha y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. NOTIFICO EN TÉRMINOS DE LEY A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene a la presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca informando que no le fue posible emplazar al aquí tercero interesado en los domicilios señalados en el expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, justificando dicha circunstancia con la copia certificada del despacho 18/2018 de la estadística del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la cual obra la razón asentada por el actuario judicial adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, a fin de acordar lo respectivo, debido que la autoridad responsable refiere en su oficio de mérito que devuelve los autos originales del toca familiar ******************** y el testimonio del expediente ********************, sin que lo haya hecho, requiérasele para que a la brevedad posible los remita al resultar necesarios para resolver este asunto. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo II-B "...En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, que lo único que hasta el momento se encuentra pendiente para estar en aptitud de celebrar la audiencia constitucional es la constancia del emplazamiento a la parte tercera interesada el cual se solicitó -mediante acuerdo dictado el pasado seis de septiembre- se realizara por conducto de la autoridad responsable magistrados integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Requiérase a la citada autoridad responsable para que -dentro del plazo de tres días- remita las constancias relativas al emplazamiento de la parte tercera interesada. Apercíbase que de no cumplir con lo anterior... se le impondrá multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización al momento de incurrir con la conducta sancionadora. La audiencia constitucional señalada para hoy se reprograma para las doce horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.
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