Nelly Manuela Centeno Camacho

Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
723/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Nelly Manuela Centeno Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Nelly Manuela Centero Camacho, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, toda vez que el presente expediente, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 21 inciso b), contenido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; [.]. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General Citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Recepción y registro de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada electrónicamente por Nelly Manuela Centeno Camacho, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Quinto de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 723/2020-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la quejosa señala como acto reclamado el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 331/2018, en el que el Juez Quinto de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, no admite el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído de nueve del mismo mes y año, en el que determinó que al no existir pruebas pendientes por desahogar, concedió a las partes un término de tres días para formular los alegatos correspondientes, refiriendo la promovente que no fueron desahogas las pruebas ofrecidas en el escrito inicial demanda del juicio de origen. Desechamiento de la demanda. Una vez asentadas las consideraciones anteriores, se advierte que respecto del año reclamado surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 172, fracción III, y 171 de la Ley de Amparo los cuales disponen: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]. En dicha circunstancia debe decirse que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En ese contexto, el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en expediente 331/2018, por el Juez Quinto de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que no se admite el recurso de revocación hecho valer por la quejosa, en contra del proveído de nueve del mismo mes y año, en el que se determinó que al no existir pruebas pendientes por desahogar y concedió a las partes un término de tres días para formular los alegatos correspondientes, no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que el mismo puede ser reparado si la parte quejosa obtiene sentencia favorable; por lo que, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo respectivo, cuando dicha determinación, pudiera influir o no, en el sentido de la decisión del juzgador, y será hasta entonces, cuando se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución fuera adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de resultarle favorable, desaparecería cualquier huella en la esfera jurídica de la promovente. En ese orden de ideas, el amparo indirecto es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela de un procedimiento, por ser éstos actos susceptibles de reclamarse en amparo directo, una vez que se dicte la resolución que ponga fin al juicio, tal y como lo disponen los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, que pueda ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la hoy quejosa, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia en materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octavo Época, página 335, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207992, de texto y rubro siguiente: PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento. Igualmente, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 49, Tomo 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Nelly Manuela Centeno Camacho. Domicilio quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleve a cabo la diligencia encomendada en el presente asunto. Autorizados. Téngase por autorizados a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión del licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido que de una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Medios electrónicos. Por otra parte, le es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los juzgados, siempre y cuando en ningún momento el expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese, personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    AVISO. Se notifica por medio de lista el auto que dice.. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Recepción y registro de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada electrónicamente por Nelly Manuela Centeno Camacho, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Quinto de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 723/2020-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Ahora bien, la quejosa señala como acto reclamado el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 331/2018, en el que el Juez Quinto de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, no admite el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído de nueve del mismo mes y año, en el que determinó que al no existir pruebas pendientes por desahogar, concedió a las partes un término de tres días para formular los alegatos correspondientes, refiriendo la promovente que no fueron desahogas las pruebas ofrecidas en el escrito inicial demanda del juicio de origen. Desechamiento de la demanda. Una vez asentadas las consideraciones anteriores, se advierte que respecto del año reclamado surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 172, fracción III, y 171 de la Ley de Amparo los cuales disponen: . En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Nelly Manuela Centeno Camacho. Domicilio quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese, personalmente a la quejosa.

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