Nelly Lidilia Abreu Rendón

Expediente 564/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
564/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Nelly Lidilia Abreu Rendón y Otros.
  • Nelly Lidilia Abreu Rendón
  • Diego Arturo Abreu Rendón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 3724 de dos de julio de dos mil diecinueve, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta en veintidós fojas útiles el testimonio de resolución dictada en el toca número 108/2019, relativo al recurso de queja interpuesto por Nelly Lidilia Abreu Rendón, Diego Arturo Abreu Rendón y Andrés Ermilo Abreu Rendón, en contra del acuerdo de quince de mayo del presente año, dictado en el juicio de amparo 564/2019-V, de la cual se advierte que el Tribunal Colegiado en cita, declaró infundado dicho recurso. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Asimismo, en términos del artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo; por tanto, dicha determinación en términos del artículo vigésimo primero, fracción I, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que encuadra en los supuestos de expedientes susceptibles de destrucción; por lo cual, hágase dicha anotación en la carátula del expediente y la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida Yucatán, tres de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 3026 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que comunica que se le dio entrada al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Nelly Lidilia Abreu Rendón, Diego Arturo Abreu Rendón y Andrés Ermilo Salazar Hernández, en contra del acuerdo de quince de mayo del presente año, dictado en el juicio de amparo 564/2019-V, al que le correspondió el número de toca 108/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el memorial signado por la parte quejosa Nelly Lidilia Abreu Rendón, Diego Arturo Abreu Rendón y Andrés Ermilo Abreu Rendón, por el cual interponen el recurso de queja en contra del auto de quince de mayo del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, y remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 564/2019-V y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por Nelly Lidilia Abreu Rendón, Diego Arturo Abreu Rendón y Andrés Ermilo Abreu Rendón, con el que dan cumplimiento al requerimiento que se les hizo en autos de veintinueve de abril y diez de mayo del presente año, manifestando que la demanda de amparo la promueven como herederos legítimos de su padre Julio Ernesto Abreu Noh, acreditándolo con las copias certificadas de su actas de nacimiento e informando que no han promovido algún juicio de sucesión testamentaria del citado Julio Ernesto Abreu Noh. Ahora, visto el escrito de cuenta y la demanda de amparo, se desecha de plano por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en el caso se advierte que los ocursantes reclaman lo siguiente: El auto de fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, dictado por la C. Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente marcado con el número 950/1996, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario promovido inicialmente por la persona moral denominada CONFIA S.A., en contra de nuestro padre, el señor JULIO ERNESTO ABREU NOH, en el cual se ordena realizar notificaciones a nuestro padre mediante el DIARIO OFICIAL. El auto de remate de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, dictado por la C. Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente marcado con el número 950/1996, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario promovido inicialmente por la persona moral denominada CONFIA S.A., en contra de nuestro padre, el señor JULIO ERNESTO ABREU NOH, seguido actualmente por la persona moral denominada CASAS CONDE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el Licenciado JAVIER ALBERTO SALAZAR HERNANDEZ, auto mediante el cual se aprueba el remate en pública subasta y primer almoneda del predio marcado con el número CIENTO SESENTA Y SIETE de la calle TREINTA Y UNO de la colonia ALEMAN, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a favor de SOLIDA ADMINSTRADORA DE PORTAFOLIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE. El auto de fecha seis de noviembre del año dos mil diecisiete, auto dictado por la C. Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente marcado con el número 950/1996, mediante el cual, causa ejecutoria el remate celebrado en fecha seis de noviembre del año dos mil diecisiete. Todas las notificaciones que se han realizado con posterioridad al auto de fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, dictado por la C. Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente marcado con el número 950/1996, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario promovido inicialmente por la persona moral denominada CONFIA S.A., en contra de nuestro padre, el señor JULIO ERNESTO ABREU NOH, seguido actualmente por la persona moral denominada CASAS CONDE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el Licenciado JAVIER ALBERTO SALAZAR HERNANDEZ. Por último, reclamamos de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables cualesquiera otros actos realizados y/o que pretendan realizarse, derivados de la ilegal notificación, realizada a la suscrita, así como el remate y adjudicación del predio rematado en el juicio de origen. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia las notificaciones y el acto aprobatorio de remate que se verificó en el expediente 950/1996, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del predio número ciento sesenta y siete de la calle treinta y uno de la colonia Alemán, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, mismo inmueble que afirman forma parte de la masa hereditaria del de cujus Julio Ernesto Abreu Noh, demandado en el juicio de origen; reclamo que realizan los quejosos en su calidad de hijos de aquél, manifestando a su vez que les asiste el carácter de herederos. Por tanto, en el caso se estima que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, ambos de la Ley de Amparo, por carecer los quejosos de legitimación para acudir al amparo. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. --- El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. --- El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. --- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De conformidad con lo expuesto, para que proceda el juicio de amparo tratándose de los actos que reclama la parte quejosa, debe comprobar la existencia del interés jurídico, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo contra actos que provengan de tribunales judiciales, como acontece en el caso concreto. Bajo este esquema, cuando se reclaman violaciones cometidas por la actuación de una autoridad judicial dentro de un procedimiento, quienes tienen derecho tutelado por la ley para reclamarlas en juicio de amparo, son las partes dentro de éste, esto es, el actor y demandado, pues son aquellos a quienes les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena o les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente, y pueden hacer uso de sus derechos para demostrar su acción o sus excepciones, así como para impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes; y excepcionalmente, los terceros ajenos a la controversia, cuando resientan alguna afectación en sus derechos. Ahora, a efecto de determinar si los quejosos Nelly Lidilia Abreu Rendón, Diego Arturo Abreu Rendón y Andrés Ermilo Abreu Rendón tienen legitimación en este asunto, conviene tener presente que acuden a esta vía en defensa de los derechos de la sucesión de su padre (Julio Ernesto Abreu Noh, demandado en el juicio ejecutivo mercantil de origen) y en defensa de los derechos de herederos que aseveran les corresponden por ser hijos del de cujus; lo anterior, pues consideran que fue indebido que en el controvertido natural se hubiese verificado el remate y adjudicación del inmueble marcado con el número ciento sesenta y siete de la calle treinta y uno de la colonia Alemán, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, sin que se hubiese llamado a la sucesión del padre (el citado Julio Ernesto Abreu Noh), o en su caso a ellos mismos, como herederos, lo cual afecta su derecho a heredar el inmueble descrito les que correspondería. Con tal carácter, los peticionarios del amparo reclaman diversas actuaciones llevadas a cabo en el juicio ejecutivo de origen y de manera destacada el remate y adjudicación del predio número ciento sesenta y siete de la calle treinta y uno de la colonia Alemán, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. También importa destacar que los quejosos, en su escrito aclaratorio de demanda, manifestaron que ellos no han denunciado la sucesión de Julio Ernesto Abreu Noh, aseveración que tiene el carácter de una confesión, que hace prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio.". Ahora, para acreditar su interés jurídico y su legitimación para acudir al amparo, los quejosos exhibieron la siguiente documentación: a) El acta de nacimiento de los quejosos (anexa al memorial de catorce de mayo del año en curso). b) El acta de defunción de su progenitor Julio Ernesto Abreu Noh (anexo de la demanda de amparo). d) Copias simples de las credencias de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral a favor de los quejosos Nelly Lidilia Abreu Rendón, Diego Arturo Abreu Rendón y Andrés Ermilo Abreu Rendón (anexos a la demanda de amparo). Sin embargo, de las documentales antes señaladas no se advierten que los quejosos se encuentren legitimados para acudir al juicio de amparo. A efecto de exponer los motivos por los que se arriba a tal consideración, es necesario traer a colación algunas acotaciones que en torno a la figura de la herencia se encuentran contenidas en el Código de Familia para el Estado de Yucatán. La herencia constituye la sucesión en todos los bienes del difunto, en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte y que deben transmitirse a los herederos a la muerte del autor de la sucesión. En estos términos se encuentra definido en el artículo 571 del cuerpo de normas invocado. En los artículos 578, 579, 812, 813, 836, 837 y 838 de esa legislación, se establecen algunas prerrogativas y obligaciones de los herederos, en los términos siguientes: "Artículo 578. A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se haga la partición". "Artículo 579. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no de los bienes o derechos que forman del caudal hereditario, mientras no se haga la partición de los bienes". "Artículo 812. Siendo varias las personas llamadas, simultáneamente, a la misma sucesión, se considera como indivisible el derecho que tienen en ella, tanto respecto de la posesión como del dominio de los bienes que integran la masa hereditaria, mientras no se haga partición". No habiendo albacea nombrado, cualquiera de los herederos puede reclamar la posesión de la totalidad de la herencia de algún tercero que por cualquier motivo sea poseedor de ella, sin que el demandado pueda oponerle la excepción de que la herencia no le pertenece por entero." "Artículo 813. Habiendo albacea nombrado, éste debe promover la reclamación y, siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho a intentar la acción en forma conjunta o separada, sin perjuicio de pedir la remoción del albacea." "Artículo 836. El derecho a la petición de herencia se debe ejercitar para que sea declarado heredero el demandante, se le entreguen los bienes hereditarios con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda en el momento procesal oportuno y, en su caso a ser indemnizado y se le rindan cuentas". "Artículo 837. Procede también la acción de petición de herencia contra el que ha sido declarado heredero, para excluirlo totalmente o para ser reconocido como coheredero". "Artículo 838. El heredero está obligado a respetar los actos de administración que haya celebrado el albacea de la herencia a favor de tercero, siempre y cuando hubiere buena fe de ambas partes". De los numerales invocados, se obtiene que al no haber albacea nombrado, cualquiera de los herederos puede reclamar la posesión de la totalidad de la herencia de algún tercero que por cualquier motivo sea poseedor de ella, sin que el demandado pueda oponerle la excepción de que la herencia no le pertenece por entero. Pero que una vez que el albacea ha sido nombrado, es él quien debe promover la reclamación relativa, y sólo en caso de que sea moroso, los herederos tendrán derecho a intentar la acción en forma conjunta o separada. De tales artículos también se advierten algunas de las obligaciones y derechos que tienen los herederos para con la masa hereditaria, y con la administración de ella; sin embargo, se tiene que tales prerrogativas no son aplicables para los que aún no han sido declarados o reconocidos en el juicio como herederos, como acontece en el caso, en el que los quejosos aún no tienen tal carácter, dado que en esos numerales se hace alusión a los herederos o legatarios que ya poseen tal carácter. De ahí que se estime que sólo los herederos que tienen reconocido ese carácter pueden promover amparo en defensa de los derechos de la masa hereditaria, ya sea que aún no exista la designación del albacea, o aun existiendo, el albacea nombrado sea moroso o se niegue a realizar la reclamación relativa. Luego, si los promoventes del amparo instaron esta vía en defensa de los derechos de la sucesión de su padre como presuntos herederos de el, pero aún no han sido reconocidos ni declarados con tal carácter, ni demuestran con algún medio idóneo que se les hubieren asignados los derechos o bienes de la masa hereditaria, pues con la documentación que exhiben sólo demuestran el lazo de consanguinidad con el de cujus, y la época en que éste falleció; entonces en el caso, si los quejosos confesaron no haber promovido diligencias de sucesión, es válido concluir que a la fecha de la presentación de la demanda no existe la certeza de que serán declarados herederos, ni que de llegar a tener esa calidad no cederán sus derechos hereditarios a otra persona antes de la adjudicación o de la división de los bienes, y esta indefinición provoca que los presuntos herederos carezcan de legitimación para promover el amparo en contra de los actos de autoridad que causen un daño a los bienes hereditarios o a su esfera de derechos como "presuntos herederos", pues la sola presunción del derecho a ser reconocidos como herederos no constituye una certeza plena de un derecho, de un hecho o de una situación. En esas condiciones, al no existir medio de convicción idóneo que acredite que tengan reconocido formalmente el carácter de herederos del de cujus, ni tampoco el de titular de algún derecho de propiedad o de posesión sobre los bienes que integran la masa hereditaria, sino sólo una expectativa de derecho sobre éstos, los quejosos carecen de legitimación para defender los derechos sucesorios del de cujus, o los que afirman les corresponden como presuntos herederos, y por tanto, para promover el amparo en contra de los actos realizados en el juicio ejecutivo mercantil tramitado ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a continuación se reproduce: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Cabe señalar que el hecho de que en la jurisprudencia acabada de transcribir se haga alusión al artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, esto es, a una legislación que no corresponde al Estado de Yucatán, no constituye un impedimento para su aplicación, habida cuenta que tal numeral, en cuanto a su contenido, es similar a los dispositivos 812 y 813 del Código de Familia del Estado de Yucatán, pues en estos también se establece la legitimación de los herederos para reclamar o hacer valer las acciones correspondientes a los derechos de la masa hereditaria, mientras no exista albacea nombrado. De igual manera resulta ilustrativa al caso la tesis aislada cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOCIEDAD LEGAL. LA SUCESIÓN O LOS HEREDEROS DEL CÓNYUGE QUE ESTUVO CASADO BAJO ESE RÉGIMEN CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTEN BIENES PERTENECIENTES AL FONDO SOCIAL, EMITIDOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONTRA EL SUPÉRSTITE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Los artículos 309, 311, 325, 328, 340, 342, 352, 358, 361, 362, 365, 366 y 373 del Código Civil para el Estado de Sonora establecen el sistema jurídico que rige la formación, administración, disolución y liquidación de la sociedad legal, especie de régimen patrimonial del matrimonio, cuyos rasgos distintivos consisten, entre otros, en: a) la formación y administración de un patrimonio común diferente al de los cónyuges, sin que el dominio de cada consorte sobre bienes o partes determinadas o alícuotas se precise, sino hasta que sea liquidada la sociedad; b) los bienes en poder de los consortes al hacer su separación se presumen gananciales; c) las deudas contraídas por los cónyuges durante la vigencia del matrimonio son carga de la sociedad legal; d) en cualquier caso, es hasta el momento en que se liquida cuando se conoce en concreto cuáles de los bienes gananciales, si los hay, pertenecen a cada cónyuge; e) no se prevé de manera expresa la muerte de uno de los cónyuges como causa de terminación de la sociedad legal, mas debe entenderse que así sucede, pues el artículo 288, en relación con el 352 del citado Código Civil prevé como causas de terminación del régimen, la disolución del matrimonio, la voluntad de los cónyuges y la declaración de presunción de muerte, y es evidente que el fallecimiento de uno de los cónyuges concluye el vínculo matrimonial; f) al fallecer uno de los cónyuges, continúa el que le sobreviva con la administración del fondo social con la intervención del representante de la sucesión; por tanto, si bien la muerte de un consorte implica la disolución de la sociedad legal, ésta continúa surtiendo efectos; g) una vez disuelto el fondo social debe efectuarse el inventario y la aplicación de los bienes sigue cierta prelación (se pagan los créditos que hubiere contra el fondo social, se devuelve a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio, y el sobrante, si lo hubiere, se repartirá entre los cónyuges por mitad). En estas condiciones, solamente cuando se finaliza el procedimiento de liquidación mediante el inventario y la repartición o partición respectiva es dable considerar que determinados bienes pertenecen a cada uno de los cónyuges, o bien, a la sucesión de uno o de ambos o, en su caso, a los herederos. No se oponen a esta consideración los numerales que regulan la herencia (1725, 1727, 1784, 1836, 1839, 1873 y 1888 del citado Código Civil), pues si bien ésta se abre el día y hora de la muerte del autor de la sucesión y desde ese momento los herederos y legatarios adquieren la propiedad y posesión de los bienes objeto de la herencia, también es verdad que al interpretar todo el ordenamiento sustantivo como sistema, y lo previsto en los artículos 809 y 819 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se colige que respecto de los bienes de la sociedad legal no ocurre esa transmisión, siguen perteneciendo a la sociedad y es hasta que se hace la partición cuando se determina cuáles bienes pertenecen de manera efectiva, en su caso, a la sucesión. Así no tiene sustento legal la opinión en el sentido de que a la muerte de uno de los cónyuges casados bajo ese régimen, los bienes se dividen y reparten de manera automática por mitad, entre el supérstite y la sucesión. En consecuencia, si en el procedimiento seguido contra el cónyuge supérstite se afectan bienes que pertenecen aún a la sociedad legal, el albacea de la sucesión o los presuntos herederos o legatarios del de cujus carecen de legitimación activa para promover el juicio de amparo contra tales actos y, si lo hacen, se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, pues en estricto sentido no se perjudican los derechos de la sucesión, pues mientras no se hagan la liquidación y partición relativas, tales bienes continuarán perteneciendo al fondo de gananciales." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promovieron Nelly Lidilia Abreu Rendón, Diego Arturo Abreu Rendón y Andrés Ermilo Abreu Rendón, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5, ambos de la Ley de Amparo aplicable. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano