Nelly Inojosa Martinez

Expediente 1822/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1822/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
23/01/2017

Partes del expediente

  • Nelly Inojosa Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito registrado con folio 1935, signado por la quejosa ********************, por medio del cual hace diversas manifestaciones; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas en el mismo, las cuales se tomarán en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio registrado con folio 1176, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, por medio del cual informa acerca del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, de cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro********************, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con doce minutos del día uno de diciembre de dos mil dieciséis, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 1822/2016, promovido por Nelly Inojosa Martínez; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de casa una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica la documental que acompañó a su escrito de demanda la parte quejosa, así como las que remitió la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través de su presidente. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; de igual forma, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento alguno, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 1822/2016, promovido por Nelly Inojosa Martínez, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por violación a los artículos 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado, Nelly Inojosa Martínez, solicitó el amparo en contra de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el acto siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: A).- OMISIÓN DE LA RESPONSABLE PARA EMPLAZAR A JUICIO A LA DEMANDADA: LA PERSONA MORAL TAQUERÍA LA MEXICANA, OSCA (sic) JAVIER BAHENA CARBAJAL Y JOSÉ BAHENA SOLANO, CON DOMICILIO UBICADO EN: AVENIDA 10 DE ABRIL NÚMERO 126 COLONIA SATELITE EN CUERNAVACA, MORELOS. B).- RESULTADO DE LO ANTERIOR, ME SEÑALARON FECHA DE AUDIENCIA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE LEY, EN CONSECUENCIA NO SE ME ADMINISTRA JUSTICIA EN FORMA PRONTA Y EXPEDITA." SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 1822/2016, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso ofrecer documentales, precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo se tiene plenamente probado al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." TERCERO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." CUARTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, como en seguida se verá: En principio cabe indicar que de la demanda de garantías se advierte que el impetrante de garantías reclama la dilación en el trámite del procedimiento relativo al juicio laboral 01/812/16-IV, y en vía de consecuencia el no emplazar a la parte demandada Taquería "La Mexicana", Oscar Javier Bahena Carvajal y José Bahena Solano. Ahora, de las constancias que anexó la junta responsable a su informe justificado, relativas al expediente laboral 01/812/16-IV, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, se advierte que: 1. Que mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, Nelly Inojosa Martínez, a través de sus apoderados legales, demandó en la vía ordinaria laboral a Taquería "La Mexicana", Oscar Javier Bahena Carvajal y José Bahena Solano. 2. El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, emitió el acuerdo de admisión; asimismo, señaló las trece horas del día doce de octubre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y comisionó al Actuario para notificar personalmente a las partes. 3. Acuerdo de doce de octubre de dos mil dieciséis, en el que señaló nueva fecha para el desahogó de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, siendo para el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en virtud de que no se encontraba emplazada la parte demandada Taquería "La Mexicana", Oscar Javier Bahena Carvajal y José Bahena Solano. Por tanto, asiste razón a la quejosa en el sentido de que la responsable ha sido omisa en respetar los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, pues incluso la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones, ha sido señalada fuera del término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, establece: "Artículo 17. ..... "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". De la trascripción anterior se advierte que la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. En relación al tema que nos ocupa, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. "Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley.". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.". "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia". De la primera disposición legal se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; el artículo 771 reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos, y el último de ellos prevé que la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones deberá tener verificativo dentro de los quince días siguientes a la admisión de la demanda. Asimismo, de una interpretación adecuada de los preceptos jurídicos trascritos en líneas que anteceden, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, cabe indicar que el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Por tanto, al advertirse de autos que la autoridad responsable aún no ha emplazado a la parte demandada Taquería "La Mexicana", Oscar Javier Bahena Carvajal y José Bahena Solano, no obstante haberlo ordenado desde la admisión de la demanda laboral, lo que sin duda implica falta de cuidado al desatender lo establecido por el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario.". Esto es, el auto que ordena emplazar a la parte demandada debe notificarse a más tardar dentro de los cinco días siguientes a esa fecha, lo cual no ha acontecido, de ahí, resulta evidente que la omisión de la responsable incumple con la obligación de administrar una justicia de manera pronta y expedita en el artículo 17 de la Carta Magna, al no ajustarse al plazo previsto en la Ley Federal del Trabajo para la práctica del emplazamiento de la parte demandada, pues desde la fecha en que se admitió la demanda laboral (veintidós de septiembre de dos mil dieciséis), hasta la fecha en que rindió su informe justificado (catorce de noviembre de dos mil dieciséis), ha transcurrido en exceso el término a que alude el precepto antes transcrito, sin que se haya emplazado a la parte demandada, lo que evidencia que la responsable ha incumplido con lo dispuesto en el precepto legal 750 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en una violación a la garantía constitucional de una justicia pronta y expedita consagrada en el referido numeral 17 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Toda vez, que del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal se desprende que los Tribunales estarán expeditos para administrar Justicia, lo que deberá ser en las formas y términos que fija la ley que rige el procedimiento correspondiente, máxime que el artículo 771 de la ley laboral, impone la obligación a los Presidentes de las Juntas de cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios no queden inactivos. Bajo este orden de ideas, es patente que las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, ha infringido la garantía de expeditez en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, por lo que es procedente conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, a efecto de que provea lo necesario para lograr el emplazamiento a juicio de la parte demandada Taquería "La Mexicana", Oscar Javier Bahena Carvajal y José Bahena Solano, en la contienda laboral 01/812/16-IV, y señale la fecha de la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones, dentro del término estipulado por el artículo 873 de la Ley federal del Trabajo. Cabe destacar, que si en la fecha que se encuentra señalada para el verificativo de la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones, ya fue emplazada debidamente la demandada, y se respetan los términos para que se apersonen a juicio, la Junta responsable, deberá desahogar dicha audiencia sin que haya lugar a señalar nueva fecha, empero, si por las condiciones particulares ello no es factible, deberá señalar la nueva fecha dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que los alcances de la ejecutoria puedan llegar al extremo de obligar a la junta responsable a que continúe con el juicio hasta el dictado del laudo, pues como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por su contenido, es aplicable al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 2005150, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página732, materia común, del texto literal que reza: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Nelly Inojosa Martínez, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Así, lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario José Alberto Tapia Tapia que autoriza y da fe.- Doy fe

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