Nelly del Carmen González Encalada
Expediente 1310/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Nelly del Carmen González Encalada
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, quince de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de********quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye a la Juez Primero Mixto Civil- Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Escárcega, Campeche y otra autoridad, que en lo medular consiste en: El proveído dictado el once de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 38/21-2022/1-I-III, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de absoluta de testamento público abierto, mediante el cual se negó reconocer la personalidad de la aquí quejosa como tercera coadyuvante de la ahí actora. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno bajo el expediente 1310/2022-IV-A. Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la materia, al considerar que no se agotó el principio de definitividad. En efecto, la fracción XVIII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, establece lo siguiente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" El artículo en cita, pone de manifiesto que el amparo es un juicio extraordinario, por lo que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente en contra de actos definitivos. Es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Luego, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. A contrario sensu, cuando se reclamen actos respecto de los cuales no se haya agotado el principio de definitividad, el amparo será improcedente. Es así, porque la propia Constitución, en su artículo 107 fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso b), y su ley reglamentaria de la materia, artículo 114, fracciones II, III y V (amparo indirecto), restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. De ahí que la regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de impugnación previstos en la ley ordinaria, en virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. No obstante, el principio de que se trata en su doble connotación, es una regla de aplicación general, por lo que la propia ley reglamentaria del juicio de garantías establece ciertas excepciones atendiendo particularmente a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado; de tal suerte que no será necesario agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Precisado lo anterior, y para una mejor comprensión del asunto en estudio, es pertinente transcribir los artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado que prevén la procedencia del recurso de apelación contra actos emitidos en un juicio de esa naturaleza, los cuales establecen, literalmente lo siguiente: "Artículo 801. Pueden apelar de una sentencia: El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio; El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de perjuicios o el pago de los gastos judiciales; Los terceros que hayan salido al juicio. "Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone" "Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva." Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se desprende que los autos dictados dentro de un juicio ordinario civil de nulidad de absoluta de testamento público abierto, seguido ante un juzgado del orden civil dentro del territorio del Estado de Campeche, que causen un gravamen irreparable a las partes, pueden ser impugnados mediante el recurso de apelación, a través del cual las determinaciones contenidas en ellos, pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas; lo que significa que no constituyen actos definitivos dentro de esos procedimientos. En este contexto, debe precisarse que el proveído dictado el once de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 38/21-2022/1-I-III, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de absoluta de testamento público abierto, mediante el cual se negó reconocer la personalidad de la aquí quejosa como tercera coadyuvante de la ahí actora; debe estimarse que tal acto tiene el carácter de gravamen irreparable, pues no puede repararse en la sentencia definitiva; de ahí que en su contra es procedente el recurso de apelación, previo a la promoción del juicio de amparo; y por tanto se estima que en el caso debió agotarse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es así, pues además, el auto reclamado no se ubica en alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Amparo en vigor, relacionados con tal principio, bajo la cual pudiera considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, porque: El acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; La parte quejosa no es extraña al procedimiento de origen, ni la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Cabe acotar, que la peticionaria del amparo no tiene el carácter tercero extraño al juicio, ya que ha comparecido al juicio de origen en calidad de tercera coadyuvante, sin que obste a lo anterior, el que su pretensión no fuera aceptada favorablemente. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis 218454, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 232, Tomo X, Septiembre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENTE CONTRA DESECHAMIENTO DE TERCERIA, CUANDO NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO ORDINARIO. La excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa a que en tratándose de terceros extraños al procedimiento de donde emana el acto reclamado, se encuentran eximidos de agotar los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, únicamente es aplicable cuando no se haya hecho uso de la tercería, pues una vez interpuesta ésta, aun cuando se deseche, debe estarse en la especie a las disposiciones contenidas en el Capítulo Único, Título Décimo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuyo artículo 656, fracción IV, preceptúa que los terceros coadyuvantes podrán apelar e interponer los recursos procedentes. Consecuentemente, no se está en el supuesto de excepción a que se refiere el precepto de la Ley de Amparo citado, porque el acto reclamado lo constituye esencialmente el desechamiento de la tercería interpuesta por el quejoso, que fue decretado dentro del procedimiento, y en contra del cual existe un medio de defensa legal." Por tanto, se reitera, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar los medios ordinarios de defensa, esto es, antes de acudir en demanda de amparo, en la especie, debió interponer, el recurso de apelación, ante el juez natural, previsto en los preceptos 801, fracción III, y 806 del Código Civil del Estado de Campeche, por medio del cual podía ser modificado, nulificado o revocado. Resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 1ª./J.113/2013 (10a.), publicada en la página 350 del Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005039, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Sin embargo, como la quejosa no interpuso el medio de defensa legal, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es obvio que en el caso, no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Amparo en vigor. Es aplicable al caso, la tesis I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia que en esencia radica en que la determinación reclamada no es definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, aparece de lo expresado por el quejoso en su demanda constitucional. Asimismo, es indudable tal improcedencia si se toma en cuenta que esa circunstancia de ninguna manera podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en vigor publicado el dos de abril de dos mil trece, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito inicial de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a Elías Natanael Saravia Heredia y Heberto Rafael Ake Novelo, y con las limitaciones que señala el citado numeral a las personas que ahí designa para tal efecto. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en el artículo sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que, debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes
- Nectalí Martínez Jiménez368/2015
- Neidy Nuriam Solis Reyes857/2020
- NEIFI NOEMI CASTILLO CASTILLO y Otros.938/2017
- Neilzer Eduardo Ucán Maas1207/2014
- Nelda Argelia Murillo Calderón934/2019
- Nelly Concepción Nazar Durán1395/2013
- Nelly del Carmen Márquez Zapata1634/2018
- Nelly Guadalupe Castillo Reyes1263/2022
- Nelly Guadalupe Maldonado Arias674/2021
- Nelly Hernández Perera798/2015
- Nelly Isabel Orozco de la Cruz822/2014
- Nelly Marbella Chi Huchín573/2016