Nelly Alejandra Zenteno Meza

Expediente 803/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
803/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Nelly Alejandra Zenteno Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de cinco de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    L. 6 San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos la copia certificada del oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual informa el contenido del acuerdo dictado el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo *** del que se advierte que solicita se vincule el presente juicio de amparo al de su índice. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Como lo solicita el juzgado homólogo, se comisiona a la Oficial Judicial del Sistema Integral de Expedientes (S.IS.E.), para que vincule el presente juicio de amparo ********************/2023 de nuestro índice, al diverso juicio de amparo del índice del juzgado oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Escrito. La quejosa Nelly Alejandra Zenteno Meza realiza lo siguiente: 1.- Efectúa diversas manifestaciones relativas al informe rendido por el Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 2.- Solicita que se haga efectiva la multa al Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por los motivos que expone. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Se toma conocimiento de lo manifestado por la ocursante, no obstante deberá estarse a lo que se provee más adelante. Por otra parte, por cuanto hace a su solicitud de que se haga efectivo el apercibimiento de multa al Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la aplicación de sanciones es una atribución exclusiva de los tribunales de amparo por lo que las partes no están legitimadas para solicitar su imposición, aunado a que se estima que la información proporcionada por la citada autoridad, adminiculado con lo expuesto por la justiciable en el escrito de cuenta se cuentan con datos para proveer sobre la demanda de amparo de la quejosa. Comparecencia. La quejosa Nelly Alejandra Zenteno Meza ratifica el escrito recibido el nueve de mayo del año en curso, mediante el cual desahoga en tiempo y forma la prevención decretada en auto de dos de mayo del año en curso, por lo que respecto a la demanda de amparo, se provee: DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. Nelly Alejandra Zenteno Meza. B.- Terceros interesados. 1.- Rubén Félix Vallejo Calderón. 2.- Rosa María Santana Valdés. C.- Autoridad responsable. - Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula de Puebla. D.- Actos reclamados. 1.- El auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual el juez responsable negó a la aquí quejosa su solicitud de renuncia al cargo de abogada patrono del demandado Rubén Félix Vallejo Calderón. 2.- El auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por el que el Juez responsable negó tener al demandado Rubén Félix Vallejo Calderón revocando cualquier nombramiento como abogado patrono hecho con anterioridad, y nombrando a un nuevo abogado (conforme lo señala la quejosa en su demanda de amparo). 3.- La omisión de acordar los escritos: a).- De cinco de abril de dos mil veintitrés, promoción electrónica folio 257215, presentada en el Tribunal virtual, en el expediente electrónico JOF/DJCHO/0595/2022/VC, mediante el cual hace aclaraciones y renuncia a cargo de abogada patrono. b).- De diecisiete de abril de dos mil veintitrés, promoción electrónica folio 259180, presentada en el Tribunal virtual, en el expediente electrónico JOF/DJCHO/0595/2022/VC, por la que le informa al juez responsable que el citado demandado nombró a nuevo abogado patrono, y solicita se acuerde dicha petición para que tenga por revocado su nombramiento de abogada patrono. Dentro de la carpeta del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC. PRECISIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE Previamente se precisa que a este expediente se integrará físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DESECHAMIENTO En la especie, este juzgado federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por todos los actos reclamados. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga, de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual, resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Derivado de la contradicción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). Los actos reclamados son intraprocesales y no son de imposible reparación. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados son intraprocesales y no son de imposible reparación, porque no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque: Sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que por cuanto a los siguientes actos reclamados: 1.- El auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual el juez responsable negó a la aquí quejosa su solicitud de renuncia al cargo de abogada patrono del demandado Rubén Félix Vallejo Calderón. 2.- El auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por el que el Juez responsable negó tener al demandado Rubén Félix Vallejo Calderón revocando cualquier nombramiento como abogado patrono hecho con anterioridad, y nombrando a un nuevo abogado (conforme lo señala la quejosa en su demanda de amparo). Se estiman como actos meramente formales y reparables, toda vez que, la quejosa al ser parte del sumario de origen como abogada patrono, estará en posibilidad de aducir lo que a su interés convenga respecto a su renuncia al cargo conferido, de lo que se sigue, que será escuchada dentro del asunto donde pretende renunciar al cargo, y el demandado en el juicio de origen ya nombró un nuevo abogado patrono, quien deberá comparecer para la aceptación de su cargo. Máxime, que como lo señala la promovente en su escrito de cuenta, el veinticuatro de mayo del año que transcurre, fue informada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que su cargo ya estaba revocado y que no podía ingresar a la audiencia de pruebas en el juicio de origen, como se advierte de la imagen siguiente: Por su parte, el Juez de los autos al rendir el informe requerido por este Juzgado de Distrito comunicó lo siguiente: De lo que se sigue, que la propia quejosa expuso en su escrito de cuenta que, el veinticuatro de mayo del año que transcurre, fue informada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que su cargo ya ESTABA REVOCADO y que no podía ingresar a la audiencia de pruebas en el juicio de origen. Lo cual concatenado con lo señalado por el Juez natural sobre que ya proveyó sobre la pretensión de la quejosa, y que tuvo por nombrado como abogado patrono a la persona designada por el demandado en el sumario de origen. Se obtiene que la cuestión aducida por la justiciable se limita a temas procesales relacionados con el nombramiento o revocación de los abogados patrones del demandado dentro del expediente de origen. Ahora, por cuanto a los actos reclamados siguientes: a).- De cinco de abril de dos mil veintitrés, promoción electrónica folio 257215, presentada en el Tribunal virtual, en el expediente electrónico JOF/DJCHO/0595/2022/VC, mediante el cual hace aclaraciones y renuncia a cargo de abogada patrono. b).- De diecisiete de abril de dos mil veintitrés, promoción electrónica folio 259180, presentada en el Tribunal virtual, en el expediente electrónico JOF/DJCHO/0595/2022/VC, por la que le informa al juez responsable que el citado demandado nombró a nuevo abogado patrono, y solicita se acuerde dicha petición para que tenga por revocado su nombramiento de abogada patrono. Dentro de la carpeta del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC. También se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V Ley de Amparo. Esto es así porque de los numerales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a los derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, dado que actuó como abogada patrona del demandado, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen, ni genera su paralización total, circunstancias que sí actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, como quedó precisado, la parte quejosa reclama la omisión de acordar los escritos presentados el cinco y diecisiete de abril del año en curso, identificado con los números 257215 y 259180, del registro de la autoridad responsable, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones y peticiones relativas a su personalidad de abogada patrono del demandado dentro de la del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Al caso se cita la jurisprudencia que emana de la contradicción de tesis 294/2018, resuelta por la Segunda Sala de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado al Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula Puebla; lo anterior es así, ya que si bien la ley aplicable no señala el plazo máximo que tengan las autoridades jurisdiccionales para considerar que el exceso constituya una dilación excesiva, lo cierto es que puede considerarse tal criterio para poder valorar si la omisión de la autoridad señalada como responsable se considera una dilación excesiva. Empero, no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos jurisdiccionales facultados para impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador estima que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de la autoridad responsable. En consecuencia, en la especie, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) para la emisión de la resolución correspondiente, de cuya omisión se duele la parte quejosa; es inconcuso que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa a la quejosa. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, en el caso, transcurridos los tres días que tiene la autoridad para emitir acuerdos, tal como lo establece el artículo 50, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual dispone: Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa refiere que por escritos presentados ante la autoridad responsable el cinco y diecisiete de abril de dos mi veintitrés, realizó diversas manifestaciones y solicitudes ante la autoridad responsable en la carpeta del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC, sin que a la fecha la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto; entonces, es evidente que los tres días para determinar sobre los referidos escritos, transcurrieron del diez al doce, y del dieciocho al veinte, todos de abril de dos mil veintitrés, respectivamente. De lo que se sigue que del trece al veintisiete de abril del año en curso y del veintiuno al veintisiete de abril del mismo año a la fecha de presentación de la demanda de amparo veintisiete de abril de dos mil veintitrés, han transcurrido quince y siete días naturales, respectivamente. Así las cosas, no es de considerarse como retardo en la emisión del acuerdo de los escritos presentados el cinco y el diecisiete de abril del año que transcurre, del que se duele la solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que lo conforman la tesis: Época: Décima Época. Registro: 2020122. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, junio de 2019, Tomo VI. Materia(s): Común. Tesis: XXVI.5 K (10a.). Página: 5157, de rubro y texto siguientes: "DILACIONES PROCESALES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS. EN CADA CASO PARTICULAR, LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE ANALIZARSE EN ATENCIÓN A LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE AQUÉLLAS DEBIERON PRONUNCIARSE LEGALMENTE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS, CONFORME A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA DE QUE SE TRATE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", sostuvo que, por lo que hace a la materia laboral, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta para ello, que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Así, siguiendo el criterio sostenido en la mencionada jurisprudencia, se concluye que en cada caso particular, dependiendo de la materia del asunto, deberá analizarse la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra las dilaciones presuntamente excesivas en que incurran las autoridades responsables en el dictado de proveídos, en atención a la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse éstas o diligenciarse los actos procesales respectivos, conforme a la ley aplicable a la materia de que se trate. Luego, deberá tomarse en cuenta el periodo máximo que la ley aplicable a cada caso concreto tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción de las partes contendientes, para dar impulso al procedimiento para su trámite, en el entendido de que si éste no se activa, la sanción procesal será la caducidad". En tales condiciones, el juicio de amparo indirecto contra la dilación en la omisión de acordar los escritos presentados el cinco y el diecisiete de abril del año en curso, en la carpeta del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC, es improcedente, puesto que no puede considerarse de naturaleza irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". [Época: Décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.), Página: 1086]. Ciertamente, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Gabriela Toxtle Limón, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  4. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B O C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 05 DE JUNIO DE 2023: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Escrito. La quejosa ---- realiza lo siguiente: 1.- Efectúa diversas manifestaciones relativas al informe rendido por el Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 2.- Solicita que se haga efectiva la multa al Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por los motivos que expone. Se toma conocimiento de lo manifestado por la ocursante, no obstante deberá estarse a lo que se provee más adelante. Por otra parte, por cuanto hace a su solicitud de que se haga efectivo el apercibimiento de multa al Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la aplicación de sanciones es una atribución exclusiva de los tribunales de amparo por lo que las partes no están legitimadas para solicitar su imposición, aunado a que se estima que la información proporcionada por la citada autoridad, adminiculado con lo expuesto por la justiciable en el escrito de cuenta se cuentan con datos para proveer sobre la demanda de amparo de la quejosa. Comparecencia. La quejosa ----- ratifica el escrito recibido el nueve de mayo del año en curso, mediante el cual desahoga en tiempo y forma la prevención decretada en auto de dos de mayo del año en curso, por lo que respecto a la demanda de amparo, se provee: DEMANDA DE AMPARO PRECISIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE Previamente se precisa que a este expediente se integrará físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DESECHAMIENTO En la especie, este juzgado federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por todos los actos reclamados. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga, de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. --- Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual, resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). Los actos reclamados son intraprocesales y no son de imposible reparación. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados son intraprocesales y no son de imposible reparación, porque no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque: Sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que por cuanto a los siguientes actos reclamados: 1.- El auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual el juez responsable negó a la aquí quejosa su solicitud de renuncia al cargo de abogada patrono del demandado ---. 2.- El auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por el que el Juez responsable negó tener al demandado --- revocando cualquier nombramiento como abogado patrono hecho con anterioridad, y nombrando a un nuevo abogado (conforme lo señala la quejosa en su demanda de amparo). Se estiman como actos meramente formales y reparables, toda vez que, la quejosa al ser parte del sumario de origen como abogada patrono, estará en posibilidad de aducir lo que a su interés convenga respecto a su renuncia al cargo conferido, de lo que se sigue, que será escuchada dentro del asunto donde pretende renunciar al cargo, y el demandado en el juicio de origen ya nombró un nuevo abogado patrono, quien deberá comparecer para la aceptación de su cargo. Máxime, que como lo señala la promovente en su escrito de cuenta, el veinticuatro de mayo del año que transcurre, fue informada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que su cargo ya estaba revocado y que no podía ingresar a la audiencia de pruebas en el juicio de origen, como se advierte de la imagen siguiente: Por su parte, el Juez de los autos al rendir el informe requerido por este Juzgado de Distrito comunicó lo siguiente: --- De lo que se sigue, que la propia quejosa expuso en su escrito de cuenta que, el veinticuatro de mayo del año que transcurre, fue informada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que su cargo ya ESTABA REVOCADO y que no podía ingresar a la audiencia de pruebas en el juicio de origen. Lo cual concatenado con lo señalado por el Juez natural sobre que ya proveyó sobre la pretensión de la quejosa, y que tuvo por nombrado como abogado patrono a la persona designada por el demandado en el sumario de origen. Se obtiene que la cuestión aducida por la justiciable se limita a temas procesales relacionados con el nombramiento o revocación de los abogados patrones del demandado dentro del expediente de origen. Ahora, por cuanto a los actos reclamados siguientes: a).- De cinco de abril de dos mil veintitrés, promoción electrónica folio 257215, presentada en el Tribunal virtual, en el expediente electrónico JOF/DJCHO/0595/2022/VC, mediante el cual hace aclaraciones y renuncia a cargo de abogada patrono. b).- De diecisiete de abril de dos mil veintitrés, promoción electrónica folio 259180, presentada en el Tribunal virtual, en el expediente electrónico JOF/DJCHO/0595/2022/VC, por la que le informa al juez responsable que el citado demandado nombró a nuevo abogado patrono, y solicita se acuerde dicha petición para que tenga por revocado su nombramiento de abogada patrono. Dentro de la carpeta del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC. También se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V Ley de Amparo. Esto es así porque de los numerales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a los derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, dado que actuó como abogada patrona del demandado, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen, ni genera su paralización total, circunstancias que sí actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, como quedó precisado, la parte quejosa reclama la omisión de acordar los escritos presentados el cinco y diecisiete de abril del año en curso, identificado con los números 257215 y 259180, del registro de la autoridad responsable, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones y peticiones relativas a su personalidad de abogada patrono del demandado dentro de la del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. ---- Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado al Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula Puebla; lo anterior es así, ya que si bien la ley aplicable no señala el plazo máximo que tengan las autoridades jurisdiccionales para considerar que el exceso constituya una dilación excesiva, lo cierto es que puede considerarse tal criterio para poder valorar si la omisión de la autoridad señalada como responsable se considera una dilación excesiva. Empero, no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos jurisdiccionales facultados para impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador estima que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de la autoridad responsable. En consecuencia, en la especie, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) para la emisión de la resolución correspondiente, de cuya omisión se duele la parte quejosa; es inconcuso que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa a la quejosa. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, en el caso, transcurridos los tres días que tiene la autoridad para emitir acuerdos, tal como lo establece el artículo 50, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual dispone: Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa refiere que por escritos presentados ante la autoridad responsable el cinco y diecisiete de abril de dos mi veintitrés, realizó diversas manifestaciones y solicitudes ante la autoridad responsable en la carpeta del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC, sin que a la fecha la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto; entonces, es evidente que los tres días para determinar sobre los referidos escritos, transcurrieron del diez al doce, y del dieciocho al veinte, todos de abril de dos mil veintitrés, respectivamente. De lo que se sigue que del trece al veintisiete de abril del año en curso y del veintiuno al veintisiete de abril del mismo año a la fecha de presentación de la demanda de amparo veintisiete de abril de dos mil veintitrés, han transcurrido quince y siete días naturales, respectivamente. Así las cosas, no es de considerarse como retardo en la emisión del acuerdo de los escritos presentados el cinco y el diecisiete de abril del año que transcurre, del que se duele la solicitante de amparo. En tales condiciones, el juicio de amparo indirecto contra la dilación en la omisión de acordar los escritos presentados el cinco y el diecisiete de abril del año en curso, en la carpeta del juicio oral familiar de visita y convivencia JOF/DJCHO/0595/2022/VC, es improcedente, puesto que no puede considerarse de naturaleza irreparable. ---- Ciertamente, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

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