Nelio Carrera Cruz

Expediente 330/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
330/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Nelio Carrera Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    pral 330/2021 mesa 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el siete de abril del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este juicio. 2. Se declara que ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 3. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 330/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. 1. Razón actuarial. Vista la razón de ocho del mes actual, asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de siete de abril del año en curso, dictado en este juicio de amparo, por el motivo que expone. 2. Se ordena notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista de acuerdos a la parte quejosa la citada determinación, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 330/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el seis de este mes y año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida el quejoso ***, por propio derecho, contra actos del superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 330/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en ese precepto no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ...." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Como se advierte del análisis conjunto de los preceptos transcritos, el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos, en el entendido que, para efectos del juicio, es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; esto es, todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 3.2 Caso concreto. Precisado lo anterior, debe destacarse que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Nelio Carrera Cruz reclama del superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad: ( La orden verbal para realizar el corte de suministro eléctrico en su domicilio, sito en la calle Agrarista, número 12, colonia San Agustín de las Juntas, Oaxaca. Al respecto, el referido quejoso, bajo protesta de decir verdad, refirió que se presentó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a realizar el corte de suministro de luz en su domicilio, en caso de no pagar cierta cantidad por concepto de servicio de suministro. Lo anterior no constituye una actuación de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debido a que el acto reclamado no tiene su origen en una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, donde ambos actúan en un plano igualitario, esto es, el organismo descentralizado de la administración pública federal denominado Comisión Federal de Electricidad, como prestador del servicio de energía eléctrica, y la parte quejosa, como usuaria; relación que deriva del contrato de suministro de electricidad celebrado entre ellos. Por tanto, no debe considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo al superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, libro 53, abril de 2018, tomo I, Décima Época, Registro 2016656, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 44/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 6, mayo de 2014, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2006544, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En consecuencia, se reitera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Con la precisión que no se desatiende la jurisprudencia 2ª./J.54/2012 (10ª), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 297/2011; ya que dicha jurisprudencia fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en la cual la Segunda Sala precisó que el citado criterio se actualiza en el supuesto de que el acto reclamado sea el "acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". En ese orden de ideas, cuando el acto reclamado está relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -cuestión diversa a la reestructuración de tarifas y venta de energía referida-, como en el caso, se debe estar a la aplicación de la diversa jurisprudencia de carácter obligatorio 2a./J. 30/2018 (10a.), que determina que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo. 3.3. Actualización de diversa causa de improcedencia. Aunado a lo expuesto, en caso de que existiera la orden de corte de suministro de energía eléctrica reclamada emitida por la autoridad señalada como responsable -y se le considerara como tal-, se actualizaría también la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no agotó el principio de definitividad que aquélla exige para la procedencia del juicio constitucional; numeral que, en lo conducente, dispone: *** *** Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA, PREVIO ACUERDO.- PRAL 330/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el seis de este mes y año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida el quejoso ***, por propio derecho, contra actos del superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 330/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en ese precepto no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ...." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Como se advierte del análisis conjunto de los preceptos transcritos, el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos, en el entendido que, para efectos del juicio, es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; esto es, todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 3.2 Caso concreto. Precisado lo anterior, debe destacarse que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Nelio Carrera Cruz reclama del superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad: ( La orden verbal para realizar el corte de suministro eléctrico en su domicilio, sito en la calle Agrarista, número 12, colonia San Agustín de las Juntas, Oaxaca. Al respecto, el referido quejoso, bajo protesta de decir verdad, refirió que se presentó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a realizar el corte de suministro de luz en su domicilio, en caso de no pagar cierta cantidad por concepto de servicio de suministro. Lo anterior no constituye una actuación de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debido a que el acto reclamado no tiene su origen en una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, donde ambos actúan en un plano igualitario, esto es, el organismo descentralizado de la administración pública federal denominado Comisión Federal de Electricidad, como prestador del servicio de energía eléctrica, y la parte quejosa, como usuaria; relación que deriva del contrato de suministro de electricidad celebrado entre ellos. Por tanto, no debe considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo al superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, libro 53, abril de 2018, tomo I, Décima Época, Registro 2016656, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 44/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 6, mayo de 2014, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2006544, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En consecuencia, se reitera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Con la precisión que no se desatiende la jurisprudencia 2ª./J.54/2012 (10ª), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 297/2011; ya que dicha jurisprudencia fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en la cual la Segunda Sala precisó que el citado criterio se actualiza en el supuesto de que el acto reclamado sea el "acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". En ese orden de ideas, cuando el acto reclamado está relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -cuestión diversa a la reestructuración de tarifas y venta de energía referida-, como en el caso, se debe estar a la aplicación de la diversa jurisprudencia de carácter obligatorio 2a./J. 30/2018 (10a.), que determina que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo. 3.3. Actualización de diversa causa de improcedencia. Aunado a lo expuesto, en caso de que existiera la orden de corte de suministro de energía eléctrica reclamada emitida por la autoridad señalada como responsable -y se le considerara como tal-, se actualizaría también la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no agotó el principio de definitividad que aquélla exige para la procedencia del juicio constitucional; numeral que, en lo conducente, dispone: *** *** Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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