Nélida Elvira Ríos

Expediente 41/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
41/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Nélida Elvira Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 41/2019-III promovido por Nélida Elvira Ríos, por propio derecho y en representación de la menor Rosanely Murillo Elvira, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, Nélida Elvira Ríos, por propio derecho y en representación de la menor Rosanely Murillo Elvira, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; en los términos siguientes: "La orden por parte de las autoridades señaladas como responsables de suspender del servicio de ESTANCIA que se venía prestando a favor de mi hija ROSANELY MURILLO ELVIRA, en la ESTANCIA INFANTIL NO. 428 ERANDENI, Subrogada del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado con domicilio en Prolongación Janitzio 468, Félix Ireta, 58070 Morelia, Michoacán, argumentando la autoridad responsable que al cumplir la menor en cita la edad de 6 seis años, el día 14 catorce de enero del año 2019, dos mil diecinueve, será suspendida del servicio si la suscrita no realizo los pagos que de forma arbitraria fija, respecto de los cuales no tuve conocimiento previo, es decir, antes de realizar la inscripción correspondiente a este ciclo escolar, para estar en condiciones de decidir si los aceptaba o no, máxime que no se toma en consideración que a la fecha ha transcurrido cinco meses de que inicio el ciclo escolar sin la posibilidad de cambiarla a otra institución y por ser trabajadora no contar con los medios para hacer frente a los pagos que implican el cambio de escuela, o continuar en esta misma, por no haber nacido en un mes que no le favorece para culminar el ciclo escolar.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintidós de enero del año en curso este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el expediente 41/2019-III de su índice y en el mismo proveído previno a la promovente para que, entre otras cosas, precisara los actos que en concreto reclamaba de cada una de las autoridades señaladas como responsables. Así, por auto de veinticuatro siguiente, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de que se trata, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público adscrito y señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Además, a fin de garantizar la imparcial protección de los intereses directos de la menor que interviene en el juicio, este órgano jurisdiccional solicitó a la Defensoría Pública Federal, les designara un representante especial. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna actos emitidos por autoridades señaladas como responsables que residen dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos, que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: El requerimiento de pago de ocho de enero de dos mil diecinueve, para la extensión del Servicio de Estancia para la menor Rosanely Murillo Elvira, por cumplir seis años de edad, con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil, que establece el pago del veinticinco por ciento del costo unitario anual, a cargo del trabajador beneficiario. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, Directora responsable y representante legal de Nueva Dimensión Cultural Educativa A.C. y/o Comunidad Educativa Erandeni, Estancia Contratada 428; así como a la Delegada Estatal, la Jefa del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva y el Jefe de Servicio Educativos para Estancias y Programas de Bienes y Desarrollo Infantil, todos del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán, pues así lo manifestaron a rendir sus informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Lo anterior sin que sea obstáculo que en autos obre el diverso informe justificado rendido por la Jefa de Servicios Educativos para Estancias y Programas de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE, en el que niega el acto reclamado, ya que lo cierto es que el escrito relativo fue recibido con posterioridad al primer informe donde se aceptó la certeza del acto, de manera que debe tomarse en cuenta lo primeramente manifestado por la autoridad responsable. Además, la certeza de que se habla en cierta medida se corrobora con la constancia certificada del escrito de condiciones del servicio que el pasado siete de abril de dos mil catorce firmó la aquí quejosa en cuanto beneficiaria del Servicio de Estancia que presta la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, a través de la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, documental que se adminicula con la diversa ofrecida por la quejosa consistente en el escrito signado por la Directora de la Estancia Infantil 428 Erandeni, en el que se le requiere para que, en su caso, efectúe el pago correspondiente al veinticinco por ciento del costo unitario del servicio de estancia infantil, a partir de la segunda quincena de enero de dos mil diecinueve y hasta concluir el ciclo escolar 2018-2019. Documentales anteriores que son valoradas en términos de lo que disponen los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de numeral 2º. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. El suscrito considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [Destacado no es de origen]. En efecto, la demanda de amparo promovida por Nélida Elvira Ríos, por propio derecho y en representación de la menor Rosanely Murillo Elvira contra el acto consistente en el requerimiento de pago de ocho de enero de dos mil diecinueve, para la extensión del servicio a su menor hija, por cumplir seis años de edad, con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil, que establece el pago del veinticinco por ciento del costo unitario anual, es improcedente, porque en términos de los numerales anteriores las autoridades señaladas como responsables no tiene tal calidad. Así, de inicio debe decirse que los artículos 103 y 107 Constitucionales consagran los principios que rigen el juicio biinstancial, sin definir de manera alguna el término de autoridad; también es cierto que el numeral 5º, fracción II, de la ley de la materia, alude a la autoridad responsable, como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o en sentido negativo, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales; es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Esta consideración tiene origen en la tesis P.XXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 300, de rubro: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 519. De igual forma, en relación con el tema, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala lo siguiente: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once. En ese sentido, conforme a los citados criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las notas distintivas de los actos de autoridad, que son las que en seguida se reproducen: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Con base en los criterios y numerales antes transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están regulados por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Y las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En resumen, autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella; y los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo ese contexto, la circunstancia de que la Ley de Amparo contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implicó la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Además, para fijar con precisión si se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en amparo, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del mismo, porque incluso existen actos emitidos por personas inmersas en el catálogo de servidores públicos que no encuadran dentro de los actos impugnables en el juicio de derechos fundamentales (a pesar de que pudieren modificar, crear o extinguir situaciones jurídicas); siendo indispensable en este caso, que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, pues con independencia de la denominación formal del ente que emita el acto u omita realizarlo, es su naturaleza la que permitirá concretar si en un caso determinado dicho ente actúa o no en una relación de supra a subordinación. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada XVI.1o.A.22 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, cuyo criterio se comparte, que reza: Época: Décima Época Registro: 2009420 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XVI.1o.A.22 K (10a.) Página: 1943 "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Queja 6/2014. Isabel Gil Hernández. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. Queja 9/2014. Norma Silvia Zavala Garcés. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. Queja 9/2015. Ricardo Camarillo Guerra. 5 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Al tenor de las anteriores precisiones, se concluye que el acto reclamado que se traduce en el requerimiento de pago de ocho de febrero de dos mil dieciocho, para la extensión del servicio a la menor Rosanely Murillo Elvira, por cumplir seis años de edad, con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil, que establece el pago del veinticinco por ciento del costo unitario anual, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación de coordinación de carácter laboral. Se explica. El derecho de las mujeres trabajadoras al servicio del Estado, a la prestación del servicio de guarderías infantiles, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles." [Subrayado es propio]. Entonces, el derecho de las mujeres trabajadoras al servicio del Estado a la prestación del servicio de guarderías infantiles deriva precisamente de una prerrogativa que nace de una relación de trabajo que tienen con el Estado. Ahora bien, para cumplir con la seguridad social de los empleados del Estado, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual como se advierte del artículo 5 de su propia ley, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la administración de los seguros, prestaciones, servicios sociales y de salud, ya que en el numeral 4 de su legislación, se establecen con carácter de obligatorios, entre otras prestaciones y servicios, el servicio de atención para el bienestar y desarrollo infantil, según se advierte de los artículos 4, fracción III, inciso d) y 196, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, a saber; "Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios: [.] III. Servicios sociales, consistentes en: [.] d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; [.]" "Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a precios módicos los servicios sociales siguientes: [.] IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, y [.]" Los servicios sociales y culturales señalados se financian por cuotas bipartitas, una parte corresponde a los trabajadores y, la otra, a las dependencias y entidades en la cual prestan sus servicios los trabajadores, según se advierte del numeral 199 de la legislación analizada: "Artículo 199. Los servicios sociales y culturales se financiarán en la forma siguiente: I. A los Trabajadores les corresponde una Cuota de cero punto cinco por ciento del Sueldo Básico, y II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una Aportación de cero punto cinco por ciento del Sueldo Básico. En adición a lo anterior, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, las Dependencias y Entidades cubrirán el cincuenta por ciento del costo unitario por cada uno de los hijos de sus Trabajadores que hagan uso del servicio en las estancias de bienestar infantil del Instituto. Dicho costo será determinado anualmente por la Junta Directiva." [Destacado no es de origen]. Por su parte, los artículos 4, 10 y 12 del Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 4.- El Instituto prestará el Servicio a través de la Estancia, Estancia Contratada y Servicios a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de brindar una formación integral enmarcada en un sistema inclusivo e igualitario, que salvaguarde en todo momento el interés superior de los Niños y las Niñas. El Servicio se basa en el espíritu de corresponsabilidad con las Personas Beneficiarias para lograr el máximo desarrollo social, psicológico, físico y emocional de los Niños y las Niñas, bajo un ambiente de inclusión, equidad y respeto pleno al crecimiento armónico de la persona. "ARTÍCULO 10.- El Servicio se prestará en las secciones siguientes: I. Lactantes: Para Niños y Niñas desde sesenta días de nacidos hasta un año seis meses y veintinueve días; II. Maternales: Para Niños y Niñas desde un año siete meses hasta dos años once meses y veintinueve días, y III. Preescolares: Para Niños y Niñas desde tres años hasta que cumplan seis años de edad o concluyan el Ciclo de Servicio que cursen al cumplir esta última edad." "ARTÍCULO 12.- Cuando el Niño o la Niña cumpla seis años de edad antes de que culmine el Ciclo de Servicio, la Persona Beneficiaria podrá optar por continuar con el Servicio hasta que termine dicho ciclo, para lo cual a partir de la quincena siguiente, deberá efectuar el pago de extensión del Servicio, mismo que será equivalente al 25% del Costo Unitario Anual que corresponda proporcionalmente al tiempo que reste para la conclusión del Ciclo de Servicio, mediante ministraciones quincenales ininterrumpidas ante las Delegaciones. Dicho pago deberá realizarse de manera anticipada y durante los tres primeros días hábiles de cada quincena. Cuando la Persona Beneficiaria haya dejado de estar incorporado al régimen de la Ley por renuncia, cese o licencia sin goce de sueldo, podrá optar por continuar con el Servicio hasta que termine dicho ciclo, para lo cual a partir de la quincena siguiente, deberá cubrir el cien por ciento del Costo Unitario Anual que corresponda proporcionalmente al tiempo que reste para la conclusión del Ciclo de Servicio, mediante ministraciones quincenales ininterrumpidas ante las Delegaciones. Dicho pago deberá realizarse de manera anticipada y durante los tres primeros días hábiles de cada quincena." [Destacado es propio]. De lo anterior se advierte, en lo que al caso importa, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prestará el Servicio (los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil a que se refiere la Ley) a través de la Estancia, Estancia Contratada y Servicios a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro de los cuales se prestará, entre otras secciones, el de preescolares, para niños y niñas desde tres años hasta que cumplan seis años de edad o concluyan el Ciclo de Servicio (periodo establecido por el Instituto para el otorgamiento del Servicio que comprende de los meses de agosto de un año, al mes de julio del siguiente año) que cursen al cumplir esta última edad; y, que cuando el niño o la niña cumpla seis años de edad antes de que culmine el ciclo de servicio, la persona beneficiaria podrá optar por continuar con el servicio hasta que termine dicho ciclo, para lo cual, a partir de la quincena siguiente, deberá efectuar el pago de extensión del Servicio, mismo que será equivalente al veinticinco por ciento del costo unitario anual que corresponda proporcionalmente al tiempo que reste para la conclusión del ciclo de servicio, mediante ministraciones quincenales ininterrumpidas ante las Delegaciones, el cual deberá realizarse de manera anticipada y durante los tres primeros días hábiles de cada quincena. En ese contexto, como se anticipó, el acto reclamado, consistente en el requerimiento de pago para la extensión del servicio a la menor Rosanely Murillo Elvira, por cumplir seis años de edad, con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil, que establece el pago del veinticinco por ciento del costo unitario anual, no constituye un acto de autoridad para los efectos de este juicio de amparo en la medida de que emana de una relación de coordinación entre trabajador y patrón, no como autoridad; sin que para ello obste que los funcionarios mencionados con base en sus facultades legales y de manera unilateral dictaran o ejecutaran las disposiciones en comento, pues ello en modo alguno implica que se trate de un acto de autoridad, habida cuenta que era menester que el acto surgiera de una relación de supra a subordinación, siendo que en la especie, se insiste, el acto reclamado derivó con motivo de una relación jurídica de coordinación entre el Estado como patrón (particular) y el servidor público como trabajador. Ello es así, pues la promovente Nélida Elvira Ríos es trabajadora afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y como ella misma lo manifestó en su escrito inicial de demanda, es madre de la menor Rosanely Murillo Elvira, quien recibe el Servicio de Estancia que le presta la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la citada institución, a través de la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, en concreto, en la Estancia Infantil No. 428 Erandeni subrogada a ISSSTE. Es decir, el servicio de estancia de bienestar y desarrollo infantil que brinda el aludido instituto como una prestación de seguridad social, deriva de la relación de trabajo que la madre de la menor tiene con el Estado, de la cual el instituto aludido se subroga a fin de otorgar los beneficios de seguridad social que constitucionalmente se establecen para los trabajadores al Servicio del Estado. Por ende, la prestación de guarderías infantiles para los trabajadores al servicio del Estado y en donde la menor cursa el ciclo escolar 2018-2019, en el caso, es brindada a través del organismo descentralizado en comento, como un ente de derecho privado y no como de derecho público, pues la aludida prerrogativa deriva de la subrogación del cumplimiento de las prestaciones de seguridad social que el Estado-patrón tiene la obligación de otorgar a sus trabajadores y que por virtud de la misma recaen en el instituto referido, pues incluso los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, en los cuales se presta la sección de preescolar, como se destacó, se financian por cuotas bipartitas, esto es, por parte de los trabajadores y las dependencias patronales. Asimismo, otro elemento que evidencia que el acto reclamado no emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino de una relación de coordinación de carácter laboral, es que en términos del último párrafo del numeral 12 del Reglamento aludido, cuando la persona beneficiaria haya dejado de estar incorporado al régimen de la Ley por renuncia, cese o licencia sin goce de sueldo, podrá optar por continuar con el servicio hasta que termine dicho ciclo, para lo cual a partir de la quincena siguiente, deberá cubrir el cien por ciento del Costo Unitario Anual que corresponda proporcionalmente al tiempo que reste para la conclusión del Ciclo de Servicio, mediante ministraciones quincenales ininterrumpidas ante las Delegaciones, es decir, que precisamente la aludida prerrogativa deriva de la existencia de una relación de carácter laboral. Lo que demuestra que esos actos no corresponden a los actos privativos y de molestia consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de un plano entre particulares; ni tampoco se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de igualdad; es decir, el acto que se reclama no deriva de una autoridad para efectos del amparo. De igual forma, tampoco justifica la procedencia del juicio la eventualidad de que los actos puedan ocasionar un agravio personal y directo a la promovente, ya que el Estado en una relación de coordinación también puede causar esos agravios, pero, la vía para cuestionarlos no es el juicio de amparo, sino los procesos ordinarios ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Corolario a lo anterior, se concluye que el acto reclamado no reúnen las características necesarias para que se proyecten como el establecimiento de una relación de supra-subordinación y que, por tanto, actualicen la procedencia del juicio de amparo, de ahí que lo conducente sea decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En su parte conducente, es aplicable la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 176632 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Noviembre de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.425 A Página: 933 "SERVICIO DE ESTANCIAS PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL DEL ISSSTE. EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO RELATIVO QUE ESTABLECE EL PAGO DE CUOTAS PARA LA CONTINUACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A PARTIR DE QUE EL MENOR DERECHOHABIENTE CUMPLA SEIS AÑOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de acuerdo con el artículo 4o. de la ley que lo rige, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de la administración de los seguros, prestaciones, servicios sociales y de salud que el propio ordenamiento establece, los cuales se encuentran tutelados por el artículo 123, apartado B, constitucional, incluido el servicio de guarderías infantiles; por ello, si bien es cierto que de los artículos 3o., fracción XI, 140 y 141, fracción VI, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción III, del Reglamento del Servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece como una de las secciones que comprende tal servicio, la educación preescolar, también lo es que ello deriva de una prestación social, generada por virtud de la apuntada tutela que de tal beneficio reconoce el artículo 123 constitucional, en su apartado B, fracción XI, inciso c); el brindado por el Estado a través de su organismo descentralizado señalado, no en su carácter de ente de derecho público, sino como patrón, esto es, como ente de derecho privado; por ello, si se parte de la base de que el artículo 3o. constitucional garantiza la gratuidad de la educación impartida por el Estado como ente de derecho público, entonces es claro que, no encuadra en la hipótesis normativa en cuestión, pues en el caso no obra con ese carácter; de tal guisa que, constitucionalmente, nada impide que el propio instituto pueda cobrar por la prestación del servicio, salvo que exista algún impedimento para ello, derivado de la ley ordinaria; por lo cual, es claro que el artículo 13 del reglamento citado, en tanto que establece cuotas para la continuación de la prestación del servicio de educación preescolar, una vez que el menor cumpla seis años, antes de que concluya el periodo escolar de que se trate, no transgrede, por ese hecho, el artículo 3o. constitucional." SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 379/2005. Eva Hernández Juárez, por su propio derecho y en representación de la menor Cynthia Berenice Morales Hernández. 11 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. [Subrayado es propio]. Ante la improcedencia aquí decretada, es técnicamente imposible analizar las cuestiones de fondo planteadas por la impetrante, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que se transcribe: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Nélida Elvira Ríos, por propio derecho y en representación de la menor Rosanely Murillo Elvira, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que a la fecha el Jefe de Servicios Educativos para estancias y Programas de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, no ha rendido el informe justificado que le fue solicitado mediante oficio 1395 de uno de febrero del año en curso. No obstante, no ha lugar a presumir cierto el acto el acto reclamado a dicha autoridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, pues como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído, a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo del oficio de que se trata. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. ALEGATOS. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el asesor jurídico federal, en su carácter de representante especial del menor involucrado en el presente asunto; atento a su contenido, téngasele formulando alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en el momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy FeJso.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. SE RECIBE INFORME PREVIO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo envía rinde informe previo que le fue solicitado, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jso.

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