Nelia Ramírez López y Otros.
Expediente 1429/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Nelia Ramírez López y Otros.
- Nelia Ramírez López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por... Fórmese expediente y regístrese su ingreso bajo el número 1429/2022-I, en el libro de Gobierno respectivo. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." La parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS, QUE EXIGE LA LEY DE LA MATERIA, PRESENTADO POR LA SUSCRITA EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Y EN CONSECUENCIA NOTIFICAR A LAS PARTES Y POSTERIORMENTE SU RESOLUCIÓN." Acto reclamado respecto del cual, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la reciente interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe destacarse que en la actual Décima Época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo biinstancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; de ahí que puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que la fracción V del segundo dispositivo transcrito, estatuye la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales dentro de juicio que produzcan situaciones de carácter irreparable para las quejosas, en su persona o en sus bienes. Por tanto, para determinar si un acto se ubica en la hipótesis de la fracción transcrita, debe verificarse lo siguiente: Que no encuadre en alguno de los supuestos que prevén los artículos 172 (violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso en materia civil, administrativa o del trabajo) y 173 (en materia penal), ambos de la Ley de Amparo; pues las infracciones que contemplan estos preceptos solamente podrán reclamarse, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo. Que la presunta violación no pueda repararse mediante la promoción de un recurso, o bien, que sea susceptible de estudiarse en la resolución final que se dicte en el juicio natural; y, Que la violación procedimental afecte materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México sea parte. El derecho sustantivo que aduce la parte quejosa, es el contenido en el artículo 17 constitucional, referente a la tutela judicial efectiva, que se traduce en la especie a la impartición de justicia pronta. Pues en el caso, la parte peticionaria de amparo alega que la autoridad responsable, al ser omisa o abstenerse de proveer respecto al escrito presentado el trece de septiembre del año en curso, violenta el dispositivo 735 de la Ley Federal del Trabajo, transgrediendo en consecuencia el diverso 17 constitucional. El artículo 735 de la ley reglamentaria laboral, establece: "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." No obstante que del artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que la Junta responsable, tiene un plazo de tres días hábiles para la realización o practica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, cuando este no tenga fijado un término, resulta aplicable por las razones que la integran, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Asimismo, la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ello en virtud, que del capítulo de antecedentes del acto reclamado que precisó la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, se desprende que con fecha trece de septiembre del presente año, se presentó planilla de liquidación y solicitó que se señalara fecha y hora a fin de que un actuario se constituyera al domicilio de la fuente trabajo a requerirle el pago de los cantidades descritas, a fin de lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, si bien ya transcurrió el plazo a que refiere el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que el numeral 772 de la citada ley, permite para que el juicio permanezca inmóvil. De ahí que, la autoridad Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, todavía se encuentra dentro del plazo legal para poder proveer respecto al escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, pues a la presente data, aún se encuentran transcurriendo los cuarenta y cinco días naturales señalados en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, si aún no ha transcurrido el plazo con que cuenta la autoridad para realizar el acuerdo respectivo del escrito presentado ante ella, del cual reclama la quejosa su omisión, no se pudiere hablar de una abierta dilación en el procedimiento natural, por tanto no se está en presencia de una violación a los derechos subjetivos de la parte quejosa en contravención con el artículo 17 constitucional. Se concluye entonces, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto, consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; en tanto que, lo único que reclaman es la omisión o abstención de proveer respecto al escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve. Por lo que el acto reclamado no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da juntamente dentro del mismo, esto es, la falta de prosecución del trámite; puesto que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Además, para efectos de una ejecución irreparable debe entenderse como tal, lo que estatuyó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 24/92 de la Octava Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la Página: 11, con registro en el IUS 205651: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso en la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", que las autoridades jurisdiccionales deben sujetarse a los plazos y términos que regulan los procedimientos respectivos para solucionar la litis puesta a su jurisdicción, en cumplimiento al mandato constitucional consagrado en el artículo 17 citado; entonces, si la autoridad a quien le reclaman la dilación procesal, se encuentra dentro del plazo legal establecido para actuar, es evidente que no ocasiona un perjuicio en los derechos sustantivos de las accionantes del juicio de amparo; requisito fundamental para la procedencia del juicio biistancial. Ya que no se advierte se patentice una afectación real y actual, cuestiones que se actualizarían, si en la especie ya hubiese transcurrido el término que prevé la ley para efectos de notificar a las partes; lo que en el caso no sucede. Entonces, si el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de proveer respecto al escrito presentado ante ella el trece de septiembre del presente año, no ocasiona un perjuicio real, actual en la esfera jurídica de la quejosa, además de no ser de ejecución irreparable, pues el plazo legal para efectuar tal actuación aún no transcurre a la presente fecha, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Así las cosas, sí en el presente caso no acontece el supuesto antes referido, es indudable que la demanda de amparo promovida es notoriamente improcedente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO EN ESTUDIO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Cobra aplicación, por identidad jurídica la Jurisprudencia, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Con apoyo en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refiere en esta ciudad; y como autorizados para tales efectos a las personas que refiere en el escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia se tienen por anunciadas las pruebas ofrecidas por la quejosa, consistentes en el informe justificado que rinda la autoridad responsable, presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Se faculta a las partes, el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y recepción de promociones..
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por Guillermo Alberto Penagos Villar, quejoso en el presente juicio, mediante el cual solicita copias certificadas del presente juicio de amparo; en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias que solicita, previa razón de recibido que se deje en autos para la debida constancia legal, autorizando para recibirlas a las personas que menciona. En ese sentido, se hace del conocimiento del promovente que únicamente se le permitirá el acceso a este Juzgado, previa cita. Por lo que en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrará el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas a fin recoger las copias solicitadas.
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