Nelia Elide Espadas Solis

Expediente 1515/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1515/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Nelia Elide Espadas Solis

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por ******************** autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente asunto, contra la sentencia definitiva firmada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. El expediente físico del juicio de amparo 233/2023. 2. El escrito de revisión y de expresión de agravios. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 4. Dos legajos de constancias (uno de ellos confidencial). Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la pieza postal que contiene el oficio 12506/2023, dirigido al Fiscal Investigador de la Agencia Decimotercera del Ministerio Público, con sede en Valladolid, Yucatán, que contiene la leyenda "No hay tal autoridad"; en tal virtud, reexpídase el citado oficio a su denominación correcta, esto es, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, a fin de que dicha fiscalía se encuentre en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el ocho de mayo pasado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Con la demanda de amparo promovida físicamente por********************, contra actos del Hospital Regional de Mérida del Instituto del Seguridad Y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, se provee: PERSONALIDAD. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno, toda vez que la presente demanda se promueve por propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1515/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Hospital Regional de Mérida del Instituto del Seguridad Y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, lo siguiente: - La omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual solicita copia certificada de diversa documentación. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio.". De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia consistente en la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de junio del año en curso. En el caso, este Juzgador Federal advierte que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 8° Constitucional, por las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al "peticionario." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa se duele de la violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, pues afirma que desde el ocho de junio cursante, presentó ante el Hospital Regional de Mérida del Instituto del Seguridad Y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, un escrito en el que solicitó copia certificada de diversa documentación. En ese contexto, se estima que respecto a la omisión de dar respuesta a su petición referida, no ha transcurrido un término excesivo, que lesione el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, ni mucho menos pueda generar la convicción de que en el caso se actualiza una negativa a lo solicitado en su escrito. Se tiene esta convicción, porque si bien de conformidad con el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Esto, con la obligación de hacer conocer en breve término al peticionario o a la persona que se ostente titular del derecho, la respuesta que recaiga, de lo contrario, su omisión transgrediría el derecho de petición consagrado a rango Constitucional, causándole con esto un perjuicio o agravio a la esfera jurídica del peticionario. Ante dicha omisión, el gobernado puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional, para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. Sin embargo, para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente al autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, a efecto de considerar que ese derecho subjetivo puede o no existir. En el asunto que nos ocupa, de las manifestaciones de la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, así como de la documentación con la que acredita su acción, se desprende lo siguiente: - Que la parte quejosa presentó su solicitud de copias ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil veintitrés; y, - Posterior a ello, accionó el juicio de amparo el veinte de junio del año en curso; Esto, dentro de los ocho días hábiles posteriores a la presentación de su solicitud. De lo anterior, resulta evidente que no se puede estimar una abierta omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, pues no ha transcurrido una temporalidad suficiente para considerar que se transgrede el derecho de petición que se reclama. En esas condiciones, al no haber transcurrido un plazo prudente o razonable para que la autoridad a quien se dirigió la petición, realice las gestiones conducentes para emitir la determinación correspondiente, se considera que el acto reclamado, al momento de la presentación de la demanda, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petición de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, como se adelantó en líneas precedentes, no ha transcurrido un término excesivo, que lesione el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, por lo que con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por materializarse lo previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que no acreditaron el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa *****, la determinación de 21 de junio de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Con la demanda de amparo promovida físicamente por********************, contra actos del Hospital Regional de Mérida del Instituto del Seguridad Y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, se provee: PERSONALIDAD. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno, toda vez que la presente demanda se promueve por propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1515/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Hospital Regional de Mérida del Instituto del Seguridad Y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, lo siguiente: - La omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual solicita copia certificada de diversa documentación. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio.". De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia consistente en la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de junio del año en curso. En el caso, este Juzgador Federal advierte que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 8° Constitucional, por las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al "peticionario." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa se duele de la violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, pues afirma que desde el ocho de junio cursante, presentó ante el Hospital Regional de Mérida del Instituto del Seguridad Y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, un escrito en el que solicitó copia certificada de diversa documentación. En ese contexto, se estima que respecto a la omisión de dar respuesta a su petición referida, no ha transcurrido un término excesivo, que lesione el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, ni mucho menos pueda generar la convicción de que en el caso se actualiza una negativa a lo solicitado en su escrito. Se tiene esta convicción, porque si bien de conformidad con el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Esto, con la obligación de hacer conocer en breve término al peticionario o a la persona que se ostente titular del derecho, la respuesta que recaiga, de lo contrario, su omisión transgrediría el derecho de petición consagrado a rango Constitucional, causándole con esto un perjuicio o agravio a la esfera jurídica del peticionario. Ante dicha omisión, el gobernado puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional, para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. Sin embargo, para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente al autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, a efecto de considerar que ese derecho subjetivo puede o no existir. En el asunto que nos ocupa, de las manifestaciones de la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, así como de la documentación con la que acredita su acción, se desprende lo siguiente: - Que la parte quejosa presentó su solicitud de copias ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil veintitrés; y, - Posterior a ello, accionó el juicio de amparo el veinte de junio del año en curso; Esto, dentro de los ocho días hábiles posteriores a la presentación de su solicitud. De lo anterior, resulta evidente que no se puede estimar una abierta omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, pues no ha transcurrido una temporalidad suficiente para considerar que se transgrede el derecho de petición que se reclama. En esas condiciones, al no haber transcurrido un plazo prudente o razonable para que la autoridad a quien se dirigió la petición, realice las gestiones conducentes para emitir la determinación correspondiente, se considera que el acto reclamado, al momento de la presentación de la demanda, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petición de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, como se adelantó en líneas precedentes, no ha transcurrido un término excesivo, que lesione el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, por lo que con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por materializarse lo previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que no acreditaron el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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