Neli Galicia Rojas
Expediente 540/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Neli Galicia Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de veintidós de junio del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado el auto de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para surta sus efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable, Presidenta y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remite copia certificada de la constancia de notificación a las partes del proveído de seis de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente R.D.S. 1/1976-1 de su índice, lo anterior en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de junio del año en curso. Por tanto, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en dicho proveído, por lo cual se deja sin efectos el apercibimiento realizado en autos. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció, o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso particular, se tiene que la quejosa Neli Galicia Rojas promovió el presente juicio de amparo y en su demanda señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar sobre la admisión de nulidad del procedimiento de elecciones de la Mesa Directiva y/o Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres Académicos. Dicha omisión la reclamó a la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; asimismo, la quejosa refirió que el trece de agosto de dos mil veintiuno presentó la nulidad del referido procedimiento de elecciones ante la indicada autoridad, sin que se hubiera pronunciado al respecto. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, agregado al presente juicio de amparo en acuerdo de trece de junio del año en curso, se aprecia que la Presidenta y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala manifestó que sí era cierto el acto reclamado, pero que en acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente R.D.S. 1/1976-1, se pronunció sobre el escrito de la quejosa, en el sentido de negar la declaración de nulidad del procedimiento de elección de la Mesa Directiva y/o Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres Académicos, para lo cual remitió copia certificada de dicho proveído. Además, al oficio de cuenta, la autoridad responsable anexó copia certificada de la notificación de dicha resolución practicada a la quejosa. De lo anterior, se sigue que la autoridad responsable dictó el acuerdo cuya omisión reclamó la impetrante. Por tanto, resulta claro que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues de lo que esencialmente se dolía la quejosa era que la responsable había omitido proveer sobre la nulidad de elecciones de Mesa Directiva y/o Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres Académicos dentro del expediente R.D.S. 1/1976-1; de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dadas las consideraciones antes precisadas, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia queda sin efectos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para surta sus efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable, Presidenta y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remite copia certificada de la constancia de notificación a las partes del proveído de seis de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente R.D.S. 1/1976-1 de su índice, lo anterior en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de junio del año en curso. Por tanto, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en dicho proveído, por lo cual se deja sin efectos el apercibimiento realizado en autos. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció, o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso particular, se tiene que la quejosa Neli Galicia Rojas promovió el presente juicio de amparo y en su demanda señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar sobre la admisión de nulidad del procedimiento de elecciones de la Mesa Directiva y/o Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres Académicos. Dicha omisión la reclamó a la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; asimismo, la quejosa refirió que el trece de agosto de dos mil veintiuno presentó la nulidad del referido procedimiento de elecciones ante la indicada autoridad, sin que se hubiera pronunciado al respecto. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, agregado al presente juicio de amparo en acuerdo de trece de junio del año en curso, se aprecia que la Presidenta y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala manifestó que sí era cierto el acto reclamado, pero que en acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente R.D.S. 1/1976-1, se pronunció sobre el escrito de la quejosa, en el sentido de negar la declaración de nulidad del procedimiento de elección de la Mesa Directiva y/o Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres Académicos, para lo cual remitió copia certificada de dicho proveído. Además, al oficio de cuenta, la autoridad responsable anexó copia certificada de la notificación de dicha resolución practicada a la quejosa. De lo anterior, se sigue que la autoridad responsable dictó el acuerdo cuya omisión reclamó la impetrante. Por tanto, resulta claro que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues de lo que esencialmente se dolía la quejosa era que la responsable había omitido proveer sobre la nulidad de elecciones de Mesa Directiva y/o Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres Académicos dentro del expediente R.D.S. 1/1976-1; de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dadas las consideraciones antes precisadas, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia queda sin efectos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que se encuentra pendiente el requerimiento formulado en auto de trece de junio del presente año a la autoridad responsable, Presidente y Representante de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a efecto de que remita este Juzgado copia certificada de las constancias de notificación a las partes del proveído de seis de junio del año en curso dictado en el expediente R.D.S. 1/1976 de su índice. Por tanto, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
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