Neili Julieta López Castro

Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
160/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Neili Julieta López Castro

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI "... ". Visto el estado procesal actual de los autos y la certificación secretarial; toda vez que, en la especie, por auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (.. se sobreseyó este juicio de garantías y dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA II-B ". Agréguese el oficio que se firma en representación del Director General de la Policía Vial Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como el diverso de la encargada de la Comisaría Calificadora del Primer Turno de la Policía Estatal, residente en Santa María Coyotepec, Oaxaca, y anexos; mediante los cuales rinden informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. . se tiene como sus delegados a las personas que menciona la primera de las citadas autoridades. . se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que ofrecen, dada su propia y especial naturaleza. Ahora, de la lectura integral del acta de demanda por comparecencia y de las constancias de autos se advierte que la quejosa *****, reclama de las autoridades responsables: ? El arresto administrativo; y, ? La determinación de quince de febrero de dos mil dieciocho, relativa al inicio del procedimiento administrativo 647/2018. Luego, de las documentales remitidas por el Director General de la Policía Vial Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, . se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen:. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. . (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, valoradas en párrafos que anteceden, se advierte lo siguiente: 1) Mediante comparecencia de quince de febrero del año en curso, **** solicitó amparo en nombre de *****, contra el arresto administrativo del que fue objeto con motivo del operativo "alcoholímetro" (foja 2); por lo que en proveído de esa misma fecha se decretó la suspensión de plano contra dicho acto (fojas 4 a 7). 2) En la misma data citada, el Actuario Judicial adscrito hizo constar que la quejosa se encontraba detenida en las oficinas de la Policía Estatal y fue puesto en libertad en atención a la suspensión de plano concedida (foja 10). Lo anterior, revela que cesaron los efectos del acto reclamado, pues, al ponerse en libertad al justiciable, es inconcuso que la violación constitucional reclamada del arresto administrativo quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. Por otra parte, respecto del segundo acto reclamado consistente en la determinación de quince de febrero de dos mil dieciocho, relativa al inicio del procedimiento administrativo 647/2018; este Juzgador advierte que se actualiza la diversa causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción III, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; que disponen:.. (.)" Conforme a las disposiciones transcritas, el amparo indirecto es procedente contra actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, solamente cuando el acto reclamado se trate de la última resolución dictada en dicho procedimiento, o bien, se reclame un acto de imposible reparación. En el caso, la determinación de quince de febrero de dos mil dieciocho, no se trata de la última resolución en el procedimiento respectivo, pues constituye el proveído de inicio del procedimiento administrativo 647/2018. Inclusive, en dicha determinación se le hizo del conocimiento al justiciable que el expediente respectivo se encontraba a su disposición para su consulta y que contaba con el plazo de tres días hábiles para que ofreciera las pruebas que considerara pertinentes para su defensa; con lo que se respeta su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Como se observa, lo que reclama el quejoso es el inicio de un procedimiento, que concluirá con una resolución en la que se determinará si ha lugar o no a imponerle una sanción; acto que fue emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin que sea considerado como de imposible reparación, en virtud de que el inicio del procedimiento no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, el dictado del auto de inicio del procedimiento no está afectando materialmente derechos sustantivos del quejoso, sino únicamente se respeta su derecho de defensa. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia de mérito, se sobresee el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 63 fracción V y 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. De ahí que resulte innecesario esperar la fecha y hora de la audiencia constitucional para resolver este juicio de garantías; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que por las causas de improcedencia que se actualizan, es dable establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo; de ahí que, se deja sin efecto la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. CONSTE.)

  3. Principal

    MESA II-B "... Agréguese el oficio y anexo del Encargado de la Comisaria Calificadora del Tercer Turno de la Policía Estatal, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca; por medio del cual informa respecto del acatamiento a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo a favor de la agraviada********************para los efectos legales a que haya lugar..."

  4. Principal

    MESA II-B "... Vista la diligencia actuarial de quince de febrero del año en curso, suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, se advierte que la quejosa NEILI JULIETA LÓPEZ CASTRO ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Rogelio Villegas Sotres; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, SE ADMITE la demanda de garantías promovida por NEILI JULIETA LÓPEZ CASTRO, contra actos del Director General de la Policía Vial Estatal, y otra autoridad. Tramítese SIN incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente. Ahora, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama una orden de arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, las cuales están consideradas como inconstitucionales por Jurisprudencia decretada por Plenos de Circuito; en consecuencia, con apoyo en el normativo 118 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; DEBIENDO COMUNICAR EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PARTE QUEJOSA. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con efectos definitivos. Luego, al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. (Jurisprudencia PC.XIII. J/5 A (10a.), del Pleno del Decimotercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Apercibidas que de no rendir el informe solicitado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $ 8,060.00 M. N. (OCHO MIL SESENTA PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil dieciocho, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $80.60 M.N. (OCHENTA PESOS SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Hágase del conocimiento de la (s) autoridad (s) responsable (s) que podrá (n) remitir su informe (s) respectivo (s) a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 502 38 71, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. También, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las DOCE HORAS VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para celebrar la audiencia constitucional. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la Ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, se requiere a la (s) responsable (s), para que informe (n) a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra el acto aquí reclamado o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita (n) copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese (n) el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más partes donde tiene su origen el acto aquí reclamado, también informe (n), en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia del acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Se autoriza al Actuario adscrito o empleado adscrito, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que con motivo de la tramitación del presente juicio, el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, les haga entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se les impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $ 8,060.00 M. N. (OCHO MIL SESENTA PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil dieciocho, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $80.60 M.N. (OCHENTA PESOS SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), sin perjuicio que al rendir sus respectivos informes, precisen su denominación correcta o manifiesten la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la autoridad (s) señalada como responsable (s) no exista, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste (n) al rendir su informe o devuelva (n) el oficio que se le (s) dirija, en lo sucesivo se le (s) tendrá aquí como inexistente y no se le (s) dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Finalmente, se tiene por ratificado el domicilio señalado para recibir notificaciones..."

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