Neftali Zúñiga Gómez

Expediente 348/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
348/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Neftali Zúñiga Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Nettali Zúñiga Gómez, por propio derecho; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 348/2022 Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Nettali Zúñiga Gómez, por propio derecho; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 348/2022 Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Recepción y registro de demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Nettali Zúñiga Gómez, por propio derecho, contra actos que reclama del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente electrónico y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 348/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideración previa. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, al realizar una lectura íntegra del escrito de cuenta, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo; numerales cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." De conformidad con los artículos transcritos, el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días contados a partir desde el día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, al que haya tenido conocimiento de ellos o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Ahora, para arribar a la anterior consideración, conviene destacar que, en la demanda de amparo promovida, en el apartado correspondiente al acto reclamado la parte quejosa refirió: (.) Así, de las propias manifestaciones de la parte quejosa, de su apartado de fecha de notificación del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, se advierte que desde el día veinticinco de febrero de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente esencialmente en la imposición de multa por la cantidad de $2,309.00 (dos mil trescientos nueve pesos 00/100 moneda nacional), ordenada en el trámite de refrendo de licencia de funcionamiento. En este orden de ideas, se concluye que si la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el veinticinco de febrero pasado, por así desprenderse de las manifestaciones precisadas en su escrito de demanda, entonces, la misma fue presentada de manera extemporánea, pues transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, si el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de los actos reclamados, transcurrió el término del veintiocho de febrero al dieciocho de marzo de dos mil veintidós, considerando que dicho cómputo comienza al día siguiente hábil del que tuvo conocimiento; en ese contexto, si la demanda se presentó hasta el veintidós de marzo de dos mil veintidós, resulta inconcuso que la presentación fue extemporánea en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis VI.3o.A.29 K, con número de registro digital 176759, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 837, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SI EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN EN DÍA INHÁBIL, EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS COMIENZA AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE AQUÉL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a tal dispositivo, el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: a) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o c) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En razón de lo anterior, si la parte quejosa manifiesta que tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma jurídica que tacha de inconstitucional en día sábado, éste considerado inhábil conforme al precepto 23 de dicho ordenamiento legal, el término a que hace alusión el precepto legal citado en primer término, inicia al día siguiente hábil, es decir, el plazo empieza a correr el día lunes, sin que obste a lo anterior, el hecho de que el conocimiento del acto de aplicación se haya generado en día inhábil, pues esa circunstancia de ningún modo nulifica el hecho de que el impetrante de garantías haya manifestado tener conocimiento del acto de aplicación tal día, pues una cosa es el conocimiento del acto y otra muy distinta el término, dado que, lo primero implica tener noticia y saber de la existencia de ese acto; y lo segundo es el plazo o término que establece la ley para hacer valer algún derecho o cumplir con alguna obligación; consecuentemente, el plazo para la impugnación de normas heteroaplicativas comienza a partir de aquel al en que el peticionario de amparo manifieste estar enterado de la aplicación de la norma combatida, aun cuando éste, se insiste, sea inhábil." De igual manera, sustenta a esta determinación, la Jurisprudencia P.J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: III, Junio de 1996, Página: 57, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." También cobra aplicación, la diversa tesis I.5o.T.166 L, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo X, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD. ES CORRECTO, DADO EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE HAYAN RECLAMADO ACTOS DIVERSOS Y POSTERIORES. Si el propio quejoso reconoce haber tenido noticia del acto reclamado en determinada fecha, y ante esa situación el Juez de Distrito estima que el amparo fue presentado fuera de tiempo, tal consideración es correcta, no obstante que el impetrante aludiera además a actos diversos y posteriores, ya que no existe razón para alterar lo decidido, tomando en cuenta que la demanda es desechada en su totalidad y, por su carácter indivisible, no es dable ordenar su aceptación parcial." En igual sentido es aplicable la tesis visible en la página 200, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es inexacto que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, existan dos oportunidades para combatir un mismo acto de autoridad: al conocer su emisión y al conocer que se va a ejecutar; el precepto debe entenderse en el sentido que sólo se tiene un término de quince días, es decir, una oportunidad para reclamar el acto o resolución de la autoridad, pudiéndose solicitar la suspensión de éste para evitar su ejecución, resguardando de este modo la materia del amparo o que el amparo quede sin ella; ya que es cierto que existen dos oportunidades para promover el juicio de garantías, pero no contra actos o resoluciones de autoridad administrativa y en términos del artículo 21 de la ley en comento, sino cuando lo que se reclama es una ley o reglamento, casos en que puede impugnarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de ésta (autoaplicativa) o dentro de los quince días siguientes al en que se tenga conocimiento del primer acto de aplicación (heteroaplicativa), conforme al artículo 22, fracción I y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Se desecha demanda. Por lo tanto, acorde con lo ya expuesto, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Le de Amparo, de modo que el juicio de amparo intentado es improcedente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle La Paz número 17, fraccionamiento las Américas, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refieren en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano