Neftali Zapata Luna
Expediente 379/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Neftali Zapata Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la quejosa Neftalí Zapata Luna en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Neftalí Zapata Luna, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades; para el efecto siguiente: "Acuerde los escritos de dos de enero de dos mil veinte y quince de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 677/2014 de su índice, respetando el plazo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo y lo notifique a las partes. Asimismo, conforme al artículo 107 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, señale hora y fecha para la audiencia de conciliación en el expediente laboral 677/2014 de su índice y lo notifique a las partes." La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el veinte de mayo de dos mil veintidós. Posteriormente, mediante proveído de dos de septiembre de la presente anualidad, se realizó la valoración correspondiente, respecto al cumplimiento dado por las responsables a la sentencia de amparo, en el que se determinó que la misma no se encontraba cumplida, en razón a que no existía constancia alguna de la cual se corroborara que había señalado fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación en el juicio laboral de origen, por lo que se requirió nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento a dicha sentencia. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, allegó copia certificada desde el escrito inicial de demanda hasta el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecisiete y sus notificaciones dentro del juicio laboral 677/2014, de las que se aprecia que el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, fue celebrada la audiencia de conciliación dentro de dicho juicio, respecto a la parte actora y la demandada el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Asimismo, la autoridad responsable mediante oficio TCYA/AMP/8097/2022 (foja 143 a 146), remitió a éste órgano de control constitucional, copia certificada de la audiencia de calificación y admisión de pruebas de ocho de agosto de dos mil veintidós, de la que se desprende que fijó fecha y hora para una diversa audiencia incidental de previo y especial pronunciamiento de acumulación, adjuntando también, las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del citado auto, actuaciones que derivan del expediente laboral de origen. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Análisis Evaluativo Así, del análisis de la constancia remitida por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. En principio es necesario destacar que el efecto que se encuentra pendiente de cumplimiento, es que la autoridad responsable conforme al artículo 107 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, señalara hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación en el expediente laboral 677/2014 de su índice, notificando dicha determinación a las partes. Ahora bien, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de origen, de las que se advierte lo siguiente: 1. El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de conciliación dentro del juicio laboral 677/2014 del índice de la responsable (foja 260). 2. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el tribunal responsable ordenó hacerle saber al aquí quejoso que la audiencia de conciliación fue practicada el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (foja 64). 3. Determinación que fue notificada a dicha parte procesal el uno de junio de dos mil veintidós (foja 84). De lo anterior, se colige que la autoridad responsable se pronunció respecto de la audiencia de conciliación y la continuidad del juicio laboral, por lo que atendió de manera completa los efectos de la concesión del amparo en que se actúa; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por Francisco Javier Méndez Perea, mediante el cual denuncia la repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable; en atención a su contenido, dígasele que es improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Los artículos 1991 y 2002 de la Ley de Amparo, establecen que la denuncia de la repetición del acto reclamado deberá ser pronunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo, para efectos de que éste corra traslado a la autoridad responsable y la requiera para que en el término de tres días rinda su informe respectivo y una vez vencido el plazo concedido, el órgano judicial deberá dictar la resolución correspondiente dentro de los tres días siguientes. En ese contexto, para actualizar la figura de la repetición del acto reclamado deben cumplirse con los siguientes requisitos: a)Que exista una sentencia de amparo en la que se haya concedido la protección de la Justicia de la Unión al impetrante de amparo. b)Que el nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria. c) Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Robustece lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, junio de 2009, página 1098, de rubro y texto siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PROCEDENCIA. La naturaleza procesal de todo incidente contiene presupuestos básicos sin los cuales resulta improcedente su tramitación, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2o., al disponer: "Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Ahora, si bien es cierto que los requisitos de procedencia del incidente de repetición del acto reclamado no los establece expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de los diversos criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: a) Que exista una sentencia de amparo en la que se haya concedido la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías; b) Que la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos básicos de procedencia, el Juez de Distrito puede desechar de plano el incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al dictar la resolución correspondiente se declarará su improcedencia." Ahora bien, sobre el particular es importante señalar que en el juicio de amparo la concesión tiene por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de los derechos humanos que le fueron vulneradas por el acto de autoridad que se ha declarado inconstitucional; bien sea restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo y si es de carácter negativo, obligando a la autoridad a actuar en el sentido de respetar lo que el derecho humano exija; por lo que cuando es concedida la protección constitucional, los tribunales de amparo se encuentran constreñidos a vigilar el debido cumplimiento que las responsables deben dar al fallo protector. Cabe precisar que la denuncia de repetición del acto reclamado, tiene por objeto determinar si el nuevo acto atribuido a las autoridades responsables con motivo de una sentencia concesoria de amparo, reitera las violaciones del acto reclamado analizado en el fallo constitucional y respecto del cual se otorgó la protección de la justicia de la unión, y en caso de ser así, que dicho actuar produzca la misma afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa; y como consecuencia, en caso de actualizarse dicho supuesto, remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o aplicar el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis I.8o.T.1 K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este juzgado comparte, publicada en la página 2440, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CASO EN EL QUE RESULTA IMPROCEDENTE POR NO EXISTIR EL PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA RESPECTIVA. La denuncia de repetición del acto reclamado tiene por objeto determinar si el nuevo acto dictado por las autoridades responsables con motivo de una sentencia de amparo concesoria reitera las violaciones del acto reclamado respecto del cual se otorgó la protección constitucional y, en consecuencia, si produce idéntica afectación en la esfera jurídica del quejoso. En esa tesitura, si en cumplimiento de la concesión del amparo respecto de una resolución condenatoria la responsable dicta una nueva en sentido absolutorio, la denuncia de repetición del acto reclamado que se formule resulta improcedente por no existir el aspecto elemental de coincidencia y, por ende, el presupuesto indispensable para la interposición de la denuncia correspondiente". Sin embargo, para que se actualice la figura de repetición del acto reclamado, es requisito indispensable que tanto el acto declarado inconstitucional, como el que se estima reiterativo de éste, se traduzcan en actos positivos. Lo anterior, en virtud que sólo son susceptibles de repetición los actos positivos (los que se traducen en un hacer, en una acción) más no así los actos negativos (los que se constituyen un no hacer, una omisión), ya que estos últimos, por su propia naturaleza, no son susceptibles de repetirse, ni de incurrir, en sí mismos, en repetición. En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española, define a la repetición como "la acción y efecto de repetir o repetirse" y establece que repetir es "volver a hacer lo que se había hecho o decir lo que se había dicho". Bajo esa óptica, el acto reclamado por la impetrante del amparo, tiene la característica de un acto negativo, es decir, un no hacer de la autoridad responsable, que se traduce en una omisión, pues éste se hizo consistir en el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 2747/2016 en el cual, se señaló el catorce de febrero de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de pruebas y resolución, así como la omisión de notificar a la parte demandada el acuerdo que antecede. Es decir, la omisión en que incurrió la autoridad responsable, por su propia naturaleza no es susceptible de repetirse, ni de incurrir, en sí misma en repeticiones, antes bien, en su caso, subsiste en el tiempo, ya que el efecto de un acto negativo u omisivo pervive en el tiempo mientras que la autoridad responsable no haga lo que la ley le exige. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado que fue objeto de concesión de amparo en la sentencia constitucional, es un acto negativo u omisivo, motivo por el cual no puede ser objeto de estudio en la denuncia de repetición de acto reclamado, pues no es ni física ni jurídicamente posible analizar una abstención, ya que carece de las particularidades del acto positivo, entendiéndose éste último como la conducta real y accionada bajo la cual una autoridad interviene en la esfera de derechos de una persona, a través de las gestiones que realiza. Consecuentemente, al ser presupuesto indispensable para la procedencia de la denuncia de repetición de acto reclamado, que éste sea positivo, deviene improcedente el incidente en que se actúa, por tratarse de un acto negativo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número VI.2o.T.3 K (10a.) Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, página 1943, cuyo contenido es: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU DENUNCIA ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE DILACIONES EN UN JUICIO LABORAL, CUANDO ÉSTAS GUARDAN RELACIÓN FORMAL CON EL CUMPLIMIENTO QUE DEBIÓ DARSE AL FALLO PROTECTOR, AL TRATARSE DE ACTOS PROCESALES QUE LA RESPONSABLE TUVO QUE EFECTUAR OPORTUNAMENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LABORAL Y HASTA LA EMISIÓN DEL LAUDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas, y en su Gaceta, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1519, de título y subtítulo: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA.", determinó que el incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado constituyen dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. En ese contexto, es improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado que se hace respecto de dilaciones en un juicio laboral, cuando esas conductas guarden relación formal con el cumplimiento que debió darse al fallo protector, al tratarse de actos procesales que la responsable tuvo que efectuar oportunamente durante el procedimiento laboral y hasta la emisión del laudo. Lo anterior, si se toma en cuenta que la Ley de Amparo vigente exige para tener por cumplida una ejecutoria de amparo que lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que implica que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo debe analizar si los actos llevados a cabo por la responsable en cumplimiento al fallo protector subsanaron todas las violaciones que dieron lugar a que se concediera el amparo, pues sólo así se podría considerar que se restituyó al quejoso en el goce de sus garantías violadas. De ahí que si la conducta denunciada por el quejoso guarda relación con los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, que eran precisamente los de tramitar el juicio y concluirlo con la debida prontitud, es improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado alegada, en virtud de que la finalidad de ésta no es conseguir el cumplimiento de la sentencia de amparo, sino proteger la institución de la cosa juzgada y sancionar a la autoridad que la violó." Asimismo, es aplicable, sobre el particular, la tesis III.2o.A.35 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que este juzgado comparte, publicada en la página 1137, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO SE PLANTEA EN UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO ES DE CARÁCTER NEGATIVO. El incidente de repetición del acto reclamado previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo tiene por objeto determinar si el nuevo acto realizado por las autoridades responsables con posterioridad a la emisión de la sentencia amparadora, reitera las mismas violaciones por las cuales se otorgó la protección de la Justicia Federal y, por ende, si produce la misma afectación en la esfera jurídica del quejoso; sin embargo, para que se actualice esa figura jurídica es requisito sine qua non que tanto el acto declarado inconstitucional, como el que se estima reiterativo de éste, se traduzcan en actos positivos, dado que los negativos, por su propia naturaleza, no pueden reiterarse, antes bien, en su caso, subsisten en el tiempo. Por tanto, resulta claro que si al acto calificado como inconstitucional le asiste esta última característica - verbigracia, cuando se exige cumplimiento al derecho de petición-, y si la autoridad responsable insistiera en ese tipo de conducta, entonces se estaría en presencia de una inejecución de sentencia prolongada en el tiempo, pero no ante la repetición del acto reclamado". Del mismo modo, es aplicable la tesis I.7o.A.71K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1612, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. RESPECTO DE LA TRANSGRESIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN NO PUEDE EXISTIR, POR SER UN ACTO DE CARÁCTER NEGATIVO DE LA AUTORIDAD. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la parte interesada puede denunciar la repetición del acto reclamado ante el órgano jurisdiccional que haya concedido el amparo; sin embargo, esa figura jurídica no puede actualizarse cuando la Justicia Federal protege al quejoso por la transgresión al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, debido a que la violación deriva de una omisión de la autoridad, consistente en la falta de respuesta congruente y en breve término a lo solicitado por el gobernado, de donde se sigue que al estar involucrado en la litis constitucional un acto de carácter negativo respecto de los cuales no puede existir repetición del acto reclamado, por la falta de acción de la autoridad, es de inferirse que no puede darse la repetición del acto reclamado. En efecto, en el supuesto de que la responsable realice un acto positivo dando contestación incongruente a la petición que se le formuló, ese aspecto tendría como consecuencia un incumplimiento de la ejecutoria de que se trate y, en la hipótesis de que la autoridad responsable no emita respuesta o no se la comunique al quejoso, se daría una inejecución de la sentencia, pero no la repetición del acto reclamado pues, se insiste, la transgresión al derecho de petición importa una omisión por parte de la autoridad que por su naturaleza no puede reiterarse en el tiempo". En ese orden de ideas, debe desecharse de plano la denuncia de repetición de acto reclamado formulada por Francisco Javier Méndez Perea. Cabe precisar que la presente determinación no prejuzga sobre la constitucionalidad o no del acto que la parte quejosa estima repetitivo, pues si bien la denuncia de repetición de acto reclamado no es el medio legal idóneo para estudiarlo, éste órgano de control constitucional deja a salvo sus derechos para que pueda impugnarlo, en caso de ser su voluntad, a través de la institución jurídica procedente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, a través del cual hace diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto y remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 677/2014 de su índice. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Neftalí Zapata Luna, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades; para el efecto siguiente: ".Acuerde los escritos de dos de enero de dos mil veinte y quince de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 677/2014 de su índice, respetando el plazo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo y lo notifique a las partes. Asimismo, conforme al artículo 107 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, señale hora y fecha para la audiencia de conciliación en el expediente laboral 677/2014 de su índice y lo notifique a las partes." La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el veinte de mayo del dos mil veintidós. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. Mediante oficio de veintiséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 62 a 77), el Jefe de la Unidad de Conciliación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, remitió copia certificada del proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, del que se advierte que proveyó al respecto de los escritos de dos de enero de dos mil veinte y quince de octubre de dos mil veintiuno, y lo notificó a las partes contendientes, dentro del juicio laboral 677/2014 de su índice. Asimismo, la autoridad responsable mediante oficio TCYA/AMP/8097/2022 (foja 143 a 146), remitió a éste órgano de control constitucional, copia certificada de la audiencia de calificación y admisión de pruebas de ocho de agosto de dos mil veintidós, de la que se desprende que fijo fecha y hora para una diversa audiencia incidental de previo y especial pronunciamiento de acumulación, adjuntando también, las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del citado auto, actuaciones que derivan del expediente laboral de origen. Dichas constancias al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Análisis Evaluativo Así, del análisis de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO NO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que la autoridad responsable allegó copia certificada de la audiencia de calificación y admisión de pruebas de ocho de agosto de dos mil veintidós, de la que se desprende que fijó fecha y hora para un diversa audiencia incidental de previo y especial pronunciamiento de acumulación, así como las constancias de notificación a las partes de la misma; sin embargo, de las constancias remitidas, no se advierte que haya señalado fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación en el juicio laboral de origen. Por tanto, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través de Narciso Contreras Hernández, en su calidad de Magistrado Presidente, Gustavo García Pereyra, en su calidad de Magistrado Representante de las Entidades Públicas y Soledad López Álvarez, en su calidad de Magistrada Representante de los Trabajadores, para que en el término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente auto, remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber señalado fecha y hora para la audiencia de conciliación, así como la notificación a las partes respecto del mismo. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se desprende que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto del escrito signado por Francisco Javier Méndez Perea, autorizado de la parte actora, hasta en tanto se llevara a cabo el análisis de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, lo cual ya aconteció, tal y como se aprecia de los párrafos que anteceden. En consecuencia, se levanta la reserva decretada en el referido acuerdo y al efecto se acuerda: Téngase a Francisco Javier Méndez Perea, autorizado de la parte actora, solicitando se apertura el incidente de repetición del acto reclamado, por tanto dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, en razón que de los párrafos que anteceden, se desprende que la ejecutoria de amparo aún no se encuentra debidamente cumplida y se requiero nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Francisco Javier Méndez Pérez, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se lleve a cabo el análisis de cumplimiento dado por la autoridad responsable.
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