Neftalí Zamora López
Expediente 2031/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2031/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2017
Partes del expediente
- Neftalí Zamora López
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, remítase a dicho órgano jurisdiccional copia certificada del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio, y del diverso de seis de octubre de dos mil dieciséis en que se ordenó el archivo del mismo. Notifíquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta y Secretaria Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo, mediante el cual informan los actos que realizaron para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes quejosa y tercero interesado, con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 14741 (fojas 126 y 127), la autoridad responsable Presidente y secretaria Auxiliar de Amparos, ambas de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito, de quien reclamó lo siguiente: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO: La excesiva demora de la H. Junta especial 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y de su actuario adscrito, en emplazar a Juicio a las Demandadas y llevar a cabo la Audiencia de Ley." (Sic) [.]" Ahora bien, mediante resolución de veintidós de julio de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el diez de agosto siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] Efectos de la concesión del amparo. Establecida la inconstitucionalidad en el actuar de las responsables, procede fijar los efectos del amparo por violación al derecho de impartición de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. En ese sentido, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter negativo, produce el doble efecto de obligar a la junta responsable: 1. A que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate; y, 2. A cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Lo anterior, porque el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que se dicte, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, logre restituirlo en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en restitución de la garantía individual violada, se concede al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable tome las medidas necesarias a fin de que no se difiera de nueva cuenta la audiencia programada para el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, lo cual implica que se desahogue la audiencia en la data indicada, evitando que el juicio de origen se postergue en perjuicio del impetrante del amparo. Sin que sea el caso ordenar a la junta responsable fije nueva data para la celebración de la referida audiencia, porque dada a la fecha en que se resuelve el presente asunto, la fecha en que se programó su desahogo -veintidós de agosto de dos mil dieciséis- lejos de ocasionarle un beneficio con el fallo protector al justiciable, se le perjudicaría, habida cuenta que, se repite, el plazo que transcurriría entre la fecha del dictado de esta sentencia y del proveído que la declare ejecutoriada no permite que las partes sean notificadas con la oportunidad legal, lo que generaría un nuevo diferimiento. Por lo anterior, respecto al tópico en particular, se reitera, lo que procede es conminar solamente a la autoridad laboral, como ya se adelantó, para el efecto de que tome las medidas necesarias a fin de que no se difiera de nueva cuenta la audiencia programada para el veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Cabe destacar que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a), aprobada por la Segunda Sala en sesión de veinte de noviembre de dos mil trece, visible en la página setecientos treinta y dos, del tomo 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 14741 (foja 124), la autoridad responsable Presidente y secretaria Auxiliar de Amparos, ambas de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, informaron que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del proveído de veintinueve de agosto del presente año (fojas 126 y 127) emitido dentro del juicio laboral J/O/528/20015, de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la Presidente y secretaria Auxiliar de Amparos, ambas de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante proveído de veintinueve de agosto del presente año, emitido dentro del juicio laboral J/O/528/20015 de su índice, tuvo por celebrada la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, fijó las trece horas del ocho de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral antes indicado. De ahí que al haber cumplido la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, el acuerdo materia del acto reclamado, y al haber celebrado la la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTUNO DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: "Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, con el cual remite el juicio de amparo 1792/2016, promovido por Neftalí Zamora López, de su índice; enviando el original de dicho juicio, original y duplicado del incidente de suspensión y copia certificada de la causa penal 45/2014, en un tomo, por carecer de competencia. Acúsese recibo. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 2031/2016-6-A. COMPETENCIA Con apoyo en el artículo 46, párrafos primero y sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, con entrada en vigor el mismo día de su publicación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por Neftalí Zamora López, contra actos de las autoridades señaladas como: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas Jefe de Grupo de la Policía Especializada del Estado, destacamentado en Ocosingo, Chiapasuez de Garantías y Juicios Orales Comitán de Domínguez, Chiapas Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" El supuesto normativo transcrito, en lo de interés, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. En el caso, del contenido íntegro de la demanda de amparo, informe justificado y las constancias que lo apoyaron, se determina que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la orden de búsqueda y aprehensión de tres de marzo de dos mil catorce, dictada en la causa penal 45/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, en contra del hoy quejoso Neftalí Zamora López, como probable responsable del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado en el artículo 296, fracción lll, en relación con los numerales 14, primero y segundo, párrafo fracción l, 15 párrafo primero y segundo y 19 párrafo primero y segundo, fracción ll, del Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas, que se dijo cometido en agravio de la empresa denominada YUCRIBE S.A. DE C.V. representada por Hugo Hidalgo Mayorga. Del análisis de las constancias que integran la causa penal 45/2014, del índice del citado Juzgado responsable, se advierte que el aquí quejoso previamente al presente juicio constitucional, promovió un juicio de amparo con el número 1936/2015 ahora 266/2016, del índice de este Juzgado, por el mismo acto y autoridades responsables, el que se invoca como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia cuyo rubro dice: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. Lo anterior es así, pues al examinar las constancias del citado juicio de amparo se advierte lo siguiente: En el expediente 1936/2015 ahora 266/2016, del índice de este Juzgado, el hoy quejoso Neftalí Zamora López, promovió juicio de amparo, entre otras, en contra de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas y Jefe de Grupo de la Policía Especializada del Estado, destacamentado en Ocosingo, Chiapas y como actos reclamados la orden de reaprehensión y su ejecución. Asimismo, del aludido juicio de amparo, se advierte la sentencia constitucional dictada el nueve de febrero de dos mil dieciséis, donde se resolvió sobreseer y negar la protección constitucional solicitada; misma que fue confirmada por resolución de treinta de junio de dos mil dieciséis, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en el amparo en revisión 122/2016. Lo antes expuesto revela que, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en la orden de aprehensión de tres de marzo de dos mil catorce, dictada en la causa penal 45/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, en contra del hoy quejoso Neftalí Zamora López, como probable responsable del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado en el artículo 296, fracción lll, en relación con los numerales 14, primero y segundo, párrafo fracción l, 15 párrafo primero y segundo y 19 párrafo primero y segundo, fracción ll, del Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas, que se dijo cometido en agravio de la empresa denominada YUCRIBE S.A. DE C.V. representada por Hugo Hidalgo Mayorga, fue materia de análisis en el juicio de amparo 1936/2015 ahora 266/2016, del índice de este Juzgado, promovida por el mismo quejoso (Neftalí Zamora López), contra la misma autoridad responsable ordenadora (Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas), y por el mismo acto reclamado (la orden de reaprehensión de tres de marzo de dos mil catorce, dictada en la causa penal 45/2014). En tal orden jurídico, no procede volver analizar el aludido acto reclamado en el presente juicio de amparo, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el juicio 1936/2015 ahora 266/2016, donde se sobreseyó y negó la protección constitucional solicitada. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 40/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. En consecuencia, de conformidad con el ordinal 113, en relación con el diversos 61, fracción XI, del precitado cuerpo de leyes, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y, autorizando en términos del numeral 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo a Fredy Emmanuel Gumersindo Trujillo Pinto, Samuel Méndez López, Claudio Eleazar López Ramírez, Gabriel Hugo Hernández Lea, Rosalba Torres Vásquez, Elio Enrique Espinoza Pinto y Suemy Andrey Ramírez Marines, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Neftalí Nucamendi Zamudio1438/2017
- Neftalí Sánchez Méndez1421/2016
- Neftalí Tino Chacón618/2022
- Neftalí Vazquez Chanona177/2021
- Neftalí Zamora López1574/2018
- Neftalí Zamora López266/2016
- Neftalí Zamora López186/2017
- Nehemias Pérez Morales1913/2016
- Nehemias Pérez Morales1981/2016
- Nélida Aguirre Miranda1513/2019
- Nelli Morales Pérez295/2017
- Nelly Bernal Grajales450/2016