Neftali Yescas Pascual

Expediente 879/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
879/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Neftali Yescas Pascual

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 879/2023, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el uno de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 2 a 5), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido por éste órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se precisará. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa estableció los antecedentes del acto reclamado; y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). TERCERO. Radicación y Trámite. Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 8 a 12), éste órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo con el número 879/2023; la admitió a trámite; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción -emplazada el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, (foja 52)-; y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, tuvo como terceros interesados al menor de iniciales ********************, por conducto de sus representantes legales y al Agente del Ministerio Público que actúa dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, quienes fueron emplazados (fojas 33 a 35; 54 vuelta y 55). CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo previos diferimientos, en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Expediente electrónico. En certificación previa, el Secretario Judicial encargado del trámite de este expediente hizo constar que verificó que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado y que coincide con el expediente impreso, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 1******************** y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado se atribuyó a autoridades responsables que residen dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca: La orden de aprehensión dictada en su contra el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal ******************** de su índice; y su ejecución. Del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca: La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, debe en principio analizarse si los actos reclamados en realidad existen, de lo contrario, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del mismo. Con base en lo anterior, se tiene que la autoridad responsable Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su correspondiente informe justificado (foja 19), negó la existencia del acto reclamado; sin que el quejoso hubiere ofrecido prueba alguna en contrario, para desvirtuar tal negativa. Por tanto, al no acreditarse la existencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer el presente juicio, por cuanto a la citada responsable. CUARTO. Sentido de los informes justificado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se le reclama (foja 31). Lo cual, se corrobora de las constancias que obran en el disco en formato DVD que acompañó a su informe justificado (foja 32); documental que goza de valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de la materia por disposición de su propio numeral 2º. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7********************, del libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por su parte, la autoridad responsable servidor público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (foja 26), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Sin embargo, dado que la autoridad ordenadora, aceptó la existencia del acto reclamado -orden de aprehensión-, se desvirtúa su negativa y se presume cierto el acto atribuido. QUINTO Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna; por tanto, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. SEXTO. Transcripción innecesaria. La parte quejosa expresó en su ocurso constitucional, los conceptos de ******************** que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" SÉPTIMO. Estudio del asunto. En principio, resulta necesario establecer que los conceptos de ******************** serán analizados de conformidad con la fracción III inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues en el particular el quejoso tiene la calidad de inculpado dentro de un procedimiento penal; por tanto, opera la suplencia de la queja deficiente a su favor. El quejoso alega, esencialmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la orden de aprehensión librada en su contra no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues refiere no haber cometido ningún delito, además que no se cumplieron las formalidades del procedimiento ante la autoridad competente. Es infundado el concepto de ********************. Es así, pues los requisitos para dictar una orden de aprehensión se encuentran establecidos en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el artículo 7.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", establece: Artículo 7. Derecho a la libertad personal [.] 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Por su parte, de manera específica, los artículos 141 y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los casos y los requisitos a que deben ceñirse los juzgadores para el libramiento de una orden de aprehensión; tales preceptos estatuyen: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código. De los preceptos constitucional y convencional de referencia, se desprenden los principios rectores para el libramiento de una orden de aprehensión o restricción de la libertad. El citado marco normativo describe las formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la manera de lograr que éste se encuentre presente en todas las etapas del proceso, a través de: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). III. Orden de aprehensión (cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela). La fracción I se actualiza cuando el Ministerio Público, ante la denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, recaba los datos que le indican la probable comisión o participación en la comisión de un hecho delictivo por parte de determinada persona y considera que es oportuno formalizar la imputación; sin embargo, en atención a que el imputado no se encuentra detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo, del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III, del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el indiciado sea conducido a la presencia del juez de control, cuando se advierta que existe la necesidad de cautela, para lo cual de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General se deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los requisitos siguientes: a) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial; b) Preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; c) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; y, d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, en el siguiente párrafo, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Es conveniente distinguir entre la orden de aprehensión contemplada en la fracción III del artículo 141 del código adjetivo penal invocado y la prevista en el párrafo cuarto de dicho numeral. La primera debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la Constitución Federal debe: 1) estar precedida de denuncia o querella de un hecho que 2) la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, 3) obrar datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y, 4) existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sus efectos son únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no implica necesariamente que el indiciado guardará prisión preventiva. La segunda, solo es una forma de garantizar la continuación del proceso, por lo que solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 16 Constitucional. En ese orden de ideas, por cuanto hace a la orden de aprehensión como un medio de conducción, la necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, deriva del hecho de que la forma en que se presenta al indiciado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privarlo de la libertad; además, en dicha orden se debe justificar la necesidad de la cautela. En relación con este último aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 300/2019, estableció las directrices que deben seguirse para la emisión de una orden de aprehensión, sin que medie citatorio, pues al efecto estableció: La orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal; esto es, llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. Las formas de conducción al proceso penal se encuentran contenidas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Indicó que para considerarse satisfecho el requisito de necesidad de cautela, el Ministerio Público deberá convencer al Juez de Control -al constituir una carga para éste-, que ni el citatorio ni la orden de comparecencia -las cuales son las otras formas de conducción del imputado al proceso aunque menos restrictivas- son suficientes para conducir al imputado ante el juzgador y que por tanto, la orden de aprehensión es el medio idóneo para lograr dicho cometido. El Ministerio Público al solicitar el libramiento de una orden de aprehensión, por considerar que existe necesidad de cautela, debe exponer ante la autoridad judicial las razones y motivos que sustenten su pretensión, esto es, que esa forma especial de conducción al proceso es necesaria e idónea; para lo cual, deberá explicar por qué es absolutamente indispensable y no otra, para lograr el fin perseguido. Refirió que lo anterior implica que la Representación Social exponga la suficiencia de datos que conduzcan a presuponer que: a) existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia; b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad; o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma, para que el Juez de Control evalúe si, en el caso concreto, se justifica esa necesidad de cautela. Realizó especial énfasis en que el Juez de Control debe evitar confundir, para tener por satisfecho el requisito de necesidad de cautela, las formas de conducción al proceso penal -citatorio, orden de comparecencia y orden de aprehensión- con las medidas cautelares, ya que esta últimas tienen por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento; pues, son medidas instrumentales de contenido material que cumplen con una función procesal, aunque su aplicación limita la esfera jurídica del indiciado. Consideraciones que dieron origen a la Jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA". En el caso, tales exigencias fueron satisfechas, porque la resolución reclamada fue emitida por la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca. En principio, se precisa que la responsable es competente para emitir el acto reclamado, de conformidad con los artículos 20, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el acuerdo general 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toda vez que los hechos ocurrieron en el Distrito de Villa Alta, en específico en los municipio de ******************** y ********************, lugares que se encuentran dentro de la demarcación territorial donde esa Juzgadora ejerce su competencia; además que la misma se encuentra justificada por razón de la materia y grado. De igual manera, en cuanto a que debe preceder denuncia o querella, la jueza responsable acertadamente estableció que se contaba con la denuncia que en su oportunidad formularon ********************, ********************y el adolescente de identidad reservada identificado con las iniciales ********************, quienes dieron noticia de un hecho señalado por la ley como delito. Respecto a que se deba referir a un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se tiene que de la resolución aquí controvertida la Jueza de Control responsable, en lo que interesa, determinó que los hechos manifestados por la representación social corresponden al delito de ********************, previsto y sancionado en el artículo 246; y el diverso de ********************, previsto y sancionado en el artículo 241, fracción II, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; cometido en agravio del adolescente víctima de iniciales ********************; los cuales se encuentran sancionados con pena privativa de libertad. En relación al elemento consistente en que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, también se encuentra actualizado. En efecto, la Jueza de Control responsable libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso, al existir la probabilidad de que el aquí quejoso cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, previsto y sancionado en el artículo 246, así como en el diverso de ********************, previsto y sancionado en el diverso 241, fracción II, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; cometido específicamente en agravio del adolescente víctima de iniciales ********************; para ello, tomó en consideración los siguientes datos de prueba invocados por el Ministerio Público: Denuncia de la señora ******************** de catorce de agosto de dos mil veintitrés (minuto 09:05 a 18:45 del archivo digital denominado 0018-2023-A1P1). Acta de nacimiento del adolescente de iniciales ********************, emitida por el licenciado ********************, Oficial Primero del Registro Civil de Villa Talea de Castro, Villa Alta, consistente en el acta número ********************, con fecha de nacimiento ********************, en ********************, Villa Alta, Oaxaca, como padres ********************y ******************** (minuto 18:46 a 19:26 ibídem). 3) Comparecencia de ********************, en la cual refirió presentar denuncia en contra del aquí quejoso (minuto 19:30 a 26:33 ibídem). 4) Declaración del adolescente de iniciales ********************, de catorce de agosto del dos mil veintitrés, asistido de la psicóloga ********************, así como de su progenitor ********************(26:36 a 41:59 ídem). 5) Certificado médico de lesiones y proctológico y de zonas erógenas, de quince de agosto del dos mil veintitrés, emitido por el Doctor ******************** con cédula profesional, perito médico legista (minuto 42:02 a 47:58 ídem). 6) Dictamen psicológico, de dieciséis de agosto del dos mil veintitrés, emitido por el licenciado ********************, perito psicólogo con cédula profesional, en el cual refirió haber valorado al niño adolescente de iniciales ******************** (minuto 48:00 a 57:28 ídem). 7) Inspección ocular del lugar de los hechos, realizada el quince de agosto del presente año dos mil veintitrés, por el Agente Estatal ********************(minuto 57:32 a 01:05:54 ídem; 00:01 a 01:25, del archivo digital denominado 0018-2023-A1P2). Los anteriores datos de prueba fueron valorados por la jueza de origen en términos de los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del método de libre apreciación probatoria. Así, tomó en consideración la denuncia formulada por ********************, al señalar que se trataba de la madre de la víctima, hecho corroborado con la documental pública consistente en el acta de nacimiento del adolescente de iniciales ******************** expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; aunado a que estimó que dada la relación de parentesco por consanguinidad que tiene con la víctima, podría dar información relativa al contexto personal del adolescente en cuanto a su convivencia diaria, así como a la reacción emocional observada en el menor, además que era una persona interesada en que la víctima se encuentre bien, y que si bien no se trataba de un testigo presencial, sino de referencia, su dicho sí resultaba verosímil, y que no se advertía algún dato objetivo que le permitiera determinar que su declaración tenga como fin perjudicar al indiciado, sino que estos hechos se investiguen y se castigue al responsable. De tal dato de prueba obtuvo que la testigo tuvo noticia de las agresiones sexuales que sufrió su hijo por la información que le allegó la mamá de una amiga del menor; por lo que al conversar con éste, le relató todos los acontecimientos que había vivido, consistentes en una agresión sexual; asimismo, dio cuenta del estado emocional que presentaba, y corroboró su presencia el día ocho de octubre de dos mil veintidós en el lugar de los hechos (minuto 06:36 a 15:11 del archivo denominado 0018-2023-A1P3). En cuanto a la comparecencia de ********************, señaló que el dato de prueba era pertinente dado el vínculo familiar que tiene con la víctima, pues reconoce a su integrantes y expresó la forma en la cual se enteró de las agresiones que sufrió su menor hijo (minutos 15:11 a 21:20 ibídem). Respecto a la declaración de la víctima, el adolescente de iniciales ********************, en compañía de su progenitor, así como de la licenciada en psicología ********************, externó que hizo una narración pormenorizada de los acontecimientos, estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, señaló las razones por las que podía identificar al indiciado; por lo que consideró que la versión dada era creíble, además que fue la persona que resintió los hechos. De tal dato de prueba conoció que a primera hora del ocho de octubre del dos mil veintidós, aproximadamente entre las doce o una de la mañana, en las canchas de la comunidad de ********************, Oaxaca, después de acompañar a una amiga a la parada, precisamente cuando regresaba para encontrarse con su madre, se percató que detrás de él estaba ********************-ya que es conocido del pueblo-, quien lo agarró del brazo derecho y jaló con fuerza hacia el camino delgado por donde estaba más oscuro; le tapó la boca, que se lo llevó a una casa abandonada en donde lo agredió; primero, sujetó sus manos detrás de la espalda con un hilo, luego lo empezó a tocar, es decir, le tocó con sus manos el pecho; en seguida las piernas, para después bajarse el pantalón y el bóxer, arrodillándolo frente a él y posteriormente introducirle su miembro viril en la boca, pero como la víctima trataba de evitar esta conducta cerrándola y moviéndose, el indiciado lo agarró del pelo y con sus manos le abrió la boca y de esta manera pudo introducirle el pene, mientras le profería insultos. Después, el indiciado lo levantó y lo volteó, le bajó el pantalón y el bóxer hasta las rodillas, luego, se colocó detrás de él y lo penetró con su miembro en la colita, es decir, donde hace del dos, lo que le ocasionó mucho dolor, también refirió que lo siguió insultando, y una vez que estuvo por unos minutos en esa posición sintió algo caliente, posteriormente el agresor se subió los pantalones y se retiró del lugar (minutos 21:21 a 32:43 ibídem). En ese sentido, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que el derecho de los menores víctimas del delito, a expresarse y participar en el procedimiento penal implica que los juzgadores deben prestar especial atención en: a] lograr un equilibrio entre el derecho a ser protegido y el derecho a expresar opiniones y participar en el proceso, y, b] conseguir que su participación sea acorde a la evolución de sus facultades, es decir, conforme a su edad, madurez personal y discernimiento, lo que conlleva a establecer que el nivel de participación de los menores no dependa de una edad que pueda determinarse como regla fija, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad. Asimismo, al resolver el amparo en revisión 1072/2014, expresó que en cada caso concreto, el juzgador debe procurar el mayor acceso del menor al examen de su propio caso pero, al mismo tiempo, evitar que su participación incremente los efectos negativos del evento delictivo en su persona o, incluso, se convierta en una forma de revictimización. En este ejercicio de ponderación, el punto de equilibrio al que arriben los juzgadores deberá determinarse en función del interés superior del menor. Y destacó que el derecho a participar del menor no se limita a ofrecer una declaración formal de hechos sino que, implica brindar la oportunidad al menor de que sus sentimientos y opiniones respecto al proceso de justicia sean escuchados y tomados en cuenta por el juzgador, en función de su madurez, edad y capacidad de discernimiento; sino que también, le juzgador durante el desarrollo de la secuela procedimental deberá hacer todo lo posible por conocer sus preocupaciones y opiniones, en particular en relación a los siguientes temas: a) sus sentimientos alrededor del hecho delictivo; b) su seguridad respecto del acusado y las medidas tomadas en relación a éste y que puedan afectar la seguridad del menor; c) la manera en que prefiere prestar testimonio, y d) sus sentimientos acerca de las conclusiones del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 266, Libro 25, Diciembre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2010614, Décima Época, de rubro y texto: MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PENAL DEBE SER PROGRESIVA Y ATENDIENDO A SU NIVEL DE AUTONOMÍA. El derecho de los menores a expresar sus opiniones y a participar en el procedimiento debe procurarse en los asuntos de naturaleza penal. Para ello, los juzgadores deben prestar especial atención en: a) lograr un equilibrio entre el derecho a ser protegido y el derecho a expresar opiniones y participar en el proceso; y, b) conseguir que su participación sea acorde con la evolución de sus facultades, es decir, conforme a su edad, madurez personal y discernimiento. Al igual que ocurre con otros derechos, los menores de edad ejercen su derecho a la participación de forma progresiva en la medida que van desarrollando un mayor nivel de autonomía. Tal característica, conlleva a que el nivel de participación de los menores no dependa de una edad que pueda determinarse como regla fija, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad. El juzgador debe procurar el mayor acceso del menor al examen de su propio caso pero, al mismo tiempo, evitar que su participación incremente los efectos negativos del evento delictivo en su persona o, incluso, se convierta en una forma de revictimización. De manera que cada caso requiere una evaluación minuciosa de la situación del niño y del contexto en que sufrió la criminalización para lograr decidir qué intervención redundará en su mejor interés. De acuerdo con las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho del menor víctima a participar dentro del proceso penal no se limita a ofrecer una declaración formal de hechos, sino que implica brindarle la oportunidad de que sus sentimientos y opiniones respecto al proceso de justicia sean escuchados y tomados en cuenta por el juzgador, en función de su madurez, edad y capacidad de discernimiento. Independientemente del nivel y forma de participación del menor, el juzgador deberá hacer todo lo posible por conocer sus preocupaciones y opiniones, en particular en relación con los siguientes temas: a) sus sentimientos alrededor del hecho delictivo; b) su seguridad respecto del acusado y las medidas tomadas en relación con éste y que puedan afectar la seguridad del menor; c) la manera en que prefiere prestar testimonio; y, d) sus sentimientos acerca de las conclusiones del proceso. Es por ello, que se estima correcto que la responsable otorgara valor probatorio preponderante a dicho dato de prueba, pues velando por el interés superior del menor, no se debe buscar detalles exhaustivos, sino atender a la verosimilitud de lo declarado; aunado que éste fue recabado en compañía de su progenitor, así como de la licenciada en psicología ********************, por lo que se considera que esos medios de ayuda facilitaron su testimonio, así como garantizaron que haya sido interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 267, Libro 25, Diciembre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2010615, de rubro y texto: MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Además, los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, por lo que la declaración de la víctima debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, más aun tratándose de un menor de edad, por lo que, deben observarse los factores cognitivos, emocionales y morales que rodean la deposición, como también la forma de desarrollo de su entrevista, pero esencialmente a la credibilidad de lo posible del hecho. Lo que debe corroborarse con cualquier otro indicio y que no haya otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesaria para la validez del testimonio, coadyuvan a la valoración de su credibilidad. Por cuanto hace al certificado médico de lesiones, proctológico y de zonas erógenas, la responsable consideró certeramente que tenía valor indiciario al ser una opinión de un experto en la materia y guardaba relación con los hechos controvertidos; a través del cual podía determinar que el perito hizo una descripción de su intervención en relación al área extragenital, en el cual describió las lesiones que pudo certificar y observó que la víctima sí presentó lesiones que afectan tejidos blandos superficiales, recientes dentro de las setenta y dos horas aproximadas, que sanan en menos de quince días y no ponen en peligro su vida. También que, en el área paragenital, a nivel del glúteo presentó un forúnculo; por su parte, en el área genital realizó la exploración física y estableció una ********************, así como ********************por lo que el perito determinó que********************, es decir, ********************y que son lesiones no recientes, es decir de más de setenta y dos horas, que eran de naturaleza activa y tardan en sanar aproximadamente dos meses, no ponen en peligro la vida ni la función (minutos 32:44 a 39:05 ibídem). De igual forma, consideró el dictamen psicológico emitido por el licenciado ********************, en el cual se estableció su metodología, el planteamiento del problema, refirió los instrumentos utilizados y señaló que realizó una entrevista clínica semiestructurada y que se contó con la asistencia del padre del menor víctima, además, describió con precisión el desarrollo de su intervención. Con el citado dato de prueba obtuvo que era correspondiente con lo denunciado por el menor víctima, pues advirtió que no presentaba una conducta desadaptativa o antisocial, descartó una psicopatología mental y alteraciones psicomotoras de la percepción, pero se encontró afectado de manera emocional presentando un nivel de ansiedad leve según la escala de ansiedad de Hamilton, así como una afectación en el área de defensividad, ansiedad manifiesta, un nivel de depresión severa según la escala de Beck, y cumplía con los criterios diagnósticos para cursar un trastorno de adaptación con estado de ánimo ******************** persistente crónico, lo que se relacionaba con los hechos vivenciados; asimismo, también pudo percibir la sintomatología emocional en el adolescente como son inseguridad, miedo, tristeza y sentimientos de soledad; y que se emitió como recomendación psicoterapias de tipo humanista, señalando la temporalidad y la periodicidad con que se deben tomar esas terapias, incluso mencionó el posible costo de ellas (minutos 39:06 a 42:14 ídem). En tanto que, respecto a la inspección ocular de los hechos, ajustado a derecho señaló que se trataba de un elemento probatorio pertinente, el cual fue percibido por el servidor público que la llevó a cabo a través del sentido de la vista, ya que con éste se logró establecer la existencia del domicilio familiar de la víctima; así como las características y ubicación del inmueble localizado en la calle ********************de la misma población de ********************, cuyas particulares aparentan ser una vivienda abandonada, lugares en los que se refiere ocurrieron las agresiones sexuales sufridas por el adolescente víctima (minutos 42:15 a 44:20 ídem). Así, los anteriores datos de prueba, valorados por la autoridad judicial responsable, le resultaron suficientes para considerar acreditados los siguientes hechos: "1.- Que el adolescente de iniciales ******************** cuenta con ********************años de edad por haber nacido el ********************. 2.- Que el día ocho de octubre del dos mil veintidós, siendo aproximadamente entre la 00:00 horas o 01:00 horas, la víctima venía caminando sobre la ********************que se encuentra en la población de ********************, Villa Alta, Oaxaca, cuando de pronto le salió en el camino el señor ********************tapándole al adolescente el paso diciéndole "¿que a dónde iba?" respondiéndole la víctima "que a la cancha" y fue ahí cuando el señor ********************lo agarró del brazo derecho y lo jaló hacia un camino, tapándole la boca llevándolo a una casa abandonada, sacando un hilo de su bolsa de pantalón con los que amarran los casilleros del huevo, poniéndole las manos detrás de su espalda y luego se las amarró, después le empezó a tocar con sus manos el pecho apretándoselo fuertemente con su mano, tocándole las piernas, que posteriormente el señor ********************se bajó el pantalón junto con su bóxer hasta las rodillas, arrodillando a la víctima, posteriormente, con sus manos, el señor ********************le abrió la boca a la víctima metiéndole su miembro viril en la boca, enseguida levantó al adolescente bajándole su pantalón a la altura de sus tobillos junto con su bóxer y se pone detrás de la víctima penetrándolo con su pene en su colita, tratando de gritar el adolescente, tapándole el indiciado la boca con su mano y con la otra mano le sostenía de la cadera y lo penetraba, mientras le decía "que era una perra, que era una resbalosa, que era una puta" y luego el señor ********************se subió los pantalones desatando a la víctima diciéndole "qué buena perra eres" y enseguida subió su pantalón y se fue del lugar. 3.- Que el día treinta de julio del dos mil veintitrés, siendo aproximadamente las 18:50 horas, cuando el adolescente víctima iba caminando sobre la calle ********************cerca de la casa de la ciudadana ********************de la población de ********************, Villa Alta, encontrándose al señor ********************Yescas Pascual, quién le dijo "¿quieres por las buenas o por las malas?" agarrando a la víctima, llevándola a una casa abandonada, metiéndolo a un cuarto diciéndole "si no quieres, voy a ir por tu hermana" accediendo la víctima comenzando a tocarle todo su cuerpo tratando después de sacar su pene pero no pudo, empujándolo el adolescente víctima y el señor ********************también lo empujó retachando el adolescente en la pared, empezando a sentirse mal la víctima y es por ese motivo que el señor ********************se retira del lugar. 4.- Que el día ********************de agosto del dos mil veintitrés, siendo las 19:50 horas cuando la víctima adolescente acudió a su domicilio conocido ubicado en la población de ********************, Villa Alta, Oaxaca, en compañía de su primo ********************para buscar una pelota y jugar, entrando la víctima adolescente a su casa, su primo se queda afuera, entrando a su casa posteriormente el señor ********************quién estaba borracho y traía música con su celular diciéndole el señor ********************"quieres por las buenas o por las malas" metiéndolo al fondo del cuarto, diciéndole "que lo iba a hacer suyo" empezando a manosear su cuerpo, alzándole su playera y haciéndole chupetones en el pecho, empujándolo la víctima para posteriormente irse el señor ********************del lugar. 5.- Que por estos hechos, la víctima presentó ********************. 6.- En cuanto al estado emocional, el adolescente víctima presentó un trastorno de adaptación con estado de ánimo ********************." Asimismo, se advierte que la autoridad judicial responsable realizó correctamente la clasificación jurídica al determinar la existencia del delito de ********************, previsto en el artículos 246 Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; así como el diverso de ********************, contemplado en el precepto legal 241, fracción II, de la referida codificación punitiva estatal, que establecen: Artículo 246.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de catorce a veinte años y multa de seiscientos a un mil doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Artículo 241.- Comete el delito de ********************, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización. La pena prevista en esté delito, se aumentará en una mitad en su mínimo y en su máximo cuando: [.] II.- Se hiciere uso de violencia física o moral; y Si bien para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que la jueza encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable; sin embargo, de los preceptos legales transcritos se advierte que como lo sustentó la autoridad judicial responsable, por cuanto hace al delito de ******************** estableció que los elementos del delito son: La imposición de la cópula a otra persona. Mediante la violencia física y /o moral y sin el consentimiento de la víctima. Así, en cuanto al delito en estudio, estableció acertadamente que el día ocho de octubre del año dos mil veintidós, aproximadamente entre las cero horas y las una horas, cuando la víctima transitaba en la población de ********************, Villa Alta, Oaxaca, el indiciado le cerró el paso y lo jaló por la fuerza llevándolo a una casa abandonada, donde le realizó tocamientos en el pecho; luego, le amarró las manos detrás de la espalda, para después arrodillarlo y le introdujo el pene en la boca. Posteriormente, le bajó el pantalón y el bóxer a la altura de sus rodillas, se colocó detrás de él y penetró su pene en el ano, actos con los que determinó le impuso la cópula vía oral y anal (minuto 00:14 a 02:58, del archivo digital denominado 0018-2023-A1P4). Ello es así, pues por cuanto hace al primer elemento relativo a la imposición de la cópula, lo estableció a partir del dictamen médico proctológico, ya que se determinó que efectivamente la víctima adolescente presentaba signos de penetración anal antigua (minuto 02:59 a ********************:21 ibídem). En cuanto al segundo de los elementos que señaló, de forma certera que el indiciado ejerció fuerza física en contra del adolescente víctima, así como se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el adolescente, debido a su edad y a las circunstancias de los acontecimientos, pues consideró que se encontraba en una franca desventaja respecto de su agresor al ser éste un adulto, aunado a que se encontraba en un camino solitario, a altas horas de la noche, en el cual refirió iba caminando solo, regresando de haber acompañado a su amiga a la entrada de la población, con lo cual evidenció la fuerza física ejercida por el agresor y la falta de consentimiento por parte de la propia víctima. Además, para soportar lo anterior, tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la representación social, que corroboraban de manera periférica la denuncia formulada por la víctima directa, las declaraciones o entrevistas que realizaron sus progenitores, así como el dictamen psicológico, con el cual advirtió que el adolescente víctima tenía una afectación psicológica, depresión e incluso un trastorno emocional con relación a estos hechos de violencia sexual en su agravio (minuto ********************:22 a 05:45 ídem). En ese orden de ideas, se estima correcta la decisión asumida por la autoridad responsable en cuanto a que con los datos de prueba aportados por la representación social determinó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, al señalar que el ocho de octubre del año dos mil veintidós, aproximadamente entre las cero horas y las una horas (tiempo), cuando la víctima transitaba en la población de ********************, Villa Alta, Oaxaca (lugar), el indiciado lo llevó a la fuerza a una casa abandonada, donde en un primer momento le realizó tocamientos e introduciéndole su miembro viril en la boca, para después bajarle el pantalón y el bóxer a la altura de sus rodillas, colocándose detrás y penetrándole su pene en el ano (modo), actos con los que determinó le impuso la cópula vía oral y anal. Y determinó la existencia de la violencia física, con la declaración de la víctima y atendiendo a las características específicas de ésta (menor de edad), al considerar que se ejerció fuerza física en su contra, así como por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, debido a su edad y a las circunstancias de los acontecimientos, en encontrarse en una franca desventaja respecto de su agresor al ser éste un adulto, aunado a que se encontraba en un camino solitario, a altas horas de la noche. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 118/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 394, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2015705, Décima Época, de rubro y texto: VIOLACIÓN. LA CALIDAD DE SUJETO ACTIVO DEL DELITO LA ADQUIERE LA PERSONA QUE REALIZA CÓPULA CON UN MENOR DE EDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MECÁNICA EN QUE OCURRA (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y DISTRITO FEDERAL). Los artículos 171, primer párrafo, 172, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, 174, primer párrafo, y 181 Bis, primer párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal, coinciden en sancionar como ******************** la conducta a través de la cual se impone la cópula a persona de cualquier sexo, utilizando la violencia física o moral como medio comisivo -tipo básico-; o bien, se ejecuta aprovechando alguna circunstancia particular del sujeto pasivo, como su edad: menor de doce años en el Distrito Federal o menor de catorce años en Chihuahua -tipo especial-. Ahora bien, a partir de los componentes descritos en las normas penales, a juicio de esta Primera Sala, la calidad de sujeto activo en el delito la adquiere la persona que impone la cópula a otra, ya sea doblegando su voluntad al ejercer sobre ella violencia física o moral, o simplemente cuando ejecuta la cópula aprovechándose de la particular minoría de edad del sujeto pasivo, con independencia de la mecánica en que ocurra, esto es, que el activo introduzca su pene en el cuerpo de la víctima o se haga penetrar el pene del pasivo, por alguna de las cavidades que describen las normas. Es así, porque los tipos penales invocados no restringen a determinado sexo o género la calidad de sujeto activo del delito, ya que los pronombres que utilizan "al que" o "a quien" se entienden neutros, pues sólo identifican a la persona hipotética que materializa la conducta típica. Asimismo, la definición del elemento normativo "cópula" tampoco constituye una limitante en el sentido apuntado, porque la acción que describe: "introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal", sólo adquiere relieve antijurídico y significación típica cuando se realiza utilizando determinados medios de comisión o se ejecuta aprovechándose de una situación particular del sujeto pasivo. De ahí que, al margen de la mecánica en que acontezca la cópula, la conducta típica desplegada vulnera la libertad sexual de la víctima, dado que en ambos casos se le priva a la víctima del derecho de decidir libremente, con quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual; así como la seguridad sexual, en el supuesto de ******************** especial, al ejecutarse la cópula con una persona que por su particular minoría de edad, no tiene la capacidad para decidir sobre el acto de copular. En cuanto al segundo de los ilícitos mencionados, relativo al ********************, estableció que los elementos del delito son: 1. Una acción consistente en ejecutar un acto sexual distinto a la cópula. 2. Que este acto sexual se verifique sin consentimiento de la víctima. Bajo lo anterior, de forma correcta determinó que el primer elemento señalado se encontraba satisfecho dado que los días treinta de julio aproximadamente a las dieciocho horas con cincuenta minutos y el ********************de agosto a las diecinueve horas con cincuenta minutos, ambos de dos mil veintitrés, el adolescente víctima fue objeto de diversos tocamientos en su cuerpo por parte del indiciado -aquí quejoso-, pues éste se aprovechó de su vulnerabilidad; en la primera fecha señalada, lo condujo a una casa abandonada, en donde llevó a cabo esa conducta e, incluso, el adolescente refirió que su agresor intentó sacar su miembro viril pero no pudo, además, dado que la víctima se comenzó a sentir mal, el agresor se asustó y por ello se retiró del lugar. En cuanto a la segunda fecha indicada, también fue objeto de estos tocamientos indebidos, incluso destacó que fue en la propia casa de la víctima en la que se desplegó esa conducta, pues el adolescente expresó que lo manoseó, le alzó la playera y le realizó chupetones en el pecho (minuto 05:46 a 07:51 ídem). Tales acontecimientos los conoció a través del dato de prueba consistente en el certificado médico, del que advirtió las lesiones que presentó la víctima consistentes en equimosis con coloración rojo violáceo oscuro que corresponden a sugilaciones (chupetones), por lo que consideró que existía congruencia de esas huellas, especialmente respecto del reciente hecho ocurrido el ********************de agosto del año dos mil veintitrés, que es precisamente donde describe que el agresor le realizó chupetones en el pecho, en su propio domicilio (minuto 07:51 a 09:51 ídem). Así, con base en todo lo anterior, expresó acertadamente que sí se establecía una acción desplegada por el indiciado en el cuerpo de la víctima, la cual se trataba de actos sexuales que fueron distintos a la cópula, ya que del caudal probatorio incorporado por el Ministerio Público, se evidenciaba el comportamiento lascivo ejecutado por el inculpado, ya que esos tocamientos revelaban una connotación sexual, que tenía como finalidad satisfacer su libido, por lo que se advertía el hecho que la ley señala como delito de ******************** (minuto 09:51 a 10:41 ídem). En cuanto a la falta de consentimiento por parte del adolescente víctima, ajustado a derecho señaló que ello se podía establecer a partir de la denuncia formulada por el adolescente, de la que advirtió que en ningún momento estuvo de acuerdo con estas actividades sexuales desplegadas por el indiciado, incluso, señaló que tal conducta fue a la fuerza, contra su consentimiento, lo que se encuentra robustecido con el resultado del dictamen psicológico, del cual se podía advertir que el adolescente presentaba un estado emocional alterado ya que presenta datos clínicos de un trastorno de adaptación con estado de ánimo ******************** persistente y crónico, con sintomatología en donde se percibió ansiedad y depresión con relación a los hechos vividos (minuto 10:42 a 12:21 ídem). Y por lo que hace a la violencia ejercida contra el menor, válidamente estableció que se encontraba actualizada en virtud de la fuerza física ejercida por el indiciado, y las amenazas que profirió con la finalidad de ejecutar los actos relativos a ese tocamiento lascivo (minuto 12:22 a 14:******************** ídem). Además, de forma correcta, expresó que la conducta realizada por el aquí quejoso lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal, que en el caso de la ******************** es la libertad sexual y en relación al ******************** es el adecuado desarrollo psicosexual del adolescente víctima; tal conducta fue a título de dolo, ya que el sujeto sabía lo que hacía y aceptó las consecuencias; incluso, se considera que respecto al segundo de los ilícito también se lesiona el derecho a la libertad sexual. Incluso, acertadamente expresó que hasta ese momento no advertía que el indiciado haya actuado amparado bajo alguna causa de justificación, ya que era persona adulta de acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, con capacidad física y psíquica, pues hasta esa estadía procesal no tenía dato de prueba objetivo que le indicara que al momento de los hechos padeciera algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado; y puntualizó que tales hechos tenían el carácter de consumados (minuto 14:04 a 15:15 ídem). En otro aspecto, atinadamente la Jueza responsable estimó de manera probable que el ahora quejoso, cometió el hecho que la ley señala como delito de ******************** y el de ********************; cometidos en agravio del adolescente de iniciales ******************** Es así, pues refirió que existía el señalamiento directo realizado por el adolescente de iniciales ********************, que de acuerdo a su edad, su instrucción educativa, tiene la capacidad para declarar, además, advirtió que sí fue capaz de detallar los hechos sucedidos e identificar a la persona agresora, no tuvo dudas en cuanto a la identidad de la persona que lo agredió sexualmente. Además, que tal declaración al tratarse de la noticia de un delito de naturaleza sexual, su dicho tiene valor preponderante, dado que esos acontecimientos generalmente se realizan ante la ausencia de personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.28 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1728, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2013259, Décima Época, de rubro y texto: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la ******************** sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de ******************** debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. Aunado a que su dicho no se encontraba aislado, sino que se corrobora con los datos de prueba consistentes en las declaraciones de sus progenitores, dictamen médico de lesiones e integridad física, dictamen proctológico, dictamen psicológico e inspección ocular, ya que de ellos se obtuvo la identidad del indiciado, y las huellas materiales de tales hechos. En cuanto a la forma de intervención, de forma acertada expresó que lo realizó a título de autor material, ya que por sí mismo llevó a cabo el hecho, esto es, las acciones consistentes en introducirle el pene en la boca y en el ano de la víctima adolescente y llevar a cabo esos tocamientos indebidos en su cuerpo, en las fechas, horas y lugares ya señalados, con lo que tuvo por actualizado lo establecido por el artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado (minuto 15:16 a 19:15 ídem). Datos que estimó adminiculados entre sí, de los que advirtió cómo sucedieron los hechos y con lo cual decidió que hasta esa fase procesal, ello era suficiente para tener por justificada la probable participación del señor ********************Yescas Pascual, en la comisión de los hechos que la ley penal señala como delitos de ******************** y de ********************. Necesidad de la cautela. En otro aspecto, también fue correcta la determinación de la Jueza de Control respecto de la necesidad de cautela, solicitada por la agente del Ministerio Público. Es así, pues tomando en cuenta los argumentos de la representación social, acertadamente desestimó los riesgos procesales relativos a la falta de arraigo del indiciado, dada la actividad que desempeña como campesino, al señalar que tendría la facilidad de salir del lugar donde debe ser juzgado; así como lo relativo a la pena privativa de libertad que pudiera llegarse a imponer, en cuanto a que serían un aliciente para no presentarse voluntariamente al proceso; y en cuanto a que respecto a los delitos por los cuales se solicitó la medida de conducción, consistente en la prisión preventiva oficiosa; todo ello, puesto que ya existe criterio determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, válidamente decidió que sí se establecía la necesidad de la cautela, en atención al peligro que representa el indiciado para la víctima, dada la edad que ésta tiene; además, que la conducta desplegada por el activo ha sido reiterada, como lo advirtió en las denuncias presentadas por el adolescente y sus padres, así como que tiene la facilidad para localizarlo y someterlo, al ser integrante de la misma población. Máxime, que el menor adolecente dada su edad, se encontraba en una situación de vulnerabilidad frente a personas agresoras y en caso de violencia sexual esto les provoca daños severos que condicionan de manera negativa su desarrollo integral. Además, que conforme al artículo 19 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y el Principio Constitucional del Interés Superior de la Niñez exige un deber especial de protección de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes por parte del Estado, que obliga de manera reforzada a las autoridades en el ámbito de sus competencias a garantizar el acceso efectivo a la justicia, así como una investigación, proceso y reparación efectiva. Incluso, certeramente estimó que de no concederse esa medida se estaría poniendo en riesgo al adolescente involucrado, pues el indiciado pudiera causarle un acto de molestia o intimidación que ponga en riesgo su integridad física o su vida (minuto 19:16 a 28:53 ídem). Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2553, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2021956, Décima Época, de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. Por lo que decidió, válidamente, librar la orden de aprehensión en los términos que le fueron solicitados, para el único efecto de que la ministerio público en la audiencia pública le haga del conocimiento la imputación inicial. En esa línea argumentativa, se estima que la resolución que a la luz del juicio constitucional se analiza, está apegada a derecho y, como consecuencia, ninguna ******************** irroga al accionante del amparo. Esto es así, dado que de la totalidad de la lectura del expediente, que comprende tanto constancias escritas como apreciación de material de audio y video, permite afirmar que la autoridad judicial actuó correctamente al valorar en su conjunto todos los datos de prueba que introdujo la representación social, lo que acertadamente hizo siguiendo los principios rectores de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, con aplicación estricta de las reglas de la sana critica asignó el valor correspondiente a cada dato de prueba, y en general actuó apreciando la prueba según su libre convicción, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. En la valoración de las pruebas que se mencionaron, este órgano constitucional no aprecia alguna irregularidad por parte de la autoridad responsable, que ameritase conceder el amparo. Por tanto, contrariamente a la apreciación del quejoso, se colmó la exigencia constitucional prevista en el artículo 16 de la Constitución, en el sentido que los datos de prueba que tuvo a la vista la autoridad del fuero común pusieron de relieve un hecho que la ley señala como delito de ******************** y de ********************, y los datos de prueba que valoró hacen probable que el indiciado participó en la comisión de tales hechos; pues así lo revelan, hasta el momento, los datos de prueba que fueron expuestos en la causa penal de origen. En ese sentido, los conceptos de ******************** que alega el quejoso, como ya se dijo, son infundados. En efecto, la resolución reclamada, reúne los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución General de la República; ya que, en el caso, consta en mandamiento escrito y, como se dijo anteriormente, fue dictada por autoridad judicial competente, la que al analizar las constancias del juicio penal de origen, expresó los fundamentos y los motivos que consideró suficientes para librar la orden de aprehensión en contra del peticionario, pues invocó los artículos los artículos 8, fracción I, 9, fracción I, 10, fracción I, 11, fracción II, 241, fracción II y 246, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. Además, los datos que obran en la causa penal de origen acreditan, hasta esa estadía procesal, la existencia del hecho que la ley señala como delitos de ******************** y de ******************** y que probablemente el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en los términos que ya quedaron precisados con antelación, lo que lleva al convencimiento que existe la motivación suficiente y la debida fundamentación del acto reclamado. De igual forma, la Jueza responsable señaló las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que rodearon a los hechos y que tuvo en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran la hipótesis normativas invocadas, por lo que no existe ******************** de garantías en este aspecto en perjuicio del quejoso. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación mil novecientos diecisiete a dos mil, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, con número de registro: 917738, cuyo rubro y texto son: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Además, la Jueza responsable al librar la orden de aprehensión reclamada, se basó para ello en las disposiciones relativas al Código Penal para el Estado de Oaxaca y Código Nacional de Procedimientos Penales, vigentes al momento en que ocurrieron los hechos que se atribuye al quejoso, leyes que fueron expedidas con anterioridad al hecho delictuoso. En consecuencia, al no advertirse ******************** manifiesta de derechos en perjuicio del quejoso que actualizara la suplencia de la queja y al resultar infundados los conceptos de ******************** que se hicieron valer, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto reclamado de la jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, librada en su contra, dentro de la causa penal número ******************** de su índice. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por no reclamarse sus actos por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************Yescas Pascual, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A ********************Yescas Pascual, respecto de las autoridades y por los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito del autorizado de la parte quejosa José David Torres Ramírez, mediante el cual solicita copia del informe justificado de la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y copia del contenido del DVD que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de la copia certificada de las constancias que indica el promovente. Asimismo por lo que respecta a la reproducción del contenido del DVD, realícese copia de la grabación del DVD solicitado por el autorizado de la parte quejosa, en la memoria que remita para ello, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO, EL SIGUIENTE AUTO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que para las doce horas con cuarenta y tres minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las DOCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que para las doce horas con cuarenta y tres minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las DOCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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