Neftali Perez Juarez

Expediente 75/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
75/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Neftali Perez Juarez
  • NEFTALI PEREZ JUAREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Pérez Juárez Neftalí, Nabor Cárdenas Cornelio, Reyes Paz Pucheta, Edgar Porras Monge, Rubén Rivera Ramírez, José Román Martínez Cruz, Valentín Baldemar Basurto García, Josué Oswaldo Mejía Garza, Raúl Cortes Galindo, Claudio Alberto López Moreno, Sihué Raúl Chaparro Espinoza, Rogaciano Alba Álvarez, Jesús Riojas Vázquez, Jorge Antonio García Ibarra, José Antonio López Pérez y José Manuel Campista Mora, contra actos del Director Encargado y/o Titular del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 75/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la orden de modificar el calendario de llamadas telefónicas, lo que obstruye la comunicación por esa vía con sus familiares y amigos. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; [.]". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)." De la interpretación sistemática de los artículos trascritos se obtiene que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales de los gobernados, al tener por objeto dicho juicio resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que los transgredan. Como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional, se requiere que las vulneraciones a derechos fundamentales tengan origen o sean producto de actos de autoridad, entendiendo como tales los que son dictados, ejecutados, o tratados de ejecutar por voluntad del Estado, a través de cualquier órgano o ente, por ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Serán actos (u omisiones) de autoridad aquellos que trasciendan o impacten al gobernado (en su esfera jurídica o situacional). Es decir, son actos de autoridad los que de manera unilateral crean, modifican o extinguen cualquier situación de una persona, en un plano de supra a subordinación, mediante el ejercicio de facultades de imperio y coercibilidad. En este caso, la parte quejosa reclama la orden de modificar el calendario de llamadas telefónicas, obstruyendo con ello la comunicación vía telefónica con familiares y amigos; sin embargo, dichos reclamos no constituyen actos de autoridad porque no guardan relación con la voluntad imperativa del Estado, habida cuenta que no crea, modifica o extingue alguna situación de dicha parte, en un plano de supra a subordinación, mediante el ejercicio de facultades de imperio y coercibilidad, sino que únicamente se refiere a la manera en que se organiza logísticamente el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca". Es decir, la manera en cómo se programan las fechas en que los reclusos podrán realizar llamadas telefónicas, constituye un acto meramente administrativo que no crea, modifica ni extingue unilateralmente situaciones jurídicas que afecten derechos fundamentales de los internos, en razón de que esa distribución se realiza atendiendo a la seguridad y organización del centro penitenciario y no a los intereses particulares de aquéllos, de ahí que las decisiones que sobre el particular tomen las autoridades penitenciarias no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que, en todo caso, deben ser reclamados ante las autoridades penitenciarias administrativas correspondientes, quienes tienen el deber de vigilar y controlar la seguridad de los centros penitenciarios. Los actos de autoridad que son materia de análisis en el juicio de amparo, son aquellos que involucran la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En la especie, el peticionario del amparo argumenta que tales actos vulneran su derecho fundamental reconocidos por la Constitución Federal; sin embargo, contrario a lo que esgrime, la afectación que en su caso pudiere llegar a resentir, tiene su génesis en inconformidades con la manera como se establecen los días en que podrán realizarse llamadas telefónicas, por lo que se trata de cuestiones administrativas y de logística interna que no pueden ser analizadas en un juicio de amparo, como lo pretenden los quejosos. Tan es así, que de conformidad con el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, en los términos previstos en los numerales 108, 109 y 110 del mismo ordenamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. De ahí que los actos u omisiones que directamente se vinculen con un servicio penitenciario de naturaleza administrativa, no son en estricto sentido actos de autoridad, ya que al ser prestacionales y reclamarse sustancialmente su calidad, deben ser analizados por los entes administrativos de control y vigilancia, y no en forma primaria por un juicio de carácter extraordinario como es el juicio de amparo. En este orden de ideas, el juicio constitucional de amparo debe atender actos que impliquen una determinación u omisión de carácter autoritario y esto sólo se verifica cuando el gobernado insta a las autoridades que cuentan con las atribuciones directas de remediabilidad administrativa, y solo entonces, cuando el sistema ordinario administrativo lesiona o trasgrede un derecho, puede acudirse al juicio de amparo, ya que caso contrario, quedarían sin sentido las normas y órganos que el legislador diseñó para la corrección de los actos y omisiones administrativas. Al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 1°, fracción I, motiva desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase a los promoventes señalando como domicilio para recibir notificaciones el lugar de su reclusión. Téngase como representante común de los quejosos a Neftalí Pérez Juárez. Expídase a favor de los quejosos la correspondiente copia de las determinaciones que se emitan en el presente asunto y que por su trascendencia se ordenen notificar de manera personal. Ahora, toda vez que los quejosos se encuentran recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al Actuario en turno de este juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro penitenciario y les notifique el presente proveído por conducto de su representante común Pérez Juárez Neftalí. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUÍDO.

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