Neftali Pacheco Juarez

Expediente 1224/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1224/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Neftali Pacheco Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve -, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número IV-1224/2019-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.-ACTOS RECLAMADOS: V.-Fecha de Notificación del Acto Reclamado.- La parte Quejosa bajo protesta de decir verdad se manifiesta que se hizo conocedora de los actos reclamados, el día 04 de Noviembre del 2019 cuando el apoderado de la parte quejosa dentro del presente y actora en el Juicio Administrativo solicitó el expediente JA---I para verificar sí ya se había dado cumplimiento a la sentencia dictada dentro del mismo sin que se hubiese dado cumplimiento a la misma." Ahora respecto de dicho acto, la suscrita estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; ésto es, por surtirse las causas de improcedencia, previstas por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Al respecto, es preciso citar el contenido de los numerales 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora, de los antecedentes que conforman el libelo constitucional, particularmente los citados con los números tres y cuatro, narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se desprende que ante el incumplimiento de la ejecutoria pronunciada por la autoridad señalada como responsable en el juicio administrativo JA---I, tramitado por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, el referido -, promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió su conocimiento a esta autoridad, registrándose bajo el número 426/2017, donde se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; y con fecha doce de julio de dos mil dieciocho celebró convenio de pago con la autoridad responsable en el juicio de origen, en el cual le fue entregado un primer pago, y con posterioridad a esto, ya no le fue otorgada cantidad alguna. En atención a lo antes expuesto, toda vez que el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, es decir, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto; regla de estudio oficioso que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, ya sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, determine si se desecha la demanda de garantías, o bien en caso contrario, se admite a trámite ésta. A lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia 163/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Común, Página 319, Novena Época, Primera Sala, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Así, como ya se refirió, en este Órgano Jurisdiccional, se tramitó el juicio de amparo 426/2017, promovido por -, respecto de la omisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, de cumplir con la sentencia ejecutoriada emitida en el juicio administrativo -; y, de la consulta de éste por parte de la suscrita, se desprende que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que la autoridad señalada como responsable, hiciera lo siguiente: "Aplique todos los medios de apremio que disponen los artículos 202 y 203 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, a fin de obligar a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, a dar cabal cumplimento con la Sentencia dictada dentro del juicio administrativo número JA-0--1, pues sólo así se restituirá al quejoso el derecho violado." Por lo que encontrándose el juicio de garantías en comento en etapa de cumplimiento de ejecutoria, la autoridad responsable a través del Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, remitió el oficio TJA/SGA/DG/1856/2018, al que adjuntó convenio celebrado el doce de julio de dos mil dieciocho, entre el quejoso - y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, así como la ratificación de éste, donde se convino que éste se celebraba con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia pronunciada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dentro del juicio administrativo JA-0--1, constancias que remitió la autoridad responsable como sustento a las gestiones realizadas y que obran glosadas a fojas 274 a 285 del juicio de amparo indirecto 426/2017, de las que se advierte que el hoy quejoso se dio por pagado de las prestaciones a que resultó condenada la Secretaría demandada en la sentencia referida y de forma parcial de los haberes dejados de percibir, recibiendo en ese acto cheque por la cantidad de doscientos ochenta y seis mil sesenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos; asimismo, las partes acordaron que un segundo pago, por la cantidad de doscientos tres mil trescientos setenta y siete pesos con ochenta y siete centavos pesos, se cubriría dentro del término de ciento veinte días; y, que ante la falta de pago del numerario restante, ambas partes se obligaban a continuar su gestión de pago ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán; además de que solicitaron que los autos se mantuvieran en el estado que guardaban en tanto no existiera manifestación de las partes en otro sentido. En las relatadas condiciones, es inconcuso que la parte quejosa se enteró del acto reclamado, una vez transcurrido el plazo de ciento veinte días estipulado en el convenio para que la demanda en el juicio de origen, entregara un segundo pago al quejoso, mismo que se computa a partir del trece de julio de dos mil dieciocho fecha posterior a la de celebración y ratificación del convenio en mención, por lo que éste feneció el doce de noviembre del año próximo pasado, sin que se haya efectuado pago alguno al quejoso, como lo refiere bajo protesta de decir verdad en los antecedentes de su líbelo constitucional, es decir, a partir de ahí, conoció el acto que reclama, consistente en la falta de cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio administrativo de origen, encontrándose dese entonces en aptitud de presentar la demanda de garantías que nos ocupa, sin embargo, de la data indicada -doce de noviembre de dos mil dieciocho -, a la fecha plasmada en el sello de recibido que obra en ésta, se aprecia que han transcurrido once meses y seis días, de ahí que, resulta incuestionable que transcurrió el término de quince días que prevé la Ley de Amparo, para tal fin, pues fue dentro de dicho plazo que el quejoso debió comparecer a solicitar la protección y amparo de la justicia de la unión, y no hasta ahora, después de tanto tiempo, por ende resulta extemporánea la demanda de garantías de cuenta, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el seis de noviembre del año que transcurre, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Se aplica al caso concreto, la jurisprudencia 40/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Página: 5, Décima Época, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Así como la diversa tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, Página: 2840, que al rubro dice: "ACTO RECLAMADO. SU CONOCIMIENTO PARA EFECTO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, NO LO CONSTITUYE LA SOLA RAZÓN DE CONSULTA DEL EXPEDIENTE DE ORIGEN, SI NO CONSTA LA CERTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." De igual manera, tiene aplicación la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia Común, Página 1315, Décima Época, que tiene como rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PRESENTARLA PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN AMPARO ANTERIOR." Asimismo, ilustra el caso la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Materia Común, Página 2380, Décima Época, cuyo rubro dice: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas y por lo aquí expuesto se estima la actualización de la causa de improcedencia previstas en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo por tanto procedente desechar la presente demanda. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Por otra parte, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De igual forma, se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por autorizada para tal efecto a la persona que indica, sin las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la Materia, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales, como se asentó en la certificación de cuenta y se acredita con la impresión correspondiente. Finalmente, se comisiona a la Analista Jurídica SISE, a fin de que autorice el acceso al expediente electrónico por parte del quejoso, bajo el nombre de usuario "-.

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