Neftalí Olivares Hernández
Expediente 422/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Neftalí Olivares Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIAVisto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que obra el informe justificado del Juez responsable, así como las constancias allegadas posteriormente recibidas en proveídos de veinticinco de agosto, cinco y diecinueve de septiembre de los actuales, atinentes al proceso penal 189/2021 de su índice. Impuesto de todo lo anterior, se provee: Al respecto, cabe precisar que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y que debe estudiarse aún de oficio, antes de examinar cuestiones de fondo de esta instancia constitucional, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, esta juzgadora federal advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se explican. El precepto citado dispone, en lo conducente, lo siguiente. ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" De la interpretación del precepto legal invocado se desprende que, el juicio de amparo es improcedente contra los actos de autoridad que, una vez consumados imposibilitan restituir jurídicamente al peticionario en el goce del derecho trasgredido. Asimismo, debe indicarse que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad que, en caso de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, se pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación. Además, que tratándose de actos consumados de modo irreparable, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho trasgredido, porque tales actos producen o agotan todos sus efectos, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, pues en caso de otorgarse la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Ahora bien, en el caso se obtiene que lo reclamado lo constituye el acuerdo dictado en la audiencia de cinco de agosto de dos mil veintidós, con el cual el juez responsable autorizó en el proceso penal 189/2021, de su índice, la prórroga del plazo de la investigación complementaria por un periodo de tiempo de quince días, que solicitó la Fiscalía Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, niños y niñas y trata de Personas del Séptimo Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, en su carácter de Fiscal Encargado de la Investigación. Así, mediante oficio 1814/2022 de treinta de agosto de los actuales (foja 47), se tuvo al Juez responsable informando en lo que interesa: [.] En fecha cinco de agosto de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de debate de cierre de investigación complementaria, en el que una vez cerrado el debate el suscrito resolvió otorgar al prorroga del cierre de investigación complementaria por el termino de quince días con vencimiento el veintiséis de agosto del año en curso. Mediante acuerdo de fecha treinta de los actuales se requirió al ministerio público para que conforme con lo señalado por el artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declare cerrada la investigación, toda vez que habiendo realizado una búsqueda dentro de los libros de gobierno de este Juzgado no se encontró oficio o escrito alguno signado por las partes para solicitar la ampliación de la investigación complementaria. [.] Finalmente, mediante oficio 1894/2022 de nueve de septiembre del año que transcurre, se tuvo al Juez responsable remitiendo copia constatada del auto de uno de septiembre del actual dictado en el proceso penal 189/2021 de su índice, por el que decretó el cierre de la investigación complementaria de dicho proceso penal y en consecuencia, requirió a la fiscalía para que formulara su acusación. Por lo tanto, no debe perderse de vista que, la prórroga de quince días otorgada a la fiscalía para investigación complementaria, a la data en que se emite el presente fallo ha transcurrido en exceso, incluso como se indicó, ya se decretó el cierre de dicha investigación y en consecuencia se requirió a la fiscalía para que formulara la respectiva acusación o solicitara el sobreseimiento. De lo anterior se obtiene que, durante la tramitación del presente juicio de amparo la determinación impugnada adquirió el carácter de acto consumado de manera irreparable, pues los efectos de la misma, que se encontraban sujetos a la temporalidad de quince días, a la fecha, fue agotada en exceso, sin posibilidad jurídica ni material de volver las cosas a su estado anterior u original. Ello es así, puesto que de analizarse la determinación adoptada en el proveído reclamado, y en caso de advertirse alguna irregularidad que implicara su ilegalidad, ya no tendría ningún sentido emitir una sentencia de amparo que ordenara dejar sin efectos la precisada resolución en la que se otorgó un plazo de la prórroga de quince días otorgada a la fiscalía para investigación complementaria, puesto que como se indicó, dicho término ya transcurrió en exceso. Aunado a lo anterior, que como se aprecia de autos, en el juicio natural ya se decretó el cierre de la investigación complementaria de dicho proceso penal y en consecuencia, requirió a la fiscalía para que formulara su acusación. Es decir, en el plano material de los hechos, la sentencia de amparo no podría ni tendría los efectos de ordenar que se retrotrajera el tiempo, y que se restituyera al quejoso dejando sin efectos dicho auto en el que se otorgó plazo de ampliación a la investigación complementaria, dado que al haberse agotado completamente los efectos del auto impugnado, resulta imposible reparar a través del presente juicio de amparo cualquier transgresión a los derechos humanos del quejoso, porque de otorgarse la protección constitucional, como se ha dicho, la sentencia carecería de efectos prácticos, puesto que incluso la etapa en la que se encontraba al momento de la emisión del acto reclamado ya fue fenecida con motivo de haberse cerrado el plazo de investigación complementaria. Con base a lo anterior, se considera incongruente y ocioso realizar algún control de constitucional respecto del acto reclamado; pues, aun en el caso de advertirse trasgresiones legales, aquellas violaciones que pudieran existir, se encuentran totalmente consumadas, al haber transcurrido la temporalidad a que se encontraba sujeta la medida, y encontrarse agotados completamente los efectos de la misma. Ello no implica que, en un momento dado, las violaciones cometidas puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún otro acto reclamable. Sirve de apoyo al presente caso, por sus razones jurídicas el criterio siguiente: "Registro digital: 171537 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 171/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423 Tipo: Jurisprudencia ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en lo previsto por los artículos 61, fracción XVI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese personalmente al quejoso; a la tercera interesada; a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable y a la Fiscalía tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio 1894/2022 del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de cinco de septiembre de la presente anualidad, al remitir las constancias solicitadas; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase relación de ello en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que las referidas constancias las remite como justificación de sus actos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el día de hoy se encuentra fijada la audiencia constitucional; sin embargo, toda vez que por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós se requirieron constancias a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, sin que a la fecha las haya remitido. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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