Neftalí Josué Martínez Barrientos
Expediente 480/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Neftalí Josué Martínez Barrientos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, las resoluciones del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese
- Principal
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 65, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Lo resolvió y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 480/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El quejoso, aquí incidentista****, solicitó la suspensión de los actos reclamados y autoridades responsables que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES }C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Costa Azul. (.) C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central. (.) C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Garita. (.) EJECUTORAS. C. Director General de la Policía Investigadora Ministerial. (.) Chilpancingo de los Bravo, Guerrero (.) C. Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. (.) Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central. (.) fraccionamiento costa azul (...) Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central. (.) colonia Progreso (...) Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Sector Garita. (.) ACTOS RECLAMADOS. DE LAS ORDENADORAS La ilegal orden de aprehensión y/o detención librada en mi contra por las responsables ordenadoras, sin que el suscrito haya cometido delito alguno del cual merezca pena corporal, y con esta detención se me pueda causar un daño en mi persona. DE LAS EJECUTORAS. El cumplimiento que se le dé o se pueda dar a dicha orden en que forma ilegal se libró". SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a las autoridades responsables rindieran sus informes previos, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se llevó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, ello con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa solicitó la medida cautelar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica, este órgano de control constitucional se avocará inicialmente al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el incidente de suspensión en que se actúa, luego, y sólo en el caso de que se declare su existencia, estudiará de conformidad con la naturaleza de los efectos y consecuencias de los mismos, si éstos son susceptibles de suspenderse, y en el supuesto de que así sea, entonces analizará si es procedente o no conceder la suspensión definitiva atendiendo a si se surten los requisitos previstos en las fracciones I y II, del artículo ????????????? 128, de la Ley de Amparo y, finalmente, en el caso de que proceda, se fijará la garantía correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o. A. J/2, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica, en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A).- Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa). B).- Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). C).- Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales), y D).- Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad).". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero a junio de 1988, tomo I, parte-2). TERCERO. Ahora bien, antes de determinar si es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada, es menester precisar los actos que en la especie se reclaman, y una vez realizado un cabal estudio de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de las siguientes conductas: a) La orden de aprehensión y/o detención girada en su contra; y b)La ejecución de dicho mandato de captura. CUARTO. Precisado lo anterior, se destaca que las autoridades responsables Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Costa Azul) del Distrito Judicial de Tabares; Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana 1 Sector Garita del Distrito Judicial de Tabares; Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Acapulco; Agente Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial de Investigación Sector Central y Agente Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial de Investigación Sector Garita, todos con residencia en esta ciudad, así como Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, domiciliado en Chilpancingo, al rendir sus respectivos informes previos manifestaron que no son ciertos los actos que en específico se les reclaman. Así las cosas, ante la negativa expresada, y toda vez que la parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados que la desvirtuara, debe negarse la suspensión definitiva solicitada. En efecto, dado que de las actuaciones que obran en el presente incidente de suspensión no se advierte cuando menos algún medio de convicción que desvirtúe la manifestación de las autoridades responsables, a nada práctico llevaría el conceder la suspensión respecto de actos que se aseveran como inexistentes, cuya acreditación correspondía a los aquí peticionarios de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto señala: "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre de 1992, Tomo X, visible en la página 356.) De igual modo, cobra aplicación a la presente determinación, la tesis del Semanario Judicial de la Federación; que establece: "INFORME NEGATIVO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, NO DESVIRTUADO. Si de los autos del incidente relativo se advierte que ninguna prueba fue aportada tendiente a desvirtuar el sentido negativo de los informes de las autoridades responsables respecto de los actos de ellas reclamados, procede confirmar la interlocutoria que así lo reconoce, desestimándose lo que el recurrente aluda en sus agravios." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Junio de 1988, Tomo I, visible en la página 356.) QUINTO. Precisado lo anterior, se tiene la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su ?????????????? informe previo no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio 10609/2020, a través del cual se le requirió, mismo que le fue notificado el veintiocho de septiembre pasado, como se deprende de la constancia que obra en autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, por tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados. SEXTO. Ahora bien, es momento de verificar si es procedente conceder la medida cautelar solicitada. En esa tesitura, toda vez que se advierte que los actos que se reclaman tienen efectos restrictivos de la libertad del quejoso, este juzgado determina que por lo que respecta a la suspensión definitiva, lo procedente es concederla desde este momento, toda vez que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que fue solicitada en su ocurso inicial y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social. El efecto de dicha medida es para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el incidentista no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden de aprehensión que afirma emitió en su contra la autoridad responsable ordenadora, siempre y cuando el delito por el cual se giró la misma no se encuentre tipificado como grave, o bien, no se trate de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa; hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. En caso contrario, el efecto de la presente medida será únicamente para que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en el que se encuentre recluido, sólo por cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de la autoridad ordenadora por lo que hace a la continuación del procedimiento penal que en su caso, hubiere en su contra. Por otra parte, por cuanto hace a la orden de detención que impugna, el efecto de la medida cautelar es que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el impetrante, no sea privado de su libertad personal, salvo que se trate de un delito flagrante o un caso urgente, por lo que se deberá poner en inmediata disposición del ministerio público que corresponda, para que determine si debe quedar en libertad, o bien, lo consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención, tal como lo dispone el artículo 165 de la ley de amparo. Igual salvedad aplica si la orden privativa de la libertad fue dictada por una autoridad judicial como consecuencia de un delito grave, o bien, que implique prisión preventiva oficiosa, en cuyo caso con fundamento en los artículos 163 y 166 de la ley de amparo, la suspensión será para el único efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal en el lugar que esté recluido y a disposición del juez natural para la continuación del procedimiento; hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. La medida precautoria concedida no protege al incidentista en caso de que se le pretenda privar de la libertad personal en la comisión de flagrante delito, si infringe el Bando de Policía y Buen Gobierno, o en cumplimiento de una orden restrictiva de libertad emitida en su contra por diversa autoridad, y surte efectos desde luego, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que se le impongan a fin de impedir que se sustraiga de la justicia, en el supuesto de que actualmente se encuentre en libertad. Ahora bien, el artículo 168 de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. ??????????????? Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso; y III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta ley." De la anterior trascripción, se desprenden los requisitos que deberá tomar en consideración el Juez de Distrito al fijar el monto de la garantía para otorgar la suspensión de actos privativos de libertad; sin embargo, si bien el hecho de que el impetrante solicite amparo, hace suponer que no pretende sustraerse de la acción de la justicia, en este estado procesal no se tiene la certeza de cuál es la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa, ni de las características personales y situación económica del quejoso; por ende, se carece de elementos suficientes en términos del referido ordinal para fijar con precisión la cuantía de la caución para que aquel obtenga la medida cautelar. Por tanto, con fundamento en lo que disponen los artículos 168 y 136 de la Ley de Amparo, como medida de aseguramiento del quejoso, este órgano jurisdiccional le impone de manera discrecional como obligación otorgar garantía a disposición de este órgano jurisdiccional, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquier otra de las formas establecidas por la ley, dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, apercibido que de incumplir, dejará de surtir efectos la medida cautelar obsequiada y quedarán expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado. Igualmente, tal como lo prevé la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, se impone al quejoso aquí incidentista la obligación de presentarse ante la autoridad ordenadora en el término de tres días contado a partir de que se le notifique la certeza de la existencia del acto reclamado y de la autoridad emisora, a efecto de que se someta a su jurisdicción para que continúe el procedimiento, CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.ef 25/09/21 13:15:57 acreditándolo con las constancias relativas dentro de igual término; con el apercibimiento que de no hacerlo así dejará de surtir sus efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 149/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno Época, Materia Penal, Enero de 2008, Tomo XXVII, página 371). En la inteligencia, de que la concesión de esta medida cautelar no implica impedimento para la continuación del procedimiento en el asunto que motivó los actos reclamados, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva de los actos reclamados al incidentista ****, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva de los actos reclamados al incidentista ****, para los efectos precisados en la última parte considerativa de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.
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