Neftali Hernandez Mendoza
Expediente 2033/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2033/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Neftali Hernandez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA I-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se obtiene que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha informado respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos que le fue requerido por oficio 15183 de seis de noviembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, dentro del término de veinticuatro horas siguientes a su notificación, con el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258, en relación al 237, fracción I de la ley de la materia, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
MESA I-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual solicita se le devuelva el expediente original del juicio laboral J/O/83/2018. Atento a lo anterior, mediante oficio que al efecto se envíe, infórmese a la citada autoridad que por oficio 15183/2019, se le envió el expediente original del juicio laboral que solicita, mismo que fue recibido por dicha potestad en fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 41) adjuntando copia de la referida constancia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Incidental
MESA I-B VISTO EL ESTADO DE LOS PRESENTES AUTOS... REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO...
- Principal
MESA I-B AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2033/2019, promovido por Neftali Hernández Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, sin la asistencia de las partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancias de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación y de la parte tercero interesada (fojas 17 reverso, 18 y 197). 3.- Informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 21). Asimismo, el Secretario certifica: a) que el Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento o alegato de amparo de su intención. b) que no existe promoción con la cual dar cuenta. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que se tienen por admitidas y desahogadas las documentales acompañadas por la autoridad responsable a su informe justificado, por haber sido la única parte que las ofertó. Por tanto, se cierra dicho periodo. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; ante ese escenario, se cierra la presente fase. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 2033/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el quince de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Neftali Hernández Mendoza, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se formó expediente de amparo 2033/2019, con la demanda promovida, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: * La paralización del procedimiento en el juicio laboral J/O/83/2018, por la falta de desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el contenido de dicho informe y las constancias que envió relativas al juicio laboral J/O/83/2018, de ahí que resulte patente la existencia del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con datos de localización Época: Octava Época, Registro: 226432, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Materia(s): Administrativa, Común, Tesis: I.3o.A. J/21, Página: 660, de rubro y texto siguiente: ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Asimismo, encuentra sustento lo anterior, en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con datos de localización Época: octava época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Página: 391, Registro 211004, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Así como en la jurisprudencia dictada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, con datos de localización Época: Quinta Época, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página 153, de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Luego, al no existir causas de improcedencia que las partes hagan valer o que el suscrito advierta de oficio, lo procedente es abordar el estudio de los motivos de inconformidad propuestos. CUARTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aunque para arribar a dicha conclusión haya tenido que suplirse la deficiencia de la queja en favor del impetrante, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, cabe reiterar que en el caso, el quejoso señala como acto reclamado en este asunto: La paralización del procedimiento en el juicio laboral J/O/83/2018, por la falta de desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. A efecto de dilucidar la cuestión planteada es conveniente tener presente que el artículo 17 de la Constitución General de la República, en lo conducente establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." La norma constitucional transcrita, constituye una garantía estatuida a favor de los gobernados, en la medida en que les otorga el derecho para que se les administre justicia por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes además, están obligados legalmente a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuitamente. Por su parte, los artículos 873, 874 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos aplicables a la presentación de la demanda laboral, en su orden señalan: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." "Artículo 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente." "Artículo 879. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones se llevará a cabo, aún cuando no concurran las partes." Ahora bien, del análisis sistemático de los preceptos legales transcritos, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, ello es, que todo gobernado tiene derecho de acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, que se entiende como un valor social que debe ser realizado por los tribunales, en un plazo razonable, en función del necesario equilibrio que debe existir ante la deseable celeridad de los procedimientos judiciales y el tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las actividades que le correspondan. Ahora, en el procedimiento laboral conforme a los dispositivos de referencia, se tiene que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, será señalada mediante acuerdo que se dicte dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del escrito de demanda, cuyo verificativo deberá ser previsto dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda, lo cual se notificará a las partes cuando menos con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia. Asimismo, la falta de notificación de alguno de los demandados obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Ahora bien, de las constancias enviadas por la responsable como justificante de su acto, se advierte lo siguiente: Neftali Hernández Mendoza, por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, promovió demanda en la vía ordinaria laboral, en contra de López Acosta Soluciones Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge López Aguilar, Cristina López Acosta y Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 1 a 5 del juicio laboral). Mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la Junta laboral responsable, admitió la demanda laboral de referencia, registrándola con el número J/O/83/2018 de su índice, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenando el emplazamiento de los demandados López Acosta Soluciones Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge López Aguilar, Cristina López Acosta y Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del actuario de su adscripción (foja 7 íbidem). Mediante diligencia de doce de marzo de dos mil dieciocho, el Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realizó el emplazamiento de los demandados López Acosta Soluciones Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge López Aguilar, Cristina López Acosta y Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 8 a 24 íbidem). Por auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, la Junta laboral responsable, difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez Jorge López Aguilar, apoderado legal de Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió incidente de acumulación de procesos con el diverso juicio laboral J/O/94/2018 (foja 51 íbidem). Resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, resolvió improcedente el incidente de acumulación promovido por Jorge López Aguilar, apoderado legal de Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 60 íbidem). Acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, por el que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, previa solicitud realizada por la parte actora del juicio laboral J/O/83/2018 de su índice (foja 67 íbidem). Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil diecinueve, la Junta laboral responsable, difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez que el Actuario de su adscripción, mediante razón de seis de marzo del presente año, hizo constar la imposibilidad para notificar a la parte actora y demandada del juicio laboral J/O/83/2018 de su índice, bajo el argumento de que es el único actuario en dicho órgano conciliador (fojas 68 y 69 íbidem). Por determinación de seis de agosto de dos mil diecinueve, la Junta laboral responsable, difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez que el Actuario de su adscripción, mediante razón de cinco de agosto del presente año, hizo constar la imposibilidad para notificar a la parte actora y demandada del juicio laboral J/O/83/2018 de su índice, bajo el argumento de que es el único actuario en dicho órgano conciliador (fojas 70 y 71 íbidem). En las condiciones expuestas, se consideran fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, ya que se advierte que el actuar de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, ha sido violatorio de las garantías previstas en el artículo 17 de la Constitución Federal, del cual se distinguen los principios siguientes: 1) De justicia pronta: Que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias que ante ellas se planteen dentro de los términos y plazos establecidos en las leyes. 2) De justicia completa: Que obliga a la autoridad que conozca del asunto, a pronunciarse en relación con todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y que garantice al gobernado justiciable el dictado de resolución en la que se determine si le asiste o no la razón, sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional solicitada, mediante la aplicación de la ley al caso concreto. 3) De justicia imparcial: Atingente a que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4) De justicia gratuita: Conforme al cual los órganos del Estado encargados de su impartición y los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. De igual modo, esa garantía de acción que el constituyente consagró a favor de los gobernados, implica que los poderes del Estado no pueden establecer condiciones que restrinjan o impidan el acceso a los tribunales, y de manera categórica estableció que cualquier disposición que tienda a impedir que se administre justicia de acuerdo con las prevenciones de la ley, importa una violación al artículo 17 constitucional. Así justamente lo razona la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Número: 2a./J. 192/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007; Página 209, cuyo contenido literal, es el siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Establecido lo anterior, si del juicio laboral J/O/83/2018, se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de notificación del actor Neftali Hernández Mendoza, y de los demandados López Acosta Soluciones Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge López Aguilar, Cristina López Acosta y Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, de los autos por los cuales señala fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, resulta inconcuso que el actuar de dicha responsable atenta contra el derecho fundamental relativo a la pronta y expedita administración de justicia otorgada por el artículo 17 constitucional. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder a Neftali Hernández Mendoza, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, una vez que quede firme esta sentencia, emita un nuevo pronunciamiento en el juicio laboral J/O/83/2018, señalando fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en términos de los artículos 873, 874 y 879 de la Ley Federal del Trabajo (la cual no deberá exceder del plazo de quince días hábiles); y comisione al Actuario de su adscripción para que notifique oportunamente al actor Neftali Hernández Mendoza, y a los demandados López Acosta Soluciones Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge López Aguilar, Cristina López Acosta y Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, dicha determinación. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el presente asunto, se apliquen los criterios jurisprudenciales que quedaron expuestos en líneas precedentes, toda vez que el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuara en vigor en lo que no se oponga al actual decreto regulatorio de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Neftali Hernández Mendoza, contra el acto precisado en el considerando segundo, atribuido a la autoridad señalada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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