Neftali Castillo Vargas

Expediente 1260/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1260/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Neftali Castillo Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    PRAL.1260/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. 1° Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de marzo último, en la que se negó el amparo y protección constitucional a la parte quejosa; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5° Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del multicitado acuerdo general, este expediente es DEPURABLE; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6° Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. 7° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 8° Devolución de disco. De autos se advierte que en esta Secretaría obran dos discos versátiles en formato DVD remitidos por la juez responsable, en apoyo a su informe justificado. Por tanto, se ordena su devolución, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1260/2021.MESA-8 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1260/2021; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y recibida el veinticinco de noviembre siguiente, en este Juzgado, el quejoso Neftalí Castillo Vargas, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, a quien reclamó los actos que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno: a) Se admitió a trámite la demanda promovida; b) Se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde. c) Se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; d) Se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 2) Reyna María y/o Mariana Santos Cosme, a quienes se les tuvo apersonándose en este juicio de amparo en autos de nueve de diciembre de dos mil veintiuno y veinticinco de enero de dos mil veintidós, respectivamente. e) Una vez integrado el expediente, el veintiocho de febrero del año en curso, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza penal; aunado a que la autoridad responsable tienen su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados por los cuales se realizará el estudio, que consisten en lo siguiente: a) El auto de vinculación a proceso y b) la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno en la causa penal 1127/2021. Que atribuye a la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Es aplicable la tesis del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que la citada responsable adjuntó al informe que rindió, consistente en un disco en formato DVD que contiene el audio y video de las audiencias a) de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, b) término constitucional y ampliación de término de seis y nueve de noviembre de ese año, así como c) el registro escrito del auto de vinculación a proceso de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictados en la causa penal 1127/2021, de su índice. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así como la diversa jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.), del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA." CUARTO. Oportunidad. Como ya se mencionó, los actos reclamados en este juicio de amparo son: a) El auto de vinculación a proceso de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 1127/2021. b) La resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, mediante la cual se decretó a la parte quejosa la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Resoluciones que fueron notificadas a la parte quejosa en esa propia fecha, en presencia de su defensa. Por tanto, en términos de los numerales 82, fracción I, inciso a), y último párrafo, en relación con el 84, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación personal surtió efectos el día siguiente (10/11/2021). Así, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del once de noviembre de dos mil veintiuno al uno de diciembre de ese año, sin contar los días sábados y domingos que intermediaron, por ser inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se depositó el veinticuatro de noviembre de dos ml veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, es inconcuso que resulta oportuna. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Sin embargo, como en la especie las partes no hicieron valer ninguna y de oficio no se advierte que se actualice causa legal, constitucional o jurisprudencial, es procedente realizar el examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Antecedentes. De la reproducción del contenido del disco remitido por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se advierte lo siguiente: 1. Comunicación de imputación. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género comunicó imputación a Neftalí Castillo Vargas, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404 y 404 Bis, fracciones I y II del Código Penal del Estado, en relación con los diversos 8, fracción I, y 10, fracción I, del mismo ordenamiento legal cometido en agravio de Reyna María y/o Mariana Santos Cosme. 2. Solicitud procesado y defensa. El imputado, aquí quejoso, y su defensora solicitaron, en la referida audiencia, que se resolviera su situación jurídica dentro del término constitucional (00:19 a 00:50 P_03), es decir, dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que fue puesto a disposición del juez; motivo por el cual se fijó el seis de noviembre de dos mil veintiuno para la audiencia de término constitucional (19:00 a 19:10 P_03). 3. Ampliación de término constitucional. Llegada la fecha antes indicada, el procesado y su defensa, solicitaron la ampliación del término constitucional, por ello, fueron señaladas las once horas del nueve de noviembre de dos mil veintiuno (00:16:01 a 00:16:13 A3 término constitucional) para su verificativo. 4. Vinculación a proceso y medida cautelar. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno se vinculó a proceso al quejoso Neftalí Castillo Vargas, por considerarlo probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar; ilícito previsto por los artículos 404 y 404 Bis, fracciones I y II, del Código Penal del Estado, en relación con los diversos 8, fracción I, y 10, fracción I, del mismo ordenamiento legal cometido en agravio de Reyna María y/o Mariana Santos Cosme, así también le fue impuesta la medida de prisión preventiva justificada, a petición del Ministerio Público. El auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ambos dictados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno en el proceso penal 1127/2021 del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, constituyen el acto reclamado en este juicio. SÉPTIMO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su demanda de amparo formuló conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, puesto que tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente, en caso de no ser favorable a sus intereses; como así lo ilustra la jurisprudencia del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio del fondo. 8.1 Auto de vinculación a proceso. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales indican: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Como se ve, los preceptos invocados del Código Nacional prevén como requisitos de forma y fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso los siguientes: Requisitos formales. 1. Que se haya formulado imputación. 2. Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. 3. Que se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez o dentro del término prorrogado -término que puede prolongarse a ciento cuarenta y cuatro horas a petición del imputado o su defensor-. Requisitos de fondo. 4. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que obren en la audiencia de formulación de la imputación los datos relativos al lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación por parte del indiciado. Esto es, para la emisión de esa determinación no se requiere la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, pues sólo debe atenderse a que el hecho o hechos materia de la imputación están contemplados en la ley como delito y, de ser así, que existan datos que evidencien la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el artículo 16 constitucional establece como requisitos para que el auto de vinculación a proceso incida válidamente en la esfera jurídica del gobernado, que se encuentre debida y suficientemente fundado y motivado, ello con la finalidad de que la persona contra quien se dirige esté en aptitud de comprender a cabalidad el contenido de tal acto y, en esa medida, tenga la posibilidad jurídica de enderezar una defensa adecuada contra el mismo, si decide impugnarlo. En ese contexto, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso reclamado reúne los requisitos indicados: 1. Que se haya formulado imputación. Dicho requisito se encuentra satisfecho, pues en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, formuló imputación a Neftalí Castillo Vargas, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar previsto por los artículos 404 y 404 Bis, fracciones I y II del Código Penal del Estado, en relación con los diversos 8, fracción I, y 10, fracción I, del mismo ordenamiento legal cometido en agravio de Reyna María y/o Mariana Santos Cosme (10:50 a 26:43 P_02) e hizo la solicitud correspondiente (27:42 a 28:22 P_02). 2. Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. El segundo de los requisitos también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como procesado, y asistido de su defensora pública, se le dio la posibilidad de declarar, a lo que expresó que no era su deseo hacerlo (27:15 a 27:32 P_02). 3. Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de 72 horas a partir de que el inculpado sea puesto a disposición del Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término, a petición de la defensa o imputado. Este requisito se desprende también del artículo 19 constitucional, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; con excepción de que el imputado o su defensor soliciten la duplicidad de dicho plazo constitucional. Así, en la audiencia inicial que tuvo verificativo el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el imputado y su defensora solicitaron que se resolviera su situación jurídica dentro del término constitucional (00:19 a 00:50 P_03), es decir, dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que fue puesto a disposición del juez; motivo por el cual se fijó el seis de noviembre de dos mil veintiuno para la audiencia de término constitucional (19:00 a 19:10 P_03). Llegada la fecha y hora antes indicada el aquí quejoso y su defensa, solicitaron la ampliación del término constitucional, para lo cual fueron señaladas las once horas del nueve de noviembre de dos mil veintiuno (00:16:01 a 00:16:13 A3 término constitucional). El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del plazo constitucional ampliado, se resolvió la situación jurídica del imputado, vinculándolo a proceso por considerarlo probable responsable en la comisión del hecho que la ley señalada como el delito de violencia familiar. 4. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En la audiencia desahogada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en primer término, la juez responsable tuvo por reproducidos los datos de prueba vertidos por la agente del Ministerio Público, teniéndolos únicamente por enunciados y los hizo constituir en: Denuncia de la víctima Reyna María y/o Mariana Santos Cosme de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil veintiuno. Dictamen médico de lesiones de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por Maricruz Ortega Poblano, perito médico con número de cédula profesional 3164036. Dictamen psicológico de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por Reyna Paola Aguilar Torres, perito psicóloga con cédula profesional 6709013. Dos inspecciones realizadas en fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintiuno, por Luvia Areli Santos Cruz, agente Estatal de Investigaciones con número de identificación 842. Entrevista realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por la agente Estatal de Investigaciones Luvia Areli Santos Cruz, a Reyna Cosme Venegas. Denuncia de la víctima Reyna María y/o Mariana Santos Cosme de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil veintiuno. Dictamen médico de lesiones de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la galeno Maricruz Ortega Poblano. En segundo término, valoró los datos de prueba vertidos por la institución ministerial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos siguientes: 1. Denuncias de la víctima Reyna María y/o Mariana Santos Cosme, a las cuales otorgó valor probatorio, por la siguiente consideración: "En primer término por cuanto hace a la denuncia presentada por la víctima del delito con fecha veintiocho de septiembre del presente año, así como también la diversa emitida de igual forma ante el representante social con fecha veinticuatro de octubre del año en curso, para su valoración se debe de tomar en consideración que se trata del dicho de la directamente afectada por la comisión del hecho ilícito, por ende es la víctima en término del número 108 del Código Nacional anteriormente invocado, de ahí que precisamente por ello su dicho tiene una singular importancia, máxime el delito que nos ocupa que es el de violencia familiar, el cual en muchas ocasiones se verifica en el interior del domicilio siendo susceptible de ser apreciado únicamente por las personas que se encuentran en él, en este caso por la víctima e imputado, en virtud de que de la narrativa que hizo ésta ante el Ministerio Público pues se aprecia que así ha ocurrido, que en las distintas agresiones que ha sufrido sobre su persona precisamente se encuentran o se encontraban en el interior del domicilio en el que hacen vida en común, únicamente respecto de uno de esos eventos ocurrió en el domicilio de su familia de la víctima, por ende atendiendo a estas circunstancias que concurren en el caso concreto, es dable darle una singular importancia al dicho de la víctima, lo que no quiere decir que tal declaración no se valore con un análisis crítico y conforme a las normas que regulan la valoración en la prueba testimonial, en virtud de que el dicho de la víctima como la de todo testigo tiene valor probatorio en relación al apoyo que le presten otras pruebas, datos o circunstancias que la hagan creíble y en ese sentido el relato que hace la pasivo ante el Ministerio Público es coherente y congruente entre sí, narra de momento a momento desde la fecha en la cual empezó a tener una relación con el imputado, la fecha en la cual empezaron hacer vida en común y hace referencia también de manera específica a cada una de las agresiones que se han desplegado sobre su persona, específicamente las acontecidas desde el once marzo del año en curso, el trece de junio de ese mismo año, el tres de agosto, el once de septiembre, el doce de septiembre, el diecisiete de septiembre, y el veinticuatro de octubre del año en curso, haciendo referencia de igual forma la hora aproximada en que ocurrió cada uno de sus acontecimientos, también se aprecia que el señalamiento que hace es en contra de la persona con la cual hace vida en común, luego entonces atendiendo a esas narrativas que hace estimo que es clara y precisa y no advierto dato alguno objetivo que me indique que haya mentido al declarar en esos términos con la única finalidad de perjudicar al imputado, por el contrario advierto que su declaración es espontánea, reitero, es clara y precisa, aunado a que en este caso estimo, contrario a lo que refiere el defensor que hay datos objetivos que la corroboran y que la hace increíble, como es precisamente las valoraciones médicas que se hicieron a favor de la víctima por parte de los peritos ministeriales como lo es el emitido el dieciocho de septiembre del año en curso emitido por la doctora Marycruz Ortega Poblano y en el cual hace referencia a que tiene diversas lesiones tal como también así lo ha referido el propio defensor, también se aprecia en un segundo dictamen que le fue realizado el veinticuatro de octubre del presente año por la misma perito, de igual forma se le localizaron ciertas lesiones en distintas partes de su cuerpo, luego entonces si tomamos en consideración que uno de esos acontecimientos que le atribuye al imputado pues precisamente ocurrieron el diecisiete de septiembre del año en curso y otro fue el veinticuatro de octubre del presente año y si estas valoraciones fueron realizadas la primera al siguiente día de ocurrido el evento en tanto que la segunda valoración se realizó en esa misma fecha, por ende es posible que le hayan encontrado ese tipo de lesiones. Aunado a lo anterior también se cuenta con el resultado del dictamen psicológico emitido a favor de la pasivo, por parte de la perito ministerial en donde se puede apreciar de las dos valoraciones que se le realizaron que presenta una afectación emocional y que precisamente eso se lo atribuye a la violencia que se ha ejercido sobre su persona, de tal manera que aun cuando es cierto como refiere la defensa en el sentido de que respecto de los demás eventos como lo es el ocurrido el once de marzo del presente año aproximadamente a las veinte cuarenta y cinco horas, el trece de junio de la presente anualidad aproximadamente a las quince treinta horas, el tres de agosto a las nueve treinta horas, en ese lugar más que aquellas personas que se encontraban en su interior, en este caso la víctima y el imputado, por ello es creíble lo expuesto por la pasivo, y por ende es un dato de prueba pertinente para establecer el hecho materia de la imputación y por la cual el agente del Ministerio Público solicitó el dictado del auto de vinculación, porque al tratarse de la víctima directa evidentemente que era la más indicada para proporcionar todos los detalles de lo ocurrido cómo es fechas horas y lugares, así como la identidad de su agresor, por lo tanto se le confiere eficacia probatoria a lo expuesto por la víctima del delito". 2. Dictamen médico de lesiones de dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por la doctora Marycruz Ortega Poblano, al que la juez responsable otorgó valor probatorio, por los motivos siguientes: "(.) en la cual hace referencia que al valorar a la pasivo presenta equimosis en tercio medio de cara posterior del brazo izquierdo de color negruzco, equimosis en cara posterior del brazo derecho de color negruzco, así como también las descritas en la segunda valoración que realiza el día veinticuatro de octubre del presente año la misma perito, en donde refiere que después de hacer la valoración respectiva a la víctima presenta equimosis en región fronto-parietal derecha de color rojo, así como una equimosis en tercio medio anterior del brazo derecho de color rojo, una equimosis en tercio proximal en cara externa del muslo izquierdo de color violáceo, en virtud de que resultan congruentes y acordes con la forma en la que refiere la pasivo fue agredida el día diecisiete de septiembre del año en curso, así como el veinticuatro de octubre del presente año, aunado a que en este dictamen se hace una clasificación por parte de la perito en atención a su naturaleza gravedad y consecuencia, por tanto ambos peritajes estimo que merecen eficacia probatoria porque son los datos de prueba idóneos para establecer precisamente el tipo de lesiones que presentaba la pasivo al momento de su valoración, aunado a que fue realizado por una experta en el área de medicina que cuenta con la cédula profesional para ejercer y que para emitir su opinión en tal sentido emitió la metodología propia de su pericia y por ende se le confiere eficacia probatoria." 3° Dictamen psicológico de dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno emitido por Reyna Paola Aguilar Torres a favor de la víctima Reyna María y/o Mariana Santos Cosme, al que otorgó valor probatorio, y del cual indicó: "(.) estimo que también es un dato de prueba pertinente para establecer el estado emocional en que se encontraba la pasivo al momento de la valoración, porque fue realizado por una experta en el área de psicología que de igual forma cuenta con la cédula profesional para ejercer, que para emitir su opinión se advierte que empleó metodología propia de su pericia y finalmente arriba a una conclusión, determinando así que la pasiva presenta un estado emocional de trastorno de adaptación con ansiedad, todo ello en relación al comportamiento de su pareja y dinámica de familia, debido a que en el tiempo que tienen de vivir juntos en todo momento hay humillaciones y menosprecio hacia su persona y control en sus actividades, por lo tanto toda vez que hasta este momento no hay ningún dato objetivo que me indique que la metodología aplicada no haya sido la apropiada, estimo que merece eficacia probatoria porque para yo se requiere de conocimientos específicos en determinada área, en este caso en psicología." 4. Diligencias de inspección (dos) realizadas por la agente Estatal de Investigaciones Luvia Areli Santos Cruz, a las cuales reconoció valor probatorio, por lo siguiente: "(.) en relación a los lugares en los cuales ocurrieron los eventos que aquí nos ocupan, en virtud de que refirió haberse constituido de manera física y materialmente a cada uno de estos lugares y que para ello no se requirieron de mayores conocimientos en determinada ciencia, área o pericia sino únicamente el empleo del sentido de la vista y dado que dicha Agente actuó como auxiliar del Ministerio Público en la investigación acorde a las funciones que tiene encomendadas en términos del artículo 21 de la Constitución Federal de nuestro País, en relación con el 132 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales estimo que merece eficacia probatoria, con ello se determina únicamente la existencia de los lugares en los cuales tuvieron verificativo los eventos que aquí se analizan." 5. Entrevista realizada a la testigo Reyna Cosme Venegas, a la que estimó eficacia probatoria, como se advierte de lo expuesto sobre dicho particular: "En relación a la entrevista realizada a la señora Reyna Cosme Venegas con fecha veintidós de septiembre del año en curso por la agente Estatal de Investigaciones Luvia Areli Santos Cruz, estimo que también merece eficacia probatoria, lo anterior en virtud de que se trata de la declaración de la progenitora de la víctima y que precisamente por ese parentesco que tiene con la misma es la más interesada que en un momento dado se castigue al responsable de las agresiones hacia su hija y no a persona diferente, aunado a que únicamente se concreta a relatar aquello que le consta sin ir más allá, toda vez que hace referencia a que hace una semana antes de su declaración, esto es, si tomamos en cuenta que compareció el veintidós de septiembre del presente año, se tiene que hace referencia al evento ocurrido el día diecisiete de ese mismo mes, porque es respecto de lo acontecido es acorde al relato que hizo la víctima en relación a lo sucedido en el domicilio de la testigo en esa fecha, pues al efecto refiere que hasta ese lugar se presentó el imputado y agredió físicamente a la víctima, siendo acorde también y congruente con la forma en la que refiere se desplegó esa violencia hacia la víctima, de tal manera que aun cuando no haya precisado con exactitud la fecha y hora en que ocurrió este evento, pero si se toma en consideración para corroborar el dicho de la pasivo, porque también debemos de tomar en consideración que generalmente los parientes más cercanos son los que tienen conocimiento de ese tipo de eventos, aunado a que ella misma refirió que en esa fecha se encontraba en el domicilio de su mamá y qué es cuando ocurrió este evento, por ello es creíble, aunado a que sirve de apoyo a lo anterior la tesis que hizo referencia o que citó la Agente del Ministerio Público con el rubro prueba testimonial cuando se alega violencia intrafamiliar, es innecesario que los familiares testigos precisen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues basta con que expresen concretamente cómo ocurrieron los hechos que testifican, la cual aparece con número de registro 2017369, de los Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, julio del 2018, tomo II, pagina 1583; por lo tanto si se le confiere eficacia probatoria a lo expuesto por la ateste de referencia Reyna Cosme Venegas y es apto para efecto de establecer parte de los hechos materia de la imputación, en virtud de que dicha persona también hace referencia a la relación que la víctima tenía con el imputado, siendo esta una circunstancia creíble que es susceptible de ser apreciada por terceras personas, pero sobre todo de las personas más allegadas a las víctimas y por ello es creíble que tuviera conocimiento de esta circunstancia." En tercer término, una vez valorados los datos de prueba, indicó que se encontraban acreditados los hechos siguientes: 1. La víctima Reyna Mariana Santos Cosme y el señor Neftalí Castillo Vargas, en el mes de diciembre del año dos mil veinte, iniciaron una relación de noviazgo por lo que al estar embarazada la víctima en el mes de febrero del año dos mil veintiuno, comenzaron una relación de convivencia estableciendo como su domicilio familiar el ubicado en calle Benito Juárez, número 109, en la colonia Unión, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2. El once de marzo del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte cuarenta y cinco horas, en el domicilio ya indicado, el imputado se molestó porque la víctima recibió un mensaje de felicitaciones ya que era su cumpleaños, por lo que le dio un puñetazo en la cabeza, asimismo aventó el teléfono de la víctima a la pared, por lo que la víctima comenzó a llorar y el imputado salió de la habitación dejando encerrada a la víctima, con ello puso en riesgo su integridad física. 3. El trece de junio del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las quince treinta horas, en el domicilio ya indicado, el imputado despertó a la víctima ya que quería tener relaciones sexuales con ella, al negarse está el imputado la jaló del cabello levantándola de la cama y la rebotó contra la puerta del cuarto, le dio dos puñetazos en el pecho, por lo que llorando la víctima le dijo que no le pegara, pero el imputado le gritó que se callara y le dio una patada en la pierna derecha derribándola, ya estando la víctima en el suelo la levantó del cabello con fuerza y la dejó caer nuevamente al piso, posteriormente el imputado salió del cuarto cerrándolo por fuera, con esto puso en riesgo la integridad física de la víctima. 4. El tres de agosto del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las nueve treinta horas, en el domicilio ya señalado, la víctima le dijo al imputado que ya estaba cansada de estar encerrada en el cuarto, lo que molestó al imputado y con empujones sacó a la víctima del cuarto, le dio una patada en el empeine de la pierna izquierda haciéndola caer al piso de sentón, jalándola la arrastró por el pasillo sacándola hasta las escaleras, por lo que la víctima le gritó "que no merecía ser papá, que era un mal hombre, que no merecía que ella lo quisiera tanto", por lo que el imputado entró a su cuarto, se paró en la puerta y le dijo a la víctima mientras le mostraba una pistola "te vas a callar o te voy a callar con esto ", por lo que la víctima se calló y el imputado se metió al cuarto y se sentó con la pistola entre las piernas, le gritó a la víctima que entrara por sus cosas y que si no entraba él la iba a meter y le iba a ir peor, por lo que la víctima entró al cuarto, recogió sus cosas y se salió. 5. El once de septiembre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintidós horas con dieciocho minutos, en el domicilio ubicado en calle Ricardo Flores Magón, número 107, en la colonia Periodista, Oaxaca de Juárez, la víctima le envió un mensaje por WhatsApp al imputado diciéndole que se quedaría a dormir en casa de sus papás, pero el imputado le dijo "que qué se creía para andar dando órdenes, que si se mandaba sola, que ella le veía la cara de pendejo, que de seguro no estaba en la casa de su mamá, que andaba en la putería", por lo que siendo las veintitrés treinta y ocho horas, de esa misma fecha, el imputado le dijo a la víctima que iría por ella, por lo que ella le respondió que la dejara en su casa, que ella ya no quería estar con él, que ya no quería seguir esta vida porque se sentía cansada y que quería pasar los dos últimos meses de su embarazo en paz, por lo que el imputado le respondió que la paz la iba a tener cuando se muriera o cuando él muriera, mandándole a la víctima la foto de una pistola, diciéndole que iba a empezar con su puta perra madre, con esa maldita vieja que ya lo tenía harto, refiriéndose a la mamá de la víctima, y que luego iba a ir por ese viejo, refiriéndose al papá de la víctima, y luego por su hermano, y al último ella para que sufriera, momento en el que le comenzó a enviar audios diciéndole que ya iba para su casa, así mismo le dijo "mira chamaca maldita y pendeja, conmigo no vas a estar jugando y ni me vas a ver la cara de pendejo, diciéndole el imputado que llegaba en quince minutos y que por su bien que ella saliera y se fuera con él a su cuarto, si apreciaba su vida y la de su familia". 6. El día doce de septiembre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a la una de la mañana, el imputado se metió a la casa de los papás de la víctima ubicado en calle Ricardo Flores Magón, número 107, en la colonia Periodista, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en donde la víctima se encontraba, por lo que al darse cuenta ella de esto, salió a tratar de sacar al imputado a la calle, por lo que ella le puso la mano en el pecho y le dijo que se saliera de su casa, entonces el imputado se enojó y la empujó con ambas manos, luego le quiso dar una cachetada, pero la víctima metió sus manos pegándole el imputado en las manos de la víctima, el imputado le jaló de la mano derecha y le mordió la mano enterrándole los dientes, entonces la víctima lo empujó y cerró la puerta asegurándola con un palo, luego se metió al baño, pero el imputado volvió a entrar a la casa y se dirigió a donde estaba la víctima llorando, abrió la cortina y le dijo que ella tenía la culpa de que él se pusiera así, que él la quería mucho y que porque la ama se portaba así, que no la quiere perder, entonces la víctima le pidió que se fuera, qué le dejara de hacer daño, salió del baño y se fue a acostar, pero el imputado la siguió y se acostó a su lado, con dicha conducta el imputado puso en riesgo la integridad física de la víctima. 7. El día diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las cuatro horas, en el domicilio ubicado en calle Benito Juárez, número 109, colonia Unión, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, llegó el imputado y jaló a la víctima de ambos brazos, la sacó de la cama y del cuarto donde ella dormía, y le dijo que qué poca madre tenía, que como podía dormir sabiendo que él estaba en la calle, entonces le dio dos cachetadas en la mejilla izquierda diciéndole que le valía madres, porque cómo podía dormir y no sabía de él, que la víctima le dijo que no tenía teléfono y que él sabía dónde lo había dejado, por lo que el imputado la empujó de su hombro izquierdo a la víctima, quién rebotó con un pilar, momento en que el imputado salió al baño y la víctima se metió al cuarto y comenzó a llorar. 8. El mismo día diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las quince diecinueve horas, en el domicilio ya indicado, el imputado al ver que la víctima se había bañado se molestó y le dijo "que qué putería había hecho, que porque se había bañado, que qué huevos los de ella de andar haciendo lo que ella quisiera y que así como se había bañado ese día sola, que se quedara en su perra puta casa bañándose sola todos los días", por lo que la víctima le respondió que ahí estaba su comida, a lo que el imputado le dijo "qué piensas que voy a comer solo, siéntate a comer conmigo", la víctima le dijo que no tenía ganas, pero el imputado le respondió que de todos modos se iba a quedar acompañarlo, asimismo le dijo que porque había salido con esa ropa, y al contestarle la víctima que por el embarazo su ropa no le quedaba, el imputado le dijo que porque no le decía lo que necesitaba, al quedarse callada la víctima, el imputado le gritó en el oído derecho "te estoy hablando idiota, ¿no me piensas contestar?", a lo que la víctima le dijo que la dejara en paz, que si la hubiera dejado trabajar no le tendría que estar pidiendo, pero el imputado trató de darle un puñetazo en la cara, la víctima se aventó hacia la cama, por lo que únicamente le rozo el párpado derecho y le dijo basta, la víctima comenzó a recoger sus cosas, el imputado comenzó a tirar las cosas de la víctima afuera del cuarto gritándole "pues lárgate, vete de puta, pues eso te gusta y por eso no quieres estar conmigo", con dicha conducta el imputado puso en riesgo la integridad física de la víctima. 9. El diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete cuarenta y seis horas, el imputado se metió a la casa de la víctima ubicada en calle Ricardo Flores Magón, número 107, colonia Periodista, Oaxaca de Juárez, al verlo la víctima le dijo "que se fuera, que ya lo habían corrido, que la dejara en paz", pero el imputado le dijo que ahora sí la iba a cargar la verga", porque la víctima le gritó a su mamá que le hablara a la policía, el imputado le dio una cachetada en la mejilla izquierda a la víctima, le jaló los pies con su pie derecho haciendo que la víctima cayera de sentón al piso, en ese momento salió la mamá de la víctima pidiendo ayuda, y el imputado le dijo a la víctima "pero me las vas a pagar y te vas acordar de mí, nada más espérame pinche viejas argüenderas" y se retiró. A consecuencia de estos hechos la víctima presentó una equimosis en tercio medio de cara posterior del brazo izquierdo, y dos equimosis en cara posterior del brazo derecho. 10. El veinticuatro de octubre del dos mil veintiuno, aproximadamente a las trece veintisiete horas, en el domicilio ubicado en calle Ricardo Flores Magón, número 107, colonia Periodista, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el imputado le dijo a la víctima que le diera de desayunar, porque por su culpa no había desayunado, porque ella le había dicho que la esperara, se sentó en la orilla de la cama y sacó su teléfono, pero el imputado le quitó el teléfono a la víctima, lo revisó y le dijo "que porque mierda estaba creando un Facebook, que de seguro quería putear", luego lo aventó contra la pared estrellándolo, enseguida el imputado le dijo a la víctima "que lo atendiera", por lo que la víctima se fue a la cocina, entonces el imputado se le acercó, le dio una cachetada en la mejilla izquierda, y la víctima le dijo que era un poco hombre, que todavía que hace sus cosas el imputado se pone a pagarle, pero el imputado la sujetó de la coleta y la sacudió arrinconándola contra la pared y con sus dos manos le apretó el cuello, por lo que la víctima comenzó a gritar, manotear y patearlo, el imputado la soltó y al tratar la víctima salir de la cocina, el imputado la sujetó nuevamente de la coleta rebotándola con el marco de la puerta, jalándola hacia él y le dio otra cachetada en la mejilla izquierda, le dio una patada en el tobillo izquierdo, haciendo que la víctima cayera al suelo sentada, por lo que la soltó del cabello y la víctima empezó a sentir mucho dolor, que le salía líquido entre sus piernas, le dijo ella al imputado que le diera dinero para ir al doctor, pero el imputado le contestó "que se pudriera, que ojalá se muera su hijo, que era una maldita dramática", se salió y volvió a la cocina y le dijo a la víctima que se largara, le dio una patada en la espalda de lado izquierdo, le tronó los dedos y le dijo "lárgate". A consecuencia de esos hechos la víctima presentó una equimosis en región frontoparietal derecha, una equimosis en tercio medio de cara anterior del antebrazo derecho, y una equimosis en el tercio proximal de la cara externa del muslo izquierdo. Así también, a consecuencia de todos los hechos ya narrados, la víctima presenta una afectación emocional, consistente en un trastorno de adaptación con ansiedad, asociado a las agresiones de las cuales ha sido víctima. Posterior a ello, la juez responsable determinó que atendiendo las argumentaciones expuestas por el Ministerio Público y los datos de prueba vertidos, los hechos acontecidos son constitutivos del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar previsto en los artículos 404 y 404 Bis, fracciones I y II, del Código Penal vigente en el Estado, pues refirió que, para tenerlo por acreditado, se requiere la actualización de los elementos siguientes: 1) Una acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos. 2) Que tal conducta ocurra dentro o fuera del domicilio familiar. 3) Que el sujeto tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad legal, concubinato, noviazgo o relaciones de convivencia, mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Los cuales tuvo por acreditados por los motivos siguientes: El primero de los requisitos lo estimó colmado, pues la acción dirigida a controlar y agredir físicamente a la víctima Reyna María y/o Mariana Santos Cosme, la apreció de los eventos ocurridos el a) doce de marzo, b) trece de junio, c) tres de agosto, d) doce de septiembre y e) diecisiete de septiembre y f) veinticuatro de octubre; todos de dos mil veintiuno; de los que apreció que se ejerció violencia física contra la víctima, tomando en consideración la descripción que hace la fracción I, del artículo 404 Bis del Código Penal Estatal del contenido siguiente: "I.-La Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas." Así, la juez responsable estimó suficientemente acreditada esa violencia en virtud de fue ejercida en una persona -Reyna María y/o Reyna Mariana Santos Cosme-, pues precisó que: ".se encuentra suficientemente acreditada esa violencia, en virtud de que para ello se cuenta con el certificado médico de lesiones emitido a favor de la víctima por la perito en ministerial que es la doctora Maricruz Ortega Poblano y quien valoró a la pasivo el día dieciocho de septiembre de del año en curso, es decir al día siguiente de los hechos ocurridos el diecisiete de septiembre de esa misma anualidad y por ende es creíble que le haya localizado las lesiones que refiere, toda que al efecto determinó que presentaba equimosis en tercio medio de cara posterior del brazo izquierdo, así como equimosis en cara posterior del brazo derecho e hizo una clasificación de esas lesiones, en tanto que el veinticuatro de octubre del presente año, también la valoro y le localizó ciertas lesiones como son equimosis en región fronto-parietal derecha así como una equimosis en cara anterior antebrazo derecho, una equimosis en tercio proximal en cara externa del muslo izquierdo de color violáceo, por lo tanto, esta agresión física se encuentra suficientemente acreditada, es cierto que respecto de las demás ocasiones en que fue agredida físicamente por el imputado no existe certificado médico que pueda corroborar esas lesiones que se le causaron con motivo de la violencia que se ejerciera sobre su persona, pero lo cierto es que debemos tomar en consideración que la denuncia de la víctima fue hasta el día dieciocho de septiembre del año en curso cuando presentó su primera denuncia ante el Ministerio Público, y en donde hizo el relato de todos los acontecimientos previos que le habían ocurrido, de tal manera que el hecho de que únicamente se encuentra acreditada esta última o las lesiones que se le causaron el día diecisiete de septiembre, estimo que aún con ellos se encuentran acreditados los demás eventos, porque evidentemente que en esa fecha en que fue valorada no le iba a poder ser apreciadas las lesiones que con anterioridad se le había producido por el tiempo que ya había transcurrido, pero en este caso estimo que el dicho de la pasivo es suficiente para tal efecto en virtud de que en este caso estimo que respecto a las demás circunstancias que vierte se encuentra corroborado con otros datos de prueba y por ellos se tienen por establecidas estás agresiones en todas y cada una de las fechas a qué hace referencia en su denuncia." Y, en cuanto a la violencia psicoemocional prevista en la fracción II, del artículo 404 Bis del Código Penal del Estado, que es del contenido siguiente: "Fracción II.- Violencia psicoemocional: Es toda acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio." Indicó que también se encontraba acreditada independientemente de las agresiones físicas desplegadas sobre la víctima, aquí tercera, por los motivos siguientes: ".toda vez que con fecha tres de agosto del año en curso después de haberla agredido físicamente le dijo que se callara o si no la iba a callar con esto, enseñándole una pistola, lo cual indudablemente constituye una intimidación hacia la víctima, así también se advierte que el once de septiembre del presente año le manifestó, cuando le dijo que se quería quedar en casa de sus papás a dormir, le dijo que si se mandaba sola, que ella le quería ver la cara de pendejo, que seguramente no estaba en la casa de su mamá y que andaba en la putería y nuevamente le mandó una foto con una pistola diciéndole que iba a empezar con su puta perra madre, con esa maldita vieja, que ya lo tenía harto, refiriéndose a la mamá de la víctima, posteriormente le dijo "mira chamaca maldita y pendeja, conmigo no vas a estar jugando y ni me vas a ver la cara de pendejo", siendo que todas esas expresiones pues constituyen tanto intimidaciones como insultos y agresiones verbales hacia la pasivo, siendo que el insulto es un término o expresión que el agresor utiliza con la intención de lastimar u ofender a otro individuo y lo cual en este caso se ha ocasionado alteración en la esfera emocional de la víctima, tal como así lo determinó la perito ministerial al valorar a la pasivo, pues al efecto llegó a la conclusión la psicóloga Reyna Paola Aguilar Torres, llegó a la conclusión que la pasivo en el estado emocional cursaba un trastorno de adaptación con ansiedad, todo en relación al comportamiento de su pareja y dinámica de familia debido a que en el tiempo que tienen de vivir juntos en todo momento hay humillaciones y menosprecios a su persona y control en sus actividades, esto hace que la víctima presente ansiedad, intranquilidad, tensión y agotamiento emocional al vivir cotidianamente esto, que estás secuelas comienzan a deteriorar su actual calidad de vida al generar un desgaste físico y psicoemocional y es por eso que la canaliza al Centro de Justicia para las Mujeres, luego entonces está violencia psicoemocional que se ha ejercido en contra de la pasivo pues se encuentra acreditada, y no obsta para lo anterior el hecho de que únicamente se cuente con el dicho de la pasivo, porque además se encuentra corroborada aun cuando no hay ningún testigo directo de esas expresiones que se le han realizado, pero si se encuentra corroborada con el dictamen psicológico que se emitió a su favor y el cual es el dato de prueba idóneo para establecer esta circunstancia, tal como así se ha determinado en la tesis con los datos de identificación siguientes. Citando, en apoyo a esa determinación, las tesis de rubros "VIOLENCIA PSICOLÓGICA. SUS CARACTERÍSTICAS E INDICADORES." y "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." Así, también precisó que: ".en el caso que nos ocupa se puede apreciar ese control que el sujeto activo ha ejercido sobre la pasivo por el hecho de limitarle la comunicación con sus amigos, con su misma familia, por su forma de vestir e incluso en sus hábitos de higiene, pues refiere que de acuerdo con lo que refirió la víctima que el imputado se molestó en alguna de esas fechas de los acontecimientos, precisamente porque ella se había bañado sola y es lo que generó la violencia hacia la misma." El segundo requisito también lo tuvo por cumplido, pues indicó que los hechos acontecieron en a) el domicilio familiar de la víctima e imputado, sito en calle Benito Juárez, número 109, en la colonia Unión, Oaxaca de Juárez, Oaxaca -domicilio en el cual hacían vida en común la víctima y el imputado-, así como en el b) diverso domicilio ubicado en calle Ricardo Flores Magón número 107 en la colonia periodista Oaxaca de Juárez, Oaxaca -domicilio de los familiares de la víctima en el cual se presentó el imputado para ejercer violencia hacia la misma-; cuya existencia y ubicación constató el agente Estatal de Investigaciones que practicó la diligencia de inspección ocular en cada uno de esos lugares. Y, en relación al tercer requisito, también lo tuvo por satisfecho, pues de acuerdo a la narrativa expresada por la víctima y a los datos de prueba relacionados, concluyó la existencia de una relación de concubinato, porque así lo refirió la víctima al señalar que en el mes de diciembre de dos mil veinte, inició una relación de noviazgo con Neftalí Castillo Vargas, por lo que al estar embarazada, en el mes de febrero de dos mil veintiuno, comenzaron una relación de convivencia estableciendo como su domicilio familiar el ubicado en calle Benito Juárez, número 109, en la colonia Unión, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; circunstancia que tuvo por corroborada con lo manifestado por la ateste progenitora de la víctima, quien indicó que dicha circunstancia también era apreciada por las personas cercanas a ellos y los mismos familiares. Precisó que los actos lesivos se efectuaron de forma dolosa por el imputado, actualizando la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 8 del Código Penal del Estado, pues estimó que: ".el imputado quiso su realización, toda vez que es del común de las personas que se debe de respetar la integridad tanto física como psicoemocional de los demás, más de aquellos con los cuales tenemos algún tipo de parentesco, en virtud de que de no hacerlo se incurre en un ilícito, siendo que este es un conocimiento generalizado que se adquiere en distintos ámbitos de la vida, como es en el ámbito familiar, en el religioso, e incluso en el escolar, en este caso se aprecia dado que el imputado de acuerdo con los datos que vertió pues se desenvuelve en un ambiente urbano, pues evidentemente se encontraba esta circunstancia dentro de su ámbito de conocimiento, aunado a que en la actualidad se ha difundido a través de los distintos medios de comunicación que la violencia hacia la mujer no se encuentra permitida, de tal manera que al tener conocimiento el imputado y actuar de la manera ya conocida por ello se le reprocha su actuar a título de dolo." Así también, refirió que no se actualiza a favor del aquí quejoso alguna causa de justificación en términos del numeral 14 del código punitivo estatal, consecuentemente la conducta desplegada por el imputado causó una lesión al bien jurídico protegido por la norma penal que, en el caso, lo constituye el derecho de la víctima a vivir en un ambiente familiar libre de violencia, quedando de esta manera suficientemente acreditado el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de Reyna Mariana Santos Cosme. En cuanto a la probable participación del imputado, aquí quejoso, precisó la juez responsable que también quedó colmado, pues indicó que: ".de los datos de prueba previamente valorados también se advierte que existe la probabilidad de que el imputado Neftalí Castillo Vargas realizará dicha conducta ilícita, toda vez que para ello se cuenta con el señalamiento directo que en su contra realiza la pasivo del delito como una persona que en las fechas, horas y lugares ya indicados ejerciera violencia tanto física, como psicoemocional sobre la misma, señalamiento del cual se desprende que no existió en ningún momento duda alguna en relación a la identidad del sujeto activo del delito, toda vez que al tratarse de la persona con la cual hacía vida en común pues evidentemente estaba en condiciones de señalarlo con nombre y apellidos, señalamiento que si bien es cierto es único hasta este momento, pero se estima que es suficiente porque respecto del último de los eventos ocurridos hace referencia la progenitora de la pasivo, dado que refirió haber percibido esos acontecimientos aun cuando no precisará con exactitud la fecha en que ocurrió, pero al momento de su declaración refiere que sucedió una semana antes a su declaración, por lo tanto se corrobora ese señalamiento con la declaración de dicha ateste, pero demás se cuenta con los dos certificados médicos que se realizaron a favor de la pasivo y el dictamen psicológico emitido a su favor por la perito ministerial y en la cual se determina que se encuentra afectada emocionalmente y precisamente con motivo de las agresiones de las cuales ha sido objeto, por lo tanto existen datos suficientes para darle credibilidad al señalamiento que hace la pasivo y por ello con esos datos de prueba se puede sostener de manera razonable que probablemente el imputado Neftalí Castillo Vargas pudo haber intervenido en el hecho punible que nos atañe." Finalmente, precisó que, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado, la probable intervención del imputado, fue a título de autor material, toda vez que en la realización del evento actúo por sí mismo, no se advierte que haya requerido el auxilio o intervención de terceras personas, además de que se trata de una persona imputable al tenor de lo dispuesto por el artículo 2 del Código Punitivo Estatal, atendiendo a que de acuerdo con los datos generales que proporcionó es una persona mayor de edad y no está probado que padezca trastorno mental, o desarrollo intelectual retardado. Razones todas por las que consideró justificada la existencia del delito de violencia familiar, y la probabilidad de que Neftalí Castillo Vargas intervino en su comisión; por lo cual dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Conclusión que se estima ajustada a derecho, fundada y motivada con suficiencia, ya que, la juez de Control responsable, apreció de manera libre y lógica cada dato de prueba vertido por la agente del Ministerio Público, explicando y justificando con claridad su valoración, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos; justificando en todo momento los motivos de su determinación, pues especificó qué se obtenía de cada uno de ellos y de qué forma servían para acreditar el hecho imputado, y los relacionó en la audiencia; siendo acorde al contenido del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, se considera que, de conformidad con los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los mismos son idóneos, congruentes y pertinentes para establecer, razonablemente, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del ahora quejoso, pues se advierten los parámetros suficientes para establecer el modo, tiempo y lugar de la comisión del delito que se imputa al quejoso, en probabilidad de participación. Por eso, se comparte la consideración de la juez de Control responsable, en el sentido de que existen datos que establecen que se cometió el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y la probabilidad de que Neftalí Castillo Vargas lo cometió. En ese contexto, el análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar que los mismos devienen infundados, como ahora se evidenciará. Alega el quejoso que no existen dentro de la carpeta de investigación datos que establezcan la existencia de un hecho delictivo, ya que la misma se encuentra arbitrariamente amañada a efecto de perjudicarlo, lo que afirma debido a que: 1. Únicamente existe el dicho de la víctima que expresó en la denuncia que dio inicio a la carpeta de investigación, no así dato que permita establecer, ni siquiera indiciariamente, los hechos que narró, pues pudo haber manifestado infinidad de días y la juez de control las hubiera tenido como ciertas, sin que se corrobore dicha declaración con dato de prueba alguno que permita verificar su autenticidad. 2. Los dictámenes rendidos por los peritos médico y psicológico fueron realizados por los supuestos hechos ocurridos el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en tres ocasiones, el propio dictamen médico establece que las supuestas lesiones que presentó la víctima tenían más de veinticuatro horas de evolución. 3. No existe congruencia entre la narrativa expresada en las denuncias formulada el dieciocho de septiembre y veinticuatro de octubre, de dos mil veintiuno y los certificados médicos de lesiones en cuanto a los puntos que el galeno certificó; esto es, nada tienen que ver las lesiones que presentó con la narrativa que expresó en cada una de dichas denuncias. 4. No obstante que dichas circunstancias las hizo valer su defensa ante la juez, no fueron tomadas en cuenta por la autoridad que emitió el plazo constitucional, dictando, en su perjuicio, un auto de vinculación a proceso sin tener datos de prueba suficientes que permitan establecer la existencia del ilícito que se le atribuye. Dichas alegaciones, como se anticipó, resultan infundadas, pues, contrario a lo expuesto por el quejoso, la responsable en la resolución de plazo constitucional de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dio respuesta a las manifestaciones vertidas por la defensa particular del imputado, en tanto que refirió que los hechos narrados por la víctima en su denuncia se adminiculan y corroboran con los certificados médico y psicológico practicados a la víctima, las inspecciones realizadas por la agente Estatal de Investigaciones y el testimonio de la ateste madre la víctima; en cuanto que, como quedó reseñado en párrafos precedentes, indicó con claridad los motivos por los cuales otorgó valor a los datos de prueba que fueron vertidos por la agente del Ministerio Público, así como precisó que, de acuerdo con el estándar probatorio que se requiere para la etapa procesal en la que se encuentra el expediente y los datos de prueba vertidos por el Ministerio Público, hasta ese momento, se consideran suficientes e idóneos para acreditar el hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión; precisando que los datos de prueba no constituyen elemento de prueba en sí, sino que son una referencia de las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor siendo razonable y la investigación supervisada por la autoridad judicial, puesto que la prueba será exclusivamente desahogada en la audiencia de juicio oral. Además, tratándose del delito de violencia familiar, la declaración de la víctima tiene valor preponderante y, como acertadamente lo consideró la responsable, en el caso, no se trata de una prueba individual o aislada, en tanto que aquélla se adminicula con los diversos datos de prueba ofrecidos vertidos consistentes en los certificados médico y psicológico practicados a la víctima, las inspecciones realizadas por la agente Estatal de Investigaciones y el testimonio de la ateste madre de la víctima; los cuales, resultan eficaces para evidenciar la existencia del ilícito que se le imputa al inculpado, pues atendiendo a su naturaleza, dichas acciones, generalmente, se realizan en el domicilio de los cónyuges o concubinos, en muchos de los casos sin testigos, por lo que es la declaración de la víctima la que permite conocer los hechos que ocurrieron; en tanto que las pruebas médica y psicológicas indican, en el caso del primero, las lesiones que presentó la víctima; y, en el restante el estado psicológico actual de la víctima, que permiten a quien resuelve, concluir si derivan de actos violentos, aun cuando no se mencionen cuáles fueron aquéllos; por lo que dichas pruebas tienen valor probatorio preponderante para la acreditación del delito en estudio. Apoya la anterior las tesis siguientes: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA." "VIOLENCIA FAMILIAR. LA DECLARACIÓN DE LA CÓNYUGE OFENDIDA TIENE VALOR PREPONDERANTE, POR LO QUE DICHO ILÍCITO SE ACREDITA CON LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, ADMINICULANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Máxime que, acorde con lo dispuesto en el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dato de prueba es referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Mientras que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Por lo anterior, la supuesta deficiencia sostenida por la parte quejosa, por sí sola, es insuficiente para determinar que el juez responsable no debió tomar como dato de prueba el dictamen en medicina, pues, se reitera, al realizar el ejercicio de ponderación de los datos de prueba en conjunto la responsable estableció de manera razonable la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de libre apreciación; actuación que se estima suficiente para sostener el auto de vinculación dictado en su contra. En ese sentido, como lo determinó el juez responsable, al menos hasta esa etapa procesal, existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, realizó el hecho delictivo en los términos precisados en la resolución combatida; pues no debe perderse de vista que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, no se exige la formalización de las pruebas, sino únicamente que los datos de prueba aportados establezcan el hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, atendiendo a su grado de certeza; en virtud de que no existe la necesidad de que se aporten y, en su caso, valoren pruebas que cumplan con determinado estándar, las cuales están reservadas para ofrecerse durante la etapa intermedia y desahogarse en el periodo correspondiente al juicio oral, para ser valoradas en la sentencia. Entonces, de lo expuesto es posible concluir que el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con los elementos de forma y fondo que debe contener, mismos que quedaron reseñados y, aunado a ello, al emitirse el acto reclamado se advierte que se valoraron las exposiciones formuladas por la representación social, sin formalización de las pruebas, ya que únicamente se requirió que los datos de prueba aportados establecieran el hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), con número de registro 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que exista queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Neftalí Castillo Vargas, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno. 8.2 Medida cautelar de prisión preventiva justificada. Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, el quejoso expresó como conceptos de violación, en esencia, los siguientes: "Ahora bien en el caso concreto que nos ocupa, es claro que al habérseme impuesto la medida cautelar de prisión preventiva se violaron en mi perjuicio los perjuicio de proporcionalidad, mínima intervención, provisionalidad, excepcionalidad (.) ya que en primer lugar el ministerio púbico no probó ni justificó que el suscrito se pueda sustraer de la acción de la justicia y/o en qué consiste el grado de peligrosidad hacía la víctima y los testigos, esto además de que la juez responsable no tomó en consideración el informe de evaluación de riesgos emitido por la unidad de medidas cautelares del Estado de Oaxaca y que obra dentro de la causa penal, por lo tanto la juez responsable debió desechar la solicitud del ministerio público de que se me impusiera prisión preventiva, y en su lugar, debió dictarme otras medidas cautelares previstas en la legislación adjetiva que fueran menos gravosas al suscrito y que garantizan mi presencia en el proceso". La medida cautelar de prisión preventiva tiene sustento en el segundo párrafo artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. . El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.(.)" La porción constitucional antes transcrita establece que en el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes a) para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, b) el desarrollo de la investigación, c) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; así como d) cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, el aludido numeral precisa que la prisión preventiva procede oficiosamente e) cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto, tales como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional consagra el principio de presunción de inocencia, al disponer que: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; - -- - ." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este principio es un derecho que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal, una de las cuales se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, inherente a la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal, de tal forma que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia. Así, la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir, en la mayor proporción posible, la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Ello, se deduce del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), publicada el viernes cuatro de abril de dos mil catorce, en la página 497, libro 5, tomo I, materias constitucional y penal, Décima Época del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL." En ese contexto, cualquier persona puede ser acusada por un delito, pero en ningún caso resulta aceptable que permanezca privada de la libertad mientras se resuelva acerca de su responsabilidad penal, bajo argumentos que pudieran estimarse discriminatorios, a no ser que se trate de una prisión preventiva oficiosa, supuestos en los cuales la propia legislación establece un catálogo preciso de los delitos que así lo ameritan, o bien, que esa prisión preventiva se encuentre justificada, en atención a la insuficiencia de otras medidas para a) garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, b) el desarrollo de la investigación, c) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como d) cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Al respecto, los artículos 153 a 159, 165, 166, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la medida cautelar y la prisión preventiva, establecen lo siguiente: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido." "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." "Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código." "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares." "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida." - -- - ." "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." "Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social." "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales." "Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación." "Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida." De lo anterior, se tiene que las medidas cautelares son impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, entre las cuales se encuentra la prisión preventiva, misma que podrá ser oficiosa o justificada. Prisión preventiva oficiosa en los supuestos que, de manera expresa, así lo regule la ley; y justificada, cuando así lo solicite la representación social, en relación a la investigación de un hecho delictuoso que merezca pena privativa de libertad, y otras medidas cautelares no sean suficientes a) para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, b) el desarrollo de la investigación, c) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, d) así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y la causa diversa no sea acumulable o conexa. Así, para imponer la prisión preventiva deben considerarse los siguientes aspectos: a) Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, para lo cual, se tomará en cuenta especialmente: a.1. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, siendo que la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; a.2. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado. a.3. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; a.4. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o a.5. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. b) Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. c) Evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación, para lo cual el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: c.1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; c.2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o c.3. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Asimismo, de los preceptos legales antes transcritos se deduce que las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada; por lo que el juez de control deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Federal. Así, para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable, sin que ello implique que para resolver sobre la medida cautelar el citado análisis de evaluación de riesgo resulte indispensable, debido a que la palabra poder encierra una disyuntiva, es decir, es optativo que el mismo se considere o no, precisamente, porque esa posibilidad no constituye una obligación. Así, en audiencia de ampliación de término constitucional, la agente del Ministerio Público, solicitó a la juez responsable la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva a petición de parte, argumentando, lo siguiente (00:01:14 a 00:14:20 A4 ampliación de término constitucional): Se ha vinculado a proceso a Neftalí Castillo Vargas. Se debe demostrar el riesgo para la víctima o para los testigos, lo cual se acredita, pues la víctima ha sufrido violencia familiar por parte del imputado. La manera sistemática en la cual el imputado ha violentado a la víctima, aspecto que se corrobora, con el dictamen psicológico emitido por la perito Reyna Paola, en el cual se establece que la víctima presenta un trastorno de ansiedad derivado de los hechos de violencia que ha sido objeto, pues, la víctima se tuvo que resguardar para garantizar su integridad física y emocional, aunado que al momento de la detención del imputado, aquél se encontraba cerca del domicilio de la madre de la víctima -lugar donde se encontraba en resguardo-. Así también, se debe de proteger la integridad del bebé, dado que la madre ya se encuentra en la fase final de su embarazo y el imputado ha puesto en riesgo de aborto a la madre. Existe el riesgo que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, pues el hecho que el imputado haya sido vinculado a proceso por el hecho que la ley señala como violencia familiar y, en el caso, se trata de seis eventos de violencia física y atendiendo a la mínima punibilidad, serían treinta años de prisión y por lo que respecta al concurso real de delitos, se establece que hay una violencia psicoemocional y que éste tiene una pena mínima de tres años y tomando en consideración que se trata de tres eventos comprobados, la sentencia que un momento dado se le llegara a imponer sería sin un beneficio preliberacional. En tanto que del informe de la UMECA, en las conclusiones para imputado, hace saber que existe un riesgo alto para la víctima, un riesgo medio para los testigos, así como también un riesgo mediano para la obstaculización del proceso, pues en dicho informe de evaluación de riesgo, se establece que el imputado conoce a la víctima, el lugar, los hechos y que la víctima es un grupo vulnerable, pues se encuentra en estado de gestación, y ha sufrido agresiones múltiples y que la pena aritmética excede de los cinco años de prisión. Por su parte la asesora jurídica, en esencia, coincidió con la solicitud formulada por la representante social, agregando (00:15:20 a 00:17:36 A4 ampliación de término constitucional), pues refirió: Dicha medida cautelar, prisión preventiva, es la única para garantizar la seguridad de la víctima, pues el imputado puede atentar de nueva cuenta contra aquélla. En cuanto al peligro de sustracción del imputado, debe tomarse en consideración lo que señala el supervisor de la Unidad de Medidas Cautelares, que el riesgo para la víctima es alto, para los testigos es medio y que por lo que hace al imputado, no se pudo establecer el domicilio en el cual habita, pues de la información proporcionada por el imputado, no se estableció que aquél tenga un domicilio fijo. Asimismo, es necesario que se garantice la presencia del imputado dentro del proceso para poder desahogar todas las etapas que aún faltan. En cuanto a la víctima hay que observar el principio de máxima protección previsto en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Por su parte, la defensa del procesado Neftalí Castillo Vargas, expresó: (00:21:46 a 00:27:39 A4 ampliación de término constitucional) La medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público es desproporcional y solicitó se le permita ofrecer diversos medios de prueba; ello, con la finalidad de acreditar las circunstancias de arraigo y buen comportamiento de su defendido. En primer término, respecto de la medida cautelar en la teoría del caso, el imputado Neftalí Castillo Vargas, es originario y vecino de la ciudad de Oaxaca de Juárez y que ha vivido, desde que nació, ininterrumpidamente en el domicilio ubicado en la calle Benito Juárez número ciento dos (102), de la colonia Unión de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; tiene un modo honesto de vivir, ya que es de ocupación comerciante y ha trabajado en diversas actividades del comercio, siendo la última en un expendio de productos lácteos; tiene tres hijos de ocho, siete y cinco años de edad que dependen únicamente de él. Asimismo, aportó los datos de prueba siguientes: a) Entrevista realizada a la ciudadana Guadalupe Vargas Gutiérrez, quien expresó de dónde conoce al imputado Neftalí Castillo Vargas, desde cuándo lo conoce, a qué se dedica, quiénes son sus dependientes económicos, el domicilio en el cual habita, con quién vive y qué tiempo tiene viviendo en ese domicilio. b) Entrevista realizada a la ciudadana Miriam Elisa Cortés, quien manifestó que conoce al imputado Neftalí Castillo Vargas, el tiempo que tiene de conocerlo, a qué se dedica, quiénes son sus dependientes económicos, con quién vive y en qué domicilio y el tiempo que lleva ahí viviendo. c) Copia certificada del atestado del registro civil relativo al nacimiento del imputado Neftalí Castillo Vargas, con la cual se pretende acreditar su lugar de nacimiento. d) Copia certificada del atestado del registro civil del menor de edad de iniciales A.C.S. e) Constancia de estudios a favor de los menores de edad de iniciales A.N.C.C. y S.E.C.C. f) Cartas de recomendación expedidas a favor del imputado Neftalí Castillo Vargas por los ciudadanos Neri Jesús Bautista Aragón y Olga Valdez García. En relación a los datos de prueba ofrecidos por la defensa del procesado Neftalí Castillo Vargas, la agente del Ministerio Público, argumentó: (00:27:48 a 00:28:58 A4 ampliación de término constitucional) Los datos de prueba que pretende incorporar la defensa no guardan pertinencia con el hecho que pretende acreditar, puesto que los argumentos por los cuales fue solicitada la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, no son como los quiere acreditar el defensor. Por su parte, la asesora jurídica de la víctima, expresó: (00:29:01 a 00:30:28 A4 ampliación de término constitucional). Solicito no le sean admitidos los datos de prueba ofrecidos por la defensa, toda vez que no son pertinentes para acreditar lo que dicha defensa pretende, esto es, el arraigo del imputado y que tiene un modo honesto de vivir, pues las constancias de estudios de los menores que, refiere son hijos del imputado, no tienen ninguna relación con los hechos, aunado a que los menores no tienen ninguna intervención en los hechos por los que el imputado fue vinculado a proceso. Solicitó no le sean admitidas por no guardar pertinencia con lo que pretende acreditar. En tanto que la defensa del imputado Neftalí Castillo Vargas no realizó ninguna manifestación. A lo que la juez responsable, indicó: (00:31:10 a 00:32:53 A4 ampliación de término constitucional). Tomando en consideración la solicitud de la defensa del imputado y en virtud que pretende desahogar datos de prueba con la finalidad de acreditar el domicilio que tiene el imputado, el modo honesto de vivir, por ser de ocupación comerciante y que para ello pretende incorporar las entrevistas realizadas a Guadalupe Vargas Gutiérrez y Miriam Elisa Cortés, así como las documentales consistente en el acta de nacimiento del imputado, de un hijo del imputado, de unas constancias de estudios de los mismos. Pero si partimos del hecho que el mismo defensor ha referido que el numeral 157, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que solo el Ministerio Público puede solicitar la prisión justificada y si atendemos que aquélla solo vierte su solicitud en cuanto al máximo de la pena que pudiera llegar a imponerse, la circunstancia que vierte el defensor resultaría impertinente, porque ese no fue el argumento que expresó la agente del Ministerio Público para estimar un peligro de sustracción por parte del imputado. Luego entonces, atendiendo a las finalidades que pretendía al ser impertinentes, no es dable admitirlos, por ello, no ha lugar. A lo que, en uso de la voz la defensa del imputado Neftalí Castillo Vargas, solicitó dar contestación a la solicitud de la agente del Ministerio Público, en vía de alegatos (00:33:05 a 00:46:15 A4 ampliación de término constitucional). La solicitud de medida cautelar que se solicitó se le imponga a su defendido, resulta desproporcional, violatoria de los derechos humanos en inconvencional, pues, para la imposición de una medida cautelar, se debe aplicar el criterio de mínima intervención, pues, el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar el juicio, el desarrollo de la investigación el desahogo de la mismas, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Solicitó se le imponga una medida cautelar menos gravosa, para lo cual propone las siguientes: a) presentarse ante esa autoridad las veces que sea requerido, b) que se le prohíba salir del país de donde reside, por lo que se compromete a permanecer en el domicilio que habita, c) se someta al cuidado de una institución determinada, proponiendo que esté bajo el resguardo de la Unidad de Medidas Cautelares en su domicilio o que acuda a un centro de readaptación varonil para violentos; d) se le prohíba acudir a los domicilios de la víctima y de los testigos, e) no acercarse a la víctima y a los testigos, f) separase de forma inmediata del domicilio que tenía en común con la víctima. En réplica la agente del Ministerio Público, expresó (00:46:50 a 00:49:33 A4 ampliación de término constitucional). Para la imposición de una medida cautelar, se deben analizar las fracciones del numeral 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se está fundando y motivando la circunstancia por la cual se solicita la imposición de la prisión preventiva justificada, analizando de forma excepcional el caso en particular. La medida cautelar solicitada, es la idónea y suficiente para poder garantizar, tanto el riesgo de fuga del imputado, así como la integridad física de la víctima, el bebé que espera la misma y la testigo. Por su parte, la asesora jurídica de la víctima, indicó: (00:49:38 a 00:51:28 A4 ampliación de término constitucional). Respecto de las manifestaciones que vierte la defensa del imputado Neftalí Castillo Vargas, no se está violentando el derecho de presunción de inocencia del imputado. La defensa no aportó ningún dato de prueba del que se pueda advertir que, en efecto, la víctima no sea agredida de nueva cuenta por parte del imputado. No aportó medio o dato de prueba alguna que acredite que el imputado no se sustraerá de la acción de la justicia, pues el mismo compareció a esta audiencia porque le fue ejecutada una orden de aprehensión y del informe de evaluación de riesgo, no se advierte la existencia de un domicilio en el que pueda ser localizado el imputado para garantizar su presencia. Es cierto que, le debe ser respetado el derecho de presunción de inocencia al imputado Neftalí Castillo Vargas, pero también a que la víctima tenga una vida libre de violencia y las diversas medidas cautelares que señala el imputado no son suficientes para garantizar la seguridad de la víctima, pues el ahora imputado se ha presentado en diversas ocasiones en el domicilio de la víctima, aunado a que la testigo, que es madre la víctima, ha sido agredido por aquél. Precisado lo anterior, la juez responsable, procedió a resolver en relación a la medida cautelar solicitada por la agente el Ministerio Público, consistente en la prisión preventiva justificada (00:52:24 a 01:05:00 A4 ampliación de término constitucional), en los términos siguientes: Al imputado se le ha dictado vinculación a proceso en esta audiencia por el hecho que la ley señala como violencia familiar, cometido en agravio de Reyna María y/o Mariana Santos Cosme; por tanto, se surte el supuesto previsto en la fracción II, del artículo 154 del Código Nacional del Procedimientos Penales que establece que se puede imponer una medida cautelar a petición del Ministerio Público cuando se haya dictado un auto de vinculación a proceso. De acuerdo con el artículo 153 del ordenamiento antes invocado, las medidas cautelares tienen diversas finalidades, una de ellas es asegurar la presencia del imputado durante el proceso, otra, es garantizar la seguridad de la víctima, ofendido y/o los testigos, así como también evitar la obstaculización del procedimiento. No necesariamente es necesario que se satisfagan todos y cada uno de esos supuestos, pues basta con que solo uno se configure para la justificación de la medida cautelar solicitada. Otro aspecto que se debe de analizar para la imposición de una medida cautelar, es la proporcionalidad de la pena, de conformidad con el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone que se debe tener la mínima intervención, esto es, imponer la medida atendiendo a la idoneidad y las circunstancias particulares de cada persona. De la exposición de la agente del Ministerio Público, se desprende que alude un riesgo de sustracción por parte del imputado, así como un riesgo hacia la víctima. En relación al primero de los argumentos vertidos por la agente del Ministerio Público, esto es, el riesgo de sustracción y, en tal sentido el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para determinar ese riesgo el juez de Control de tomar en consideración especialmente las circunstancias, siendo una de ellas, la contemplada en la fracción II, que establece que se debe de atender el máximo de la pena que, en su caso, se llegue a imponer del delito de que se trate y la actitud que el imputado llegue a presentar ante este, es decir, son dos condiciones que se tienen que acreditar, la primera, el máximo de la pena que se llegase a imponer y, la segunda, la actitud que adopta el imputado ante este. Respecto a estas dos circunstancias, la agente del Ministerio Público expresa que la punibilidad, es un incentivo para que el imputado no quiera enfrentar su proceso, pues la penalidad mínima sería de treinta años de prisión, en tanto que la defensa, no argumentó nada en relación al segundo de los particulares, es decir, respecto de la actitud que presente el imputado ante los hechos controvertidos; por tanto, determinó que no se acredita la necesidad de la cautela en razón al riesgo de sustracción por parte del imputado. Al analizar la necesidad de la cautela en relación al segundo de los elementos, esto es, el riesgo que existe para la víctima, el testigo o la comunidad, y toda vez que el juez de Control debe realizar una evaluación de las circunstancias del hecho y las circunstancias particulares en las que se encuentran dichos sujetos, de las que pueda derivarse un riesgo fundado de que cometa un acto contra dichas persona que ponga en riesgo su integridad personal o ponga en riesgo su vida, luego entonces, dice la juez responsable, tomando en consideración las circunstancias del hecho, en este caso se desprende del auto de vinculación a proceso que fue dictado, que fueron diez hechos que se tuvieron por acreditados, diez eventos en los cuales la víctima ha sufrido violencia física o violencia psicoemocional, aunado a que la víctima se encuentra embarazada, pues no solo la víctima estuvo en riesgo sino también el bebé que está esperando, pues hubo dos eventos en que el imputado amenazó a la víctima con una arma de fuego. No obstante que la víctima se encontraba en un diverso domicilio, el imputado se constituyó en el lugar donde se encontraba y ejerció violencia hacia aquélla. Asimismo, se deben de tomar en consideración las condiciones particulares en las que se encuentran dichos sujetos, pues la víctima se encuentra en un grupo vulnerable por razón de género, pues es una mujer, que en este caso se encuentra embarazada y que su bebé está a punto de nacer y la víctima se ha sometido ante el dominio del imputado, tanto en lo económico, así como en los hábitos de higiene de la pasivo. Por tanto, le asiste la razón a la agente del Ministerio Público, pues se encuentra acreditada la necesidad de la cautela, determinado por el riesgo hacia víctima, en términos del numeral 170 de Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado que también se toma en consideración el informe de evaluación de riesgo emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, en el que se determinó que existe un riesgo alto hacía la víctima, con lo cual coincide por las razones expuestas. Determinada la necesidad de la cautela, es requisito indispensable analizar la proporcionalidad de la medida de las circunstancias que se deben atender para su imposición, de ahí que este caso, se debe contrarrestar el riesgo que existe contra la víctima, esto es, evitar que sea agredida de nueva cuenta por parte del imputado, lo cual, atendiendo a los hechos que se han tenido por acreditados, las agresiones que ha sufrido la víctima por parte del imputado han sido constantes y reiterados, aunado a que dicha violencia fue ejercida tan luego iniciaron ese tipo de relación, no obstante el estado de gravidez en que se encuentra la víctima y el domicilio diverso en que habitaba, no fueron impedimentos para que el imputado ejerciera violencia hacia la misma. Haciendo un análisis de todas esas circunstancias, estimó que la medida más idónea para contrarrestar ese peligro existente y dadas las circunstancias particulares, estimo que es a través de la prisión preventiva oficiosa justificada, en términos del artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que se estima apegada a derecho, ya que, el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en dicho Código, la juez deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. Finalmente, deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. En ese tenor, en el caso, existen datos con los que la representación social justificó la solicitud de la medida cautelar, los cuales, fueron analizados por la juez de control, para decretar dicha medida. Por lo anterior, se deduce que la juez responsable al imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no violó el principio de presunción de inocencia, como lo estimó la defensa del aquí quejoso en la audiencia respectiva. En efecto, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de presunción de inocencia, el cual consiste en que toda persona debe ser tratada como inocente y que ese trato implica que debe ser procesada en libertad; de ahí que la prisión preventiva encuentra su justificación de ser excepcional. Ciertamente, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que protege la libertad personal, la cual se contrapone a la arbitrariedad de los poderes públicos y beneficia a cualquier persona -inclusive a la que delinquió con anterioridad-. Jurídicamente, decir que se presume la inocencia del imputado significa que se le reconoce en posesión de un derecho a la libertad y que el Estado podrá privarlo de tal derecho, únicamente cuando seguido un proceso penal en su contra, el juez pronuncia sentencia declarándolo culpable. La presunción de inocencia se traduce en el derecho que tiene toda persona acusada de cometer un delito a ser tratada como inocente en tanto no se establezca su culpabilidad y mientras el juzgador no tenga formada la convicción de su plena responsabilidad penal. Sin embargo, como lo apreció la juez de Control responsable, la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra el quejoso, contrario a lo que expone el quejoso en su concepto de violación, no resulta violatoria de derechos fundamentales en su perjuicio, pues al estar decretada con apego a la ley y al procedimiento fijado, para ello, no constituye una trasgresión al principio de debido proceso, toda vez que, como se precisó, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente, permite, en los supuestos antes referidos, que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, como aconteció en el caso a que se refiere esta sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro siguiente: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. Por otra parte, contrario a lo expuesto por el quejoso, la responsable no impuso la prisión preventiva justificada en razón del máximo de la pena que en su caso pudiera llegarse a imponérsele al imputado o la actitud que asuma hacia el delito pues, precisó, la Ministerio Público no aportó mayores datos sobre dichos aspectos, por lo que indicó, sobre dichos particular, que no le asiste la razón a dicha institución ministerial, por ello, no tuvo por acreditada la necesidad de la cautela determinada por el peligro de sustracción de la justicia (P03_57:04). En cuanto al riesgo hacia la víctima, precisó que acorde con las circunstancias de comisión del hecho, se desprende del auto de vinculación dictado que fueron diez hechos que se tuvieron por acreditados en los que existió violencia física y psicoemocional, además de que la víctima se encuentra en estado de embarazo y su hijo está por nacer, por lo que no solo existe un riesgo para la víctima, sino también para el bebé que está esperando; pues en dos ocasiones, el imputado realizó intimidaciones a la víctima con un arma de fuego, así también porque existió un evento en el domicilio de los papás de la víctima -como se puede desprender de los datos de prueba aportados-, y no obstante que se encontraba en un domicilio diverso, el imputado se constituyó en aquél, y ejerció violencia a la víctima; así, el hecho de encontrarse en un lugar ajeno a su domicilio común, no fue un obstáculo para ejercer violencia; además la víctima pertenece a un grupo vulnerable, al tratarse de una mujer, además de que se encuentra embarazada. Aunado a lo anterior, la víctima ha dependido en todos los sentidos del imputado, por lo que la juez responsable advirtió la existencia de una relación de poder, esto es, que tiene el dominio de la situación económica como de otros circunstancias, incluso de los hábitos de higiene de la víctima; por lo que (P03_1:023) estimó actualizada la necesidad de la cautela, determinada por el riesgo hacia la víctima en términos del artículo del 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que también tomó en cuenta el informe de medidas cautelares, el cual si bien para dicha etapa precisó no es obligatorio, en aquél se determinó que existe un riesgo alto hacia la víctima. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, indicó la responsable que lo que se trata de contrarrestar con la imposición de la medida es el riesgo hacia la víctima, esto es, evitar que sea agredida nuevamente por el imputado, de acuerdo con el hecho que se ha tenido por acreditado; pues las agresiones que ha recibido la pasivo han sido constantes y reiteradas, la violencia fue iniciada tan luego iniciaron su relación, en el mes de febrero de dos mil veintiuno, y no ha sido impedimento para ejercerla el estado en que se encuentra la pasivo, ni encontrarse en el domicilio de sus familiares; así precisó que, haciendo una análisis, la medida más idónea para contrarrestar el peligro existente, y dadas las medidas particulares, es través de la medida prisión preventiva justificada en términos del artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, se comparte la decisión de la juez en cuanto la imposición de la medida de prisión preventiva justificada, ello a fin de evitar un riesgo hacia la víctima, en los términos indicados por la responsable, pues las diversas medidas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no resultan eficaces, para evitar que se le continúe agrediendo o incluso, a menor hijo. Apoya la anterior consideración la tesis XVII.1o.P.A. J/34 P (10a.), aplicada en sentido contrario, y jurisprudencia del contenido siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL. Hechos: El quejoso reclamó en el juicio de amparo indirecto la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El Juez de Distrito negó la protección constitucional y, en su contra, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada con base en apreciaciones subjetivas del Juez de Control, como por ejemplo, que la detención del imputado se efectuó fuera del Estado en el que se pretende su comparecencia, que viaja frecuentemente, cuenta con diversos domicilios, o por sus circunstancias económicas, que inciden en la posibilidad de trasladarse y abandonar la ciudad, es ilegal. Justificación: Lo anterior, porque la prisión preventiva es una medida excepcional y su imposición sólo procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado, ya que es al Ministerio Público a quien corresponde demostrar la necesidad de aplicarla, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente por qué ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues así lo establece el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la de rubro siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PROCEDE IMPONERLA, SIEMPRE QUE UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR NO SEA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR ÚNICA O CONJUNTAMENTE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"." En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de queja que suplir, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, respecto del acto reclamado consistente en la prisión preventiva justificada que le fue impuesta el nueve de noviembre de dos mil veintiuno. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, pero procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, y obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Neftalí Castillo Vargas, contra los actos reclamados consistentes en a) el auto de vinculación a proceso y b) la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 1127/2021, que atribuye a la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en términos del considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, data en la que se estuvo en condiciones de dictar la resolución correspondiente.

  3. Principal

    PRAL.1260/2021.MESA-8 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con treinta y ocho minutos veintidós de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, según proveído de veintiocho de febrero del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Conste. Apertura de la audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran a) la demanda de amparo promovida Neftalí Castillo Vargas, por propio derecho, contra actos de la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca e b) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Además, CERTIFICA: 1) No existe promoción alguna con la que se deba da cuenta. 2) Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo de pruebas en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y se tiene únicamente ofrecido el medio de convicción ofrecido por la autoridad responsable juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, consistente en: Disco versátil digital (DVD) que contiene los registros de audio y video de las audiencias: a) de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, b) término constitucional y ampliación de término de seis y nueve de noviembre del año en curso, respectivamente, desahogadas en la causa penal 1127/2021; así c) como registro escrito, en formato PDF, del auto de vinculación a proceso de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Al respecto, se acuerda: tomando en consideración que dicho medio de convicción fue admitido y desahogado durante la sustanciación de este juicio en razón de su especial naturaleza, será ponderado al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; por lo que se cierra esta etapa; y, visto el expediente, se procede a dictar la siguiente resolución: Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ponciano Velasco Velasco. La secretaria. Miriam Carolina Ramos León

  4. Principal

    PRAL.1260/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. 1° Se agrega oficio. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, remite un disco compacto DVD que refiere contiene los registros de audio y video de las audiencias a) de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, así como b) del plazo constitucional y ampliación de término de seis y nueve de noviembre del año anterior. 2° Instrucción secretaria. En esas condiciones, se instruye a la secretaria encargada del trámite de este expediente, tan pronto se haga presente en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, en razón del sistema de trabajo híbrido implementado en los Juzgados de Distrito a causa del fenómeno de salud pública provocado por el virus Covid-19, verifique que los archivos contenidos en el referido disco compacto, sean reproducibles en su totalidad; lo anterior, para los efectos legales procedentes. En caso contrario, realice el requerimiento respectivo, a la brevedad. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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