Neftali Arturo Barajas Pérez

Expediente 997/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
997/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Neftali Arturo Barajas Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Neftalí Arturo Barajas Pérez, contra actos del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 997/2018-IV-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]". La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. A efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18, de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En vinculación directa con lo anterior, este Juzgado de Distrito estima pertinente destacar que los actos reclamados no se encuentran comprendidos en el caso de excepción que prevé la fracción IV, del artículo 17, de la Ley de Amparo antes transcrita, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo, en razón de que fue emitido dentro del procedimiento penal. Al respecto, no debemos olvidar que a raíz de la reforma de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el tres de abril de esta anualidad, se limitó la procedencia del juicio de amparo en cualquier tiempo siempre que se trate de actos fuera de procedimiento. En efecto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama como actos reclamados las órdenes de aprehensión, comparecencia y presentación y/o cualquier otra privativa de libertad; sin embargo, la promoción del juicio resulta extemporánea, en virtud de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de junio de dos mil dieciocho, tal y como lo expresa en el capítulo de fecha de notificación del acto reclamado, en el que manifestó: (.) ".V fecha de notificación del acto reclamado. (...) . el día ocho de junio de año Dos Mil Dieciocho, le tocaron a la puerta de su domicilio tres personas que dijeron ser policías ministeriales y solicitaron a mi poderdante que los acompañara ya que tenían orden de detenerle."(sic) (.) Aspecto que por exclusión obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, de la ley de la materia, por tratarse de un acto emitido dentro de procedimiento. A efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto de los actos controvertidos, conviene reproducir el siguiente cuadro: Acto reclamado Fecha de notificación. Término de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Fecha de presentación de la demanda de amparo. La orden de aprehensión, comparecencia, presentación y/o cualquier otro privativa de libertad y su ejecución. Ocho de junio de dos mil dieciocho. Del once al veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Seis de noviembre de dos mil dieciocho. Bajo esa tesitura, es inconcuso que tales actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en esta ciudad, el seis de noviembre de la presente anualidad, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17, de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia aquí analizada. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pag. 5, del libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, materia común, de la Gaceta del Semanario de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113, del mismo ordenamiento. Por tanto, de conformidad los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de los actos reclamados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a Daniel Medina Flores, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En atención al contenido del artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma María del Rosario Licona Valentín, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Encargada del Despacho en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida del Secretario Luis Fernando Lozano Soriano, que autoriza y da fe. M.A.GNOTIFICACIÓN PERSONAL Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Neftalí Arturo Barajas Pérez, contra actos del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 997/2018-IV-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]". La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. A efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18, de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En vinculación directa con lo anterior, este Juzgado de Distrito estima pertinente destacar que los actos reclamados no se encuentran comprendidos en el caso de excepción que prevé la fracción IV, del artículo 17, de la Ley de Amparo antes transcrita, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo, en razón de que fue emitido dentro del procedimiento penal. Al respecto, no debemos olvidar que a raíz de la reforma de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el tres de abril de esta anualidad, se limitó la procedencia del juicio de amparo en cualquier tiempo siempre que se trate de actos fuera de procedimiento. En efecto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama como actos reclamados las órdenes de aprehensión, comparecencia y presentación y/o cualquier otra privativa de libertad; sin embargo, la promoción del juicio resulta extemporánea, en virtud de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de junio de dos mil dieciocho, tal y como lo expresa en el capítulo de fecha de notificación del acto reclamado, en el que manifestó: (.) ".V fecha de notificación del acto reclamado. (...) . el día ocho de junio de año Dos Mil Dieciocho, le tocaron a la puerta de su domicilio tres personas que dijeron ser policías ministeriales y solicitaron a mi poderdante que los acompañara ya que tenían orden de detenerle."(sic) (.) Aspecto que por exclusión obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, de la ley de la materia, por tratarse de un acto emitido dentro de procedimiento. A efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto de los actos controvertidos, conviene reproducir el siguiente cuadro: Acto reclamado Fecha de notificación. Término de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Fecha de presentación de la demanda de amparo. La orden de aprehensión, comparecencia, presentación y/o cualquier otro privativa de libertad y su ejecución. Ocho de junio de dos mil dieciocho. Del once al veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Seis de noviembre de dos mil dieciocho. Bajo esa tesitura, es inconcuso que tales actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en esta ciudad, el seis de noviembre de la presente anualidad, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17, de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia aquí analizada. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pag. 5, del libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, materia común, de la Gaceta del Semanario de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113, del mismo ordenamiento. Por tanto, de conformidad los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de los actos reclamados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a Daniel Medina Flores, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En atención al contenido del artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma María del Rosario Licona Valentín, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Encargada del Despacho en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida del Secretario Luis Fernando Lozano Soriano, que autoriza y da fe. Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, CERTIFICA: que la presente, es reproducción fiel y exacta del acuerdo del día de la fecha, dictada en el juicio de amparo número 997/2018-IV-B, la que se expide en términos del artículo 310, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Doy fe. Luis Fernando Lozano Soriano Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Neftalí Arturo Barajas Pérez, contra actos del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 997/2018-IV-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]". La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. A efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18, de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En vinculación directa con lo anterior, este Juzgado de Distrito estima pertinente destacar que los actos reclamados no se encuentran comprendidos en el caso de excepción que prevé la fracción IV, del artículo 17, de la Ley de Amparo antes transcrita, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo, en razón de que fue emitido dentro del procedimiento penal. Al respecto, no debemos olvidar que a raíz de la reforma de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el tres de abril de esta anualidad, se limitó la procedencia del juicio de amparo en cualquier tiempo siempre que se trate de actos fuera de procedimiento. En efecto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama como actos reclamados las órdenes de aprehensión, comparecencia y presentación y/o cualquier otra privativa de libertad; sin embargo, la promoción del juicio resulta extemporánea, en virtud de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de junio de dos mil dieciocho, tal y como lo expresa en el capítulo de fecha de notificación del acto reclamado, en el que manifestó: (.) ".V fecha de notificación del acto reclamado. (...) . el día ocho de junio de año Dos Mil Dieciocho, le tocaron a la puerta de su domicilio tres personas que dijeron ser policías ministeriales y solicitaron a mi poderdante que los acompañara ya que tenían orden de detenerle."(sic) (.) Aspecto que por exclusión obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, de la ley de la materia, por tratarse de un acto emitido dentro de procedimiento. A efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto de los actos controvertidos, conviene reproducir el siguiente cuadro: Acto reclamado Fecha de notificación. Término de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Fecha de presentación de la demanda de amparo. La orden de aprehensión, comparecencia, presentación y/o cualquier otro privativa de libertad y su ejecución. Ocho de junio de dos mil dieciocho. Del once al veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Seis de noviembre de dos mil dieciocho. Bajo esa tesitura, es inconcuso que tales actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en esta ciudad, el seis de noviembre de la presente anualidad, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17, de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia aquí analizada. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pag. 5, del libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, materia común, de la Gaceta del Semanario de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113, del mismo ordenamiento. Por tanto, de conformidad los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de los actos reclamados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a Daniel Medina Flores, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En atención al contenido del artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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