Nefi Barrera Moreno
Expediente 763/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nefi Barrera Moreno
Actuaciones
- Principal
.... se declara que ha causado ejecutoria la sentencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido. Por lo anterior, y toda vez que se sobreseyó el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
...De la razón actuarial efectuada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Nefi Barrera Moreno, la sentencia dictada en el presente asunto por los motivos allí expuestos. Ahora, atento a que en el auto de radicación de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se le dio a su autorizado Felipe de Jesús Raygoza Quiñones intervención vía electrónica a los presentes autos por contar con nombre de usuario válido, en obvio de mayores dilaciones, notifíquese por ese medio al quejoso por conducto de su autorizado la sentencia dictada en este expediente con inserción integra de la misma, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa por conducto de su autorizado la sentencia dictada en este juicio y únicamente en el expediente electrónico reprodúzcase la sentencia de mérito, en la parte final de este proveído. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe. En cumplimiento al auto que antecede, se reproduce a continuación la sentencia dictada el dieciocho de septiembre último, para los efectos legales procedentes: "SENTENCIA Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 763/2019/V-A, promovido por Nefi Barrera Moreno, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante oficio 32045 presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el veinte de agosto de dos mil diecinueve y recibido ese mismo día por razón de turno en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Nefi Barrera Moreno, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Delegación Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de veintiuno de agosto del año en curso, se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 763/2019/V-A, se admitió a trámite el presente asunto, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, misma que fue diferida, para tener verificativo el día de hoy, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto séptimo, del apartado cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido el veintitrés de enero de dos mil trece, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en razón de que algunas de las autoridades responsables ejercen su función dentro de los límites jurisdiccionales que corresponden a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Materia del juicio. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la aplicación de la unidad y medida de actualización (UMA) en su pensión, otorgada por la Delegación Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta obligatorio analizar las causas de improcedencia que hicieren valer las partes o las que se adviertan de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento al contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable al rendir su informe justificado sostiene que en el presente juicio se actualiza la causal improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte solicitante del amparo tenía que agotar el recurso o medio de defensa previsto en el orden jurídico ordinario para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Es fundada la causal de improcedencia invocada, toda vez que en efecto, la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, motivo por el cual, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La disposición normativa transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Señala, además, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1. El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. El acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. A través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no exija mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido; y, 6. No exista excepción al principio de definitividad. Es aplicable a lo expuesto la tesis de jurisprudencia: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En la especie, los requisitos apuntados se actualizan respecto al acto reclamado en análisis, por lo siguiente: El supuesto previsto en el punto 1 se encuentra satisfecho, porque la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, es la encargada de calcular y cuantificar las pensiones ya sea en Salarios Mínimos o en Unidades de Medida y Actualización. Es decir, la emisión del acto reclamado en estudio, se atribuye a una autoridad administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues se imputa a autoridades de la administración pública federal. Así, dado que el acto reclamado en este asunto es la aplicación de la unidad de medida a la pensión del aquí quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado prevé para tal efecto, en el caso, el juicio contencioso administrativo, pues la esencia del acto reclamado descansa en un tema relacionado con el cálculo del monto de la pensión que recibe, sobre la base de si se aplica la Unidad de Medida y Actualización, o se aplica el salario mínimo correspondiente. En este orden de ideas, por lo que respecta a los requisitos marcados en los puntos 2 y 3, también se encuentran cubiertos. Para ello es necesario citar que el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el diverso 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo que interesa, establecen: "Artículo 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. [.]" "Artículo 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.] Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa." De los numerales transcritos se advierte que contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa federal, así como las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso en estudio- procede el juicio contencioso administrativo federal (también conocido como juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar de aplicar la medida de salario mínimo (VSM), como factor de actualización de la pensión que percibe. En contra ese tipo de actos administrativos procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". En virtud de lo expuesto, se consideran satisfechos los puntos dos y tres, debido a que en contra del acto reclamado en estudio, procede el juicio contencioso administrativo federal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En relación con los supuestos contenidos en los puntos 4 y 5, igualmente se encuentran satisfechos, debido a que los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la Ley de Amparo, en esencia, son iguales a los que se otorgan en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En la Ley de Amparo se prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Lo señalado en último término no es mayor a lo previsto por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho transgredido al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Por ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones, permite concluir que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación. Además, hay similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Sirve de apoyo la jurisprudencia 27/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Como se expuso, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se establecen mayores requisitos ni plazos que en la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, tratándose de determinaciones que causen agravio en materia fiscal y administrativa, por lo cual se encuentran satisfechos los supuestos a que se ha hecho referencia en los puntos 4 y 5. Finalmente, por lo que hace al punto 6, también se encuentra satisfecho, pues: a) el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación; b) no afecta a una persona extraña; c) el cuerpo normativo que instituye el medio de defensa prevé la suspensión y no exige mayores requisitos ni plazos que los que prevé la Ley de Amparo para la paralización del acto; d) no se trata de un juicio de amparo contra leyes, o se promueve con motivo del primer acto de aplicación; y e) no se reclaman en este juicio exclusivamente violaciones directas a la Carta Magna, sino también indirectas (diversos vicios de legalidad), tales como aquellas que aluden a la inobservancia de disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En virtud de lo anterior, si la parte quejosa no hizo valer el juicio de nulidad previamente a promover el juicio de amparo respecto del acto de autoridad en cuestión, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 226555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." CUARTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. QUINTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la Constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 763/2019/V-A, promovido por Nefi Barrera Moreno, por propio derecho, contra la autoridad y por el acto que fue precisado en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe. ." "Firmas Rúbricas".
- Principal
......el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual, rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I y 9°, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio y delegados para oír y recibir notificaciones, los señalados en su informe de cuenta. En virtud de lo acordado, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las diez horas con quince minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo.
- Principal
.. SE ADMITE LA DEMANDA DE CUENTA.. CITESE A LAS PARTES A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRA VERIFICATIVO A LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE..
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