Nefatlí Chavéz Yescas

Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
449/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Nefatlí Chavéz Yescas

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por Ramiro Velásquez García, mediante el cual en atención a la prevención formulada en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, exhibe. Copia certificada del instrumento (acto) notarial setecientos seis, que obra en la escritura noventa mil ochocientos once, del Libro seiscientos veintiocho, llevado a cabo ante el Cónsul General de México en la Ciudad Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, actuando en funciones de Notario Público, del que se advierte que el directo quejoso Neftali Chavez Yescas, confirió a Ramiro Velásquez García poder para pleitos y cobranzas. En tal circunstancia, se le reconoce la calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas del directo quejoso Neftali Chavez Yescas, y al respecto se provee: Cuestión Previa. Se hace la precisión que en el proemio del escrito aclaratorio se asienta el nombre de Ramiro Velásquez Garica, no obstante, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que quien firma autógrafamente el citado ocurso es Ramiro Velásquez García, de ahí que se tenga certeza de la voluntad que manifiesta la parte quejosa para cumplir con la prevención de referencia. Desechamiento de la demanda. A efecto de proveer, respecto de la admisión o desechamiento de la demanda es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera cusa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene l insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo en su integridad, y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene la facultad para desecharla. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Para esto, el concepto "manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", en el siguiente sentido, por lo que hace a manifiesto lo define como: el que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y por lo que hace a indudable, el que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. En ese sentido, al realizar un análisis integral del escrito de demanda, se desprende que Ramiro Velásquez García, apoderado general para pleitos y cobranzas del quejoso Neftali Chávez Yescas, reclama de las siguientes autoridades responsables: 1.- Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 2.- Actuario Judicial de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los siguientes actos reclamados: La resolución dictada el trece de abril de dos mil veintitrés, notificada al día siguiente, en el toca civil número ********************, por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como su ejecución y cumplimiento. De ahí que se considere actualizada la causal de improcedencia manifiesta e indudable consagrada en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 y 107 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta procedente desechar la demanda de garantías instaurada, por los motivos que se exponen a continuación. El precepto invocado señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Articulo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De donde, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En esas condiciones, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación material directa e inmediata a los derechos personales de la quejosa (propiedades, posesiones o derechos). Esto es así, en virtud de que el acto reclamado en la presente instancia, se hace consistir en: "...La resolución dictada el trece de abril de dos mil veintitrés, notificada al día siguiente, en el toca civil número ********************, por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado." En la que se determinó revocar la resolución apelada -resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente de origen ********************, relativo al juicio sumario civil sobre división de cosa común promovido por la parte quejosa, en contra de ********************, para el efecto de que se emplace de nueva cuenta a la citada demandada. Como se advierte, tal actuación no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, siendo, en todo caso, impugnable como una violación a las leyes del procedimiento a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia que ponga fin al citado juicio civil de origen, en caso de ser desfavorable a los intereses de la parte quejosa, como así lo establece el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Cobra vigencia, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI.1o. J/79, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro , de rubro y contenido siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INCIDENTE. Como se observa, no se está en la hipótesis de irreparabilidad, porque el acto reclamado no constituye una violación a sus derechos sustantivos, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal, por lo tanto, no tiene el carácter de imposible reparación; además, dicho acto es susceptible de extinguirse si la resolución que emita la autoridad responsable es favorable al solicitante de amparo, o en caso contrario, la resolución que se emita es susceptible de combatirse por esta vía." Y se estima la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento, al considerar que sus consecuencias no son de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos; pues se estima que la decisión de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado si bien le causa un perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos objetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, pues éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional, una vez reparada la violación procesal mencionada. Sin que obste el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593, con registro digital: 170244, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Por lo anterior, la causa de improcedencia analizada es notoria e indudable, pues las razones en que se apoya están acreditadas con elementos de juicio indubitables, de modo tal que no variarían ni aun con los informes justificados que se rindan, los alegatos y las pruebas que las partes hagan valer, por lo tanto, con fundamento en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO esta demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Radicación de la demnda. Vista la demanda de amparo promovida por *************, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal *************; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, y regístrese con el número 449/2023. Prevención. A fin de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a *************, para que dentro del término de cinco días siguientes a su legal notificación, anexando las copias necesarias de la promoción correspondiente, las que formarán parte integrante de la demanda de amparo, cumpla con lo siguiente: a).- Acredite con documento idóneo, en original o copia certificada, la personalidad con que se ostenta, esto es, como apoderado de *************, toda vez que contrario a lo que expuesto en el proemio de su demanda, no adjuntó instrumento notarial; en el entendido que de exhibir ser un poder notarial expedido por autoridades consulares o extranjeras, deberá contar con las formalidades de ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200657, visible en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así también, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200084, visible en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Bajo apercibimiento que de no cumplir con dicha prevención en el plazo otorgado, con fundamento en el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados para los mismos efectos como solicita a las personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. Exhortación a tramitar juicio en línea. Ahora, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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