Nazario rubize Tun Echeverría

Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
947/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Nazario rubize Tun Echeverría

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de cinco días que se concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, a fin de que cumpliera con la cinco al nueve de diciembre del año en curso, sin que hiciera pronunciamiento alguno. Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ***. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Vista la demanda de amparo de cuenta, con la que ****, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 947/2022. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Derivado del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1).-De las Responsables señaladas en los incisos a) y b) del Capítulo que antecede, señalo como Actos Reclamados la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del sustento normativo del que deriva el procedimiento del Consejo de Honor Ordinario a que se me pretende sujetar. En específico: a) El numeral 16 del Catálogo de Faltas de la Secretaría de Marina, al pretender juzgarme por hechos no comprobables: "16. Por contravenir las Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos navales o militares, que se relacionen con su situación dentro del servicio de la Armada de México y que por su actuar cause un perjuicio a la unidad o establecimiento" b).- Asimismo, destaco como actos reclamados los artículos 12, y 16 del REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ALMIRANTES, CONSEJOS DE HONOR SUPERIOR Y ORDINARIO, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve. Para fines de claridad, los transcribo: [.] Respecto del proceso legislativo, hago mención a Usía que el mismo no existe, puesto que se trata de normatividad emitida por el Poder Ejecutivo Federal en uso de sus facultades constitucionales, sin que haya existido participación del Poder Legislativo Federal. Ahora bien, por cuando hace a los antecedentes mediatos del Acuerdo Secretarial a que se alude como acto reclamado, el mismo señala lo siguiente: [.] 2.- Se señala también como acto reclamado destacado la audiencia y procedimiento de Consejo de Honor Ordinario en la Décima Quinta Zona Naval, a celebrarse el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, instaurado en mi contra por haber cometido supuestamente actos contrarios a la disciplina naval, en la cual se me pretende imponer un "correctivo disciplinario" que puede ser inclusive mi baja del Servicio Activo de la Armada de México, luego de juzgarme ilegal, inconstitucional e inconvencionalmente, en virtud de que se trata de un procedimiento simulado, porque en ningún caso la institución absuelve a los elementos ni se respeta el debido proceso ni la defensa adecuada, además de que se sustenta en un Catálogo de Faltas que es inconstitucional e inconvencional, tal y como demostraré oportunamente. No omito mencionar que el oficio número 26/2022, emitido por la Presidencia del H. Consejo de Honor Ordinario del Decima Quinta Naval mediante el que se me emplaza al precitado Consejo de Honor, me fue entregado el día de hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintidós." De la anterior transcripción, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la peticionaria de amparo consiste en: La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del sustento normativo del que deriva el procedimiento del Consejo de Honor Ordinario a que se me pretende sujetar, en específico: El numeral 16 del Catálogo de Faltas de la Secretaría de Marina. Los artículos 12 y 16 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario. Ahora, la parte quejosa refiere que reclama la inconstitucionalidad del artículo 16 del Catálogo de Faltas de la Secretaría de Marina, así como de los artículos 12 y 16 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario, no obstante del contenido de su escrito inicial no se advierte si se duele de la misma, de manera autoaplicativa o heteroaplicativa. En virtud de lo anterior, a efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar la siguiente: Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, realice lo siguiente: ÚNICO. Precise si reclama la inconstitucionalidad del artículo 16 del Catálogo de Faltas de la Secretaría de Marina, así como de los artículos 12 y 16 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario, de manera autoaplicativa o heteroaplicativa. En el entendido que si reclama la norma de manera heteroaplicativa, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuál es el acto concreto de aplicación, cuándo le fue notificado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor del mismo; asimismo, en caso de contar con él lo exhiba ante esta autoridad. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al punto preventivo en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la precisión del acto reclamado es un requisito de la demanda obligatorio para la parte quejosa, en términos de la fracción IV del artículo 108 de la ley de la materia. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, por conducto de su apoderado o representante legal, y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de esta juzgado y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a ****, por no contar con registro en dicho sistema y a ****, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se accede a la solicitud realizada por la parte promovente consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente, así como las notificaciones electrónicas por medio del usuario "****". En consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. De igual forma, se tiene a la parte quejosa señalando los correos electrónicos **** y ****, mismos que se toma conocimiento para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones con motivo de este asunto se ordenen. Se exhorta a las demás partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho- Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,2 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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