Nazario Rubisel Gómez Vázquez
Expediente 358/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/05/2023
Partes del expediente
- Nazario Rubisel Gómez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído del nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Verónica Yessenia Berenice Pinto González, en favor de Nazario Rubisel Gómez Vázquez. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Tomando en cuenta que del estado de autos se evidencia que no hay diligencia o trámite alguno por realizar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente, háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, con fundamento en su ordinal 18, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano y posteriormente se tuvo por no presentada la demanda de amparo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó incidente de suspensión. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vistos: I.- La certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que la parte promovente Veronica Yessenia Berenice Pinto González, no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de abril del presente año. II.- El oficio de cuenta signado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Dos, con residencia en Palenque, Chiapas, por medio del cual remite las constancias solicitadas en proveído de veintidós de marzo del año en curso. Al efecto se acuerda: Por lo que hace al punto I, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. Respecto del punto II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y estese a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vistos: I. El oficio de cuenta el oficio remitido vía correo electrónico signado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Dos, con residencia en Palenque, Chiapas, por medio del cual remite las constancias solicitadas en proveído de veintidós de marzo del año en curso. II. El estado de autos, de los cuales se advierte que de la comunicación recibida por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, Chiapas, obran las razones realizadas por el Actuario Judicial adscrito a ese juzgado, de las que se aprecia que fue informado que el directo quejoso, Nazario Rubisel Gómez Vázquez, fue puesto en libertad el dos de marzo del año en curso. Al efecto, se acuerda: Por lo que hace al punto I, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Sin que sea el caso efectuar mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que el mismo no se encuentra signado con firma electrónica FIREL; y por ende, no se le puede dar la certeza y validez jurídica correspondiente, en términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; por lo que, al no contar con dicho requisito, carece de validez jurídica. En ese sentido, vía oficio, comuníquese a dicha autoridad que a partir de esta data y de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán remitir las promociones que al efecto giren con motivo del presente expediente, a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrán por recibidos, ni se les otorgará validez a dichas comunicaciones; por lo que, en caso de incumplimiento, se harán acreedores a la sanción a la que fue conminada en el auto notificado. En su caso, también podrá remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040; en términos del artículo 253, del Acuerdo General antes invocado. Respecto del punto II, ahora bien, de las constancias de notificación, se advierte que en la Dirección de la Policía de Seguridad Pública Municipal y Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana 02, residentes en Palenque, Chiapas, el Actuario adscrito, fue informado que el quejoso Nazario Rubisel Gómez Vázquez, fue puesto en libertad el dos de marzo del año en curso, sin que haya sido posible su localización para la ratificación de la demanda presentada en su favor; atento a ello, dese vista a la parte promovente Verónica Yessenia Berenice Pinto González, con las constancias del despacho signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, Chiapas, para que informe a este órgano jurisdiccional los datos de localización del directo quejoso, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE VERÓNICA YESSE******************** Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vistos; I. El libelo de cuenta suscrito por ********************, en su carácter de ********************, parte tercera interesada en el presente juicio, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. II. La certificación que antecede y el estado de autos de los que se desprende que mediante oficio 416/2023, el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente sumario, que concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Por lo que hace al punto I, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el ocurso de cuenta, y téngase por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en líneas subsecuentes. En relación al punto II, tomando en consideración que mediante acuerdo de siete de marzo de esta anualidad, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que dentro el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del proveído en mención, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por aquellas. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el ocho de marzo siguiente; y a la autoridad tercera interesada ********************, el catorce posterior; siendo que tanto la parte quejosa, como la parte tercera interesada, desahogaron la vista concedida para tal efecto; en consecuencia, este juzgado procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por la autoridad ordenadora, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento SEXTO. De la concesión del amparo. Así las cosas, como se apuntó, al concluir la inconstitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Primera Sala del Tribunal de Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad: a) Deje insubsistente el proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, en lo relativo a la porción en donde ordenó destrabar el embargo realizado en diligencia de nueve de agosto de esta misma anualidad. b) Con libertad de jurisdicción previo acordar la petición efectuada por la parte trabajadora ejecutante, emita un nuevo proveído, en donde cite el precepto legal o las causas que justifique, que de manera oficiosa, puede llevar a cabo el destrabe el embargo realizado en diligencia de nueve de agosto de esta misma anualidad, o bien se pronuncie en sentido contrario, si así lo estima conveniente conforme a derecho. c) Finalmente, en caso de considerar que procede el análisis oficioso para destrabar el embargo, atendiendo a los razonamientos expuestos en la ejecutoria de mérito, deberá explicar si no obstante lo que establecen los artículos 388-A del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 13, fracción V de la Ley de Disciplina Financiera; y el contenido de artículo 45, fracción LXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, dicha autonomía y facultades que le otorgan a los municipios, no es aplicable al caso en concreto. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Secretario de Acuerdos adscrito a la autoridad responsable, mediante oficio 290/2023, informó del contenido de la actuación de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral ******************** (antes ********************), de su índice, del cual se advierte lo siguiente: a) Determinó dejar insubsistente los proveídos de dos de septiembre de dos mil veintidós (acto reclamado) y cuatro de enero de esta anualidad (acto en cumplimiento), dictados dentro del expediente de origen, en lo relativo a la porción donde se ordenó destrabar el embargo realizado en diligencia de nueve de agosto de esa misma anualidad. b) Acto seguido, procedió a emitir pronunciamiento respecto de la facultad oficiosa de ese Juzgado Especializado en Materia Burocrática, para ordenar el destrabe el embargo realizado dentro de los autos del sumario de su índice. A ese respecto, la responsable precisó que si bien no existe precepto legal que autorice en forma expresa la facultad de instruir el destrabe del embargo practicado de manera oficiosa, cierto resultaba también que podía realizarlo, atendiendo al principio de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que permite el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, en términos del numeral 11 de la Ley de la Materia. En efecto, emitió pronunciamiento encaminado a justificar la atribución en comento; para lo cual, citó como fundamento de su actuar el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de conformidad con su numeral 11; así como los diversos 25, 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior, bajo el argumento de que atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia, establecidos en el primero de los dispositivos normativos en mención, se permite a las autoridades jurisdiccionales especializadas en materia burocrática, actuar de forma oficiosa respecto de los actos contrarios a la Ley. Sobre esa línea, expuso que de conformidad con lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal, los bienes de los Ayuntamientos, particularmente los regulados por el cuerpo legal invocado, como en el caso el FORTAMUN-DF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), son de carácter inembargable, atento a su naturaleza jurídica y finalidad. Por lo que, con base en lo anterior, sostuvo que si el embargo practicado en autos del juicio de origen, recayó sobre bienes que de conformidad con la normativa supracitada, no son susceptibles de ese tipo de retención (embargo); resulta evidente que el acto jurídico desplegado es improcedente, al contravenir disposiciones de orden público; y por ende, tal situación facultaba al Juzgado Burocrático para que, en uso de su facultad oficiosa, ordenara el destrabe del embargo en mención. Empero no acreditó que haya dado cabal cumplimiento a la resolución emitida en juicio de origen, y se le requirió por segunda ocasión, para que se pronunciara respecto al último tópico señalado en la concesión del amparo, relacionado con lo que establecen los artículos 388-A del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 13, fracción V de la Ley de Disciplina Financiera; y el contenido de artículo 45, fracción LXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. En cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado, mediante oficio 416/2013, la responsable, ffinalmente, procedió a expresar las razones por las que a su juicio, no obstante el contenido de los preceptos legales 13, fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera; 388-A del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; y, 45, fracción LXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; concatenados con los diversos 25, 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, no eran aplicables al caso concreto. Es así, ya que al respecto señaló que tocante al primero de los artículos en cita, que refiere que una vez aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio del gasto; las Entidades Federativas deberán observar que la asignación global de servicios personales aprobadas originalmente en el presupuesto de egresos, no podrán incrementarse durante el ejercicio fiscal; exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitida por la autoridad competente. Empero, señaló que atendiendo al principio de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia, que prevé el diverso artículo 604 de la Ley Federal dl Trabajo e aplicación supletoria, valoró que los fondos embargados son la principal fuente de recursos de los municipios para financiar sus programas institucionales y el Constituyente condicionó su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos para cada tipo de aportación que establece la Ley de Coordinación Fiscal. En lo referente al segundo de los dispositivos normativos en alusión, señaló que se refiere sustancialmente a que las dependencias, entidades y órganos ejecutores, con cargo a sus respetivos presupuestos y de conformidad a las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir los pagos de las obligaciones; cierto era también, que no hacía alusión a los Ayuntamientos Municipales como en el caso en estudio, refiriéndose específicamente en dependencias, Entidades y Órganos Ejecutores y en el supuesto caso que incluyera a los ayuntamientos, se estaría al mecanismo legal de afectación pero no a través de embargo. Por cuanto al último de los artículos analizados, aduce que la facultad destinada al Presidente Municipal para llevar a cabo la afectación de los recursos destinados al Ayuntamiento de que se trate, para cubrir las obligaciones a su cargo, también se encuentra sujeta a aprobación, primero, por parte del Cabildo de dicha municipalidad, y posteriormente, a cargo de la legislatura de la entidad; y hasta por el monto específicamente determinado. Por ende, concluyó que al no haberse seguido el procedimiento establecido por la normatividad para la afectación de los bienes del Ayuntamiento demandado en ese sumario, dicho proceder resultó contrario a la norma; por lo que, como rector del procedimiento, ordenó el destrabe del mismo. En esa medida, este órgano de control constitucional advierte que la autoridad responsable atendió los lineamientos establecidos en el cuerpo considerativo de la ejecutoria de amparo decretada en autos. Ello es así, porque, como se aprecia del cuadro comparativo que antecede, la responsable dejó insubsistente el proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro de la controversia natural, únicamente en lo relativo a la porción donde se ordenó destrabar el embargo realizado en diligencia de nueve de agosto de esa misma anualidad. Asimismo, procedió a emitir pronunciamiento en forma expresa en torno a las causas que justificaban su actuación aunque no existiera un precepto legal que lo facultara a actuar de manera oficiosa, para llevar a cabo el destrabe del embargo verificado en la contienda de origen, pues en la especie, sostuvo su facultad, con base en la interpretación sistemática del artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. Por lo que, manifestó que al tenor de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones y accesorios recibidas por los Ayuntamientos adheridos a ese sistema, son de naturaleza inembargable, atendido a su destino. Por lo tanto, determinó que los actos de embargo recaídos sobre tales bienes, en sí mismos, resultan contrarios a la norma; de ahí que, tal jurisdiccional se encuentra facultada para corregir el mandamiento correspondiente; esto es, ordenar el destrabe del embargo practicado sobre los bienes del Ayuntamiento demandado, siempre y cuando, se ubiquen dentro de la hipótesis legal en comento. En esa línea de argumentación, llevó a cabo un análisis sistémico de los preceptos normativos 13, fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera; 388-A del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; y, 45, fracción LXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; concatenados con los diversos 25, 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, de donde concluyó, que si bien existe la posibilidad de llevar a cabo la afectación de los bienes de los Ayuntamientos, a efecto de que éstos cumplan con los pasivos, incluso aquellos derivados de las contiendas laborales; no menos cierto es que dichos dispositivos no constituyen por sí mismos excepciones al mecanismo legalmente establecido con ese objeto (el cual resulta observable para ese Juzgado Burocrático, de conformidad con el principio de legalidad); sino por el contrario, a partir de ellos, se sustenta el procedimiento para llevar a cabo. Sin que resulte obstáculo para la anterior determinación, los argumentos vertidos por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido que la autoridad responsable omitió citar el precepto legal o las causas que lo justifiquen; es así ya que contrario a lo que argumenta, como quedó demostrado en el cuadro comparativo que antecede, la responsable sí expresó las causas que justificaban su actuación no obstante no existir precepto legal que autorizada su actuación de manera oficiosa. Por otra parte, tocante a los argumentos vertidos y que se encuentran relacionados al desconocimiento de la responsable del contenido del artículo 388 A, del Código de Hacienda Pública del Estado, y sus diversos 335, 336 y 361 de la normatividad en comento, éstos van encaminados a controvertir lo que es el fondo del asunto y este órgano de control constitucional, acorde al lineamiento del fallo protector, otorgó al juzgador de instancia, libertad de jurisdicción para emitir la resolución que conforme a su atribución estimara procedente; siendo que en la especie, la responsable citó los preceptos legales en los que fundó su actuación, y precisó los motivos por los cuales a su juicio, era procedente sustentar su actuación. Sin soslayar que la autoridad responsable, sí contempló dentro de su argumentación al citado órgano de gobierno, al precisar que aun tratándose de la municipalidad, el procedimiento para afectar los recursos que le son destinados, deben regirse por el mecanismo establecido expresamente en la norma para ello. Por último, tocante a los argumentos vertidos por el ********************, parte tercera interesada en el presente juicio, relacionados con el cumplimiento de la sentencia, se deja de efectuar mayor pronunciamiento de su contenido, atendiendo a que éstos van encaminados a que se tenga por cumplida la sentencia, lo cual quedó definida en líneas que anteceden. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. Hágase del conocimiento de las partes, que están expeditos sus derechos para, que en el caso de así estimarlo pertinente, impugnen esta determinación, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA, PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA Y A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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