Nazario Martínez Limon

Expediente 276/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
276/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • Nazario Martínez Limon

Actuaciones

  1. Principal

    De igual forma, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 12424/2016, adjunto al cual se le acompañó el juicio de amparo 276/2016-VI de donde deriva el presente cuaderno y comunica que aceptó la competencia planteada, quedando registrado bajo el número de juicio de amparo 183/2016. Además, con fundamento en el punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo Conjunto invocado, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dentro del plazo de seis meses a que se refiere el señalado punto Vigésimo, del Acuerdo General 1/2009 antes mencionado en virtud de que en el expediente en que se actúa no existen glosados documentos originales ni se ordenó mandar alguno al seguro de este Juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Nazario Martínez Limón, contra actos del Juez Octavo del Ramo Civil de esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y fórmese el expediente de amparo como 276/2016-VI. Vista la demanda de cuenta, se advierte que el promovente reclama la sentencia definitiva de cuatro de febrero del año en curso dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 481/2015, la cual resolvió el juicio ejecutivo planteado por Caja Real del Potosí por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra del aquí quejoso. Bien, en los numerales 34, 35, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se dispone: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo. En el caso, el acto reclamado en el juicio consiste en la sentencia definitiva de cuatro de febrero del año en curso dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 481/2015, la cual resolvió el juicio ejecutivo planteado por Caja Real del Potosí por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra del aquí quejoso; sin embargo, dicho acto reclamado, al tratarse de una sentencia que pone fin al juicio, la cual no admite recurso ordinario en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, dada la suerte principal, es impugnable en amparo directo en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apego a lo establecido en los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata; por ende, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en turno, a quien corresponde el conocimiento del juicio, para que resuelva lo que estime procedente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por Nazario Martínez Limón, contra actos del Juez Octavo del Ramo Civil de esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y fórmese el expediente de amparo como 276/2016-VI. Vista la demanda de cuenta, se advierte que el promovente reclama la sentencia definitiva de cuatro de febrero del año en curso dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 481/2015, la cual resolvió el juicio ejecutivo planteado por Caja Real del Potosí por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra del aquí quejoso. Bien, en los numerales 34, 35, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se dispone: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo. En el caso, el acto reclamado en el juicio consiste en la sentencia definitiva de cuatro de febrero del año en curso dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 481/2015, la cual resolvió el juicio ejecutivo planteado por Caja Real del Potosí por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra del aquí quejoso; sin embargo, dicho acto reclamado, al tratarse de una sentencia que pone fin al juicio, la cual no admite recurso ordinario en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, dada la suerte principal, es impugnable en amparo directo en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apego a lo establecido en los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata; por ende, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en turno, a quien corresponde el conocimiento del juicio, para que resuelva lo que estime procedente."

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