Nazario Hernandez Avila
Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nazario Hernandez Avila
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintidós. Agrega Oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento con la suspensión de plano. En atención a lo expuesto, se acuerda: Estado de autos. En escrito de demanda la parte quejosa Gregorio Eduardo Ramírez Balbi y Patricia Eugenia Patiño Luna, en representación de sus hijos de identidad reservada, conforme con lo dispuesto en la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, "Reglas de Beijing"; Capítulo II, denominado "Conceptos y Principios", punto 2 relativo a los "Principios Generales", primer párrafo, incisos a), último párrafo, e), f) y g), así como del capítulo III, relativo a las "Reglas de Actuación Generales" punto 10, denominado "Medidas para proteger la Intimidad y el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes", primer párrafo, inciso a), todos del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de febrero de dos mil doce, de iniciales P.A.R.P y J.E.R.P., promovieron la acción constitucional respecto de los actos reclamados, consistentes en la omisión de incluirlo en la política nacional de vacunación contra el virus Sars-Cov-2 para la prevención de Covid en México. Junto con su demanda, la parte quejosa exhibió impresión de las actas, con data de nacimiento treinta y uno de marzo de dos mil once y veintiséis de julio de dos mil catorce, respectivamente, por lo que se desprende que cuentan con once y siete años de edad. Asimismo, de los informes de suspensión de plano que obran en este expediente, se desprende que al día de hoy, no existe constancia de que se hayan aplicado inoculación alguna. Ahora bien, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la suscrita advierte la actualización de una causa de improcedencia, que debe analizarse de oficio, al ser de orden público. I. Hipótesis a demostrar. En esa medida, este juzgado advierte que atento a la edad con la que actualmente cuentan los menores quejosos de identidad reservada, de once y siete años de edad, como se advierte de los documentos que obran en este sumario, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado, por los motivos que a continuación se precisan. II. Marco legal. Tal dispositivo en su texto establece: "Artículo.61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En torno a dicha fracción debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Dicho en otras palabras, se entiende que cesan dichos efectos, cuando el acto es revocado o modificado, o simplemente porque se colma el objeto por el cual se emitió, por lo que, al acontecer alguna de esas circunstancias se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad y, en consecuencia, el juicio de amparo carece de litis sobre la cual deba existir pronunciamiento de fondo. Apoya tal consideración, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, febrero de 1998, página 210, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". También es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." III. Caso concreto. A efecto de establecer si en el caso se actualiza la hipótesis invocada es necesario partir de la naturaleza de los actos reclamados, para luego establecer si la pretensión de la parte quejosa está satisfecha con los actos desplegados muto propio por las autoridades responsables. Como se ha indicado, en lo medular, la parte accionante del amparo reclama la falta de inclusión dentro del grupo al que pertenecen los quejosos, niños de once y siete años, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2; y, en vía de consecuencia, la inaplicación de tal vacuna. Visto lo de cuenta, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado, pues constituye un hecho notorio, para la suscrita que se anunció por el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha anunciado el trece de junio de esta anualidad, el inicio de la fase siete del programa de vacunación contra el COVID-19, el cual iniciará a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, data en la cual inicia el registro para la vacunación de niños de cinco a once años, sin comorbilidades. Información que se corrobora, en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la que se advierte que se puede registrar para la obtención de la vacuna a los menores de doce años en adelante sin comorbilidades, dentro de la población en la que se encuentra la parte quejosa. En ese panorama, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad aludido, toda vez que con el actuar de las autoridades responsables las cosas quedaron tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, esto, al incluirse en el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV2 a los menores de once años, rango de edad en el que se encuentran los quejosos, lo que torna improcedente su estudio por esta vía, pues durante el trámite del juicio, se modificó la política pública impugnada en beneficio de los menores inconformes y se autorizó la aplicación de la vacuna solicitada, por lo que la pretensión por la que acudió a la presente instancia se encuentra satisfecha. Máxime que, obran en este sumario evidencias de que los padres del accionante han incurrido en desinterés de la valoración correspondiente para la aplicación de las dosis de vacunas, ordenadas en este juicio constitucional, por lo que se desprende que será decisión de la parte accionante asistir al llamado de las autoridades respectivas para la aplicación del biológico dentro de las campañas respectivas. Consecuentemente, al resultar evidente que la omisión de incluir a la parte quejosa -menor de once años- dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser beneficiarios al acceso a las dosis de inoculación contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, restituyéndose en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de las responsables. En cuanto a la omisión de aplicar la vacuna, se debe entender que no se está reclamando de manera independiente sino en vía de consecuencia de la diversa omisión normativa que se reclama; esto es, que el hecho de no incluir al grupo etario de que se trata entre los objetivos de vacunación, tiene como resultado la no vacunación de la parte quejosa; por lo que, al haber cesado la omisión en cuanto a la política de vacunación nacional, la improcedencia también recae sobre la falta de aplicación del supuesto normativo. Decisión. De esta forma, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
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