Nazario Fernando Tenorio Rodríguez
Expediente 1381/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1381/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/09/2015
Partes del expediente
- Nazario Fernando Tenorio Rodríguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de septiembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Magistrado Presidente en representación del Pleno del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Nazario Fernando Tenorio Rodríguez, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: "Autoridades responsables: EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La dilación procesal en la impartición de Justicia en que está incurriendo la Autoridad, en virtud de que con fecha Veintinueve de Mayo de Dos Mil Quince, se presentó una demanda laboral, la cual se radicó ente (sic) la misma responsable bajo el expediente número 500/2015; no obstante, a la fecha en que se actúa, no ha recaído acuerdo alguno respecto del referido escrito de demanda." Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que la autoridad responsable señala que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de siete de agosto de dos mil quince, se acordó el escrito presentado por la parte impetrante de amparo el veintinueve de mayo de dos mil quince, el cual fue notificado el veinte de agosto siguiente, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, derivadas del expediente laboral D-500/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Nazario Fernando Tenorio Rodríguez acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de acordar su escrito de veintinueve de mayo de dos mil quince, presentado ante la autoridad responsable en esa misma fecha. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el siete de agosto de dos mil quince, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que se proveyó lo pertinente respecto al escrito de la quejosa presentado el veintinueve de mayo de dos mil quince, y notificó dicha determinación el veinte de agosto del año en curso. En las referidas circunstancias, la autoridad responsable, al haber dictado el auto de siete de agosto de dos mil quince dentro del juicio laboral D-500/2015, en el que se tuvo a Nazario Fernando Tenorio Rodríguez presentando su escrito de veintinueve de mayo del año en curso, y a efecto de proveer lo conducente, se le requirió en el término de tres días para los efectos ahí precisados, auto que se le notifico el veinte de agosto de dos mil quince, cuyas omisiones se reclaman, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara su escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil quince dentro de los autos del expediente D-500/2015 y realizara su correspondiente notificación, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el siete de agosto de dos mil quince, la responsable emitió el acuerdo correspondiente y lo notificó a la quejosa el veinte de agosto del año en curso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Nazario Fernando Tenorio Rodríguez reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las once horas con veinticinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de siete de agosto de dos mil quince, dictado en los autos del juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas. Además, aun cuando también se reclamara el aludido proveído de siete de agosto de dos mil quince, se estima que dicha actuación no afecta derechos sustantivos de la peticionaria de amparo como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, razón por la cual el juicio de amparo resultaría improcedente, en tanto que esa actuación solamente recaería en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Nazario Fernando Tenorio Rodríguez, y atento a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase al promovente ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de cuenta, a fin de que sean tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la nueva Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones al libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
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