Nazario Carvente Grande

Expediente 252/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
252/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Nazario Carvente Grande

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 93), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 97). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de quince de octubre de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder a Nazario Carvente Grande, la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el que proceda en los siguientes términos: 1. Haga efectivo el apercibimiento decretado al admitir la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y, al no existir prueba en contrario de tal presunción ofrecida por el Instituto demandado, tenga por ciertos los hechos que con la misma se pretendieron demostrar. 2. Tomando en cuenta que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 183 fracción III de la Ley del Seguro Social de 1973, determine que Nazario Carvente Grande tiene derecho a acceder a la pensión de cesantía en edad avanzada; y, en consecuencia: a) Resuelva lo correspondiente al monto de la citada pensión conforme a derecho corresponda, para lo cual deberá establecer el salario que debe servir de base para tal efecto, tomando en cuenta para esto la obligación que tiene de analizar la verosimilitud del salario que dijo el actor como el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, sirviéndole como referentes para ello la categoría y puesto del asegurado, salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeña el trabajo, así como el estipendio real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral a trabajadores con el mismo puesto o categoría, y hecha tal ponderación determine la verosimilitud o inverosimilitud del salario señalado por el actor, pudiendo en su caso considerar como hechos notorios los salarios reales de esos períodos en casos resueltos que se encuentren en expedientes fallados y analizados por la propia junta, en su caso, cualquier otro medio de prueba que pueda servir para determinar la verosimilitud o inverosimilitud del salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas controvertidas. Además, en el supuesto de que estime que el salario promedio indicado por la parte actora resulte inverosímil para cuantificar la citada pensión deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. b) Pronunciarse respecto de las demás prestaciones que reclamó el actor, inherentes a la multirreferida pensión. c) Tome en cuenta la excepción de prescripción que opuso el demandado y determine que la condena al pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, así como de las prestaciones que resulten procedentes, debe ser a partir de un año anterior a la presentación de la demanda laboral, esto es, desde el siete de febrero de dos mil diecisiete" (foja 60 vuelta y 61 vuelta). Del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo reclamado de veinticinco de febrero de dos mil veinte y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 71). El veinticinco de noviembre de dos mil veinte la Junta dictó nuevo laudo en los siguientes términos: 1. Toda vez que el instituto demandado, en el desahogo de la inspección ofrecida por el actor no exhibió la documentación relativa al original de la carpeta del asegurado, libros de registro, avisos de inscripción y los movimientos afiliatorios administrativos todos correspondientes al asegurado, por el periodo del seis de junio de mil novecientos noventa y seis al quince de junio de dos mil uno, limitándose a ofrecer la hoja de certificación de vigencia de derechos del actor; hizo efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, esto es, tener por ciertos los hechos consistentes en que fue dado de alta en el régimen obligatorio de la seguridad social el seis de junio de mil novecientos sesenta y seis, que causó baja el quince de junio de dos mil uno y cotizó 1040 semanas (fojas 81 y 82). 2. Determinó existe la presunción de que Nazario Carvente Grande se encuentra desempleado involuntariamente debido a su edad y condición física, asimismo que no percibe ingreso económico alguno y satisface los requisitos establecidos en el artículo 145 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso, por consiguiente, condenó al instituto demandado al pago de una pensión por cesantía en edad avanzada (foja 84); y, en consecuencia: a) La junta responsable, atendiendo a lo establecido en la ejecutoria de mérito, realizó un estudio de verosimilitud del salario señalado en la demanda de origen, para lo cual tomó en consideración el establecido en la CONSAMI en el área geográfica C, en los últimos cinco años anteriores a la fecha en que el accionante dejó de prestar sus servicios (15 de junio de 2001), últimas 250 semanas de cotización, así como que el actor no mencionó los puestos en los que se desempeñó, ni las actividades que realizó, en consecuencia, determinó que aquél es desproporcional e inverosímil (foja 85 a 90). Por lo tanto, la responsable tomó en cuenta para el cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada, el salario mínimo general del 7 de febrero de 2017 en el área geográfica única a la que pertenece el Distrito Federal hoy ciudad de México, el cual asciende a la cantidad de ochenta pesos, 04/100 M.N. (fojas 85 vuelta a 87). Toda vez que las operaciones aritméticas que realizó resultaron inferiores a la mínima garantizada del año 2017, y conforme a lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso, condenó al instituto demandado a otorgar y pagar al actor la cantidad de dos mil setecientos dos pesos 35/100 M.N. mensuales a partir del 7 de enero de 2017, cantidad en la que se encuentran contempladas las asignaciones familiares (foja 90 y 91). b) Asimismo, condenó al demandado a otorgar al actor un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la pensión, a incrementarle tal pensión en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973 y a otorgarle asistencia médica en términos del Capítulo Cuarto Título Segundo de la citada ley (foja 90). c) Las anteriores condenas a partir de un año anterior a la presentación de la demanda laboral, esto es, desde el siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 84 vuelta y 90). Finalmente, respecto a la excepción de retención de impuestos que opuso el demandado dejó a salvo los derechos para que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta haga valer lo que a su derecho corresponda, en razón de que la responsable no es competente para conocer de la misma. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno en el amparo directo******************** y que, con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el presente acuerdo obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que éste coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite duplicado del laudo veinticinco de noviembre del año en curso emitido por la junta responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta al que se adjunta el duplicado del proveído de cuatro del mes y año en curso, del cual se advierte que se dejó insubsistente el laudo reclamado y se ordenó turnar los autos al auxiliar de la junta para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; en tales condiciones, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que en el término de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, emita laudo y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, instrúyase a los actuarios judiciales de la adscripción para que, de ser el caso, lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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