Nazario Carrillo Huizar
Expediente 1584/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1584/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nazario Carrillo Huizar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1584/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vistos los oficios signados por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, por medio del cual devuelve sin diligenciar los despachos 348/2018-III y 374/2018-III, del índice de éste Juzgado, girados con el objeto de notificar al quejoso NAZARIO CARRILLO HUIZAR, la sentencia de nueve de abril y el auto de tres de abril, ambos de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 1584/2017-III; dese de baja en el libro de gobierno respectivo, agréguese dicha comunicación oficial a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, vistas las comunicaciones de cuenta, se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, la sentencia y el auto referidos, por las razones que en ellas se expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte la resolución y el acuerdo de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE... Auto y Resolución que en lo conducente dicen:.. Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil dieciocho. VISTO el estado de los autos del presente juicio, y en virtud de que, mediante oficio SEADS/362/20188 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura, con sede en la Ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción del citado órgano, en sesión celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de la dos mil dieciocho. En consecuencia, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo, al quejoso NAZARIO CARRILLO HUIZAR, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1584/2017-III, promovido por Nazario Carrillo Huizar, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado ese mismo día ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Nazario Carrillo Huizar, solicitó el amparo de la justicia federal contra los actos del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en el municipio de Ayala, Estado de Morelos, y otras autoridades. SEGUNDO. Tramite. Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 8 a 14), se admitió la demanda y se registró con el número de amparo 1584/2017-III, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Jurisprudencia consultable en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de abril de 2000, registro número 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, se precisa que los actos que reclama el quejoso de las autoridades responsables son los siguientes: a) La posible interrupción de su tratamiento médico. b) La propuesta de traslado expedida por las autoridades responsables. TERCERO. NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) (Fojas 42 a 44); Coordinador de Centros Federales y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 247), consistentes en la posible interrupción de su tratamiento médico, pues así lo informaron al momento de rendir su informe justificado, lo que se corrobora además con las constancias que en fotocopia certificada anexo a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en el acuerdo que se levantó con motivo de la XXXVII sesión ordinaria del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, de que se advierte lo siguiente (Foja 124): "CON RELACIÓN A SU ESTADO DE SALUD, ACTUALMENTE NO PRESENTA SINTOMATOLOGÍA PSICÓTICA, Y/O ANSIOSA ALCANZANDO EL MÁXIMO BENEFICIO REHABILITATORIO Y EL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO DE SOSTÉN QUE ACTUALMENTE SE LE BRINDA LO PUEDE CONTINUAR EN DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN." De la anterior trascripción se advierte que efectivamente no existe ninguna orden de suspender el tratamiento médico al ahora quejoso, pues la propia autoridad responsable afirma que su tratamiento médico, de ser el caso, incluso se le puede brindar en diverso centro de reclusión; sin que obre constancia alguna que ordené la suspensión del tratamiento médico que se le proporciona al promovente de amparo. Documental a la que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por tratarse de un documento público, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tampoco es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Coordinador de Centros Federales y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 247), que el quejoso hizo consistir en la propuesta de traslado expedida por las autoridades responsables, pues al rendir su informe justificado negaron el acto que se les reclama. Lo anterior, sin que el quejoso haya desvirtuado dichas negativas. Es aplicable, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, tomo VI, registro 917818, página 236, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". También la jurisprudencia número VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, registro 210769, página 77, con la voz: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Más aún, y, como se precisará más adelante, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la propuesta de traslado de la que se duele el quejoso fue emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. En las relacionadas condiciones, tomando en consideración que la negativa no fue desvirtuada por la parte quejosa, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades señaladas anteriormente. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) (Fojas 42 a 44), consistente en la propuesta traslado del quejoso a diverso centro de reclusión. Lo anterior se considera de esta manera, pues así lo expresó la responsable al rendir su informe justificado, y se corrobora además con las documentales que en fotocopia certificada anexo a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en el acuerdo que se levantó con motivo de la XXXVII sesión ordinaria del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, de que se advierte en su resolutivo único lo siguiente (Foja 125) : "ÚNICO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE PROPONE QUE EGRESÉ DE LA INSTITUCIÓN, POR LO TANTO, REMÍTASE EL PRESENTE ACUERDO A LA AUTORIDAD QUE LO TIENE A SU DISPOSICIÓN CON EL FIN DE OBTENER SU AUTORIZACIÓN." Documental a la que se concede eficacia probatoria, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por tratarse de un documento público, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, respecto del acto reclamado consistente en la propuesta de traslado, emitida en la sesión ordinaria XXXVII de trece de septiembre de dos mil diecisiete, por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, por las razones que enseguida se exponen. Dichas porciones normativas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo) por lo que si la actuación del Estado no tiene dicha afectación o trascendencia en la esfera jurídica del impetrante, la acción de amparo resultará improcedente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos constitutivos, criterio que se plasmó en la tesis 2ª.LXXX/2013 (10ª.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En el caso concreto, se reclama la propuesta formulada por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en sesión ordinaria XXXVII de trece de septiembre de dos mil diecisiete, para que el quejoso se egrese de dicho lugar, comunicándose la determinación a la autoridad que lo tiene a disposición para que lo autorice. Por ello, se estima que dicha determinación no afecta de manera real y actual la esfera jurídica del quejoso, al tener sólo efectos orientadores a la autoridad competente, que lo es en un principio el Juez de la causa que originó en un principio la afectación de la libertad, o en su caso el Juez de Control o Ejecución, de acuerdo con el numeral 51 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que a la letra dice: "Artículo 51. Traslados involuntarios.- el traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." Por lo tanto, el acto aquí reclamado no tiene por sí mismo ejecución. Asimismo, es importante destacar que la reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del año dos mil ocho, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados, pues en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva de la autoridad judicial. En las relatadas condiciones, la propuesta de traslado no tiene fuerza vinculatoria alguna, pues sólo es orientadora, ésta por sí misma no afecta el interés jurídico del quejoso, habida cuenta que será hasta que la autoridad judicial apruebe tal propuesta, que se materializará en la esfera jurídica del quejoso el perjuicio del traslado; además de que podría acontecer que éste no sea autorizado y, en ese supuesto, no habría ninguna afectación a sus derechos subjetivos. Sirve de apoyo a lo antes determinado, la jurisprudencia P./J. 20/2012 (10ª.), de la Décima Época, registro 2001968, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ve en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, materia constitucional, penal, página 15, del rubro y contenido siguientes: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional." Así como la jurisprudencia 1ª./J. 83/2015 (10ª.), de la Décima Época, registro 2010596, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, materia común, página 247, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado. Por tanto, y ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO, por el acto reclamado y la autoridad responsable antes citada. Asimismo, es necesario indicar que las jurisprudencias citadas en el cuerpo de esta resolución, en tanto que no se oponen a la vigente ley de amparo, son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de la materia vigente, que prevé que precisamente, que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley: "..SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.". Finalmente, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique la presente resolución, al quejoso Nazario Carrillo Huizar, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese y mediante despacho al quejoso...
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1584/2017-III, promovido por Nazario Carrillo Huizar, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado ese mismo día ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Nazario Carrillo Huizar, solicitó el amparo de la justicia federal contra los actos del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en el municipio de Ayala, Estado de Morelos, y otras autoridades. SEGUNDO. Tramite. Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 8 a 14), se admitió la demanda y se registró con el número de amparo 1584/2017-III, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Jurisprudencia consultable en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de abril de 2000, registro número 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, se precisa que los actos que reclama el quejoso de las autoridades responsables son los siguientes: a) La posible interrupción de su tratamiento médico. b) La propuesta de traslado expedida por las autoridades responsables. TERCERO. NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) (Fojas 42 a 44); Coordinador de Centros Federales y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 247), consistentes en la posible interrupción de su tratamiento médico, pues así lo informaron al momento de rendir su informe justificado, lo que se corrobora además con las constancias que en fotocopia certificada anexo a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en el acuerdo que se levantó con motivo de la XXXVII sesión ordinaria del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, de que se advierte lo siguiente (Foja 124): "CON RELACIÓN A SU ESTADO DE SALUD, ACTUALMENTE NO PRESENTA SINTOMATOLOGÍA PSICÓTICA, Y/O ANSIOSA ALCANZANDO EL MÁXIMO BENEFICIO REHABILITATORIO Y EL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO DE SOSTÉN QUE ACTUALMENTE SE LE BRINDA LO PUEDE CONTINUAR EN DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN." De la anterior trascripción se advierte que efectivamente no existe ninguna orden de suspender el tratamiento médico al ahora quejoso, pues la propia autoridad responsable afirma que su tratamiento médico, de ser el caso, incluso se le puede brindar en diverso centro de reclusión; sin que obre constancia alguna que ordené la suspensión del tratamiento médico que se le proporciona al promovente de amparo. Documental a la que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por tratarse de un documento público, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tampoco es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Coordinador de Centros Federales y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 247), que el quejoso hizo consistir en la propuesta de traslado expedida por las autoridades responsables, pues al rendir su informe justificado negaron el acto que se les reclama. Lo anterior, sin que el quejoso haya desvirtuado dichas negativas. Es aplicable, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, tomo VI, registro 917818, página 236, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". También la jurisprudencia número VI.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, registro 210769, página 77, con la voz: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Más aún, y, como se precisará más adelante, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la propuesta de traslado de la que se duele el quejoso fue emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. En las relacionadas condiciones, tomando en consideración que la negativa no fue desvirtuada por la parte quejosa, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades señaladas anteriormente. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) (Fojas 42 a 44), consistente en la propuesta traslado del quejoso a diverso centro de reclusión. Lo anterior se considera de esta manera, pues así lo expresó la responsable al rendir su informe justificado, y se corrobora además con las documentales que en fotocopia certificada anexo a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en el acuerdo que se levantó con motivo de la XXXVII sesión ordinaria del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, de que se advierte en su resolutivo único lo siguiente (Foja 125) : "ÚNICO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE PROPONE QUE EGRESÉ DE LA INSTITUCIÓN, POR LO TANTO, REMÍTASE EL PRESENTE ACUERDO A LA AUTORIDAD QUE LO TIENE A SU DISPOSICIÓN CON EL FIN DE OBTENER SU AUTORIZACIÓN." Documental a la que se concede eficacia probatoria, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por tratarse de un documento público, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, respecto del acto reclamado consistente en la propuesta de traslado, emitida en la sesión ordinaria XXXVII de trece de septiembre de dos mil diecisiete, por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, por las razones que enseguida se exponen. Dichas porciones normativas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo) por lo que si la actuación del Estado no tiene dicha afectación o trascendencia en la esfera jurídica del impetrante, la acción de amparo resultará improcedente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos constitutivos, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En el caso concreto, se reclama la propuesta formulada por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en sesión ordinaria XXXVII de trece de septiembre de dos mil diecisiete, para que el quejoso se egrese de dicho lugar, comunicándose la determinación a la autoridad que lo tiene a disposición para que lo autorice. Por ello, se estima que dicha determinación no afecta de manera real y actual la esfera jurídica del quejoso, al tener sólo efectos orientadores a la autoridad competente, que lo es en un principio el Juez de la causa que originó en un principio la afectación de la libertad, o en su caso el Juez de Control o Ejecución, de acuerdo con el numeral 51 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que a la letra dice: "Artículo 51. Traslados involuntarios.- el traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." Por lo tanto, el acto aquí reclamado no tiene por sí mismo ejecución. Asimismo, es importante destacar que la reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del año dos mil ocho, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados, pues en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva de la autoridad judicial. En las relatadas condiciones, la propuesta de traslado no tiene fuerza vinculatoria alguna, pues sólo es orientadora, ésta por sí misma no afecta el interés jurídico del quejoso, habida cuenta que será hasta que la autoridad judicial apruebe tal propuesta, que se materializará en la esfera jurídica del quejoso el perjuicio del traslado; además de que podría acontecer que éste no sea autorizado y, en ese supuesto, no habría ninguna afectación a sus derechos subjetivos. Sirve de apoyo a lo antes determinado, la jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), de la Décima Época, registro 2001968, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ve en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, materia constitucional, penal, página 15, del rubro y contenido siguientes: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional." Así como la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), de la Décima Época, registro 2010596, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, materia común, página 247, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado. Por tanto, y ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO, por el acto reclamado y la autoridad responsable antes citada. Asimismo, es necesario indicar que las jurisprudencias citadas en el cuerpo de esta resolución, en tanto que no se oponen a la vigente ley de amparo, son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de la materia vigente, que prevé que precisamente, que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley: "..SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.". Finalmente, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique la presente resolución, al quejoso Nazario Carrillo Huizar, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese y mediante despacho al quejoso...
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Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil dieciocho. VISTO el estado de los autos del presente juicio, y en virtud de que, mediante oficio SEADS/362/20188 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura, con sede en la Ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción del citado órgano, en sesión celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de la dos mil dieciocho. En consecuencia, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo, al quejoso NAZARIO CARRILLO HUIZAR, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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