Nazaria Valdovinos Mendoza

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Nazaria Valdovinos Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que, por una parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE 1. Dejar insubsistente el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el dictado en el juicio ordinario oral familiar 381/2021, sobre divorcio sin expresión de causa, en el que decretó improcedente la medida cautelar de alimentos provisionales a favor de la quejosa, y 2. En su lugar, emita un nuevo acuerdo en el que, siguiendo los lineamientos trazados en la última parte del considerando que antecede, proceda a analizar nuevamente con perspectiva de género, la solicitud realizada por la quejosa, en el sentido de si es o no procedente fijar una pensión provisional en el aludido juicio, para lo cual habrá de subsanar las omisiones destacadas en la presente sentencia y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que estime legalmente conveniente. El Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo , para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio número 1053/2022, remitió copia certificada de la audiencia preliminar llevada a cabo dentro de los autos del expediente número 381/2021, sobre divorcio sin expresión de causa, en la que aquí la parte quejosa y el tercero interesado llegaron a un acuerdo de voluntades a fin de culminar el citado expediente, el cual causo firmeza en esa misma data, en virtud de la conformidad de los contendientes, en la que se acordó que el aquí tercero interesado otorgará por concepto de pensión alimenticia definitiva a la quejosa la cantidad que resulte del veinticinco por ciento del total de las percepciones que obtenga de su trabajo como empleado de la moral a la cual presta sus servicios, acordando recibir cada uno de ellos el cincuenta por ciento del inmueble propuesto para venta. . Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable siguió con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado; lo anterior, sin que pase desapercibido para esta autoridad jurisdiccional, que con motivo del convenio celebrado entre las partes, no fue posible dejar insubsistente el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el mencionado juicio de origen; sin embargo, se estima innecesario requerir a la responsable a efecto de que deje insubsistente el mismo, ya que como se advierte de autos, la finalidad del juicio de amparo en que se actúa era combatir la negativa del otorgamiento de la pensión provisional solicita por la quejosa, misma que, le fue concedida en forma definitiva con motivo del convenio celebrado por las partes; por lo que, a nada practico resultaría requerir a la responsable en ese sentido. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de mayo de dos mil veintidós. INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio número 1053/2022, signado por el licenciado ********************Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, por un error involuntario, se ordenó devolver a las autoridad responsable las constancias que acompaño a su informe justificado, circunstancia que se hace innecesaria, en virtud de que las mimas son copias certificadas y se encuentran glosadas al juicio de amparo en que actúa; se hace la aclaración correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de abril de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conservación devuélvase el tomo de prueba que acompaño a su informe justificado la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

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