Nazaria Rodríguez Rodríguez
Expediente 1037/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Nazaria Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V i s t o el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós (foja 55), se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la resolución incidental de sustitución procesal de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente laboral 841/2010 (fojas 52 a 54). Tal acuerdo se notificó personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado el nueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 60). Consecuentemente, en términos del párrafo segundo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós (fojas 36 a 40), concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ". La Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dicte la resolución relativa al incidente de sustitución procesal y dependencia económica de Paulino Alcaraz Samudio dentro del expediente 841/2010, de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado.". La sentencia de referencia causó ejecutoria el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (foja 47). Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable se desprende que el seis de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 841/2010, dictó resolución incidental de sustitución procesal (fojas 53 y 54); lo anterior, en acatamiento al fallo protector dictado en este asunto. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, si no que dictó resolución en el expediente de origen, cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo.". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de la materia, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez transcurrido el término de tres años a que refiere el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en líneas que anteceden, a partir de la fecha en que se dicta el presente proveído, hágase lo conducente conformé lo prevé el numeral 24 del mencionado acuerdo. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada de la resolución incidental de sustitución procesal dictada en el expediente laboral 841/2010. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa en los siguientes términos: ''La Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dicte la resolución relativa al incidente de sustitución procesal y dependencia económica de Paulino Alcaraz Samudio dentro del expediente 841/2010, de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado.'' En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, téngase por recibido el escrito enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el apoderado legal de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con diez minutos ocho de agosto de dos mil veintidós hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1037/2022, promovido por Nazaria Rodríguez Rodríguez, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, así como el informe justificado de la autoridad responsable. Asimismo, que el Presidente de la Junta Especial Número 37 de la Federación de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado del proveído por el cual se le solicitó, según acuse de recibo que obra en autos. De igual forma, que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da nueva cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable; el Juez acuerda: se tiene por recibidas, admitidas y desahogadas las documentales de cuenta, y no habiendo más pruebas que desahogar, se cierra el periodo. Enseguida se abre el periodo de alegatos y: el Secretario da cuenta con el alegato ministerial realizado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Revisor, Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en materia de amparo adscrito. El Juez acuerda: Téngase a la representación social realizando las manifestaciones a que refiere en su pedimento ministerial, y sin que las demás partes formularan de su intención, por lo cual se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1037/2022, promovido por Nazaria Rodríguez Rodríguez, por conducto de su apoderado legal Joel Vicente Flores Sarno; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, ante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el día siguiente, compareció Nazaria Rodríguez Rodríguez por conducto de su apoderado legal Joel Vicente Flores Sarno, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: Se reclama el dejar de dictar resolución que en derecho proceda al incidente de dependencia, lo anterior dentro del expediente 841/2020.'' Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 1037/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar la resolución incidental de sustitución procesal del extinto Paulino Alcaraz Samudio. Lo anterior, dentro del expediente laboral 841/2010. TERCERO. Certeza de acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante encontrarse notificado del oficio número 21063/2022, de nueve de junio de dos mil veintidós por haberlo recibido el catorce siguiente, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le reclama. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 313, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede abordar el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa resultan fundados respecto a la omisión de dictar la resolución relativa al incidente de sustitución procesal y dependencia económica de Paulino Alcaraz Samudio dentro del expediente laboral número 841/2010, puesto que con lo anterior, la autoridad responsable viola el derecho fundamental de administración de justicia pronta; y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución. En relación a ese derecho fundamental, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En el caso concreto, la parte quejosa reclama una omisión de dictar la resolución relativa al incidente de sustitución procesal y dependencia económica, en relación a Paulino Alcaraz Samudio dentro del expediente laboral número 841/2010. En ese sentido conviene traer a la vista el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo que dispone lo siguiente: "Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron." Del precepto 503, se desprende un procedimiento para-procesal a seguir y al cual deberá sujetarse la autoridad laboral, tendiente a la investigación de beneficiarios y dependientes económicos de un trabajador fallecido. Esto es, cuando se reciba el aviso de la muerte del trabajador y se reclame el pago de la indemnización, la autoridad laboral mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante su potestad, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos. Asimismo, realizada la investigación y comprobada la naturaleza del riesgo, la responsable, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización. Al respecto, no obstante que la autoridad responsable omitió rendir su informe justificado, mediante oficio 3138/2022 de trece de julio de dos mil veintidós, en atención al requerimiento formulado por este juzgado, informó que se encuentra pendiente de dictar resolución incidental de sustitución procesal del extinto Paulino Alcaraz Samudio, dentro del juicio laboral 841/2010. De lo anterior, se pone de relieve que existe una dilación procesal a cargo de la responsable que debe ser subsanada por esta vía, pues con su omisión transgrede el artículo 503 de la ley federal del trabajo, ello atendiendo a que una vez celebrada la audiencia incidental, estaba obligada a pronunciar la resolución correspondiente, lo que no ha acontecido, y el dejar al arbitrio y fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo las actuaciones del tribunal, haría nugatorio el derecho de la parte quejosa a una pronta expedición de justicia, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita por los tribunales facultados, para impartirla en los plazos y términos que para tal efecto fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por consiguiente, al estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, concediendo la protección constitucional solicitada, para el efecto siguiente: La Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dicte la resolución relativa al incidente de sustitución procesal y dependencia económica de Paulino Alcaraz Samudio dentro del expediente 841/2010, de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Nazaria Rodríguez Rodríguez, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo y que se menciona en el último del presente fallo, por las razones y para el efecto que se exponen en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, actuando con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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