Nazaria Nava Casiano
Expediente 632/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Nazaria Nava Casiano
- Presidente del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje, Con Residencia En Chilpancingo, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 632/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Nazaria Nava Casiano, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. 2. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Con sede en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "Al H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje y su Presidente, les reclamo: (.) la falta de conclusión del procedimiento de ejecución de laudo de fecha 24 de agosto del año 2010, y convenio celebrado para el pago de lo obtenido en el citado laudo, como crédito laboral parte de mi patrimonio. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinte de julio de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el número 632/2018, se decretó la separación de autos y se determinó que en el presente juicio se analizaría el acto reclamado consistente en la omisión de dictar las medidas eficaces para lograr la ejecución del laudo y convenio celebrado en el juicio laboral 275/2003, y por lo que hace a la falta de contestación a su solicitud de ampliación de la partida presupuestal para el pago del crédito reclamado al Presidente Municipal y al Síndico Procurador ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se ordenó remitir copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que lo turnara al órgano de control constitucional que correspondiera resolver, y se admitió a trámite la demanda de amparo por lo que hace al primer acto; de ahí que se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus respectivos informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se ordenó notificar al Ayuntamiento de esta municipalidad y a la Dirección de Asuntos Jurídicos del mismo, por conducto de quien legalmente los representara la presentación de la demanda y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión dentro del procedimiento de ejecución de un juicio laboral burocrático que se considera de imposible reparación, cuya ejecución tiene lugar dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de La Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos se precisa que la parte quejosa Nazaria Nava Casiano, como actora en el juicio burocrático número 275/2003, comparece en esta vía de reparación constitucional para reclamar de las autoridades responsables, la omisión de dictar las medidas eficaces para lograr la ejecución del laudo de veinticuatro de agosto de dos mil diez, y el convenio celebrado para el pago de lo obtenido en el citado laudo, derivado de la ausencia de respuesta a sus escritos recibidos el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, uno de febrero de dos mil diecisiete, diecinueve de enero, tres de abril y veintinueve de junio de dos mil dieciocho; por ser ésta la actuación reprochada a la autoridad laboral responsable, máxime que en los capítulos de "antecedentes y conceptos de violación" así lo especificó, y en el estudio integral se privilegia la intención del quejoso relacionado con las constancias de autos; de ahí que no sea factible atender la pretensión del quejoso en el sentido de que se conceda la protección constitucional para que el tribunal laboral responsable desahogue el procedimiento laboral hasta lograr dar cumplimiento al laudo, cuenta habida que en la etapa ejecución, como en el caso acontece requiere necesariamente del impulso de la parte interesada, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad laboral responsable. Sirve de apoyo sobre el particular por analogía, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.) sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 844, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." TERCERO. Certeza de la omisión reclamada. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables, no obstante que al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidente, sólo haya reconocido la existencia del juicio burocrático 275/2003, no así la infracción al derecho sustantivo que se estima violentado. Lo anterior, partiendo del hecho de que en tratándose de actos negativos -como ocurre en la especie-, es la propia autoridad quien debe demostrar con las constancias relativas que no existe la omisión reprochada, y de las documentales que adjuntó como apoyo a su informe con justificación y como complemento al mismo (fojas 57 a 77 y 85 a 256), las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda (diecinueve de julio de dos mil dieciocho) acordó lo solicitado por la parte actora en la etapa de ejecución de laudo. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgador estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza con los siguientes elementos: i) puede existir o ser insubsistente el acto reclamado; ii) todos sus efectos deben haber desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, y iii) que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Sirve de apoyo la tesis: 2a./J. 9/98, visible en la Página: 210, de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Establecida la premisa y los alcances de la misma, en el caso particular, es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, dado que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión del Tribunal Laboral responsable de dictar las medidas eficaces para lograr la ejecución del laudo de veinticuatro de agosto de dos mil diez, y el convenio celebrado para el pago de lo obtenido en el citado laudo dictado en el juicio laboral 275/2003, promovido por la actora (agraviada), en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, derivado de la ausencia de respuesta a sus escritos recibidos el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, uno de febrero de dos mil diecisiete, diecinueve de enero, tres de abril y veintinueve de junio de dos mil dieciocho, a través de los cuales solicitó, lo siguiente: En efecto, de las copias certificadas remitidas por el Tribunal Laboral responsable como apoyo a su informe justificado y como complemento al mismo, valoradas en el considerando que antecede, se advierte que en el primer escrito solicitó se giraran oficios al Presidente Municipal y al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, para que solicitaran la partida presupuestal con la autorización del cabildo, a efecto de cubrir el crédito laboral obtenido (fojas 236 y 237); por su parte en el segundo, la actualización de las cantidades obtenidas en el laudo y convenio, hecho lo anterior el requerimiento de pago al Ayuntamiento demandado, y como actos encaminados al cumplimiento requerir mediante oficios al Presidente Municipal y al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, para que en su carácter de autoridades administrativas vinculadas al cumplimiento, solicitaran la ampliación del presupuesto por la cantidad condenada al cabildo, al Congreso, a la Secretaría de Finanzas del Estado y a todas las autoridades de las que reciban participaciones económicas, a efecto de cubrir la condena (fojas 238 a 240); y en el tercero, cuarto, y quinto, se dictara auto de ejecución de laudo, comisionando al actuario para requerir el pago de la condena obtenida, con apercibimiento de embargo de bienes suficientes para garantizarlo, y en el último además, la actualización de las cantidades obtenidas en el laudo y convenio, así como la aplicación de multas a la condenada por incumplimiento al laudo (fojas 243 a 245). Luego, que al imponerse del acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que dio contestación a dichas peticiones (foja 248); de ahí que se estime que cesaron los efectos de la omisión reclamada, dado que en la fecha en que se promovió el amparo que nos ocupa (diecinueve de julio de dos mil dieciocho), dicha conducta omisiva existía en la vida jurídica, y al haberse dado respuesta a sus peticiones el diez de agosto siguiente, se produjo una situación jurídica que destruyó los efectos de la omisión reclamada, provocando la desaparición de la causa que motivó el juicio de amparo, dado que se dejaron las cosas en el mismo estado en que se encontraban, como si dicho acto jamás hubiere nacido. Por tanto, tomando en consideración que el motivo de queja por el cual la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional quedó sin efectos con posterioridad a la presentación de su demanda de garantías con la respuesta recaída a las peticiones materializada en auto de diez de agosto de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del juicio a su respecto; sin que sea materia de análisis en el presente asunto, la legalidad del acuerdo emitido por el Tribunal Laboral responsable, en razón de que es ajeno a la litis constitucional planteada en esta instancia. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente considerando no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado, motivado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 632/2018. Notifíquese personalmente y por oficio a los terceros interesados.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual en atención al requerimiento de veinte de agosto del año en curso, y como complemento de su informe justificado remite copia certificada a partir del laudo dictado en el juicio laboral número 275/2003, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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