Nayra Lizzette Novelo Varguez
Expediente 1982/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1982/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nayra Lizzette Novelo Varguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de *** autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual comunica que el directo quejoso ha recibido el cuadro completo de vacunación; y toda vez que mediante auto de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese a éstos autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe previo suscrito por el Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que en interlocutoria de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, se resolvió la suspensión definitiva respecto a la nombrada autoridad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que la parte quejosa ***en representación de su hijo menor de edad de iniciales ***, reclama de las autoridades responsables los actos que enseguida se enuncian: Autoridades responsables: 1.- COORDINADOR ESTATAL PARA LA VACUNACION COVID-19, CAPITAN DE CORBETA CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA, DEL SERVICIO DE SANIDAD NAVAL; 2.- DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. Actos reclamados: "a) La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales a partir del día 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención del Covid-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna de la marca BioNTech, Pfizer a los quejosos, con sus dos dosis, ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022 que inicio el 30 de agosto de 2021 que inició el 30 de agosto de 2021, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y notificar a la menor de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas ante del inicio de clases presenciales, es decir, el pasado día treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mérida, Yucatán. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida posible a la salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente trasgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante DELTA, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día mas de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo erario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y /o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." Cesación de efectos del acto reclamado Este Juzgado Federal considera que respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo anterior, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Sostener lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia; circunstancia que es contradictoria al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Expuesto lo anterior, debe decirse que para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio el perfil oficial de Twitter de la Secretaria de Salud, del que se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell el dieciséis de noviembre del año en curso, informaron que el 19 de noviembre, se abriría el pre registro para adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. Lo anterior, tal como se evidencia con las imágenes que se insertan: Aunado a ello, debe puntualizarse que de la consulta realizada en esta propia fecha a la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, se advierte que ya se encuentra disponible el pre registro para que tanto los adolescentes de 15 y 17 años de edad sin comorbilidades, como los menores de edad de 12 a 15 años con comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19. Lo anterior, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88 y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-. Tiene aplicación la jurisprudencia 24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese tenor, si se toma en consideración que el directo quejoso, a la presente fecha, cuenta con una edad de quince años -conforme a lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con las actas de nacimiento que anexó a aquélla-; es evidente que, ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Ante esas eventualidades, es palmario que las omisiones reclamadas, relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de dieciocho años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, han cesado en sus efectos, puesto que el directo quejoso a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Por tal motivo, las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de quince años o más sin comorbilidades, y de doce a diecisiete años con comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó a la garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ante esas eventualidades, es palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Tiene aplicación la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para el día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional a las diez horas con veinte minutos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
MESA III.- Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: glósese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio número 6063 signado por el Secretario Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 43850/2021, del índice de este Juzgado. Notifíquese.
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