Nayely Omarely Abarca Flores
Expediente 1274/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nayely Omarely Abarca Flores
- Sergio Vences Avilés
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional estima que, respecto del acto reclamado consistente en la sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se impuso a los quejosos una multa de ochenta unidades de medida y actualización, emitida en el expediente ******************** se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Como se advierte de la transcripción de mérito, la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia se debe tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; así, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es ilegal, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Novena Época, Registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En efecto, en el presente juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se impuso a los quejosos una multa de ochenta unidades de medida y actualización, emitida en el expediente ******************** (foja 14 a 17 del tomo de pruebas); resolución que a la presente data subsiste. Sin embargo, de las constancias que también remitió la autoridad responsable, se advierte que en oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en su calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a través del oficio 1138/2023. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, si bien existe, como lo es la sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se impuso a los quejosos una multa de ochenta unidades de medida y actualización, emitida en el expediente ********************; también lo es que no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; toda vez que en oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a través del oficio 1138/2023; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que en caso de que se concediera la protección constitucional que se solicita, ésta carecería de efectos prácticos, en virtud de que no es jurídicamente posible sostener que pudiera otorgarse el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra del acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, y que tenía por objeto impugnar las multas impuestas a los quejosos en dicho proveído; cuando en autos consta que en oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a través del oficio 1138/2023. Es decir, con la emisión del oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, en el que el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a través del oficio 1138/2023; los aquí quejosos, obtuvieron lo que pretendían con el recurso de reconsideración interpuesto y cuya resolución se reclama; esto es, que se dejaran insubsistentes las multas que les fueron impuestas en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés; es por ello que si bien la resolución reclamada subsiste, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen, al quedar sin materia el acto, que era la de analizar el diverso acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se impuso una multa a los quejosos de ochenta unidades de medida y actualización, toda vez que el propio Magistrado de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dejó insubsistentes las medidas de apremio decretadas en tal proveído. Apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VI, página 5613, Undécima Época, Registro 2024754, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA UN DERECHO DE PREFERENCIA POR UBICARSE EN UNA LISTA DE RESERVA PARA OCUPAR UNA VACANTE DE JUEZ ESTATAL Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO RESULTA SER ADSCRITO Y DESIGNADO A UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes decidieron de manera contradictoria en relación con la actualización o no de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo -relativa a la imposibilidad para que surta efectos el acto reclamado por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo-, cuando la parte quejosa aduce un derecho preferente por formar parte de una lista de reserva estratégica de Jueces estatales y durante la tramitación del juicio de amparo resulta ser designado y adscrito como Juez de primera instancia. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando el quejoso, siendo parte de las listas de reserva de ciudadanos aprobados para ocupar eventuales vacantes de Juez, reclama la designación de otra persona de la misma lista de reserva, alegando tener un derecho preferente, y durante el trámite del juicio de amparo resulta ser designado y adscrito como Juez de primera instancia. Justificación: Los artículos 6o., fracción II, inciso c) y 63 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 181, 183, 184 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco establecen las reglas del procedimiento de elección de los juzgadores de primera instancia en el Estado de Jalisco, de donde se obtiene que el ingreso para ocupar ese cargo debe realizarse por concurso interno de oposición, el cual se abre previa convocatoria, que señala las bases y categorías de participación, conforme a las cuales, concluidos los exámenes, se emite la calificación y posterior declaratoria de quiénes son los concursantes que hubieren resultado aprobados, pudiendo realizarse concursos para formar listas de reserva de ciudadanos aprobados para ocupar eventuales vacantes de Juez. En relación con lo anterior, este Pleno de Circuito ha fijado el criterio de que cuando la parte quejosa en el juicio de amparo aduce un derecho preferencial que surge del resultado de su participación en diversos concursos de oposición libre, para integrar lista de reserva de Jueces estatales de primera instancia, con independencia del lugar de prelación que hayan ocupado, ya se encuentra incorporado en su esfera un derecho de preferencia; sin embargo, esa prerrogativa no se extiende respecto del lugar de adscripción en sí mismo considerado en favor de los juzgadores, pues corresponde al propio Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco adscribir a los Jueces que designe, la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones, así como posteriormente readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, cuando las necesidades del servicio así lo requieran, aun cuando no sea en la materia en que se desempeñaban; pero no existe disposición constitucional ni legal en el orden jurídico jalisciense que permita definir que el Consejo quedará obligado a adscribir a los Jueces al órgano de su preferencia. Bajo esa lógica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando el quejoso estima contar con un derecho de preferencia derivado de que forma parte de una lista de reserva estratégica de aspirantes vencedores a Jueces, y durante el trámite del juicio de amparo es adscrito a un órgano jurisdiccional, pues resulta evidente que con ello se satisfizo su derecho y, por ende, la situación jurídica que surgió con motivo de los actos reclamados, aun cuando éstos subsisten, se modificaron sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del promovente de garantías, de modo que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos jurídicos al no poder concretarse, aun en el evento de declararse la inconstitucionalidad." Asimismo, es ilustrativa la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, Novena Época, Registro 196442, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia de Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual rinde su informe justificado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Por lo que hace al segundo oficio, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Además, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la responsable antes citada, fórmense por separado un anexo de pruebas, colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que mencionan, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las nueve horas con ocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y, se señalan para su celebración las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y, personalmente de manera urgente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Nayely Omarely Abarca Flores, Sergio Vences Avilés, Brenda Ibeth García Barbosa, Alfredo Salcedo Navarrete, Oscar Vidal Vergara, Norma Linares Villalba, Alma Delia Ramírez Rabago, Luis Adrián Bernal Molina, Claudia Tulia Becerra Soriano, Agustín Chavarría González, Juana Garay García, Manuel Alejandro Carachure Reyes y Abiram Campuzano González, todos por propio derecho y en su carácter de integrantes del Ayuntamiento Municipal de Yautepec, Morelos. Asimismo, se advierte que la demanda de amparo carece de firma autógrafa de Luis Adrián Bernal Molina. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1274/2023-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento parcial. En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO presentada, únicamente en lo correspondiente a Luis Adrián Bernal Molina, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 6º y 108, fracción I, todos de la ley en consulta, y el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que de la demanda que se provee, se advierte que carece de firma autógrafa y/o electrónica, por parte de Luis Adrián Bernal Molina, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6º y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Así es, los artículos conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)" Como se desprende del contenido de la anterior trascripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6º de la Ley de la Materia, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. En efecto, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por los interesados, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa, luego, la falta de la firma autógrafa y/o electrónica tiene como efecto que el escrito no constituya una demanda, que no pueda considerarse como quejoso al que no firmó, y por tanto, no ha lugar a tener por presentado el juicio de amparo de que se trata. Ahora bien, si la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma autógrafa, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte quejosa. Por ello, tomando en consideración que para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de amparo, es preciso que conste la voluntad de dicha parte de solicitar la protección de la justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo y, en el caso, se advierte que la demanda de amparo que se tiene a la vista no contiene firma autógrafa y/o electrónica de Luis Adrián Bernal Molina, por tanto, es claro que, en cuanto a dicha persona, no puede tenerse por legalmente promovida la misma. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 156, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 128, del mismo Tomo y Apéndice, Séptima Época, la cual refiere: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio.". Sin que haya lugar a prevenir al ocursante a efecto de que ratifique la demanda de amparo, ya que ello debe realizarse únicamente al actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, más no cuando la demanda no contenga firma autógrafa y/o electrónica, pues en este caso no puede considerarse que exista una demanda que perfeccionar. Es aplicable al presente caso, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octava Época, Octubre de 1992, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una 'irregularidad' de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable la página 96, Tomo 175-180, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa." En consecuencia, en el caso queda actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, con relación al 6º y 108, fracción I, todos de la ley en consulta, y en relación al dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada, únicamente en lo tocante a Luis Adrián Bernal Molina, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha parcialmente la demanda de amparo de que se trata, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de reconsideración dentro del juicio TJA/3ªS/97/2019, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; tomando en consideración que los hoy quejosos manifiestan que promueven la demanda de amparo en su carácter de integrantes del Ayuntamiento Municipal de Yautepec, Morelos, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representa. El artículo 107, fracción I, de la Constitución General, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, sin embargo, de los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de garantías individuales y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Nayely Omarely Abarca Flores, Sergio Vences Avilés, Brenda Ibeth García Barbosa, Alfredo Salcedo Navarrete, Oscar Vidal Vergara, Norma Linares Villalba, Alma Delia Ramírez Rabago, Claudia Tulia Becerra Soriano, Agustín Chavarría González, Juana Garay García, Manuel Alejandro Carachure Reyes y Abiram Campuzano González, en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, personalidad que acreditan con las documentales que anexan. En este sentido, es claro que fue promovida por una persona moral oficial. En este orden de ideas, se precisa que el juicio se hace valer contra la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de reconsideración dentro del juicio TJA/3ªS/97/2019, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. En razón de lo antes expuesto, si la sanción, en su caso, se impuso a la persona física que desempeña el cargo respectivo, es claro que ésta es la que debe cumplirla y no la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las sanciones, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2001, con registro Ius 190346, de rubro y texto siguientes: 'AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo'. Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J.92/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 292, Tomo XXXII, correspondiente al mes de julio de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente". Consecuentemente, toda vez que el juicio de amparo fue promovido por Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Nayely Omarely Abarca Flores, Sergio Vences Avilés, Brenda Ibeth García Barbosa, Alfredo Salcedo Navarrete, Oscar Vidal Vergara, Norma Linares Villalba, Alma Delia Ramírez Rabago, Claudia Tulia Becerra Soriano, Agustín Chavarría González, Juana Garay García, Manuel Alejandro Carachure Reyes y Abiram Campuzano González, en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y el acto reclamado no les depara perjuicio alguno a las personas morales oficiales, su administración o bienes del dominio público, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, respecto a las personas morales oficiales que representan los aquí quejosos. Admisión de la demanda. Por otra parte, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Nayely Omarely Abarca Flores, Sergio Vences Avilés, Brenda Ibeth García Barbosa, Alfredo Salcedo Navarrete, Oscar Vidal Vergara, Norma Linares Villalba, Alma Delia Ramírez Rabago, Claudia Tulia Becerra Soriano, Agustín Chavarría González, Juana Garay García, Manuel Alejandro Carachure Reyes y Abiram Campuzano González, todos por propio derecho, respecto de la autoridad y acto siguiente: I.- De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. La resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de reconsideración dentro del juicio TJA/3ªS/97/2019. Del incidente de suspensión. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sentido, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibida para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada. Por lo que se refiere a los terceros interesados, para estar en condiciones de emplazarlos al presente juicio de amparo, con soporte en lo previsto en el arábigo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para que al momento de rendir su informe justificado señale el nombre y domicilio de las partes en el juicio de origen; con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el dispositivo 244 del ordenamiento legal antes invocado. De las pruebas. Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales, así como la instrumental y presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, abrogada, conforme al artículo 2 transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y por autorizados para recibirlas a las personas que indica. En otro orden de ideas, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen como autorizados con facultades amplias a Anahí Bahena López, Humberto Ángel Pérez Torres y Ramiro Omar Cervantes Ferrer, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Consulta de expediente electrónico. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base a los usuarios ""AnahiBa", "HUBERTO_ANGEL", y "CERVANTES7", "ManuelCarachure" y "SauloSantamaria"", y se encuentren registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se exhorta a las partes. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente.
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