Nayely Mendoza Sariñana
Expediente 1462/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1462/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nayely Mendoza Sariñana
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de cuatro de noviembre del año en curso, tal y como se observa de la constancia de notificación que obra en autos; consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo de mérito. Lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, dada la carga excesiva de trabajo de este Juzgado de Distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones personales del presente juicio de amparo inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El trece de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 18151007551. CUARTO. El quince de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 392/2021, y precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales relamadas," "Ley de ingresos del Municipio de Mexicali Baja California, para el ejercicio fiscal de 2021." "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18151007551. Asimismo, desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Mexicali, del Estado de Baja California, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Asimismo, se surte la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de este juicio, en virtud de que en la demanda inicial se reclamó la recaudación y el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de un cobro centralizado, además de que se señalaron a tesoreros de diferentes Municipios, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del estado de Baja California y Ayuntamiento de Mexicali, Baja California: La inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno, así como su artículo décimo primero transitorio. Del Tesorero de Mexicali, Baja California: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 18151007551. TERCERO. Inexistencia y certeza del acto reclamado. I. Es inexistente el acto reclamado al Tesorero de Mexicali, Baja California, por lo que debe sobreseerse en el juicio por cuanto a esa autoridad El Tesorero de Mexicali, Baja California, al rendir el informe justificado negó la existencia de dicha autoridad, consistente en el cobro por concepto de derecho de alumbrado público. Cabe señalar que, con el informe justificado de esa autoridad, se dio vista a la parte quejosa para que realizara manifestaciones, sin que hubiera ejercido ese derecho. En consecuencia, a criterio del suscrito, se estima procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de esa autoridad, pues de las constancias que obran en autos no se aprecia que a la fecha en que se promovió la demanda de amparo se hubiere llevado a cabo dicho acto de autoridad. Por consecuencia, debe tenerse por inexistente el acto reclamado que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". II. Es cierto el acto reclamado a las restantes autoridades responsables Las demás autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyeron, consistentes en la existencia de la ley reclamada. Sin perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que las leyes no son objeto de prueba. Por tanto, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Dicha circunstancia se corrobora con la publicación de la ley impugnada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual manera, se cita la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.- El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. El primero de los preceptos mencionados contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos del artículo 5° del mismo ordenamiento. Por su parte, el segundo de los artículos invocados prevé que el quejoso tendrá tal carácter cuando aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conviene precisar que el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para precisar lo anterior, a continuación se cita la jurisprudencia número 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que la parte quejosa no tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo debido a que la ley reclamada tiene el carácter de heteroaplicativa, y en el presente caso, no existe un acto concreto de aplicación, en atención a las siguientes consideraciones: En primer lugar, resulta importante tomar en cuenta que el presente juicio versa respecto de la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal del 2021. Dicho precepto establece lo siguiente: Del precepto anterior se desprende que los sujetos de pago del derecho de alumbrado público son aquellas personas que obtienen un beneficio directo o indirecto, derivado de la prestación del servicio de alumbrado público. Se prevé que el objeto del pago de ese derecho es la prestación y el mantenimiento adecuado de ese servicio. Ese derecho se causará mensualmente conforme al tipo de predio conforme a tres cuotas distintas, dependiendo de si el predio es doméstico, comercial y servicio, o industrial. Finalmente, se prevén los sujetos que estarán exentos del pago de ese derecho. Con base lo anterior, este juzgador advierte que tiene el precepto estudiado tiene el carácter de heteroaplicativo, es decir, que para acudir al juicio de amparo se requiere un acto de aplicación concreto. En efecto, tratándose de las leyes que establecen el pago de los derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, es necesario demostrar el acto de aplicación de la norma para estar en aptitud de impugnarla, es decir, su individualización, pues será hasta ese momento que se afectarán los intereses jurídicos de la quejosa y se estará en aptitud de impugnar la norma. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Las consideraciones anteriores encuentran soporte en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En ese sentido, la obligación de hacer impuesta en el precepto reclamado, no surge en forma automática con su sola entrada en vigor sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, que en el caso es el cobro del derecho de alumbrado público, el cual, en este asunto, por su sola entrada en vigor ninguna afectación causa a los intereses jurídicos de la quejosa por referirse a la prestación de servicios que ella no demuestra ni alega que haya utilizado. Para corroborar lo anterior, conviene acudir a los recibos que exhibió la quejosa para acreditar la supuesta aplicación de los actos reclamados. De ellos se desprende que efectivamente realizó dos pagos por concepto de "derecho de alumbrado público", sin que se mencionará respecto de qué municipios se realizaron tales erogaciones. A continuación se insertan las digitalizaciones de los recibos que proporcionó la quejosa en su escrito de demanda: Ahora bien, de las constancias que remitió la representación de la Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad se advierte que, por lo que hace al número de servicio de suministro de luz de este juicio de amparo, no se realizó cargo alguno a la quejosa por concepto de "derecho de alumbrado público" durante los primeros meses de este año. Para acreditar lo anterior, resulta pertinente insertar la plantilla del Sistema Comercial SICOM de la mencionada empresa productiva, en la cual obran las facturaciones de energía eléctrica del año dos mil veintiuno, relacionadas con el número de servicio 18151007551. En consecuencia, ante la falta de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, puede concluirse que no existe un acto de aplicación susceptible de ser reclamado en esta vía. Así, la parte quejosa carece de un interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. De ahí que deba sobreseerse en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La decisión de este juzgador encuentra sustento en la jurisprudencia VI.3o.A. J/10, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que dice lo siguiente: "DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. La ley que establece este tipo de derechos, a diferencia de los que se generan por la obtención de un servicio público que presta el Estado en sus funciones de derecho público, tiene el carácter de autoaplicativa para todas aquellas personas que se encuentren dentro de la hipótesis de causación, como lo es, por ejemplo, la que establece el pago de cuotas por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en la que basta que se acredite que se cuenta con el título de concesión correspondiente y que se efectúa el pago de este tipo de derechos o que se tiene la obligación de hacerlo por su explotación, para que la norma, por su sola entrada en vigor, afecte los intereses jurídicos del usuario por estar en presencia de un acto de permisión del Estado por el cual los particulares llevan a cabo tales usos privativos o aprovechamientos, por lo que en estas circunstancias, no se necesita de ninguna condición adicional para justificar la individualización de la ley que establece o incrementa el pago de los derechos por esa actividad; de tal manera que para este tipo de personas las obligaciones que impone la norma surgen en forma automática, nacen con ella misma, sin que se requiera, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. Hipótesis distinta sucede tratándose de la ley que establece el pago de los derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, en la que sí es necesario demostrar el acto de aplicación de la norma para estar en aptitud de impugnarla, ya que cuando se recibe la contraprestación del servicio por parte del Estado es que, en su caso, se causa la afectación a los intereses jurídicos del usuario y se estará en aptitud de reclamarla si es que se estima inconstitucional, porque en esta hipótesis las obligaciones de hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, es decir, se trata de una disposición heteroaplicativa". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos señalados en último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
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