Nayelli Itzel Cerón Carreón
Expediente 657/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2023
Partes del expediente
- Nayelli Itzel Cerón Carreón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en cumplimiento a lo ordenado en ejecutoria de seis de septiembre del año en curso, dictada dentro del C.C.P. 45/2023-III del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite los autos originales de su Juicio de Amparo 1242/2023. Acúsese de recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, intégrese únicamente para que obre como corresponda en virtud de que mediante proveído de trece del mes y año que transcurre, se acordó lo conducente respecto a la ejecutoria antes mencionada; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como testimonio de la sesión de seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el C.C.P. 45/2023-III de su índice, por la cual ordena resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo, el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México." En su atención, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese de recibo al estilo correspondiente. Fijación de la Litis De la lectura de la demanda se desprende que se reclaman los actos consistentes en: "1) reubicación y traslado de su actual ubicación a otra diversa con fines de tortura. 2) revisiones y acoso ilegales 3) actos Prohibidos en el artículo 22 constitucional 4) violación al principio de pro persona 5) discriminación. Autoridades responsables. A) Los actos señalados con los numerales 1, 2 y 3, se le reclaman a las siguientes autoridades: I. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. II. Directora de Seguridad del Penal Femenil de Santa Marta Acatitla. III. Subdirectora de Seguridad del Penal Femenil de Santa Marta Acatitla B) Los actos señalados con los numerales 4 y 5 se le reclaman a: IV. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Consideración previa De los actos reclamados antes transcritos se advierte que éstos, en general, se encuentran relacionados con los temas de reubicación y traslado de las quejosas, ya sea por cambio de dormitorio o a otro centro de reclusión, así como, de diversos tratos que mencionan se han realizado por parte de las autoridades penitenciarias; de ahí que, se llegue a la conclusión que no obstante que éste órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable como se advierte del capítulo de autoridades (inciso B, IV), atendiendo a los hechos, no tuvo intervención en ninguno de los actos reclamados que se le atribuyen (4) Violación al principio pro persona y (5) discriminación, por lo que no se le puede considerar con el carácter de autoridad responsable. En consecuencia, se procede a proveer respecto a la demanda de amparo. Consideración previa respecto a los actos señalados con los numerales 2), 3) y 5), en relación con su naturaleza. Por lo que hace a los actos que reclaman marcados con los numerales 2) consistente en revisiones y acoso ilegales 5) discriminación; debe decirse que tales "actos" no son de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir a las quejosas en el goce del derecho violado, ya que su naturaleza deriva de la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos y/o del cambio de dormitorio, o bien, pudieran entrañar hechos con apariencia de delito los cuales pudieran ser investigados por las autoridades competentes, no así por los juzgados de Distrito; en conclusión, no se advierten indicios que se esté ante actos de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Por otro lado, respecto al acto señalado como 3) que las quejosas hicieron consistir en "actos Prohibidos en el artículo 22 constitucional", las amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime que, las justiciables no señalan ni siquiera indiciariamente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como meras consecuencias de los actos reclamados primigenios consistentes en la orden de traslado y cambio de dormitorio, por lo que la situación de la discriminación, represalias y/o intimidación que refiere la parte quejosa al no señalarlos de manera fáctica, no pueden ser considerados de manera autónoma. Ahora bien, por lo que hace a las manifestaciones de las quejosas, "que existe tortura sicofisica y emocional así como intimidación y discriminación de tracto sucesivo demostrada en los amparos señalados.", es importante decir, que dichos actos fueron demostrados en otros juicios de amparo, tal y como lo refieren las quejosas, por lo tanto no se actualizan en algún supuesto del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de amparo, es decir, no se están llevando a cabo en este momento para que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Desechamiento En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por [1] ********************, [2] ********************, [3]********************, [4] ********************, [5] ********************carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6°., de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3°. de la Ley de Amparo. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 10, 14, 16, 17 interpretado a contrario sensu, 45 y 46 todos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover solicitudes, demandas, promociones, recursos y escritos iniciales; para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General invocado. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por las directas quejosas, no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6o. y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivos diversos. En efecto, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que los promoventes no redactaron los antecedentes de los actos reclamados que atribuye a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad. De tal suerte, debe inferirse que los actos que les imputan a los Jueces de la Ciudad de México, lo hacen en su carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de Distrito en materia de amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. Así, se actualizaría otro motivo más de improcedencia, ya que no es factible conocer de un juicio de amparo presentado en contra de otro juez de Distrito, debido a que, se insiste, contra sus actuaciones proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma. Ahora, respecto a los actos reclamados marcados en el numeral 1), consistentes en el traslado o reubicación de las amparistas se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado y/o reubicación referidos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio de los quejosas Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte provente, las listas de este juzgado federal, al no encontrarse acreditada la voluntad de promover el juicio de amparo, y por ende, no haber señalado lugar alguno para tales efectos. Representante común Asimismo, se tiene como representante común a ********************, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente
- Principal
Ciudad de México, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación de diez de agosto pasado, por la que informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrándolo con el número de expediente C.C.A. 45/2023-II, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
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