Nayeli Rosas Victoria

Expediente 935/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
935/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Nayeli Rosas Victoria

Actuaciones

  1. Principal

    Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada el tres de marzo de dos mil veintidós, emitida por dicho Tribunal; de la que se advierte que resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por xxx, contra el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el expediente de amparo indirecto 935/2021." De lo anterior, este Juzgado Federal toma conocimiento, y como lo solicita el Tribunal Colegiado, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo, por encontrarse total y definitivamente concluido. En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; por medio del cual, notifica el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Presidenta de ese Órgano Colegiado, en donde acusa recibo del oficio por el que se le remitió el recurso de queja interpuesto por Nayeli Rosas Victoria, y hace del conocimiento que admitió a trámite el recurso en cita, el cual quedó registrado con el número de queja QT. 156/2021. De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Nayeli Rosas Victoria; por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a, 98 y 99, todos de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/2182/2020 de veintinueve de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial, y en lo dispuesto por el artículo 391 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, remítase vía interconexión de manera digitalizada el oficio por medio del cual se remite al Tribunal de Alzada el escrito de agravios presentado por la parte quejosa y la constancia de notificación practicada del acuerdo que impugna. En el entendido de que la acción de vinculación de expedientes entre el órgano de origen y el órgano de destino, se encuentra habilitada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico del presente juicio, y se esté en posibilidad de resolver el recurso que nos ocupa. Notifíquese vía electrónica a la quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 935/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. En el caso la parte quejosa, señala como acto reclamado en esencia: La determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en la cual inadmitió su escrito de réplica en el expediente 50/2021, de su índice. Así pues, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la Ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la Jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Luego entonces, en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la determinación de treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en la cual determina inadmitir el escrito de réplica del quejoso en el expediente 50/2021, de su índice. En ese sentido, dicho reclamo no constituye un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en la sentencia; esto es, al resolverse el juicio, pero sólo en el supuesto de que la determinación dictada le sea adversa al interés de la quejosa, de manera que mientras está no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. En este sentido, el acto reclamado no reúne las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación; ello, es así, dado que la inadmisión del escrito de réplica en modo alguno repercute en sus derechos fundamentales, amén, de que tiene la posibilidad de defenderse de las pretensiones de su contraria. En efecto, el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos de la justiciable, ya que sólo pueden considerarse como violaciones al procedimiento, encuadrables en el artículo 172, de la Ley de Amparo. Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia. Sirve de apoyo, a lo anterior, la tesis 626, publicada en la página 569, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así como, la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 40 26/89, publicada en la página 280, Tercera Sala del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, que establece: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por Nayeli Rosas Victoria, por propio derecho, contra actos del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Por otra parte, toda vez que proporcionó el nombre de usuario para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. Así también, con fundamento en el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente, aunado a que como se dijo anteriormente proporciona un nombre de usuario para ese efecto, para lo cual se comisiona al actuario las practique de esa manera. También, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas indicadas en su escrito, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, ya que no cuentan con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Adicionalmente, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico lic.susana.aguilar@gmail.com; ello, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, artículo 22, para el caso de que sea necesario entablar el contacto respectivo. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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