Nayeli Olivares Polanco

Expediente 1576/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1576/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • NAYELI OLIVARES POLANCO y Otros.
  • Nayeli Olivares Polanco
  • Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar En Xalisco, Nayarit
  • DANNA GUADALUPE MONTES OLIVARES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo, en específico el proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (foja 134), a través del cual se ordenó el archivo definitivo del presente asunto como totalmente concluido; sin embargo, se omitió realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión; en consecuencia, se ordena el archivo de éstos y con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que la notificación del proveído de nueve de octubre de la presente anualidad (foja 126), mediante el cual se tuvo por desistido a la parte quejosa respecto del presente juicio y, en consecuencia, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión transcurrió en exceso, sin que hasta el día de hoy, se haya interpuesto medio de impugnación; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal en comento, en su numeral 2°, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la propia ley, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvanse al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Xalisco, Nayarit, un legajo de constancias relativo al juicio de origen, dado que resulta innecesaria la retención del mismo.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintiocho de agosto del año en curso (fojas 113 y 114), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintinueve de agosto de la presente anualidad (foja 115), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 60 a 83), se determinó conceder a la parte quejosa Juan José Hernández Huizar, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] a) Los artículos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria "Banamex" Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, con número de referencia 00097000479A34553231 y la constancia de pago exhibida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de esa Secretaría, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el doce de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver las contribuciones erogadas por la quejosa, respecto del comprobante de pago realizado el doce de abril de dos mil dieciocho, por la suma de $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100, moneda nacional), ante la Institución Bancaria "Banamex" Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado el veintiocho de agosto del año en curso, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de diecisiete de agosto de la anualidad citada, a nombre del quejoso Juan José Hernández Huizar, por la cantidad de $15,370.89 (quince mil trescientos setenta pesos 89/100, moneda nacional); por concepto de devolución de pago de lo indebido. Siendo que por auto de veintinueve de agosto del año en que se actúa, se requirió a la promovente de garantías, para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable de previa cita, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100, moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el doce de abril de dos mil dieciocho y el diecisiete de agosto de la presente anualidad, se realizó la transferencia bancaria de la devolución a la parte quejosa del pago de lo indebido. Por lo que el factor de actualización comprende del mes de marzo al mes de julio del presente año. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de la citada anualidad entre el índice para el mes de julio del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de este año fue de 132.436; y para el mes de julio de la misma anualidad de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100, moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $15,441.31 (quince mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 31/100, moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100, moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $64.42 (sesenta y cuatro pesos 42/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $15,370.89 (quince mil trescientos setenta pesos 89/100, moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $15,441.31 (quince mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 31/100, moneda nacional); sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $15,370.89 (quince mil trescientos setenta pesos 89/100, moneda nacional), es decir, le resulta un faltante de $70.42 (setenta pesos 42/100 moneda nacional), pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría a ordenar a la responsable reintegrar dicho monto a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que se realizarían con su devolución, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un lado se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibidos los libelos presentados por el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de su Director Jurídico Contencioso, ambos con sede en esta ciudad, en virtud del cual solicitan una prórroga a efecto de estar en posibilidad de acatar la sentencia concesoria del amparo, dado que el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no ha sesionado; en consecuencia, agréguense a sus autos para los efectos legales conducentes. En consecuencia, respecto de su petición de prórroga para dar cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede únicamente una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, el cual será improrrogable, los cuales serán contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que las responsables, estén en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos, en el entendido que de autos se advierte que se encuentran apercibidos de las penas en que incurren las autoridades en el incumplimiento a una ejecutoria de amparo. Luego, debe decírseles que se encuentran obligadas a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo en el término concedido, esto es, convocar para que sesione el Comité de Vigilancia en comento, así como se firme el nuevo dictamen de pensión y sea notificado a la parte quejosa. En la inteligencia que continúan vigentes los apercibimientos efectuados en autos a las autoridades responsables.

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