Nayeli Monserrat Coyoc Huchin
Expediente 805/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Nayeli Monserrat Coyoc Huchin
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio y anexo del Secretario de Acuerdos "B" Tribunal Unitario Agrario, Distrito 34 A, con sede en esta ciudad, con el cual, comunica que se encuentra en la espera de la determinación que tome el Tribunal Superior Agrario, por lo que una vez que acontezca lo anterior se informará lo correspondiente. Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable informando que la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio de amparo, se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene por recibido y agrega a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente 40/2020-II-B, del índice de este Juzgado y testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 08/2023, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en la que revocó la sentencia dictada por este juzgado, en estos autos, y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa **************. Por tanto, acúsese recibo; comuníquese esta determinación a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales correspondientes; glósense las constancias relevantes del cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 párrafo cuarto, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Poder Legislativo y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Campeche; y, Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Carmen, Campeche, para que dentro del término de diez días, contados desde el siguiente al en que reciba el oficio respectivo dé cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Superioridad y remita las constancias fehacientes que así lo acrediten. En el entendido, que de la lectura integral de la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el presente juicio de amparo, se desprende que las responsable debe dar cumplimiento en los siguientes términos: "Con base en lo anterior, se determina revocar la sentencia recurrida y conceder a la moral quejosa, la protección constitucional solicitad, para los siguientes efectos: -Que se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de enterar el pago de los derechos para la obtención del dictamen de viabilidad ambiental y del permiso condicionado de operación, conforme a las bases que establece el artículo 54, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen vigente para el ejercicio fiscal de 2019. -Sobre esa premisa, considerando que la materialización de la concesión del amparo, en sus efectos, implica la devolución de una cantidad cubierta en exceso, la autoridad tributaria, a fin de cumplir las directrices de esta ejecutoria, deberá tomar como referencia para el cobro de los derechos para la obtención del dictamen de viabilidad ambiental, la tarifa mínima que se estipula en la tabla contenida en el artículo 54, fracción I de la ley en cita, es decir, cinco veces la Unidad de Medida y Actualización ahí prevista para la obtención del referido dictamen de viabilidad ambiental, devolviendo el resto de la suma pagada por la moral peticionaria. -En cambio, con relación al permiso condicionado de operación, a que se refiere la fracción II del artículo 54, de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen vigente para el ejercicio fiscal de 2019, deberá devolverse a la moral quejosa la totalidad de la cantidad pagada por dicho concepto, en razón de que, como se ha visto, no existe un factor mínimo sobre el cual el contribuyente deba enterar ese derecho. -En la inteligencia que, las cantidades a que se tenga derecho se deben devolver actualizadas, con motivo de la aplicación de las porciones normativas declaradas inconstitucionales. Es así, pues sólo de esa manera se podrá restituir a la parte disconforme en el pleno goce de sus derechos, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en términos del ordinal 77, fracción I, de la ley de la materia. Ello con apoyo en la tesis 2a. XXV/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 725, tomo XXVII, febrero de 2008, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro digital 170269, de rubro y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la Federación." En la inteligencia que lo anterior no comprende el pago de intereses ya que, por un lado, éstos no integraban el patrimonio de la quejosa y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación constitucional, además de que participan de una naturaleza indemnizatoria que no debe tener un efecto del fallo protector. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 137/201025, de la propia Segunda Sala de nuestro alto tribunal del país, visible en la página 526, tomo XXXII, diciembre de 2010, materias administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro digital 163321, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución." Con el apercibimiento para las citadas autoridades que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 M.N.), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos con 74/100 M.N.) de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo 258 de Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en términos del numeral 193 de la Ley de la materia, para seguir el trámite de inejecución, cuyo resultado eventualmente sería la separación de la responsable en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, siempre y cuando este juzgado califique que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dispone: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de José Abelardo Rodríguez Cantú, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente 265/2021, y remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el toca de amparo en revisión 516/2022, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, en auxilio del Tribunal Colegiado el Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el cuaderno auxiliar 25/2023, en sesión de uno de junio de dos mil veintitrés, de donde se desprende que resolvió lo siguiente: "Por lo expuesto y fundando, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa *************** contra el acto reclamado de la juez Tercero del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Campeche para efectos." Se tienen por recibidos los autos; comuníquese esta determinación a las autoridades señaladas como responsables, anexándole copia de la resolución emitida en el referido toca, para los efectos legales correspondientes; glósese las constancias más relevantes del cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acúsese recibo. En consecuencia, toda vez que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia, con fundamento en los artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que quede debidamente notificada de este acuerdo, de cumplimiento con el fallo protector en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: 1) Que el Juez Tercero del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, deje insubsistente la audiencia de control celebrada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dentro de los autos de la carpeta judicial ****************. 2) En su lugar, dicte una nueva resolución, en la que, al atender el planteamiento de la asesoría jurídica de ****************, referente a la facultad o no para conocer de la audiencia de control judicial solicitada por ***************, a través de sus asesores jurídico, deberá determinar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en que se sostiene la petición, no le otorga la facultad de conocer de dicho medio de defensa innominado, por haber sido solicitada por un tercero extraño al procedimiento penal." Con el apercibimiento para la citada autoridad que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización cuantificables al momento de su infracción, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos con 74/100 M.N.) de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo 258 de Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en términos del numeral 193 de la Ley de la materia, para seguir el trámite de inejecución, cuyo resultado eventualmente sería la separación de la responsable en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, siempre y cuando este juzgado califique que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Finalmente, se ordena remitir al Juez de Despacho de los Juzgados del Sistema de Justicia Procesal Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, el anexo formado con las copias certificadas de la carpeta judicial ******************, así como, el CD´s certificado, que contiene la audiencia de control judicial de cuatro de febrero de dos mil veintiuno que fue glosado en autos (foja 18), por no tener objeto su permanencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de Verónica Monserrat del Jesús Aguirre Pérez, Secretaria que autoriza y da fe.
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