Nayeli Herrera Palencia

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Nayeli Herrera Palencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por *Síndico Municipal de Nopalucan, Puebla, se tienen por vertidas las manifestaciones de la ocursante. Al respecto, cabe precisar que en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria pronunciada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión * el cual confirmó la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós dictada en este asunto, y la cual le fue notificada mediante oficios * los cuales fueron recibidos el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, a fin de evitar mayores dilaciones remítase copia de la sentencia dictada en este asunto, así como la ejecutoria en comentó y con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla, para que dentro del término improrrogable de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen y acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: ".Por tal motivo, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa ********************, para los efectos siguientes: Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla realicen: a) Las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía municipal, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la quejosa deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán de demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor de la quejosa como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separada o destituida de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo" En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Del estado procesal de autos se advierte que las autoridades responsables, no han dado cumplimiento al requerimiento de seis de octubre de dos mil veintitrés, no obstante de estar debidamente notificadas y haber transcurrido el plazo concedido para ello. En consecuencia, y toda vez que las sentencias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a las autoridades responsables Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído remitan las constancias con las que acrediten haber acatado la sentencia dictada en el presente juicio. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, en caso de incumplimiento.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el que la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de ejecutoria pronunciada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión R.A.(P) *, de su índice; por tanto, dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión e infórmeseles que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida de dieciocho de agosto de dos mil veintidós emitida por la Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo número * de su índice. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *, por propio derecho, respecto de los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, para los efectos establecidos en la parte final del considerando sexto de la misma. . " En tales condiciones, acúsese recibo del expediente y testimonio mencionados, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en el juzgado y anótese lo procedente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber acatado la sentencia dictada en el presente juicio. En el entendido de que el amparo se concedió para los siguientes efectos: ".procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa Nayeli Herrera Palencia, para los efectos siguientes: Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla realicen: a) Las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía municipal, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la quejosa deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán de demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor de la quejosa como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separada o destituida de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio." Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 192, segundo párrafo, y 258 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 192. [.] En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días.". Es decir, se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Multa que se cuantificará atendiendo a la gravedad de la conducta incurrida, además de que se solicitará a la Presidenta de la Junta los datos necesarios para su imposición, como lo son: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, etcétera. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia identificada con la clave P./J. 54/20141, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." De igual forma, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia protectora, este expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto, como lo establece la última parte del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, las medidas que adopte deberán estar destinadas a cumplir efectivamente con el fallo protector, evitando incurrir en procedimientos ilegales, evasivas, actos intrascendentes o secundarios que impidan que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales, en términos del párrafo segundo del citado precepto legal.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual notifica el acuerdo de diecinueve octubre de dos mil veintidós del que se advierte que se admite a trámite el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable radicándolo como amparo en revisión ***, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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