Nayeli Gabito Trejo

Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Nayeli Gabito Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Los efectos de la protección constitucional por los cuales fueron concedidos son los siguientes: "La Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dentro de la causa penal ********************de su índice deberá: Dejar insubsistente la orden de aprehensión emitida el catorce de septiembre de dos mil veinte, en atención a las consideraciones expuestas, pues aun cuando se le declaró sustraída de la acción de la justicia, dicha determinación es incorrecta. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Fiscal General del Estado de Puebla y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación, al ser consecuencia del atribuido a la ordenadora que se consideró ilegal". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento y prevéngase a las autoridades responsables ********************, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, al Fiscal General del Estado de Puebla, así como al Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dé cumplimiento al fallo en ejecución dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por la cantidad de cien VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. Sin que haya lugar a requerir a superior jerárquico de la responsable, dado que en virtud de los principios de autonomía e independencia de los que goza la responsable en la emisión de sus resoluciones, éstos carecen se superiores jerárquicos. Háganse las anotaciones de estilo correspondiente en los libros de gobierno. Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 218/2023, promovido por ***; y, Resultando. Primero. Por escrito depositado el tres de marzo de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este juzgado federal el seis siguiente, *** promovió juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados a los Jueces de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla y otras, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, por considerarla violatoria de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su ejecución. Segundo. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró la demanda como juicio de amparo 218/2023; la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, así mismo, fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. En proveídos de catorce y veintidós de marzo de dos mil veintitrés se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público y persona moral a las que les reviste el carácter de terceros interesados. Cuarto. Mediante auto de veintisiete de marzo del año en curso se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable a las ahí precisadas. Quinto. Mediante acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado es de naturaleza penal, por ser una orden de aprehensión emitida dentro de una causa penal de la que conoce una autoridad con residencia en el Estado de Puebla, donde este juzgado federal ejerce jurisdicción, además de reclamarse un acto de naturaleza penal, de tal suerte que ello actualiza la competencia material y territorial. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa que el acto reclamado es: I. A los Jueces de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla: La orden de aprehensión emitida en su contra. II. A los Fiscales Especializado en Delitos de Alta Incidencia y Especializado en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres: La orden de comparecencia y/o localización y presentación con uso de la fuerza. La orden para recabar biológicos corporales de la quejosa. III. Al Fiscal General y Titular de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla: La ejecución de los actos atribuidos a las ordenadoras. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son inexistentes las órdenes reclamadas a los Fiscales Especializado en Delitos de Alta Incidencia y Especializado en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los Jueces de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, con excepción de la Jueza ***, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba tendente a demostrar su existencia. En tales condiciones, al actualizarse el supuesto establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, ***, al rendir su informe aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. Situación que se corrobora con las documentales que anexó a dicho informe, consistentes en copias certificadas de la carpeta judicial 1044/2017/PUEBLA. Documentales que son valoradas de manera plena en conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del arábigo 2, al tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, no pasa desapercibido que tanto el Fiscal General como el Titular de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, al rendir su informe hayan negado el acto que se le reclama, ya que al haber aceptado el acto la autoridad ordenadora la ejecución del mismo resulta inminente, de ahí que deba desvirtuarse la negativa de sus informes y se les tenga como cierto. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. No se advierte causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna, por lo que procede analizar los conceptos de violación de manera sistemática, en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Uno de los conceptos de violación resulta fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a , de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior conviene relatar en síntesis los antecedentes del acto que por esta vía se reclama, a saber. Mediante oficio 14251/2017 de veinte de octubre de dos mil diecisiete la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia, solicitó al Juez de Control fijara fecha para celebrar audiencia inicial dentro de la carpeta de investigación 1676/2017/UF104, que se siguió en contra de la hoy quejosa *** y otro, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción I, 377, 380 fracciones XI y XVIII, relacionado con los artículos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona moral denominada *** . Por lo cual, el veintiuno de octubre de ese año se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal 1044/2017/PUEBLA en la cual entre otras cosas se calificó de legal la detención de los imputados, se les dio oportunidad de declarar y éstos solicitaron que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, finalmente se les impuso como medida cautelar la firma durante el plazo constitucional, Posteriormente, el veintiséis de octubre de la referida anualidad se continuó con la audiencia inicial y se les vinculó a proceso por los hechos delictivos de robo agravado y se les impuso como medida cautelar la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares cada quince días y no acercarse a los establecimientos denominados tiendas *** de todo el país. Seguida la secuela procesal, mediante escritos de dos julio de dos mil diecinueve la defensora de los imputados, entre ellos la aquí quejosa, solicitó se llevara a cabo audiencia de suspensión condicional del proceso, lo que aconteció el diez de septiembre siguiente, data en la que la Jueza de la causa decretó la suspensión condicional del proceso, durante el plazo de seis meses, el cual fenecería el diez de marzo de dos mil veinte, durante ese tiempo se impusieron como condiciones: Residir en ***. Prohibición de acercarse a determinados lugares, siendo la moral denominada *** la cual está ubicada en ***. Tener trabajo o empleo, bajo la supervisión de ***. Someterse a vigilancia del Juez de Control, por lo que deberá comparecer el primer lunes de cada mes ante la unidad de medidas cautelares. En lo referente al plan de la reparación del daño, se comprometieron cada uno de los imputados a depositar la cantidad de $1,000.00 mil pesos diferidos en dos pagos de $500.00 quinientos pesos , en la cuenta del Tribunal Superior de Justicia a favor del representante legal de la moral ofendida, durante los dos primeros meses de la firma periódica. Después, mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veinte el Juez hizo constar que la imputada ***, aquí quejosa no se manifestó respecto del depósito de la cantidad convenida en audiencia de suspensión condicional del proceso relativa a la reparación del daño, por lo que la requirió para que dentro del término de cinco días hábiles compareciera ante el Juez a exhibir la cantidad en mención, apercibiéndola que de no hacerlo, daría vista al Fiscal Investigador para que en el término del numeral 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manifieste lo que corresponda. Determinación que se notificó el veintiocho de enero de dos mil veinte, por conducto de quien dijo ser la suegra de la imputada, en el domicilio ubicado en ***. En consecuencia de lo anterior y toda vez que la hoy quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por el Juez de Control, por auto de seis de febrero de dos mil veinte se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó dar vista al representante social. Así mismo, en esa determinación señaló fecha y hora para la revisión del cumplimiento de las condiciones decretadas a favor de *** coimputado de la aquí quejosa, ello en atención a la solicitud expresa de la agente del Ministerio Público en ese sentido; es decir, la representante social únicamente solicitó se señalara audiencia para la revisión de cumplimiento de condiciones relativas a la suspensión del procedimiento respecto de ***. En la fecha y hora señalada para la audiencia de revisión de condiciones del procesado ***, la jueza hizo constar la incomparecencia de los imputado, se refirió a la información respecto del incumplimiento de las medidas cautelares impuesta al imputado, así como que la hoy quejosa había sido omisa en cumplir la condición respectiva a la exhibición del pago por concepto de reparación del daño. Así mismo, en uso de la voz la agente del Ministerio Público solicitó se revocara a ambos procesados la suspensión condicional del proceso decretada a su favor, también señaló que a pesar de habérseles notificado la fecha de audiencia, éstos no comparecieron de ahí que de conformidad al numeral 141 fracción III, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales solicitó se declarara la sustracción de la acción de la justicia de ambos imputados. Así, una vez que se dio intervención a la defensora, la Jueza determinó revocar la suspensión condicional del proceso decretada a favor de ambos imputados por incumplimiento del plan establecido, en cuanto a las medidas cautelares por parte de *** y por falta de pago de la reparación del daño respecto de ***, y en consecuencia de su inasistencia a la audiencia y no existir justificación de dicha circunstancia, declararlos sustraídos de la acción de la justicia y finalmente indicó a la representante social que contaba con diez días para proceder de conformidad con el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el catorce de septiembre de dos mil veinte la representante social solicitó al Juez librar orden de aprehensión en contra de los imputados, en virtud de habérseles declarado sustraídos de la acción de la justicia. Por lo cual, catorce de septiembre de dos mil veinte se giró orden de aprehensión en contra de la hoy quejosa y otro, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que constituye el acto reclamado, el cual, como se adelantó, es violatorio de derechos. Se explica. Cobran relevancia los numerales 141 y 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: . Como se advierte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversas formas de conducción del imputado al proceso con las que se garantiza que se encuentre presente en todas las etapas; siendo dichas formas, las siguientes: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido . III. Orden de aprehensión cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela . IV. Orden de aprehensión en el caso de que se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia, así como cuando incumpla una medida cautelar en concordancia con el diverso 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales . La fracción I se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación y en caso de que el imputado no se encuentre retenido solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 31015 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció previamente a la citación a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. La tercera forma es la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, la cual constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, ello siempre que exista necesidad de cautela o bien cuando la persona resista una orden de comparecencia. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, se requiere que el agente del Ministerio Público especifique en la clasificación jurídica el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Es decir, en el caso de la orden de aprehensión, se aprecia que la misma puede obedecer, en una de sus vertientes, a la solicitud del Ministerio Público cuando advierta que existe la necesidad de cautela, en la que deberá exponer la clasificación jurídica de los hechos, especificar el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Así, para la procedencia de estos supuestos se parte del hecho de que no se ha formulado imputación. Mientras que en el diverso supuesto expuesto con el inciso IV, la orden de aprehensión puede generarse también a solicitud del Ministerio Público cuando la persona se declare sustraída de la acción de la justicia, en términos del propio numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir el presupuesto para la procedencia del referido medio de conducción es que el imputado ya haya comparecido ante la autoridad judicial, se le haya vinculado a proceso y se le hayan impuesto alguna de las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales distinta de la prisión preventiva y éste deje de acudir ante el órgano judicial de forma injustificada a cumplir con las medidas impuestas. La actualización de este último supuesto es la que el Juez tuvo por colmada y dio origen al mandato de captura reclamado. Es decir, ante la incomparecencia de la imputada, hoy quejosa, a la audiencia de incumplimiento de medidas cautelares, se le declaró sustraída de la acción de la justicia y previa solicitud por parte del agente del Ministerio Público el Juez emitió la orden de aprehensión. Lo cual, como se precisó es violatorio del derecho contenido en el numeral 14 constitucional que dispone: . De este se advierte que nadie puede ser privado de su libertad, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1 La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2 La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3 La oportunidad de alegar; y 4 El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Se viola dicho derecho humano, pues la orden de aprehensión reclamada se emitió de conformidad con los requisitos establecidos en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, al considerar que la imputada no se presentó a audiencia de incumplimiento de las medidas impuestas para la suspensión del procedimiento, previa vista al representante social se emitió el mandato de captura en su contra. Sin embargo, el Juez de la causa soslayó que en virtud de habérsele informado que la imputada no exhibió la cantidad precisada como reparación del daño, se le conminó para que dentro del plazo de cinco días posteriores a la notificación, se presentara a exhibirlos, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le daría vista al agente del Ministerio Público de conformidad con el numeral 198 del código procesal de la materia. Como se expuso, en dicho numeral se prevé que si los imputados a quienes se ha favorecido con la suspensión condicional del proceso incumplen con las condiciones impuestas o bien, no cumplan con el plan de reparación como en el caso que se resuelve , previa petición del Ministerio Público se deberá citar a las partes a una audiencia en la que se debatirá respecto de la revocación de la suspensión condicional. Lo que en el caso se incumplió, pues como quedó evidenciado de la relación de constancias antes efectuada, si bien es cierto se hizo constar que la hoy quejosa incumplió con exhibir los montos fijados como reparación del daño para que se declarara en su favor la suspensión condicional del procedimiento, lo cierto es que ante su reiterado incumplimiento de ordenó dar vista al representante social, quien al dar cumplimiento únicamente realizó manifestaciones respecto del diverso procesado, quien dejó de cumplir diversas condiciones, es decir, no solicitó audiencia respecto de la hoy quejosa. Por lo que al no haberse respetado dicha formalidad, resulta contrario a derecho que se le haya declarado sustraída de la acción de la justicia y posteriormente se haya decretado en su contra la orden de aprehensión que hoy se reclama, pues trascendió a la defensa de la imputada hoy quejosa el haberse violado las formalidades esenciales del procedimiento, lo que sin duda viola el artículo 14 constitucional, al ordenar privarla de la libertad sin respetar las formalidades del procedimiento. Es así, pues el libramiento de una orden de aprehensión como consecuencia de no comparecer resulta ser una consecuencia desmedida y desproporcionada, pues como se evidenció, la declaración de sustracción de la acción de la quejosa fue indebida, puesto que la representante social no solicitó se le citara a audiencia en la que se determinara lo relativo a la suspensión del procedimiento, pues únicamente formuló petición respecto del diverso procesado. Es decir, la audiencia de revisión de las condiciones fue solo respecto del coimputado de la quejosa, pues respecto de ella el Ministerio Público nada dijo cuando pidió fecha y hora de audiencia de revisión de las condiciones de suspensión del proceso. De ahí que aunque aparentemente se le haya citado a audiencia, lo cierto es que en el acuerdo que se le notificó únicamente se desprende que se señaló que la audiencia tendría verificativo para resolver respecto de su coimputado, por lo que la consecuencia que se le impuso es desproporcionada, al no haber sido citada para dicha audiencia. Por tanto, se concede el amparo solicitado para los efectos que a continuación se precisan, concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución pues éstos no se reclamaron por vicios propios. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, procede fijar los efectos, ello de conformidad con el numeral 74, fracción V de la Ley de Amparo. La Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dentro de la causa penal 1044/2017/PUEBLA de su índice deberá: Dejar insubsistente la orden de aprehensión emitida el catorce de septiembre de dos mil veinte, en atención a las consideraciones expuestas, pues aun cuando se le declaró sustraída de la acción de la justicia, dicha determinación es incorrecta. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Fiscal General del Estado de Puebla y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación, al ser consecuencia del atribuido a la ordenadora que se consideró ilegal. SÉPTIMO: FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero y por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra la orden de aprehensión de catorce de septiembre de dos mil veinte, reclamada al Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dentro de la causa penal 1044/2017/PUEBLA, y su ejecución atribuida al Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, por los motivos expuestos en los considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso sexto. TERCERO. Publíquese esta sentencia como se ordena en su último considerando. Notifíquese: personalmente al tercero interesado; así como a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables; y electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado.

  3. Incidental

    En Puebla, Puebla, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental relativa al incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo número 218/2023, encontrándose en audiencia pública CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia de este incidente de suspensión, sin la comparecencia personal de las partes. Enseguida, se da cuenta con los oficios de las autoridades responsables de que ya obran en autos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 141 de la ley antes referida, resuélvase el presente incidente de suspensión. Abierto el periodo de pruebas, se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas, con lo que se cierra dicho periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho, cerrándose el periodo correspondiente, por lo que al no existir pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se procede a dictar la resolución respectiva. DOY FE. Puebla, Puebla, a doce de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 218/2023; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito recibido el seis de marzo de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ***, por derecho propio, presentó demanda de amparo y solicitó la suspensión de los actos reclamados al Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales en el Estado de Puebla y otras autoridades - a quienes por economía procesal y atento a los constantes cambios de adscripción, fue emplazado al presente asunto por conducto del Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, pues la quejosa señaló además de la mencionada a diversos jueces adscritos a los Juzgados de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión u orden de comparecencia girada en contra de la quejosa, así como su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veintiuno este Juzgado ordenó formar el incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo 218/2023, por cuerda separada, se solicitaron los informes previos a las autoridades señaladas como responsables y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo conforme al cuerpo del acta que antecede. TERCERO. En auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se dejó de tener como autoridades responsables a las siguientes: "UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CENTRO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA"; "UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ORIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA"; "UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LA POPULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA"; "UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA"; UNIDAD ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA FISCALÍA METROPOLITANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA"; "UNIDAD DE INVESTIGACIÓN VILLA FRONTERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA"; "UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LA MARGARITA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA"; Y, "UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CHAPULCO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Las autoridades responsables Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, el Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, el Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en Representación del Fiscal General del Estado y el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado en Representación de la Fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con excepción de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, manifestaron al rendir su informe previo que no son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Por tanto, al haber negado tales actos las autoridades anteriormente señaladas sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia número 286 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y siete, del Tomo VI del Apéndice de 1917-2000 del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rinda prueba en contrario." SEGUNDO.- La autoridad responsable ordenadora Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, manifestó al rendir su informe previo que es cierto el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal ***, por el delito de robo agravado, en agravio de la persona moral denominada "Tienda Suburbia". Por tanto, al haber aceptado la existencia de la orden de aprehensión se desvirtúa la negativa de la autoridad ejecutora Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, toda vez que la autoridad en su calidad de ordenadora Jueza de Control de la Región Judicial Centro, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, aceptó el acto reclamado por lo que se tiene por cierto el acto de ejecución de ésta. TERCERO.- Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada el catorce de septiembre de dos mil vente, dentro de la causa penal *** del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, con motivo del incumplimiento al pago de la reparación del daño consistente en el depósito de $1000 (mil pesos cero centavos m. n.), SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, para el efecto de que hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal de donde deriva este incidente de suspensión, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, que la quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de dicha orden, siempre y cuando sea con motivo de la orden de aprehensión dictada en la causa penal señalada con antelación. En la inteligencia de que la medida cautelar que se concede no surtirá ningún efecto legal si ya se ejecutaron tales actos, pues en ese caso el único efecto de la suspensión será que lograda la aprehensión de la quejosa' ésta quede a disposición del suscrito en el lugar que sea depositada por cuanto hace a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa penal instaurada en su contra para la continuación de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis siguiente: Registro digital: 164424 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 34/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio de 2010, página 166 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes." De igual manera, tomando en consideración que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que la parte inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Así como, en mérito a que el artículo 168 de la Ley de Amparo prescribe una facultad para el suscrito de ejercicio obligatorio, como lo es exigir a la parte quejosa la exhibición de una garantía para que proceda la suspensión del acto reclamado que derive de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, el suscrito procede a fijar la garantía para que proceda la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos del citado numeral. Por lo que la suspensión concedida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no cumple con lo siguiente: 1.- Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo se ordena a la impetrante comparecer ante el Juez responsable a ponerse a su disposición para el desahogo de las diligencias que estime necesarias; lo anterior, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la presente resolución. 2.- Asimismo, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá otorgar dentro de los CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cero centavos en moneda nacional), EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, es decir, billete de depósito a su nombre o en póliza de fianza, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta Ciudad, nombre del Agente o Agentes en esta plaza, y la expresión de que la Compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio. Garantía que se fija en forma "discrecional" y al prudente arbitrio, por no conocerse hasta el momento la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa a la parte quejosa ni la situación económica de ésta, por lo anterior se estima que la garantía es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable la aquí parte quejosa este Juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de la autoridad que lo reclama. De tal forma, esa cantidad que se establece para que proceda la medida cautelar solicitada, constituye una suma de dinero que, de ser exhibida, y no cumplir con las condiciones que se establezcan para la eficacia de la suspensión decretada, reflejaría un menoscabo patrimonial considerable en el peculio de la parte impetrante de amparo, cuya pérdida económica la haría reflexionar y disuadir para optar evadir la acción de la justicia. Tiene aplicación a lo anterior la tesis y jurisprudencia siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA, AUN CUANDO DICHOS ACTOS SE ATRIBUYAN AL MINISTERIO PUBLICO." "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Apercíbase a la parte quejosa que de no acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados para surta efectos la suspensión de los actos reclamados, dentro del plazo de cinco días, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo y 166 penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y sin necesidad de previo acuerdo las autoridades responsables quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado que se trate. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. PRIMERO. Se NIEGA a la parte quejosa *** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a la parte quejosa *** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Puebla, Puebla, once de abril de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO Agréguese a los autos el oficio del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, mismo que fue recibido de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual rinde su informe PREVIO; con su contenido dése vista a las partes en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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