NAYELI EDUWIGES TORRES CURIEL y Otros.
Expediente 1057/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- NAYELI EDUWIGES TORRES CURIEL y Otros.
- Nayeli Eduwiges Torres Curiel
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de seis de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia ha causado estado; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo promovida por la moral ****, por conducto de su apoderado legal ***, calidad que acredita en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, con copia certificada de la escritura pública treinta y dos mil novecientos quince, de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público veintiséis, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1057/2019-IV.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V , este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. De las referidas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia citada, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La audiencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente 1569/2016/L1/CA/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad, mediante la cual se negó a la aquí quejosa comparecer al citado juicio como tercera interesada. Precisión que encuentra apoyo en la tesis siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Aunado a que en el caso, no se advierte que se haya determinado o no el litisconsorcio pasivo necesario, condición indispensable para la procedencia de la presente vía constitucional, consideraciones que son acordes con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo registro y rubro son: 2002568, LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. De ahí, que dicho acto reclamado no entraña derechos sustantivos, sino a un derecho procesal, por lo que sus efectos no son de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Luego entonces, el juicio constitucional intentado resulta improcedente, pues los actos reclamados no provocan violaciones que sean de imposible reparación, sólo constituyen actos procesales que no afectan derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo, pues aún cuentan con la posibilidad de obtener su reparación al momento de dictarse la sentencia respectiva, o bien, en caso de continuar dicha violación, pueden hacerla valer en el amparo directo que en su caso se llegue a promover frente a dicha resolución. Es aplicable al caso, la tesis siguiente: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Asimismo, la tesis de jurisprudencia siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Y, la tesis de jurisprudencia siguiente: VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por la moral ***, por conducto de su apoderado legal ***. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la inteligencia de que las tesis de la octava y novena época invocadas son aplicables de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de amparo publicada en el diario oficial de la federación el dos de abril de dos mil trece, en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Sin que sea óbice a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cito el hoy promovente cuyo registro y rubro son: 190658, LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), pues la misma o resulta aplicable debido a que: a) Es inherente a la materia civil; b) Como ha sido sostenido no ha sido determinado por la autoridad laboral el litisconsorcio pasivo necesario; y, c) Dicha tesis es interpretativa de la ley de amparo anterior a la que actualmente nos rige. Siendo que las demás tesis que cita tampoco son aplicables dado que las mismas hablan de terceros que pudieran ser afectados con la resolución que se pronuncie, y en el caso la hoy impetrante al no figurar como parte demandada de ninguna manera podría recaerle perjuicio alguno, sino el mismo en todo caso sería en contra de la parte actora. Asimismo, no pasa desapercibido al ser un hecho notorio para esta juzgadora federal dado que en el juzgado hoy a mi cargo se tramitó el amparo 896/2019-IV, en el que se desprende que acudió *** ostentándose como apoderado legal de las morales ***, carácter que acreditó con el instrumento notarial 32,916 de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del notario público 26 de Monterrey, Nuevo León. Siendo que en el presente, el mismo se ostenta como representante de la hoy quejosa ***, exhibiendo para ello el poder 32,915 de la misma fecha y ante la misma fe del anteriormente anotado; de ahí que pueda aseverarse que dicho apoderado conoce cabalmente y con data anterior a la presente los pormenores del asunto laboral; lo que se asienta para constancia legal. En otro orden, en cuanto a su petición relativa al cotejo de la copia certificada del instrumento con el que acredita su personalidad, con la copia simple exhibida para tal efecto, de conformidad a lo establecido por el artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se ordena devolver la referida copia certificada a la parte quejosa, previa razón que de su entrega se deje en autos. Por lo que ve a que le sea reconocida la personalidad de apoderados legales de la moral aquí quejosa a las demás personas anotadas en el instrumento público treinta y dos mil novecientos quince, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues sólo acudió a la presente vía Julio César Pérez Rico, no así los restantes apoderados. Por otra parte, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización verbal por parte del secretario encargado del presente expediente. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De igual manera, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, son públicos para su difusión; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y, de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio de la parte solicitante del amparo para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en *** esta ciudad. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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