Nayeli Divany Niño Monreal y Otros.
Expediente 300/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nayeli Divany Niño Monreal y Otros.
- Nayeli Divany Niño Monreal
Actuaciones
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del cinco al diecinueve de octubre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la medida cautelar y no existen documentos originales; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, en términos de los puntos vigésimo, fracción III, y vigésimo primero fracción III, del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que los cuadernos principal e incidental son susceptibles de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese.
- Incidental
dos de octubre de dos mil veinte La suscrita María del Pilar Morales Zúñiga, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia incidental, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a dos de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- María del Pilar Morales Zúñiga. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las once horas con quince minutos del dos de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 300/2020-4, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y Secretaria con quien actúa y autoriza María del Pilar Morales Zúñiga, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace relación de las actuaciones existentes en autos, consistentes en auto admisorio, con el informe previo y con las constancias de notificación. Finalmente, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia incidental, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente incidente. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las actuaciones que obren en autos, así como con documentales que anexó la parte quejosa al escrito inicial de demanda, así como al escrito agregado en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. A lo anterior, la Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene como medios de convicción las actuaciones antes precisadas, y las documentales aportadas por la parte quejosa, que serán tomadas en consideración al resolver sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la Secretaria da cuenta únicamente con los formulados por la parte quejosa (registro 7328), además hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Por ello la Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa haciendo los alegatos de su intención, los que en su caso, podrán ser tomados en consideración al resolver sobre la suspensión definitiva; por otra parte, téngase a la Representación Social por perdido el derecho de presentar pedimento; con lo anterior, se levanta la presente acta para constancia legal, procediéndose a dictar la interlocutoria siguiente. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 327/2020-3, promovido por Nayeli Divany Niño Monreal, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Oscar Tadeo Castro Niño e Ingrid Guadalupe Castro Niño, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido por el Secretario de Guardia de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el veintiocho de abril de dos mil veinte, Nayeli Divany Niño Monreal, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Oscar Tadeo Castro Niño e Ingrid Guadalupe Castro Niño, solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. ACTOS RECLAMADOS "., se reclama la emisión, votación y firma del BOLETÍN 03/2020, que no se encuentra fechado, mediante el cual determina prorrogar el término de la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID19) del 20 de abril del 2020 al 30 de Mayo del 2020, (.)." SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinte, pronunciado en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, se tuvo por recibida la demanda y se determinó que una vez concluido el periodo previsto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 7/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y se reanudaran las labores jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se acordaría lo conducente respecto de la citada demanda de amparo. Luego mediante acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, este Juzgado formó el presente incidente de suspensión; pidió informe previo a la responsable. Posteriormente, por auto de ocho de julio de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso acuerdo de esa misma fecha, dictado en el expediente principal de donde deriva el presente incidente, se determinó suspender el procedimiento en el cuaderno incidental en que se actúa; y, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se ordenó la reactivación de este incidente de suspensión, y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. En el propio acuerdo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que la audiencia incidental, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual manera, en el referido auto, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente interlocutoria, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer y resolver este incidente de suspensión, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados La quejosa por los que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva son: "., se reclama la emisión, votación y firma del BOLETÍN 03/2020, que no se encuentra fechado, mediante el cual determina prorrogar el término de la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID19) del 20 de abril del 2020 al 30 de Mayo del 2020, (.)." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que la quejosa atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues en su existencia convino el Presidente de la misma al rendir su informe previo. CUARTO. Suspensión definitiva negada. CUARTO. Suspensión definitiva negada En el caso no procede conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos a que se refiere le numeral 128 de la Ley de Amparo. Dicho dispositivo prevé: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.". Tal normativo establece que, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, se estima que se no cumple con el último requisito establecido en el transcrito numeral 128, porque de concederse la medida cautelar, se contravendría el interés público. Ello es así, porque como lo establece el propio artículo 148 de la misma legislación, cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgaría para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Así, de lo manifestado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, se desprende que el referido Boletín 03/2020, tiene como finalidad que la Junta responsable suspendiera actividades con motivo de la pandemia; sin embargo, ello debido a las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus y proteger a la sociedad de contagios, por lo cual, es evidente que obedeció al interés social y al orden público en favor de la colectividad, por lo que de considerar procedente la medida cautelar se atentaría contra esos principios, lo cual es un impedimento para su otorgamiento, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 129, fracción V, de la propia norma. Lo anterior, porque que dicha medida constituye acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, lo cual se relaciona indudablemente con el derecho a la salud y tiende a proteger directa o indirectamente a la, aquí parte quejosa, pues es un hecho notorio que se han dictado, tal como lo evidencian, a manera ejemplificativa, acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir, prevenir y contener la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Luego, es inconcuso, que de concederse la suspensión definitiva respecto del Boletín 03/2020, contravendría disposiciones de orden público y de interés social, ya que la sociedad está interesada en que se cuide la salud pública de las personas, por lo que, entre otras medidas, se ha implementado y recomendado evitar la aglomeración de personas. Apoya lo expuesto, por igualdad de razón, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2425, Tomo LXXI, del Semanario Judicial de la Federación, registro 308797, que dice: "SALUBRIDAD, DISPOSICIONES DE. Si se reclama la orden dictada por los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia Pública, para que se practiquen en una casa de vecindad, determinadas obras sanitarias, la suspensión no puede concederse, si ese acuerdo descansa en preceptos claros y terminantes del Código Sanitario que rija en un Estado y que están informados en propósitos de necesidad, que hay que llenar, por motivos de higiene, por ser indispensables para la salubridad pública, porque las medidas tendientes a favorecer ésta, interesan evidentemente a la sociedad, puesto que tiene que protegérsela, contra las enfermedades o epidemias que pueden ser las consecuencias de la falta de higiene o de salubridad pública; y porque de concederse la suspensión, se contravendría lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo." De igual manera se invoca la tesis I.4o.A.11 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1575, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." Así como la jurisprudencia I.18o.A. J/1 (10a.) de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, página 1824, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. De conformidad con el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa -sin señalar un acto concreto de aplicación-, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 140 y 141 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Nayeli Divany Niño Monreal, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Oscar Tadeo Castro Niño e Ingrid Guadalupe Castro Niño, contra los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta interlocutoria. Notifíquese.
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