Nayeli Cruz Saldaña
Expediente 77/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2018
Partes del expediente
- Nayeli Cruz Saldaña
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto por el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la diligencia que antecede, se advierte que la promovente del amparo Nayeli Cruz Saldaña compareció a ratificar el contenido del escrito recibido en la oficialía de este órgano jurisdiccional el veinticinco de enero del año en curso, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diecisiete del mismo mes y año; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico de Venustiano Carranza, el inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades SC.SAGC.DSE.DJQD/10C.10,11/12.2015BIS, determinado en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Así, en el caso que se estudia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Ahora bien, como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierte en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la ley de amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, correspondiente a abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUÉLLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Establecido lo anterior, cabe recordar que el acto reclamado en la presente instancia consiste en el inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades SC.SAGC.DSE.DJQD/10C.10,11/12.2015BIS, determinado en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Asimismo, ha de tenerse presente que de la copia autorizada que al efecto anexó la promovente, no se advierte que la autoridad haya dictado alguna resolución que ponga fin al procedimiento administrativo instaurado en su contra, por el contrario, se desprende que únicamente inició el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en el que se le da oportunidad a ofrecer pruebas y alegatos, por sí o a través de un defensor. Lo antepuesto, evidencia que el acto combatido en la presente instancia no se trata de una resolución definitiva sino, por el contrario, de un acto emitido dentro de un procedimiento, por tanto, se colige que el acto reclamado no es susceptible de impugnación a través del juicio constitucional sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva, esto es, hasta en tanto la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento correspondiente. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el acto que se combate en el juicio constitucional en que se actúa, no constituye una actuación que se traduzca en la violación de algún derecho sustantivo, tampoco en la privación de un derecho de defensa, toda vez que sus efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no le causa un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, ya que dicha actuación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. Resulta aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, segunda parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época, visible en la foja 579, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. De conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo, pero, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Por procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta segunda connotación aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un acto administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, es indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los actos administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento administrativo se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la participación del gobernado y que concluyen, preponderantemente, en la creación de actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la acción constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad administrativa." Asimismo, resulta aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la foja 195, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1991, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con que culmine el procedimiento que se sigue, los actos realizados o las abstenciones habidas en el propio procedimiento carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional; por ello, si el quejoso estima que dichos actos son violatorios de garantías, solamente cabe su impugnación en amparo cuando se haya pronunciado la resolución definitiva correspondiente, sin que pueda hablarse de violaciones procesales consentidas por no haberse reclamado previa y destacadamente en otro amparo (que resultaría improcedente). Además, puede acontecer que el acto realizado no tenga trascendencia al resultado final, o que la resolución fuera acorde con los intereses del particular. Por ello, si el acto dentro del procedimiento no tiene sobre las personas o sobre las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto es improcedente.". Por lo tanto, en términos de los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Nayeli Cruz Saldaña. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio del Juez de lo Civil de Xicotepec de Juárez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho número 14/2018 de la estadística de este juzgado, y al efecto, remite las constancias de notificación del proveído de diecisiete de enero del año en curso, realizado a la quejosa Nayeli Cruz Saldaña, el veintitrés de enero siguiente. En tales condiciones, se ordena acusar el recibo correspondiente a la autoridad oficiante; asimismo, dentro del libro de comunicaciones oficiales de este juzgado, dése de baja el despacho 14/2018, con número de orden 26/2018. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Incorpórese al expediente el escrito que al parecer suscribe Nayeli Cruz Saldaña; sin embargo y en atención a que la firma que calza el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la estampada en su demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según el artículo 2º, requiérase a la solicitante de amparo para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación comparezca a las oficinas que ocupa este Juzgado Federal en días y horas hábiles, debidamente identificado, y manifieste si ratifica o no, el contenido y firma del escrito recibido en la oficialía de este Juzgado, el veinticinco del mes y año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Jurisprudencia 256, visible en la página 174, Tomo VI, del último Apéndice de Jurisprudencia, publicada bajo el rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA" Hágase del conocimiento de Nayeli Cruz Saldaña, que se encuentra transcurriendo el término para que dé el debido cumplimiento a la prevención de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó en la misma. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, abril de 2005 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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