Nayeli Alcázar Alatriste
Expediente 1419/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1419/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nayeli Alcázar Alatriste
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil dieciocho. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1419/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veinte de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Juez Primero en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al V, así como las Secretaria de Amparos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo VI; en esas condiciones, remítase a las autoridades responsables los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1419/2017-II, promovido por Nayeli Alzacar Alatriste, contra actos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el seis de septiembre del dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada ese día a este juzgado, Nayeli Alzacar Alatriste, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo requerimiento, por auto de veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se emplazó a la parte tercero interesada y se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se fijaron las diez horas con dos minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810. Así, el acto reclamado por la quejosa consiste en: La resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dentro del toca civil 119/2017, que declara infundado el recurso de queja hecho valer por Nayely Alcazar Alatriste, en su carácter de demandada incidentista, y confirma la sentencia interlocutoria de trece de junio de dos mil diecisiete dictada por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución de dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca civil 119/2017-12, relativo al incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido por Lorenzo Vázquez Bustos en representación de su menor hija Meredith Neyen Vázquez Alcazar en contra de Nayeli Alcazar Alatriste, en el expediente número 558/2012-2, toda vez que así lo aceptó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las documentales que anexó consistentes en las constancias del toca civil antes mencionado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser un documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Asimismo se tienen por ciertos los actos de ejecución atribuidos al Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna de ellas, procede el estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, sin que esta circunstancia deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Hay que precisar que el examen de los conceptos de violación se hará conforme al principio de estricto derecho que aplica para la materia civil, pues no se actualiza ninguno de los supuestos que el artículo 79 de la Ley de Amparo, prevé para la aplicación de la suplencia de la queja. En efecto, no se está ante el análisis de un acto fundado en normas generales declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. Tampoco se advierte que haya habido contra la quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar sus derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ni hay evidencia de que la parte quejosa se encuentra en una situación de vulnerabilidad (pobreza o marginación) que la coloca en franca desventaja social para su defensa en el juicio, ni que sea menor o incapaz. Por analogía, lo anterior se apoya en la jurisprudencia que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 160257, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, en Materia Común, Tesis XX.2o. J/31 (9a.), que señala: "ALIMENTOS. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTISTA O ACREEDOR ALIMENTARIO MAYOR DE EDAD CON CAPACIDAD JURÍDICA, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIONES I O VI, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el juicio de amparo derive de una controversia civil de alimentos y el quejoso sea el deudor alimentista o acreedor alimentario, mayor de edad y no se encuentre acreditado que padezca alguna incapacidad jurídica; de acuerdo con la fracción V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, el estudio de los motivos de inconformidad debe realizarse de acuerdo con el principio de estricto derecho, el cual obliga al juzgador a limitar su estudio, teniendo como límite lo expuesto, ya sea en los conceptos de violación o en los agravios, sin ir más allá, esto es, el Juez habrá de circunscribirse a la litis planteada, sin poder manifestar de propia iniciativa algún vicio que se advierta, sino en virtud de que así se haya hecho valer a través del razonamiento respectivo, salvo cuando se actualice alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en las fracciones I o VI del numeral citado, esto es, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se advierta que ha habido en su contra una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Por las razones expuestas, este órgano jurisdiccional se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia XX.2o. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2353." En síntesis, la parte quejosa formula los siguientes conceptos de violación: 1.- Que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada fijó de forma injusta un cobro dejando de considerar las excepciones que opuso, ya que tiene un ingreso mínimo y exiguo en relación a los ingresos que tiene el actor, lo que no debe traducirse en una negativa de dar alimentos a su menor hija, sino más bien debe graduarse o moderarse el monto de la pensión alimenticia, gozando de interés legítimo por afectarle el acto reclamado. 2.- Que la resolución reclamada no contiene una debida fundamentación y motivación, al desestimar en forma parcial las defensas y excepciones que opuso la quejosa, no con el objeto de evadir su obligación alimentaria, sino con el objeto de que se gradúe la deuda que tiene, además de que al ser pensiones alimenticias vencidas prácticamente se está hablando de una acción compensatoria de la parte actora, Lorenzo Vázquez Bustos, lo que dejó de analizar la responsable, pues al establecer la inoperancia de sus agravios sin analizar el fondo, que en concreto es que la quejosa carece de recursos suficientes para el pago inmediato de la pensión alimenticia vencida, se traduce en una pretensión compensatoria, cuando sus ingresos mensuales no son superiores a los $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). 3.- Que partiendo de criterios rigoristas, resuelve que no importan las condiciones personales de la accionante, pues sólo existe la obligación ineludible de pagar pensión alimenticia, pues lo cierto es que consignó diversas cantidades de numerario a favor de su menor hija, con el objeto de cubrir esa pensión y pagar el adeudo, lo que no consideró la autoridad responsable. En principio, se precisa que el tema central que analizó el tribunal responsable de segunda instancia, consistió en resolver un recurso de queja que interpuso la quejosa (deudor alimentista) contra la resolución interlocutoria de trece de junio de dos mil diecisiete, en el incidente de liquidación de la pensión alimenticia en favor de la menor de edad Meredith Neyen Vázquez Alcántara, cuantificándose un monto de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), de pensión alimentaria adeudada desde el mes de agosto de dos mil quince a marzo de dos mil diecisiete (veinte meses), tomando como base la cantidad $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), quincenales, que se le fijó por resolución del siete de agosto de dos mil quince, por el juez natural. Los conceptos de violación antes sintetizados son inoperantes. Como punto de partida, debe precisarse que el concepto de violación es el argumento por virtud del cual, la parte quejosa demuestra jurídicamente porqué los actos reclamados violan sus derechos. El estudio del concepto de violación no está sujeto a que se formule como un auténtico silogismo [como antaño se exigía], antes, basta que el quejoso exprese con claridad la causa de pedir, señalando cuál es la lesión o agravio que estima le ocasiona el acto, omisión, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. No obstante, si bien para el estudio de los conceptos de violación basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, ello de manera alguna implica que la parte quejosa se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente porqué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman. La causa de pedir o "causa petendi" se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida [del acto]. Ahora bien, los conceptos de violación devienen inoperantes porque no expone en forma concreta y clara las razones legales por las que la Sala responsable desestimó los agravios que formuló la deudora alimentista en el recurso de queja que interpuso con la diversa interlocutoria que cuantificó el monto de las pensiones vencidas por concepto de alimentos. En el primer motivo de disenso, afirma que en forma injusta se fijó un cobro dejando de considerar las excepciones que opuso, ya que tiene un ingreso mínimo y exiguo en relación a los ingresos que tiene el actor, lo que no debe traducirse en una negativa de dar alimentos a su menor hija, sino más bien debe graduarse o moderarse el monto de la pensión alimenticia, gozando de interés legítimo por afectarle el acto reclamado. Sobre este punto, en la resolución reclama se estableció la pensión que le fue fijada a la recurrente (quejosa), no fue materia de la resolución que atacó en queja, sino de la diversa resolución del juez de origen de siete de agosto de dos mil quince, de la que tuvo la oportunidad de impugnar, que la litis del incidente versa sobre la liquidación de alimentos del menor de edad, sin que pueda quedar insubsistente esa pensión que se otorgó por un monto quincenal de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). En ese contexto, queda incólume por falta de impugnación vía concepto de violación, lo que esbozó la Sala responsable, dado que la quejosa no hace valer razonamiento jurídico que indique porqué causa fue incorrecta la afirmación que se hizo al respecto, y por qué motivo, aún sin ser tema de controversia el monto de la pensión alimentaria, sino sólo las vencidas, puede modificarse su pago quincenal, lo que hace deficiente su planteamiento de inconformidad. En el segundo concepto de violación, la accionante aduce que la resolución reclamada no contiene una debida fundamentación y motivación, al desestimar en forma parcial las defensas y excepciones que opuso la quejosa, no con el objeto de evadir su obligación alimentaria, sino con el objeto de que se gradúe la deuda que tiene, además de que al ser pensiones alimenticias vencidas prácticamente se está hablando de una acción compensatoria de la parte actora Lorenzo Vázquez Bustos, lo que dejó de analizar la responsable, pues al establecer la inoperancia de sus agravios sin analizar el fondo, que en concreto es que la quejosa carece de recursos suficientes para el pago inmediato de la pensión alimenticia vencida, se traduce en una pretensión compensatoria, cuando sus ingresos mensuales no son superiores a los $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). De igual forma, tal argumento es inoperante. Por un lado, aduce que el pago de las pensiones alimentaria vencidas se equipara al pago de una acción compensatoria, lo que es una premisa falsa, al ser aspectos totalmente distintos, pues a manera de ilustrar lo anterior, se acude a lo que ha determinado sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia; también agregó que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, la Primera Sala consideró que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por ello, concluyó que la imposición de una pensión compensatoria en esos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. Así lo estableció en la tesis localizable en la Décima Época, con registro 2007988, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, en Materia Civil, Tesis 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), que señala: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia." En ese contexto, al ser temas distintos a los alimentos, es inoperante su argumento que señala; además, no es materia de la litis del incidente de liquidación su ingreso, pues no se controvirtió el monto quincenal previamente definido en otra resolución, sino que únicamente el pago de las pensiones vencidas que adeudaba la quejosa. También es inoperante el tercer concepto de violación. En esa parte de sus motivos de inconformidad, señala que la autoridad responsable, partiendo de criterios rigoristas, resuelve que no importan las condiciones personales de la accionante, pues sólo existe la obligación ineludible de pagar pensión alimenticia, pues lo cierto es que consignó diversas cantidades de numerario a favor de su menor hija, con el objeto de cubrir esa pensión y pagar el adeudo, lo que no consideró la autoridad responsable. Del contenido de los agravios que formuló en el recurso de queja que resolvió el tribunal de segundo grado, no se advierte que la quejosa haya sometido al escrutinio algún pago o consignación en favor de la menor respecto a la pensión alimenticia, siendo un dato novedoso que introduce en el presente juicio de amparo, lo que no puede examinarse en esta vía, ya que, por regla general, el principio de litis abierta no rige en el juicio de amparo, por ser éste un medio de control constitucional cuya finalidad es la protección del gobernado frente al poder público, donde el estudio del acto reclamado se realiza acorde con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, atendiendo exclusivamente al texto del acto, por lo que la litis se encuentra determinada por los argumentos expuestos a título de conceptos de violación en la demanda de amparo y su confrontación con los actos reclamados, de tal modo que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a analizar argumentos novedosos no planteados en la instancia respectiva, siendo la agraviada parte demandada en el juicio de origen, y la que interpuso el recurso de queja que dio origen al acto reclamado. En la parte conducente, se apoya lo anterior en la jurisprudencia que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Décima Época, con registro 2010639, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, en Materia Común, Tesis VII.1o.C. J/1 (10a.), que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." Por lo antes expuesto, no es posible para quien resuelve, emprender de manera directa el estudio del acto reclamado emitido por la autoridad responsable, en virtud de que la técnica que rige en el juicio de amparo en asuntos en los que opera el principio de estricto derecho (como ocurre en la especie), el examen de la constitucionalidad del acto reclamado debe ser efectuado en concordancia con los lineamientos dados por la parte quejosa, a través de sus conceptos de violación, por lo que no es factible abordar aspectos no controvertidos, ya que ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido, por tanto, dichos alegatos deben considerarse inoperantes. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: XVII.1o.C.T.28 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009040 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 08 de mayo de 2015 09:30 h Ubicada en publicación semanal TESIS AISLADAS(Tesis Aislada (Común)) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE LA QUEJOSA OMITE PRECISAR Y CONCRETAR LAS REGLAS, NORMAS O PRINCIPIOS LÓGICOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ DE OBSERVAR EN LA SENTENCIA RECLAMADA. En los asuntos en los que no es aplicable la suplencia de la queja deficiente, se actualiza la inoperancia de los conceptos de violación planteados, cuando el promovente del amparo en éstos omite precisar y concretar cuáles son las reglas de la lógica y de la sana crítica que la autoridad responsable dejó de observar en la resolución, además de omitir exponer específicamente en sus motivos de disenso, la creencia falsa y/o idea equivocada, así como el error en el razonamiento o la argumentación en que incurrió la responsable en la resolución reclamada, con motivo de la inobservancia a esas reglas, normas o principios lógicos, puesto que, sólo en esas condiciones, el órgano de control constitucional estará en aptitud de examinar la cuestión planteada en los conceptos de violación de que se trata. Consecuentemente, al ser inoperantes los conceptos de violación, se procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa. Sin que se constituya un obstáculo para arribar a la anterior determinación, las manifestaciones que en vía de alegatos formuló el licenciado Trinidad Bernabe Zaragoza Tenorio, represéntate especial del menor Nayeli Alcázar Alatriste (fojas 73 a 75) y los formulados por el tercero interesado Lorenzo Vázquez Bustos (fojas 78 a 79), ya que conforme al artículo 124 de dicha ley, las partes pueden ofrecer alegatos por escrito, los cuales consisten en razonamientos o manifestaciones que ellas formulan, que tienen como finalidad fortalecer los puntos de vista sostenidos en el juicio, los cuales no forman parte de la litis constitucional, toda vez que tal controversia se conforma con lo expresado en la demanda, aclaración o ampliación, con el acto reclamado e informe justificado, de conformidad con el artículo 74 de la ley invocada. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.". QUINTO. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a NAYELI ALCAZAR ALATRISTE, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes...
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PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de veinte de diciembre del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ...PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE...
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Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito del tercero interesado Lorenzo Vázquez Bustos, mediante el cual ofrece prueba documental y realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos; asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la documental que exhibe, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza y que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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